Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
Imagina por un momento el rugido ensordecedor de las refinerías, el aroma acre del crudo que se transforma en vida cotidiana para millones, y de repente, todo eso se apaga. No por un accidente, no por un desastre natural, sino por la mano fría y calculadora de un régimen que pisotea derechos como si fueran hojas secas bajo sus botas. Ese es el “holocausto petrolero” que azota a Venezuela desde hace años: la expropiación brutal, las sanciones que nos dejan en la penumbra, y la pérdida de Citgo, esa joya americana de PDVSA, robada a manos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del chavismo y sus cómplices.
Como articulista en Contrapoder News, he visto cómo esta tragedia no es solo un capítulo de historia económica, sino un grito de dolor colectivo de la familia petrolera: ex empleados de la casa matriz, familias destrozadas, comunidades enteras que vivían del pulso del petróleo. Pero hoy, no vengo a lamentar, vengo a narrar, en palabras simples y directas, los pasos concretos que estamos dando en las trincheras legales para reclamar lo nuestro. Pasos que, como un río que no se detiene, nos llevan hacia la reparación.
Empecemos por el frente principal, la Corte del juez Leonard Stark en Delaware, donde el destino de Citgo se juega como una partida de ajedrez de alto voltaje. Aquí, el juez Stark —ese guardián implacable de la “eficiencia”— ha dictado lo que llamamos el “alter ego”: una decisión que une a PDVSA con el Estado venezolano, y sus entes en el exterior como si fueran uno solo, un velo corporativo rasgado que expone las deudas y los abusos.
Ganador aprobado, dice el fallo del 1 de diciembre de 2025, que avala la puja de Amber Energy por 5.900 millones de dólares. Pero no nos equivoquemos: este no es un triunfo para los buitres financieros solos.
Nosotros, los ex empleados y víctimas directas, hemos intervenido con testimonios crudos, testimonios que sangran historias de despidos injustos, pensiones evaporadas y familias hundidas en la miseria por las políticas chavistas. Le ha tocado a este cronista la sublime misión de presentar las evidencias que susurran verdades incómodas, recordando que detrás de cada latrocinio perpetrado a PDVSA hay un derecho humano pisoteado.
Stark ha despejado obstáculos, rechazado múltiples mociones para descalificarnos, y el resultado ha sido que ahora el camino está pavimentado para que el dinero de la venta no se evapore en bolsillos equivocados, sino que fluya hacia quienes fuimos despojados primero.
Ese alter ego no solo ata deudas, sino que nos posiciona como herederos legítimos: al declarar a PDVH –poseedora de las acciones de Citgo– como extensión del Estado depresor chavista y PDVSA casa matriz, nos hace, a nosotros los ex empleados, beneficiarios directos de esos derechos sucesorales, imprescriptibles y blindados contra el olvido.
Paralelamente, en la órbita de la juez Jennifer L. Hall —esa voz serena pero firme en los pasillos judiciales de Delaware—, avanzamos en frentes complementarios con una moción contundente para blindar el QSF, el Qualified Settlement Fund que será el corazón de nuestra reparación. Hall, federal en Delaware, ha validado reclamos previos y ahora revisa nuestra presentación que asegura que los fondos de la venta de Citgo no se diluyan en reclamos ajenos, priorizando a las víctimas reales como nosotros.
Aquí, nuestros esfuerzos se centran en bloquear reclamos colaterales que diluyan nuestro fondo, presentando evidencias de cómo el régimen y colaboracionistas (Ad Hoc interinario) usó Citgo como rehén para financiar su maquinaria represiva, por un lado, y de control económico por el otro y de enriquecimiento ilícito, violando tratados internacionales de derechos laborales y humanos. Es un baile delicado: negociamos con OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU., que ha extendido protecciones hasta marzo de 2026 para evitar que transacciones con bonos PDVSA enreden el proceso.
La OFAC, con su licencia general 5Q, nos da oxígeno: prohíbe ventas o transferencias de acciones de Citgo ligadas a esos bonos sin autorización específica, pero promete una “política de licenciamiento favorable” para acuerdos que prioricen a las víctimas reales, como nosotros. Nuestras peticiones a OFAC no son meras formalidades; son balas de acero que invocan sanciones por violaciones a derechos humanos, recordando cómo el chavismo nos dejó en la calle para enriquecer a sus aliados.
Y no nos quedamos en las costas americanas. Elevamos la voz a la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., ese faro supremo donde apelaciones como la de Gold Reserve y Venezuela chocan contra el muro de la razón.
En diciembre de 2025, mientras Stark aprueba la venta, las apelaciones ante el Tercer Circuito cuestionan el proceso entero, nosotros intervenimos con briefs que ligan el alter ego no solo a deudas financieras, sino a un tapiz de abusos: detenciones arbitrarias de sindicalistas petroleros, represión de protestas en refinerías, y el éxodo forzado de miles de trabajadores.
La Corte Suprema (SCOTUS) ha rechazado revisiones previas, pero nuestro empuje —apoyado en precedentes de derechos humanos— mantiene viva la llama de la revisión, asegurando que ningún detalle se escape. No confundamos esto con el caso de la juez Failla en Nueva York: allí, en el frente de los bonistas PDVSA 2020, falla validó los bonos con su fallo del 18 de septiembre de 2025, pero nos botó arbitrariamente de su causa, con base en calumnias de colaboracionistas y traidores, un revés que no nos detiene, sino que nos redirige a Delaware donde Hall y Stark oyen nuestro clamor por el QSF.
Finalmente, cruzamos océanos hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), ese bastión continental en Washington que escucha los ecos de la injusticia desde San José, Costa Rica.
Aquí, no hablamos de dólares, sino de almas: hemos radicado denuncias colectivas por violaciones masivas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, detallando cómo el régimen chavista y sus colaboradores usaron la expropiación de Citgo como arma para silenciar disidencias, dejando a ex empleados sin sustento en medio de una crisis humanitaria.
La IACHR, con su mandato de monitorear y remitir casos a la Corte Interamericana, nos da un megáfono global: informes temáticos sobre derechos laborales en el sector extractivo, medidas cautelares para proteger a testigos amenazados, y la promesa de fallos vinculantes que obliguen a reparaciones. Nuestros pasos en la IACHR son el contrapeso moral, recordando que Citgo no es solo un activo, sino un símbolo de dignidad robada.
Y ahora, miremos al horizonte con ojos claros: marzo próximo, 2026, marca la fecha tope para obtener la aprobación del QSF, ese Fondo de Liquidación Calificado que actúa como un arca sagrada para las reparaciones. Como hemos conversado en otras ocasiones, este no es un capricho burocrático, sino el reloj inexorable que mide nuestra victoria.
El QSF, establecido bajo la supervisión de Stark, recibirá los frutos de la venta de Citgo —esa ganga de USD$ 5.900 millones que, aunque parezca poco para un gigante valorado en USD$ 13.000 millones, es semilla de justicia—. Aunque nosotros, por las violaciones flagrantes a nuestros derechos humanos a manos del chavismo, tenemos un reclamo prioritario como ex empleados de la casa matriz, Citgo se erige como emblema de todas las pérdidas causadas por esos abusos y las alianzas traidoras con colaboracionistas.
El alter ego decretado por Stark no solo válida nuestro cobro legítimo del dinero de la venta, sino que nos otorga derechos sucesorales imprescriptibles —derechos que no caducan, que trascienden dueños— sea ante Amber Energy o quienquiera que termine al mando de Citgo. El QSF, entonces, no es mero trámite: es la justicia encarnada para las víctimas, el bálsamo que sana heridas abiertas, y el escudo que entrega a los nuevos dueños un activo limpio, libre de gravámenes o reclamos de terceros que empañarían su posesión. Es el cierre de un ciclo de dolor, donde el petróleo fluye de nuevo hacia quienes lo hicieron grande.
¡Justicia a la familia petrolera! Que este grito resuene en las salas de Delaware, en los pasillos de la IACHR, y en cada hogar venezolano donde un padre o una madre aún sueña con el rugido de la justicia. No nos rendiremos; el río sigue su curso, y la reparación está a la vuelta de la esquina.
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