Caracas. – El presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, emitió este miércoles un mensaje sugiriendo al jefe del «Cartel de los Soles», Nicolás Maduro, permitir una transición política en Venezuela, mientras condena al mismo tiempo la posibilidad de una intervención militar por parte de EE. UU.
En sus redes sociales, el mandatario colombiano difundió un mensaje, abordando principalmente la situación de Venezuela en medio de la creciente tensión con la administración de Donald Trump. «Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos», escribió el mandatario izquierdista en la red social X.
«Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática», explicó el mandatario colombiano, en una especie de recomendación al jefe del narcochavismo.
La respuesta de Petro, según lo señalado por diversos medios, se da en respuesta a las represalias tomadas este mismo día, en contra del cardenal Baltazar Porras, a quien, aparte de no permitirle viajar fuera de Venezuela, le revocaron su pasaporte.
«Es una amnistía general, no extender la cárcel», indica Petro. «La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, señaló finalmente.
El mensaje ha sido considerado en redes y webs periodísticas como un cambio de narrativa por parte del gobierno colombiano, que, si bien ha defendido al narcochavismo, ahora lo insta a bajar la guardia ante lo que parece ser, la irremediable decisión de la Casa Blanca por desalojar a Maduro del poder.
El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes.
La Administración de Donald Trump ha anunciado este martes un paquete de sanciones contra una supuesta red dedicada a reclutar a combatientes colombianos para participar del lazo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra contra el Ejército de Sudán, desatada en abril de 2023 y que ha sumido al país africano en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades, que forman parte de una «red transnacional» que «recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar» con las RSF, según reza un comunicado.
«El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las RSF, (que) han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para la expansión de los grupos terroristas», ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.
Washington ha subrayado que desde septiembre de 2024 «cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán» para combatir junto a las RSF, «aportando» experiencia táctica y técnica, tanto operando drones como entrenando a niños para combatir, entre otras funciones. En este tiempo, han participado en «numerosas» batallas en todo el país africano, incluida la capital, Jartum.
Sin embargo, ha apuntado a que la presencia de combatientes colombianos en Sudán no sería posible sin la ayuda de «numerosas» personas y empresas, principalmente colombianas.
Así, han sancionado a Álvaro Andrés Quijano Becerra, con nacionalidad colombiana e italiana, que es un militar retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos y que desempeña «un papel central en el reclutamiento y despliegue de colombianos». Quijano cofundó la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, que es «el principal nodo de reclutamiento».
Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, es la propietaria y gerente de A4SI, que recurre a una compañía con sede en Panamá (Global Staffing, ahora Talent Bridge) para «minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos. Oliveros fue también presidenta y tesorera de Global Staffing.
En la lista de la OFAC aparece también la agencia de empleo Maine Global Corp, con sede en Bogotá, y dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, con nacionalidad española y colombiana. Su empresa administra y desembolsa fondos con el apoyo de empresas estadounidenses, incluyendo el procesamiento de pagos de nómina y la intermediación de cambio de divisas.
Asimismo, el Tesoro ha sancionado a su gerente suplente, Mónica Muñoz Ucros, que también dirige la Comercializadora San Benito, que realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada a Duque.
La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
Caracas. – Según el portal Bloomberg, el gobierno colombiano aparentemente apoyaría un plan, para que Nicolás Maduro abandone el poder, pero sin necesidad de que tenga que afrontar la cárcel. Sin embargo, la Cancillería de ese país negó que fuera cierto.
Tal como lo indicó el citado portal, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, habría afirmado en una entrevista en Madrid que “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo”, al referirse al plan para desalojar Miraflores.
“Podría dejar el poder sin necesariamente ir a prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de la transición y permitir la celebración de elecciones legítimas”, dijo Villavicencio.
No obstante, la ministra señaló que, para que este plan sea viable, se necesitaría el apoyo de la oposición venezolana.“Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”.
A pesar de lo indicado por Bloomberg, Maduro no ha dicho, todavía, nada en público que indique que consideraría la propuesta. Pero, este jueves se conoció que, en un comunicado de prensa emitido, la Cancillería colombiana calificó las palabras de Villavicencio como “información descontextualizada publicada en los medios de comunicación”. El gobierno de Petro, añadió, “respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.
El organismo insiste en que Colombia “no tiene injerencia en los asuntos internos” de Venezuela ni está promoviendo una salida negociada de Maduro con salvoconducto o impunidad.
La polémica sobre esta posibilidad para que Maduro abandone el poder que usurpa, se presenta en momentos de gran tensión, cuando Estados Unidos ha dado un ultimátum al narcorégimen chavista, permitiéndole antes del próximo lunes, elegir un plan para hacer posible su salida del país. Se teme, que de vencerse el plazo y no haber acuerdo alguno, comenzarían los ataques estadounidenses en territorio venezolano.
Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles una recompensa de hasta USD$ 5 millones a cambio de información que permita dar con los responsables del atentado efectuado a mediados de agosto contra un helicóptero en el noroeste de Colombia que dejó trece policías muertos.
«¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), de las disidencias de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo)? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación», ha señalado la Embajada estadounidense en Bogotá en su cuenta de la red social X, indicando el monto máximo que está dispuesta a pagar por ello.
La legación diplomática ha recordado que el helicóptero siniestrado era «un Black Hawk perteneciente a EE. UU.», que transportaba a un equipo de la Policía Nacional de Colombia que «realizaba un operativo de erradicación de hojas de coca en la región del Bajo Cauca», cuando fue víctima de un explosivo lanzado por un dron a su paso por Amalfi, en el departamento de Antioquia. Como consecuencia, murieron trece efectivos y otros cuatro resultaron heridos, además de que la aeronave quedó completamente destruida.
Cabe señalar que Colombia vivió entonces una jornada de gran conmoción, puesto que otro ataque —también atribuido a disidencias de las FARC— dejó al menos ocho muertos y cerca de 80 heridos fruto de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartel del Ejército en Cali, en el Valle del Cauca.
El Frente 36 señalado por EE. UU. es una estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, que forma parte del EMBF y que surgió como una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, después de que el primero se mostrara partidario de seguir negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
En octubre de 2024, el Ejecutivo colombiano prorrogó el alto el fuego con el EMBF mientras avanzaba el diálogo, pero una emboscada en abril de este año que se saldó con siete militares muertos echó al traste la tregua.
Lejos de ser dos grupos perfectamente cohesionados bajo un mando único, el EMBF y EMC cuentan con diversos bloques y frentes que operan con cierta autonomía, erigiéndose como herederas de las FARC, cuyos dirigentes históricos o bien están muertos o desmovilizados tras los acuerdos de 2016 de La Habana.
El presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este martes la suspensión temporal de las comunicaciones «y otros tratos» con las agencias de seguridad de EE. UU., aduciendo los ataques de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe.
«Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», ha señalado en su cuenta de la red social X.
En un escueto mensaje, el guerrillero ha especificado que la medida permanecerá vigente «mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe», en alusión a los bombardeos iniciados en septiembre por el Ejército estadounidense que ha dejado más de 60 muertos en lo que la Casa Blanca defiende como operaciones contra el narcotráfico y organismos internacionales y Naciones Unidas condenan como «ejecuciones extrajudiciales».
«La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño», ha agregado sobre una decisión que escala las tensiones entre Bogotá y la Administración de Donald Trump.
Petro ha hecho estas declaraciones después de que haya trascendido que Reino Unido ha actuado en el mismo sentido, un extremo difundido por primera vez por la cadena de televisión CNN y posteriormente por medios británicos como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, si bien hasta el momento desde el número 10 de Downing Street no se ha producido confirmación al respecto.
Un portavoz del Gobierno británico citado por la cadena SkyNews se ha limitado a afirmar que «EE. UU. es nuestro socio más cercano en materia de defensa, seguridad e inteligencia, pero, en consonancia con un principio de larga data, no voy a hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia».
Además, al ser preguntado por los ataques lanzados por EE. UU. contra buques en aguas del Caribe y del Pacífico, ha señalado que estas «decisiones son asunto» del país norteamericano y que «las cuestiones relativas a si algo contraviene o no el Derecho Internacional son competencia de un tribunal internacional competente, no de los gobiernos».
Esta semana, se señala como Borrego de la Semana al presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, en vista de que ha citado a Amnistía Internacional para calificar la operación en el Caribe de EE. UU. como “ilegal”, además de proponer llevar a Naciones Unidas una solicitud de “cese de la agresión al Caribe”.
De hecho, con el fin de minusválidar el crimen de los individuos ligados al narcotráfico, Petro no los llama «narcotraficantes», sino obreros del narcotráfico, porque apunta a la idea de que son las condiciones económicas terribles que hay en los países lo quelleva a los «pobres campesinos» a irse por esos caminos.
No obstante, Petro no ha citado en el pasado, en ningún momento, ni siquiera por asomo, los llamados de Amnistía Internacional a respetar los Derechos Humanos contra los que arremete todos los días la narcodictadura chavista, y mucho menos se ha dado cuenta que, de ser cierta su narrativa, está diciendo que las mismas condiciones de Colombia, con él a la cabeza, han sido tan nefastas que muchos «campesinos» han optado por el narcotráfico.
Por si fuera poco, el mismo gobierno de Petro es responsable de lo que pasa en el Caribe, porque no ha hecho nada para impedir salidas de lanchas con drogas desde sus costas.
Entonces, por alinearse con una narrativa que favorece al régimen de Maduro, así como la doble moral y la carga de responsabilidad que tiene por lo que pasa en el Caribe, Gustavo Petro es nombrado como Borrego de la Semana.
La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, argumentando vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ de antinarcóticos —conocida como lista Clinton— a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que «desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EE. UU. y envenenando a los estadounidenses».
«Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad», ha indicado en un comunicado.
La oficina de Bessent ha asegurado que Petro ha «otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína».
Según ha dicho, «el comportamiento errático» del mandatario ha distanciado a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse «aliado» con el cartel de los Soles y el «régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro».
En cuanto a su hijo, Washington ha explicado que «es considerado su heredero político» y ha recordado que fue detenido en 2023 bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional.
Las autoridades estadounidenses han indicado que Benedetti, que ha ocupado varios altos cargos del Gobierno colombiano, habló en unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro. Sobre la primera dama, solo menciona que un tribunal anuló la designación «inconstitucional» de Petro para que sirviera como embajadora «en misión especial».
La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en EE. UU. quedan bloqueados y deban reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en EE. UU. que involucren bienes o intereses de las personas designadas.
Caracas. – Luis Alfredo Carrillo, alias “Gocho”, integrante del «Tren de Aragua» implicado en el asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda, será extraditado a Chile, luego que la Corte Suprema de Colombia autorizara este pasado jueves su envío ante la justicia del país austral.
Las autoridades chilenas solicitaron su extradición en abril por asociación ilícita y secuestro con homicidio. Además, se le atribuye haber formado parte de la célula criminal «los Piratas de Aragua» dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Se trata del sexto miembro de la organización que aterrizará en la capital austral. Otros cinco ya desembarcaron transferidos por EE. UU.
Alias «Gocho» cumplió ya ocho meses detenido en Colombia, por parte de funcionarios de la Policía Nacional en la localidad de Chiscas, quienes lo apresaron durante un operativo en el departamento de Boyacá.
Carrillo ya contaba con circular roja de Interpol. Fue capturado el 5 de febrero por su presunta participación en el secuestro y asesinato del militar venezolano. Además, también en Chile estuvo vinculando a delitos de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y extorsión.
Según las autoridades chilenas, los integrantes de la banda “recibieron instrucciones de la cúpula, a cambio de una suma considerable de dinero, para secuestrar y posteriormente matar al exteniente, ciudadano refugiado venezolano”.
De hecho, el presidente chileno, Gabriel Boric, apuntó al régimen de Nicolás Maduro como los cabecillas del asesinato del teniente opositor Ronald Ojeda en Chile, quien fue Ojeda fue secuestrado en su casa por personas vestidas como policías chilenos y asesinado, siendo su cuerpo fue encontrado nueve días después.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su administración planea ampliar las operaciones militares contra el narcotráfico, pasando de los ataques marítimos a acciones en tierra, y aseguró que »Estados Unidos matará a quienes traen drogas al país».
Durante una mesa redonda en la Casa Blanca sobre seguridad interna, en la que participó el secretario de Guerra Pete Hegseth, el mandatario adelantó que informará al Congreso sobre las nuevas operaciones, aunque descartó solicitar una declaración formal de guerra contra los cárteles de la droga, a los que su gobierno ya ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
»No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Vamos a matarlos. Van a estar, digamos, muertos», dijo Trump con tono tajante ante reporteros.
El presidente destacó los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico, calificándolos como »un éxito masivo».
Pete Hegseth participó en la reunión en la cual Trump advirtió al narcotráfico
Según datos proporcionados por funcionarios estadounidenses, esas operaciones, iniciadas a comienzos de septiembre, han dejado cerca de 40 muertos. Aunque el Pentágono ha entregado poca información sobre los objetivos, se ha confirmado que varios de los ataques ocurrieron en aguas cercanas a Venezuela.
Trump justificó el cambio de estrategia señalando que, ante la presión en el mar, los narcotraficantes han comenzado a trasladar sus operaciones a tierra. »Ahora están entrando por tierra… la tierra será la siguiente», advirtió.
El mandatario no especificó en qué lugares se realizarían estas acciones, pero criticó directamente a Colombia y México, acusándolos de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
Durante el evento, el presidente instruyó a Hegseth a presentar la nueva estrategia ante el Congreso, afirmando que no esperaba resistencia. »Pete, vas al Congreso y les cuentas. ¿Qué van a decir? ¿’Oh, no queremos detener las drogas que entran’? No puedo imaginarme que haya problema alguno», afirmó.
Posteriormente añadió que no veía »ninguna pérdida» en acudir al Legislativo: »Siempre se quejan de que no fuimos, así que iremos. No hay razón para no hacerlo».
El presidente defendió las operaciones previas en el mar, asegurando que el refuerzo militar estadounidense en el Caribe ha sido clave para frenar el tráfico de drogas. En los últimos meses, el Pentágono ha desplegado destructores con misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de tropas en la región, intensificando la vigilancia en zonas cercanas a Sudamérica.
En Caracas, el dictador Nicolás Maduro respondió duramente a las declaraciones de Trump, advirtiendo que »si Estados Unidos interviniera en Venezuela, la clase trabajadora se levantaría en una insurrección general». Maduro añadió que »millones de hombres y mujeres con rifles marcharían por el país hasta recuperar el poder».
El tema cobró fuerza tras revelarse la semana pasada que dos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque estadounidense en el Caribe. Ambos fueron rescatados por la Marina de los Estados Unidos y luego repatriados a Colombia y Ecuador.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió esa decisión, señalando que era consistente con los procedimientos militares aplicados en Irak y Afganistán. ‘En esos conflictos capturamos a miles en el campo de batalla y entregamos el 99 % a las autoridades locales. ¿Nos gustó siempre el resultado? No, pero era el estándar y lo mismo aplica aquí», explicó.
Con sus declaraciones, Trump refuerza una postura de tolerancia cero contra el narcotráfico, mientras promete llevar la ofensiva a nuevos escenarios. La Casa Blanca no aclaró si el mandatario solicitará al Congreso una autorización específica para el uso de la fuerza militar (AUMF), aunque funcionarios no descartan esa posibilidad.
De concretarse, sería la primera vez en décadas que Estados Unidos contempla operaciones letales directas en tierra contra grupos del narcotráfico en el hemisferio occidental, una medida que promete atacar de forma directa el problema del narcoterrorismo en la región.
Caracas. – Diosdado Cabello lanzó una grave amenaza este pasado miércoles, contra los opositores venezolanos que se encuentren en Colombia, Panamá y España, advirtiendo que podrían ser víctimas de posibles atentados en los próximos días.
Así lo advirtió en su más reciente transmisión de «Con el mazo dando», en el cual afirmó que, si ocurren atentados contra venezolanos en el extranjero, sería “culpa” de la principal líder de la «oposición», María Corina Machado.
Según dejó saber en su amenaza, aparentemente habría una lista de «sacrificables».
Comunicadores, analistas y figuras del sector político «opositor» venezolano han considerado que sus aseveraciones son, en realidad, amenazas, porque basa sus informaciones en un supuesto informante anónimo al cual denomina «patriota cooperante».
Alertan, que tal como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el segundo al mando del narcorégimen anuncia acciones supuestamente dateadas por sus informantes anónimos, y resulta que estas son ejecutadas por el mismo narcorégimen, para luego atribuir la culpa a quienes los adversan.
En este caso, Cabello señala que, de ocurrir los atentados, la responsabilidad de los mismos debería ser achacada a Machado.
En un documento que supuestamente le envió el citado cooperante, dijo: “Según información del patriota cooperante ‘El Cachaco’, ‘La Sayo’ (como despectivamente llama a Machado) aprovechará la matriz de que el gobierno atenta contra opositores en Colombia, Panamá y España para culpar al gobierno ‘Súper Bigote’”.
También se refirió al atentado en Bogotá contra los opositores Luis Peche y Yendri Velázquez, al que calificó con ironía de “tema pasional”. En líneas generales, sus declaraciones fueron interpretadas como una amenaza velada a dirigentes y comunicadores en el exilio.
🇻🇪🇨🇴🇵🇦🇪🇸 URGENTE — ALERTA A LAS AUTORIDADES.
Diosdado Cabello acaba de amenazar con atentados a opositores en Colombia, Panamá y España para los próximos días.
Incluso dice que podrían atentar contra @OrlvndoA en Colombia. Esto es gravísimo.
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