Caracas. – Según el portal Bloomberg, el gobierno colombiano aparentemente apoyaría un plan, para que Nicolás Maduro abandone el poder, pero sin necesidad de que tenga que afrontar la cárcel. Sin embargo, la Cancillería de ese país negó que fuera cierto.
Tal como lo indicó el citado portal, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, habría afirmado en una entrevista en Madrid que “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo”, al referirse al plan para desalojar Miraflores.
“Podría dejar el poder sin necesariamente ir a prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de la transición y permitir la celebración de elecciones legítimas”, dijo Villavicencio.
No obstante, la ministra señaló que, para que este plan sea viable, se necesitaría el apoyo de la oposición venezolana.“Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”.
A pesar de lo indicado por Bloomberg, Maduro no ha dicho, todavía, nada en público que indique que consideraría la propuesta. Pero, este jueves se conoció que, en un comunicado de prensa emitido, la Cancillería colombiana calificó las palabras de Villavicencio como “información descontextualizada publicada en los medios de comunicación”. El gobierno de Petro, añadió, “respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.
El organismo insiste en que Colombia “no tiene injerencia en los asuntos internos” de Venezuela ni está promoviendo una salida negociada de Maduro con salvoconducto o impunidad.
La polémica sobre esta posibilidad para que Maduro abandone el poder que usurpa, se presenta en momentos de gran tensión, cuando Estados Unidos ha dado un ultimátum al narcorégimen chavista, permitiéndole antes del próximo lunes, elegir un plan para hacer posible su salida del país. Se teme, que de vencerse el plazo y no haber acuerdo alguno, comenzarían los ataques estadounidenses en territorio venezolano.
Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles una recompensa de hasta USD$ 5 millones a cambio de información que permita dar con los responsables del atentado efectuado a mediados de agosto contra un helicóptero en el noroeste de Colombia que dejó trece policías muertos.
«¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), de las disidencias de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo)? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación», ha señalado la Embajada estadounidense en Bogotá en su cuenta de la red social X, indicando el monto máximo que está dispuesta a pagar por ello.
La legación diplomática ha recordado que el helicóptero siniestrado era «un Black Hawk perteneciente a EE. UU.», que transportaba a un equipo de la Policía Nacional de Colombia que «realizaba un operativo de erradicación de hojas de coca en la región del Bajo Cauca», cuando fue víctima de un explosivo lanzado por un dron a su paso por Amalfi, en el departamento de Antioquia. Como consecuencia, murieron trece efectivos y otros cuatro resultaron heridos, además de que la aeronave quedó completamente destruida.
Cabe señalar que Colombia vivió entonces una jornada de gran conmoción, puesto que otro ataque —también atribuido a disidencias de las FARC— dejó al menos ocho muertos y cerca de 80 heridos fruto de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartel del Ejército en Cali, en el Valle del Cauca.
El Frente 36 señalado por EE. UU. es una estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, que forma parte del EMBF y que surgió como una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, después de que el primero se mostrara partidario de seguir negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
En octubre de 2024, el Ejecutivo colombiano prorrogó el alto el fuego con el EMBF mientras avanzaba el diálogo, pero una emboscada en abril de este año que se saldó con siete militares muertos echó al traste la tregua.
Lejos de ser dos grupos perfectamente cohesionados bajo un mando único, el EMBF y EMC cuentan con diversos bloques y frentes que operan con cierta autonomía, erigiéndose como herederas de las FARC, cuyos dirigentes históricos o bien están muertos o desmovilizados tras los acuerdos de 2016 de La Habana.
El presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este martes la suspensión temporal de las comunicaciones «y otros tratos» con las agencias de seguridad de EE. UU., aduciendo los ataques de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe.
«Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», ha señalado en su cuenta de la red social X.
En un escueto mensaje, el guerrillero ha especificado que la medida permanecerá vigente «mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe», en alusión a los bombardeos iniciados en septiembre por el Ejército estadounidense que ha dejado más de 60 muertos en lo que la Casa Blanca defiende como operaciones contra el narcotráfico y organismos internacionales y Naciones Unidas condenan como «ejecuciones extrajudiciales».
«La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño», ha agregado sobre una decisión que escala las tensiones entre Bogotá y la Administración de Donald Trump.
Petro ha hecho estas declaraciones después de que haya trascendido que Reino Unido ha actuado en el mismo sentido, un extremo difundido por primera vez por la cadena de televisión CNN y posteriormente por medios británicos como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, si bien hasta el momento desde el número 10 de Downing Street no se ha producido confirmación al respecto.
Un portavoz del Gobierno británico citado por la cadena SkyNews se ha limitado a afirmar que «EE. UU. es nuestro socio más cercano en materia de defensa, seguridad e inteligencia, pero, en consonancia con un principio de larga data, no voy a hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia».
Además, al ser preguntado por los ataques lanzados por EE. UU. contra buques en aguas del Caribe y del Pacífico, ha señalado que estas «decisiones son asunto» del país norteamericano y que «las cuestiones relativas a si algo contraviene o no el Derecho Internacional son competencia de un tribunal internacional competente, no de los gobiernos».
Esta semana, se señala como Borrego de la Semana al presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, en vista de que ha citado a Amnistía Internacional para calificar la operación en el Caribe de EE. UU. como “ilegal”, además de proponer llevar a Naciones Unidas una solicitud de “cese de la agresión al Caribe”.
De hecho, con el fin de minusválidar el crimen de los individuos ligados al narcotráfico, Petro no los llama «narcotraficantes», sino obreros del narcotráfico, porque apunta a la idea de que son las condiciones económicas terribles que hay en los países lo quelleva a los «pobres campesinos» a irse por esos caminos.
No obstante, Petro no ha citado en el pasado, en ningún momento, ni siquiera por asomo, los llamados de Amnistía Internacional a respetar los Derechos Humanos contra los que arremete todos los días la narcodictadura chavista, y mucho menos se ha dado cuenta que, de ser cierta su narrativa, está diciendo que las mismas condiciones de Colombia, con él a la cabeza, han sido tan nefastas que muchos «campesinos» han optado por el narcotráfico.
Por si fuera poco, el mismo gobierno de Petro es responsable de lo que pasa en el Caribe, porque no ha hecho nada para impedir salidas de lanchas con drogas desde sus costas.
Entonces, por alinearse con una narrativa que favorece al régimen de Maduro, así como la doble moral y la carga de responsabilidad que tiene por lo que pasa en el Caribe, Gustavo Petro es nombrado como Borrego de la Semana.
La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, argumentando vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ de antinarcóticos —conocida como lista Clinton— a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que «desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EE. UU. y envenenando a los estadounidenses».
«Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad», ha indicado en un comunicado.
La oficina de Bessent ha asegurado que Petro ha «otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína».
Según ha dicho, «el comportamiento errático» del mandatario ha distanciado a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse «aliado» con el cartel de los Soles y el «régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro».
En cuanto a su hijo, Washington ha explicado que «es considerado su heredero político» y ha recordado que fue detenido en 2023 bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional.
Las autoridades estadounidenses han indicado que Benedetti, que ha ocupado varios altos cargos del Gobierno colombiano, habló en unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro. Sobre la primera dama, solo menciona que un tribunal anuló la designación «inconstitucional» de Petro para que sirviera como embajadora «en misión especial».
La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en EE. UU. quedan bloqueados y deban reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en EE. UU. que involucren bienes o intereses de las personas designadas.
Caracas. – Luis Alfredo Carrillo, alias “Gocho”, integrante del «Tren de Aragua» implicado en el asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda, será extraditado a Chile, luego que la Corte Suprema de Colombia autorizara este pasado jueves su envío ante la justicia del país austral.
Las autoridades chilenas solicitaron su extradición en abril por asociación ilícita y secuestro con homicidio. Además, se le atribuye haber formado parte de la célula criminal «los Piratas de Aragua» dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Se trata del sexto miembro de la organización que aterrizará en la capital austral. Otros cinco ya desembarcaron transferidos por EE. UU.
Alias «Gocho» cumplió ya ocho meses detenido en Colombia, por parte de funcionarios de la Policía Nacional en la localidad de Chiscas, quienes lo apresaron durante un operativo en el departamento de Boyacá.
Carrillo ya contaba con circular roja de Interpol. Fue capturado el 5 de febrero por su presunta participación en el secuestro y asesinato del militar venezolano. Además, también en Chile estuvo vinculando a delitos de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y extorsión.
Según las autoridades chilenas, los integrantes de la banda “recibieron instrucciones de la cúpula, a cambio de una suma considerable de dinero, para secuestrar y posteriormente matar al exteniente, ciudadano refugiado venezolano”.
De hecho, el presidente chileno, Gabriel Boric, apuntó al régimen de Nicolás Maduro como los cabecillas del asesinato del teniente opositor Ronald Ojeda en Chile, quien fue Ojeda fue secuestrado en su casa por personas vestidas como policías chilenos y asesinado, siendo su cuerpo fue encontrado nueve días después.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su administración planea ampliar las operaciones militares contra el narcotráfico, pasando de los ataques marítimos a acciones en tierra, y aseguró que »Estados Unidos matará a quienes traen drogas al país».
Durante una mesa redonda en la Casa Blanca sobre seguridad interna, en la que participó el secretario de Guerra Pete Hegseth, el mandatario adelantó que informará al Congreso sobre las nuevas operaciones, aunque descartó solicitar una declaración formal de guerra contra los cárteles de la droga, a los que su gobierno ya ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
»No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Vamos a matarlos. Van a estar, digamos, muertos», dijo Trump con tono tajante ante reporteros.
El presidente destacó los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico, calificándolos como »un éxito masivo».
Pete Hegseth participó en la reunión en la cual Trump advirtió al narcotráfico
Según datos proporcionados por funcionarios estadounidenses, esas operaciones, iniciadas a comienzos de septiembre, han dejado cerca de 40 muertos. Aunque el Pentágono ha entregado poca información sobre los objetivos, se ha confirmado que varios de los ataques ocurrieron en aguas cercanas a Venezuela.
Trump justificó el cambio de estrategia señalando que, ante la presión en el mar, los narcotraficantes han comenzado a trasladar sus operaciones a tierra. »Ahora están entrando por tierra… la tierra será la siguiente», advirtió.
El mandatario no especificó en qué lugares se realizarían estas acciones, pero criticó directamente a Colombia y México, acusándolos de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
Durante el evento, el presidente instruyó a Hegseth a presentar la nueva estrategia ante el Congreso, afirmando que no esperaba resistencia. »Pete, vas al Congreso y les cuentas. ¿Qué van a decir? ¿’Oh, no queremos detener las drogas que entran’? No puedo imaginarme que haya problema alguno», afirmó.
Posteriormente añadió que no veía »ninguna pérdida» en acudir al Legislativo: »Siempre se quejan de que no fuimos, así que iremos. No hay razón para no hacerlo».
El presidente defendió las operaciones previas en el mar, asegurando que el refuerzo militar estadounidense en el Caribe ha sido clave para frenar el tráfico de drogas. En los últimos meses, el Pentágono ha desplegado destructores con misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de tropas en la región, intensificando la vigilancia en zonas cercanas a Sudamérica.
En Caracas, el dictador Nicolás Maduro respondió duramente a las declaraciones de Trump, advirtiendo que »si Estados Unidos interviniera en Venezuela, la clase trabajadora se levantaría en una insurrección general». Maduro añadió que »millones de hombres y mujeres con rifles marcharían por el país hasta recuperar el poder».
El tema cobró fuerza tras revelarse la semana pasada que dos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque estadounidense en el Caribe. Ambos fueron rescatados por la Marina de los Estados Unidos y luego repatriados a Colombia y Ecuador.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió esa decisión, señalando que era consistente con los procedimientos militares aplicados en Irak y Afganistán. ‘En esos conflictos capturamos a miles en el campo de batalla y entregamos el 99 % a las autoridades locales. ¿Nos gustó siempre el resultado? No, pero era el estándar y lo mismo aplica aquí», explicó.
Con sus declaraciones, Trump refuerza una postura de tolerancia cero contra el narcotráfico, mientras promete llevar la ofensiva a nuevos escenarios. La Casa Blanca no aclaró si el mandatario solicitará al Congreso una autorización específica para el uso de la fuerza militar (AUMF), aunque funcionarios no descartan esa posibilidad.
De concretarse, sería la primera vez en décadas que Estados Unidos contempla operaciones letales directas en tierra contra grupos del narcotráfico en el hemisferio occidental, una medida que promete atacar de forma directa el problema del narcoterrorismo en la región.
Caracas. – Diosdado Cabello lanzó una grave amenaza este pasado miércoles, contra los opositores venezolanos que se encuentren en Colombia, Panamá y España, advirtiendo que podrían ser víctimas de posibles atentados en los próximos días.
Así lo advirtió en su más reciente transmisión de «Con el mazo dando», en el cual afirmó que, si ocurren atentados contra venezolanos en el extranjero, sería “culpa” de la principal líder de la «oposición», María Corina Machado.
Según dejó saber en su amenaza, aparentemente habría una lista de «sacrificables».
Comunicadores, analistas y figuras del sector político «opositor» venezolano han considerado que sus aseveraciones son, en realidad, amenazas, porque basa sus informaciones en un supuesto informante anónimo al cual denomina «patriota cooperante».
Alertan, que tal como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el segundo al mando del narcorégimen anuncia acciones supuestamente dateadas por sus informantes anónimos, y resulta que estas son ejecutadas por el mismo narcorégimen, para luego atribuir la culpa a quienes los adversan.
En este caso, Cabello señala que, de ocurrir los atentados, la responsabilidad de los mismos debería ser achacada a Machado.
En un documento que supuestamente le envió el citado cooperante, dijo: “Según información del patriota cooperante ‘El Cachaco’, ‘La Sayo’ (como despectivamente llama a Machado) aprovechará la matriz de que el gobierno atenta contra opositores en Colombia, Panamá y España para culpar al gobierno ‘Súper Bigote’”.
También se refirió al atentado en Bogotá contra los opositores Luis Peche y Yendri Velázquez, al que calificó con ironía de “tema pasional”. En líneas generales, sus declaraciones fueron interpretadas como una amenaza velada a dirigentes y comunicadores en el exilio.
🇻🇪🇨🇴🇵🇦🇪🇸 URGENTE — ALERTA A LAS AUTORIDADES.
Diosdado Cabello acaba de amenazar con atentados a opositores en Colombia, Panamá y España para los próximos días.
Incluso dice que podrían atentar contra @OrlvndoA en Colombia. Esto es gravísimo.
Caracas. – Reconocer al «Cartel de los Soles» como una amenaza transnacional para la seguridad de Colombia, fue la solicitud que hizo el Congreso colombiano al presidente Gustavo Petro este pasado martes, tras aprobar la propuesta que reconoce el peligro, que representa la organización narcoterrorista creada por el chavismo en Venezuela.
La Cámara de Representantes aprobó con 76 votos a favor y 21 en contra la propuesta, desplazando a otras dos proposiciones dirigidas también a Petro.
Los congresistas decidieron apoyar el exhorto en contra del cartel del narcotráfico dirigido por Nicolás Maduro, al considerar que constituye una amenaza directa a la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos.
La iniciativa, de carácter político y no vinculante, busca alinear al Estado en una respuesta coordinada, diplomática y contundente.
La decisión adoptada por la Cámara de Representantes insta al Gobierno nacional a reconocer oficialmente la existencia del cartel de los Soles y a coordinar acciones diplomáticas, jurídicas y de seguridad para enfrentar lo que los congresistas califican como una estructura criminal con alcance internacional.
Sin embargo, Petro optó por molestarse con la Cámara de Representantes tras enterarse de la exigencia que le estaban pidiendo. Desde la Casa de Nariño realizó acusaciones contra los congresistas: “Tal la corrupción que hay en la Policía, pero también en la Fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso. Y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la junta del narcotráfico, la que me quiere asesinar”, dijo.
También, expresó que los representantes que votaron para declarar al «Cartel de los Soles» como un grupo terrorista y narcotraficante incurrieron en un abuso de funciones.
“Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. Es el que puede llevar cocaína incluso del nordeste o de esta cercanía que hay en el Caquetá hasta Bogotá y es el que puede llevar de Bogotá hasta Venezuela; el Cartel de los Soles es el cartel de Bogotá”, subrayó Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el marco de un caso que se remonta a 2012.
El juez Manuel Antonio Merchán ha declarado inocente a Uribe y ha cargado contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
Según ha considerado, la jueza Sandra Heredia —que condenó en Uribe— basó su decisión en apreciaciones subjetivas y evidenció el «sesgo» contra el expresidente. Así, ha subrayado que la decisión de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas.
Primero, Merchán ha afirmado que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal», por lo que ha anunciado que la sala revocaba la condena impuesta y le absolvía del delito de soborno. Posteriormente, ha concluido que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y jurídico, absolviéndole también de este cargo.
No obstante, el asunto está lejos de quedar cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco años de plazo para decidir el futuro del caso.
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