Por Hildemaro Ferrer.
El cambio real de sistema en Venezuela exige una condición no negociable: la reconstrucción de la confianza institucional mediante órganos independientes, técnicos y despolitizados. Sin embargo, la reciente conformación del Comité de Expertos Jurídicos —designado bajo el marco de las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional de 2015 y los delegados del gobierno interino— envía una señal alarmante que compromete la transparencia de todo el proceso.
Un análisis detallado de la composición de este comité revela una correlación de fuerzas que imposibilita la autonomía operativa y consolida un candado político dentro del mecanismo de toma de decisiones.
1. La aritmética del bloqueo: la ilusión de las mayorías
El comité está integrado por seis miembros, a los que se suma un representante del partido socialcristiano COPEI (exministra del Trabajo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera).
A primera vista, la presencia de tres juristas de perfil técnico e independiente sugeriría un equilibrio institucional. Sin embargo, la regla de mayorías para la adopción de resoluciones exige una alineación estricta de votos que invalida cualquier iniciativa verdaderamente independiente:
Estructura del comité: 3 miembros técnicos independientes frente a 3 miembros con filiación e historial de vinculación con la hegemonía castrochavista, más la representación del sector socialcristiano.
Mecanismo de veto implícito: Ninguna decisión estratégica o propuesta de reforma jurídica puede ser aprobada únicamente por los miembros independientes. Requieren, obligatoriamente, el respaldo de al menos dos de los integrantes vinculados a la corriente ideológica dominante.
Resultado: La independencia técnica queda totalmente supeditada al arbitrio del bloque ideológico de izquierda, neutralizando la separación de poderes desde la raíz misma del comité.
2. Vínculos e historial: conflicto de interés y captura ideológica
La designación de la mitad del cuerpo técnico no responde a criterios de imparcialidad, sino a nexos históricos e ideológicos que colisionan abiertamente con los principios de una transición democrática:
- Antecedentes de radicalización académica: Presencia de perfiles vinculados activamente a movimientos de toma e intervención universitaria en la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante la década de los 80.
- Nexos político-familiares: Inclusión de figuras emparentadas directamente con actores clave del aparato de poder —incluyendo filiación directa con ejecutores del histórico secuestro de William Frank Niehous en 1976—, lo que introduce un evidente conflicto de interés y un marcado sesgo partidista.
- Continuidad institucional del régimen: Presencia de perfiles procedentes de posiciones directivas dentro del sistema de educación superior ideologizado del régimen, como la vicerrectoría de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
3. Alerta estratégica: impacto en la política exterior y la administración estadounidense
Para la administración de los EE. UU., los think tanks y los organismos internacionales tutores y aliados de este proceso, la efectividad del apoyo a la transición en Venezuela depende de la integridad de las instituciones designadas (compromised transition).
La presencia de una minoría de bloqueo ideológico genera consecuencias inmediatas:
- Pérdida de imparcialidad (Loss of Impartiality): Las recomendaciones jurídicas emitidas por el comité carecerán de legitimidad ante los actores internacionales y la sociedad civil venezolana.
- Vulnerabilidad de los acuerdos: Cualquier marco legal derivado de este comité estará sujeto a impugnación por conflicto de interés (conflict of interest), lo que resta viabilidad a los compromisos asumidos frente a Washington y la comunidad internacional.
- Captura de la transición: Se perpetúa un modelo de negociación donde la izquierda ideológica mantiene capacidad de veto sobre las reformas estructurales del Estado venezolano.
Conclusión y llamado a la acción
El cambio de sistema no puede erigirse sobre las mismas estructuras ideológicas que provocaron el colapso institucional en Venezuela. Se hace indispensable alertar a la opinión pública nacional y a las autoridades norteamericanas para reevaluar la conformación de este comité, exigiendo el reemplazo inmediato de las cuotas político-partidistas por perfiles de probada idoneidad, neutralidad y trayectoria democrática.
Sin separación ideológica no hay justicia; y sin justicia, la transición será solo una simulación.









