Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
Dentro de una incontable secuencia de factores que pudieran orbitar alrededor del caudillo de turno que hace lo que le da la gana menos lo que dice la ley, nuestra región ha necesitado —o no le ha quedado otra opción— que recibir la presencia correctora de nuestro hermano continental del norte: los Estados Unidos de América.
Desde la Doctrina Monroe (el Monroe de Trump es otra cosa) y su “Big Stick” en el Caribe y Centroamérica a comienzos del siglo XX, las intervenciones de la Guerra Fría para impedir “otra Cuba”, hasta la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y la reacción inevitable derivada de los sismos gemelos del 24 de junio que dejaron al descubierto la podredumbre estructural del Estado venezolano —y que el chavismo en nada se parece al régimen de Saddam Hussein—.
En casi todos los casos el guion fue similar, porque las relaciones internacionales no se basan en el altruismo sino en los intereses, ya sean económicos o de seguridad. En todas las acciones se justificó el uso de la fuerza; se removió o debilitó al actor local; se instaló o se toleró un régimen cliente; y cuando la fuerza externa se retiró —o redujo su presencia—, quedó un vacío que las élites y políticos sobrevivientes, generalmente corrompidos o incapaces, no lograron llenar con instituciones reales. El resultado no fue democracia estable, sino un nuevo ciclo de inestabilidad, autoritarismo o criminalización del poder y la consecuente intervención.
Nuestra complicada historia con los Estados Unidos está llena de ejemplos. Las ocupaciones en Haití, República Dominicana y Nicaragua a principios del siglo XX crearon las condiciones para dictaduras posteriores. La intervención de 1954 en Guatemala derrocó a un gobierno reformista y abrió décadas de guerra civil y genocidio. El apoyo al golpe de 1973 en Chile desplazó a un gobierno que amenazaba con entrar en la órbita castrista por una dictadura atroz de derecha que, si bien abrió la economía, dejó una herencia de impunidad y desigualdad que aún pesa. La invasión de Panamá en 1989 eliminó a Noriega pero no eliminó las redes de narcotráfico ni construyó un Estado sólido y capaz de automejora. Cada intervención generó, en el mejor de los casos, una calma temporal; en el peor, un nuevo vacío llenado por actores aún más depredadores.
La diferencia de nuestro 3 de enero es que los depredadores siguen operando y sus colaboracionistas, etiquetados como “opositores”, siguen perdidos en el espacio.
En este contexto, la pregunta que ya formulamos se vuelve inevitable: ¿qué esquema de gobernabilidad emerge después de una intervención que remueve al tirano pero deja intacto el entramado criminal e institucional que lo sostuvo? La historia latinoamericana ofrece pocas respuestas que nos ayuden en esta línea de análisis. Las ocupaciones prolongadas terminan generando resentimiento y nuevas formas de dependencia. Los gobiernos surgidos tras la intervención suelen reproducir la corrupción y la debilidad institucional que justificaron la intervención. Las “transiciones pactadas” entre élites fallidas, por lo general, solo logran administrar el declive o, peor, legitimar nuevas rondas de latrocinio.
La devastación actual venezolana impone un replanteamiento radical. No se trata de elegir entre intervención extranjera o soberanía abstracta. Se trata de reconocer que el vacío de poder es real y que llenarlo con las mismas fuerzas que lo crearon —o que lo consintieron bajo torneos electorales conocidos de antemano como fraudulentos y jugosos negociados— solo prolonga la agonía. La solución no puede ser otro pacto entre los mismos actores que han demostrado su incapacidad histórica. Tampoco puede ser una ocupación indefinida que convierta a Venezuela en un territorio bajo tutela de facto, aunque los precedentes “insulares” ofrezcan alguna cobertura de derechos básicos.
Lo que se requiere es un gobierno de emergencia nacional integrado por ciudadanos independientes de los bandos, con méritos probados —muchos de ellos en el exilio—, dispuesto a utilizar el apoyo militar temporal de los Estados Unidos para desmantelar el aparato criminal chavista, recuperar el control territorial y sentar las bases mínimas de un Estado de derecho. Solo entonces, cuando exista capacidad real de proteger a la población y de organizar procesos electorales limpios, podrá hablarse de una transición hacia la democracia. No antes. Las elecciones precipitadas en medio del caos solo servirán para que el cartel reconquiste por vía electoral lo que perdió por vía militar.
La historia de las intervenciones en América Latina demuestra que la fuerza externa puede romper estructuras criminales enquistadas, pero no puede —ni debe— sustituir la construcción de instituciones locales. Ese es el vacío que ni la potencia del norte ni las élites vernáculas han sabido llenar. Venezuela tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de romper ese ciclo. De lo contrario, el próximo capítulo de este largo apocalipsis latinoamericano ya está escrito.
