El gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, ha firmado el proyecto de ley que elimina la pena de muerte en el estado, así como la esterilización como castigo, después de que ambas cámaras aprobaran la medida a principios de mes
Durante la firma, el gobernador Inslee ha recordado que desde 2014 el estado ha impuesto una moratoria contra la pena de muerte, un castigo, ha denunciado, que se ha ido aplicando «de manera desigual y racialmente insensible», y que ya en 2018 el Tribunal Supremo del estado de dictaminó que era inconstitucional.
La medida ha sido bien recibida por los defensores de las libertades civiles y los activas a favor de la abolición de este castigo, pues al igual que el gobernador demócrata, sostienen que es «arbitrario» y «discriminatorio», ya que los prejuicio raciales juegan un papel determinante en cómo se aplica, recoge CNN.
Sin embargo, para republicanos, como el congresista del estado de Washington Jim Walshhan, la medida no es más que «otro triste ejemplo de que los intereses de los delincuentes se anteponen a los de las víctimas y sus familias», dijo en Facebook.
Cabe destacar wud desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos restableciera la pena de muerte en 1976, el estado de Washington ha aplicado este castigo cinco veces, y que está pena es legal en 27 estados del país.
No obstante, a 1 de abril de 2022, todavía hay 2.414 personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos, según cifras oficiales.
Caracas. – La Corte Penal Internacional (CPI) publicó este viernes, el informe de las pruebas sobre crímenes de lesa humanidad, cometidos por el narco régimen en Venezuela, documento que recopila 8900 testimonios de torturas y asesinatos.
Estas fueron las pruebas reunidas por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), luego que el fiscal Karim Khan solicitaron, en noviembre de 2018, permiso para continuar las investigaciones.
En total, la CPI recibió 1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos correspondientes a aproximadamente a 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones.
El informe, que consta de 57 páginas, no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso.
Gracias a esta precaución, el régimen de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas.
Cabe resaltar que fue publicado este viernes, porque justamente esa fue la fecha que recibió la VPRS de parte del tribunal, para dar a conocer las denuncias procesadas.
Caracas. – El ex ministro chavista, Andrés Izarra, dijo este viernes que, al leer los testimonios desgarradores de quienes fueron torturados por la Narcotiranía, se entienden las sospechas sobre la muerte de Leoner Azuaje.
A través de su cuenta en Twitter, Izarra volvió a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro, señalando que los relatos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, retratan «al madurismo en toda su crueldad y perversión. Es un gobierno fascista».
El informe de los testimonios de las víctimas que publica la CPI retrata al madurismo en toda su crueldad y perversión. Vale la pena leerlo. Es un gobierno fascista.
Para Izarra, los antecedentes del narco régimen justifican, que no sea creíble la versión sobre el supuesto suicidio de Azuaje.
En su cuenta de Twitter, hizo un hilo con extractos de varios relatos desgarradores, sobre las torturas aplicadas a quienes fueron apresados por motivos políticos, para exponer los niveles inéditos de crueldad del régimen.
“Maltrataron a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa era constantemente abusada sexualmente bajo amenazas. Obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y querían desnudar a mis hijos”https://t.co/vdeaOI9zzV
También, señaló indirectamente a dos de las figuras responsables de estos procedimientos ilegales, Delcy y Jorge Rodríguez, sobre quienes aseguró «Y pensar que el padre de la VP y el presidente de la AN murió torturado. El fiscal hizo su carrera defendiendo los DDHH. Terminaron peor».
Y pensar que el padre de la VP y el presidente de la AN murió torturado.
Caracas. – La madre y la hermana de Leoner Azuaje, el detenido por corrupción cuyo supuesto suicidio está bajo averiguación, aseguran que duraron seis días sin saber de su paradero, pues, fue prácticamente secuestrado el pasado 14 de abril, y vinieron a tener noticias suyas este jueves, cuando perdió la vida.
Rosalía Urrea y Mónica Azuaje, madre y hermana, respectivamente, divulgaron un video en el cual denuncian que Azuaje estuvo bajo desaparición forzada.
«A él se lo llevaron del apartamento, se lo llevaron de su casa el 14 de este mes (abril). Lo dejaron detenido y yo tuve 6 días sin saber de mi hijo. Fuimos al SEBIN y nos tiraron la puerta en la cara, nunca nos dieron respuesta. Fuimos a la Fiscalía, al Ministerio Público, y nos cerraron las puertas, nadie me dijo nada de mi hijo. Y yo pido justicia, porque mi hijo era intachable”, dijo, con lágrimas en los ojos, Urrea.
En general, Madre e hija insistieron que todo el proceso fue una equivocación y que Leoner Azuaje “no era un corrupto”. Igualmente, aseguraron temer por sus vidas, debido a lo cual solicitaron protección, pues, temen que algo malo pueda sucederles.
Caracas. – Este viernes, funcionarios del SEBIN allanaron varias empresas ubicadas en Anzoátegui, propiedad del ciudadano árabe Salem Hassoun, quien fue detenido el pasado martes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, por su vinculación con la guerra interna desatada en el chavismo.
El sujeto es propietario de cuatro empresas, y de manera extraoficial se informó que efectivos del SEBIN adscritos a la división Anticorrupción, base El Tigre, estuvieron a cargo del procedimiento.
Según fuentes de esa entidad, conectadas con la trama de la disputa que mantienen las facciones de la Narcotiranía, con estas cuatro empresas ya serían 10 las compañías intervenidas en ese estado por la Policía Anticorrupción.
Se conoció que durante el allanamiento, los efectivos policiales hallaron equipos y tuberías petroleras.
Caracas. – En un video difundido este 21 de abril, Claudia Pimentel, esposa de Leoner Azuaje Urrea, el preso que supuestamente se suicidó este pasado jueves, pidió protección tanto para ella como para su famiia, al temer que algo pueda pasarles.
En la grabación, difundida por las redes sociales, la mujer señala que desde el Cicpc le exigieron acudir para rendir declaraciones. Sin embargo, dice que teme acudir porque «no sabemos qué está pasando».
«Este video es necesario porque no se que está pasando. A mi esposo se lo llevan a declarar el viernes en la noche. No sé nada de él, no nos dejan llegar a él. No nos dicen que está sucediendo», denuncia Pimentel.
Solicita resguardo para la vida de sus hijas, suegra y cuñada, ante el hecho de no saber que está sucediendo.
La mujer señala que «todo el mundo nos dice que las cosas están revueltas», a lo cual exige protección de la fiscalía, de la embajada de Perú al afirmar que es también peruana, y de la embajada española para los padres de Leoner Azuaje.
El ministro debió renunciar luego de que se hicieran públicas imágenes que lo ubican en el medio de las protestas organizando todo.
La invasión de los edificios de los Tres Poderes en la capital brasileña el pasado 8 de enero, que fue la culminación de meses de protestas en contra de la fraudulenta victoria de Lula da Silva, le sirvió al gobierno de izquierda para lanzar una masiva campaña de arrestos arbitrarios contra la oposición.
Periodistas, empresarios, políticos y hasta influencers de redes sociales que apoyaron la teoría del fraude electoral fueron arrestados. Cientos de medios fueron bloqueados, inclusive La Derecha Diario, que al día de hoy se encuentra inaccesible en Brasil sin VPN.
Figuras destacadas de la derecha no tardaron en advertir que el “Asalto al Capitolio” podría haber estado planificado por fuerzas del gobierno de Lula para usar como justificación de este avance contra la oposición.
Así como en el “Asalto al Capitolio” del 6 de enero del 2021 en Washington D.C., poca presencia policial, puertas abiertas y edificios vacíos fueron la norma. Pero la confirmación más importante hasta el momento llegó este miércoles 19, cuando CNN, un medio alineado a Lula, mostró imágenes que ubican al jefe de la cartera de Seguridad de Lula en el foco de las manifestaciones.
En los videos se lo ve a Marco Gonçalves Dias, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), lo más parecido a un ministro de Seguridad en otros países como Argentina, circulando y guiando a los invasores que destrozaron el Palacio del Planalto en ese polémico día.
La emisora, que venía defendiendo a Lula pero debió cambiar su discurso ante la viralización de la noticia, tuvo acceso exclusivo a las imágenes del circuito interno de 22 cámaras de la sede del Poder Ejecutivo y se analizaron más de 160 horas.
🇧🇷 | Imagens divulgadas pela CNN, revelam que o GSI de Lula não apenas facilitou a entrada às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, como também orientou aos invasores através do ministro chefe do GSI, Gonçalves Dias, escolhido por Lula.pic.twitter.com/K6zf05UadL
El ministro renunció a la tarde del día siguiente a la publicación del video, este miércoles 19 de abril. Se lo acusa de haber llevado manifestantes disfrazados para incitar la violencia en lo que habían sido hasta el momento manifestaciones masivas pero pacíficas.
A las 16:29 horas de ese fatídico 8 de enero, dos cámaras de seguridad internas lo captaron durante la invasión del Palacio del Planalto. Al principio, aparece caminando solo por el tercer piso del Palacio, en la antesala de la oficina del Presidente de la República. Pronto, Gonçalves Dias intenta abrir dos puertas y luego entra al gabinete.
Minutos después, el ministro aparece caminando por el mismo pasillo con unos invasores, guiándolos y aparentemente diciéndole lo que tienen que hacer. Las imágenes sugieren que en ese momento estaría indicándole la salida de emergencia al grupo de invasores luego de cometer los destrozos.Luego, en las imágenes aparecen otros miembros del GSI, indicando también la salida a los invasores que se encontraban en el tercer piso del Palacio del Planalto.
Cabe destacar que la invasión ocurrió un domingo y Lula estaba de viaje con todo su gabinete en Sao Paulo, por lo que no tenía razón para estar en la Casa de Gobierno en ese momento. Además, es raro que en el frenesí de lo que fue el “Asalto al Capitolio”, los manifestantes le hicieran caso a un ministro que tenían entre ceja y ceja.
Tras la divulgación de las imágenes en medios y en redes sociales, diputados federales bolsonaristas exigieron que se llame a una Comisión Parlamentaria Investigativa (CPMI) del 8 de Enero, algo que los petístas pidieron en un principio pero rápidamente recularon, capaz dándose cuenta que en vez de condenar a Bolsonaro por “incitar la violencia”, se destaparía una organización de fondo comandada por su propio líder, Lula da Silva.
El Congreso de los Estados Unidos estaría analizando un plan de reforma migratoria propuesto por los republicanos de dicha institución, así lo aseguró el abogado de inmigración, John de la Vega, a través de su espacio semanal ‘La Hora del Inmigrante.’
La economía ecuatoriana atravesaba los mismos problemas con los que hoy debe lidiar Argentina, entre ellos la elevada inflación, el estamento económico, el deterioro del tejido social y la falta de crédito a largo plazo. La dolarización sentó las bases de un cambio de modelo que permitió superar estos problemas.
La dolarización de Ecuador no solamente implicó un cambio de régimen monetario, sino que funcionó como el pilar para un cambio de modelo económico, y un cambio en la manera de hacer política económica. El sistema político perdió las herramientas para maniobrar a costa de la estabilidad de precios y la recaudación de señoreaje.
A pesar de tener una “política monetaria autónoma” y disponer de amplias herramientas para intervenir en el ciclo económico o responder a shocks externos, la economía ecuatoriana se encontraba completamente estancada entre las décadas de 1980 y 1990, medida a partir del ingreso por habitante.
El ingreso real por habitante acumuló una caída del 1% entre el primer trimestre de 1990 y el mismo trimestre del año 2000, la mayor parte concentrada en la brutal crisis financiera del año 1999. Esto cambió radicalmente con el proceso de dolarización, ya que el PBI per cápita a precios constantes se expandió un 36% hasta el cuarto trimestre de 2022, y hasta un 49,6% si se compara contra el cuarto trimestre de 2014 (el máximo nivel alcanzado en la historia ecuatoriana).
Ingreso real por habitante y tasa de pobreza en Ecuador.
La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 6,9 dólares constantes de 2017 (ajustados por paridad de poder adquisitivo) superaba el 65% antes de la dolarización, según la base de datos del Banco Mundial.
El organismo de crédito multilateral estima que para el año 2021, las personas con menos de 6,9 dólares PPP de 2017 representó el 32% de la población total, e incluso se llegó a un mínimo del 27% en el año 2017. La dolarización provocó que la tasa de pobreza se redujera a la mitad en 20 años.
La reducción sistemática de la marginalidad social se debe a la eliminación del componente inflacionario en la determinación de la pobreza, que permitió la consolidación de los ingresos en términos de poder adquisitivo. El salario real se duplicó desde el año 2000, y la tasa de pobreza actual responde en mayor parte a las fluctuaciones del ciclo económico y la evolución de la tasa de desocupación (que fluctuó entre el 10% y el 3% en el nuevo régimen monetario).
Al igual que Argentina, la economía de Ecuador se caracterizaba por su elevada inestabilidad de precios y los múltiples controles cambiarios que aplicados por diversos Gobiernos a fin de reprimir la demanda de divisas como una suerte de refugio a la inflación. La inflación minorista promedió el 29% entre 1970 y 2000, y un aumento promedio mensual del 2,14%.
Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el que celosamente se determinaba por el Gobierno llegó a representar el 236% en mayo de 1983, 410% en julio de 1988 y hasta un 407% en noviembre de 1993, fecha a partir de la cual se debieron abolir los controles cambiarios por el colapso de las reservas del Banco Central y por la imposibilidad para seguir sosteniendo las paridades legales.
Los regímenes de alta inflación a lo largo del siglo XX se vieron íntimamente asociados con todo tipo de controles de precios, salarios, cambios y cuenta capital, pero todo esto fue superado por el proceso de dolarización ya que estas herramientas quedaron obsoletas habiéndose ya erradicado el problema inflacionario de manera definitiva.
Inflación y brecha cambiaria en Ecuador.
La estabilidad permitió una rápida reactivación del crédito a largo plazo, un fenómeno que se había perdido por la falta de previsibilidad (no era posible pautar una tasa de interés creíble a 10 o 20 años de plazo). El crédito doméstico para el sector privado de Ecuador aumentó del 18% del PBI en 2002 47,2% para el año 2020, y actualmente continúa aumentando.
La falta de crédito a largo plazo impacta de lleno en el acceso a la vivienda propia, la financiación de proyectos empresariales que requieren inversión pesada (especialmente servicios públicos) y la apertura de todo tipo de proyectos de inversión. Argentina sigue sufriendo este flagelo por la elevada volatilidad de los pericos, y su crédito doméstico al sector privado no supera el 16% del PBI.
Con el nuevo régimen monetario, los ecuatorianos dejaron de preocuparse constantemente por la cotización de otras divisas, o por la erosión de sus salarios reales y la desesperación que esto implica, o por las crisis de la “administración de reservas” en el marco los controles cambiarios. Todos estos elementos, aún presentes en Argentina, fueron erradicados de Ecuador gracias al proceso de dolarización.
El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.
Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.
La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.
El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.
El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.
Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.
Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).
“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.
Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.
El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.
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