Rafael Ramírez tilda a Maduro de «malandro» y lo acusa de desviar la atención

Caracas. – Luego que Nicolás Maduro lo calificara públicamente de «rata inmunda, rata traidora», Rafael Ramírez, el ex zar del petróleo en Venezuela, acusó al jefe del narco estado de intentar desviar la atención, sobre los casos de corrupción que escandalizan a su tiranía.

En su cuenta en Twitter, Ramírez recordó que la ciudadanía sobrevive con salarios de hambre, mientras el régimen de Maduro utiliza «todo su poder para perseguir y reprimir».

Igualmente, aseguró que las expresiones de Maduro se asemejan a las «ofensas de malandro».Ramírez contestó que «todo el mundo sabe que eres el único responsable de la destrucción de PDVSA y del país».

«Crees que así vas a desviar la atención de la corrupción de tu gobierno y de que tienes a los trabajadores con un salario de hambre», sostuvo el ex presidente de PDVSA, durante el período de Hugo Chávez.

Maduro hizo referencia contra Ramírez este pasado miércoles, en declaraciones televisadas, en las cuales prometió que «tarde o temprano, le pondrán los ganchos».

Estados Unidos permitió a AN de 2015 acceso a $347 millones congelados

Caracas. – El Departamento de Estado permitió este pasado jueves, que la ilegítima Asamblea Nacional de 2015, tenga acceso a cuentas bancarias que totalizan unos 347 millones de dólares de Venezuela, los cuales están congelados en bancos de Estados Unidos.

Se trataría de los fondos que venía utilizando la oposición desde 2019, cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino.

No obstante, desde la eliminación del Gobierno interino en enero de 2023, la nueva directiva de la Asamblea Nacional opositora no había podido acceder a estos recursos, ante el vacío de liderazgo.

Según algunas agencias y portales noticiosos, miembros de la oposición venezolana esperaban ansiosamente las decisiones de Estados Unidos, para permitirles nuevamente la posibilidad de acceder a este dinero.

El manejo sería conducido por Dinorah Figuera, quien fue electa este año como presidenta del parlamento hasta 2024.

Civiles en Haití lanzan una ola de linchamientos: Ahorcan y queman a decenas de pandilleros en las calles

De Derecha Diario

La nación centroamericana, azotada por terremotos, gobiernos socialistas y ahora, el crimen organizado, ha empezado a reacción por primera vez con linchamientos contra pandilleros.

Ante la total retracción del Estado sobre la violencia callejera, la situación en las ciudades de Haití ha empeorado gravemente. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, las pandillas tomaron control de las calles, y el actual mandatario Ariel Henry, ha cedido el control territorial a distintos grupos criminales.

La población, cansada del infierno en el que viven hace ya 2 años, se está empezando a organizar para combatir a los pandilleros. Es así que este lunes, turbas civiles salieron a las calles de la ciudad capital, Puerto Príncipe y, valiéndose de su gran número, sometieron a un grupo de criminales y los ejecutaron en el acto ahorcándolos y prendiendo fuego.

Así lo confirmó la policía haitiana, que llegó luego de que los hechos hubieran acontecido. El portavoz de la policía, Gary Derosiers, dijo que la policía se preparaba para arrestar a los pandilleros armados cuando intervino una turba de ciudadanos furiosos.

“Durante un allanamiento a un microbús en el que iban personas armadas, la policía decomisó armas y otros equipos. Además, más de una decena de personas que viajaban en este vehículo fueron lamentablemente linchadas por miembros de la población”, dijo.

Reuters describió a ciudadanos enojados y gritando que rodeaban “varios cuerpos apilados en la carretera, con llantas humeantes y otros objetos encima de ellos”. Un miembro del público particularmente furioso golpeó los cadáveres con un objeto contundente.

The Associated Press (AP) citó a testigos que dijeron que la turba mató a golpes a 13 de los presuntos pandilleros y luego los colgó de postes de luz y los inmoló con neumáticos empapados de gasolina. Un video telefónico del incidente mostraba a los policías que se quedaron al margen del hecho, atemorizados de intervenir.

Otro grupo de testigos presenciales afirmó que otros seis pandilleros fueron asesinados a golpes en un vecindario diferente, y luego los residentes también quemaron sus cuerpos.

Un infame jefe criminal llamado Carlo Petithomme, líder de la pandilla Ti Makak, fue asesinado entre las víctimas. Derosiers no ofreció más detalles sobre quién perpetró estos asesinatos, y todo indica que no se presentarán cargos contra los civiles responsables.

“Si las pandillas vienen a invadirnos, nos defenderemos, nosotros también tenemos nuestras propias armas, tenemos nuestros machetes, les quitaremos las armas, no huiremos”, dijo desafiante un residente de Puerto Príncipe a un móvil de la AFP.

La situación crítica en Haití: Estado fallido

Los mafiosos y jefes criminales se han apoderado de la mayor parte de Haití desde que el presidente Jovenel Moise fue asesinado en julio de 2021. El gobierno de su sucesor no electo, Ariel Henry, controla poco más allá de unos pocos distritos en Puerto Príncipe. Las pandillas han saqueado todos los envíos de ayuda exterior y han tomado como rehenes infraestructura vital del país, incluidos aeropuertos.

Las Naciones Unidas han pedido repetidamente la intervención policial y militar internacional para estabilizar Haití, pero ninguna otra nación está ansiosa por enviar tropas al caos sangriento, especialmente porque los civiles haitianos podrían socavar las intervenciones extranjeras percibidas como un apoyo al impopular gobierno de Henry.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, publicó el lunes un informe que dice que la inseguridad en Puerto Príncipe “ha alcanzado niveles comparables a los de países en conflicto armado”, y agregó que “abre un pedido formal a cualquier país que quiera intervenir en apoyo de Haití“, un pedido al que ha adherido el propio presidente Henry.

Lula promueve en el Congreso una “Ley Anti Fake News” que busca instalar un Ministerio de la Verdad en Brasil

De Derecha Diario

El temido PL 2630/2020 que busca censurar para siempre las redes sociales y el internet en Brasil podría aprobarse tan pronto como en 15 días. Este sería el “Cruce del Rubicón” que pondrá al país definitivamente del lado de las dictaduras comunistas como Venezuela o Nicaragua.

Brasil atraviesa un momento de máxima tensión donde la democracia brasileña, especialmente el precepto de libertad de expresión y de prensa, cuelga de un hilo. Lula ha decidido impulsar el Proyecto de Ley (PL) 2630, oficialmente Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet pero coloquialmente llamada como “Ley Anti Fake News” en una sesión de emergencia en el Congreso.

La legislación recibió originalmente media sanción en el Senado en 2020, en un intento de los partidos opositores a Bolsonaro en aquél momento de presionarlo para que no apruebe otras leyes que estaba impulsando en plena pandemia.

Sin embargo, el presidente amenazó con que esa ley nunca vería la luz del día, negoció con la oposición y ante la advertencia de que no pasaría su veto, la ley quedó cajoneada en la Cámara de Diputados. Pero ahora Lula la ha revivido y quiere que se apruebe este mismo año.

El relator de la ley en la Cámara Baja, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), consiguió aprobar la petición de votación de urgencia que le había pedido Lula, sin embargo este martes, el propio Silva pidió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que se retirara la votación del orden del día al comprobar que no tendría votos suficientes para ser aprobada.

Ahora la votación se ha pospuesto para dentro de quince días, mientras Lula recrudece la persecución política contra Bolsonaro, quien regresó el país hace unas semanas tras su exilio en Estados Unidos, y ya fue allanado por la Policía Federal, y se le incautaron tanto teléfonos celulares como pasaportes.

El PL 2630/2020 tiene como objetivo instalar una fuerte censura de redes sociales y del internet en general. Compañías como Google, Facebook, Twitter, y Telegram, deberán reacomodar sus algoritmos para filtrar información que el gobierno señale como “potencialmente desinformativa“.

A pesar de que todas estas compañías ayudaron a Lula durante las elecciones del año pasado, priorizando información en los resultados que afectaba negativamente a Bolsonaro, esto lo hicieron por decisión propia tras un pedido de la Casa Blanca, luego de que el gobierno de Joe Biden decidiera apoyar al Partido de los Trabajadores (PT).

Pero ahora, lo que quiere Lula y la coalición de izquierda que gobierna, es que estas empresas filtren su información directamente siguiendo las exigencias del Estado brasileño, e incluso poner interventores en las direcciones de estas compañías para “terminar con la manipulación de las noticias“.

En una acalorada rueda de prensa el martes, el ministro de Justicia y Seguridad de Lula, Flávio Dino, dijo que los gigantes tecnológicos habían intentado “censurar y manipular” el debate sobre la ley. “Querían censurar al Parlamento, censurar el proceso legislativo, con una violencia pocas veces vista en Brasil”.

Esta semana, la página principal de búsqueda de Google levantó un mensaje alertando a los usuarios en Brasil que “el PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil”. Al hacer clic en él, aparecía un mensaje institucional de Google Brasil firmado por su Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, Marcelo Lacerda: “Si se aprueba en su forma actual”, decía el texto, “el PL iría en contra de su objetivo original de combatir la propagación de noticias falsas”.

El ministro Dino prohibió por decreto a Google promover posiciones contrarias al texto de la ley sin informar debidamente a los usuarios de que se trataba de publicidad. “Además de instar a la retirada del contenido”, declaró en rueda de prensa, “fijaré una multa por un valor máximo del 20% de la facturación bruta, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”.

Dino reiteró ayer: “Google ha infringido el Código de Defensa del Consumidor, en el apartado de publicidad abusiva y publicidad encubierta, que es una forma de publicidad engañosa”. Cabe aclarar que si Google estuviera infringiendo la ley, debe ser llevada a juicio, en lugar de recibir una multa arbitraria por parte de un ministro del Poder Ejecutivo.

Con la amenaza de tener que pagar 1 millón de reales por hora (unos 200 mil dólares), Google retiró el enlace de su home page. Sin embargo, sus representantes respondieron a las acusaciones de propaganda del ministro Dino.

“Las afirmaciones de que estamos cambiando los algoritmos para que los contenidos contrarios al proyecto de ley aparezcan en la parte superior de la página en detrimento de otras publicaciones favorables son falsas. En las últimas semanas, hemos expresado de forma pública y transparente nuestra posición respecto al PL 2630 a través de nuestro blog oficial”, afirmó. “Creemos que el debate sobre una legislación que puede afectar a la vida de millones de brasileños y empresas debe implicar a todos los sectores de la sociedad”.

Mató a una niña de 12 años y ahora dice que cambió de género para ir a la cárcel de mujeres

De Derecha Diario

Es el autor de uno de los peores crímenes en Argentina, que introdujo un cambio en la legislación para que se hable de “grooming” en la justicia. Está detenido en Florencio Varela pero pide que lo cambien a una prisión femenina.

Se trata de Jonathan Luna, el homicida de Micaela Ortega, una niña de 12 años a la que engañó a través de un perfil falso de Facebook para que se vean. Luna se hizo pasar por una adolescente que quería conocerla, pero terminó asesinándola.

El hecho ocurrió el 23 de abril del 2016, y no fue hasta un poco más de un mes de la desaparición, el 28 de mayo, que Micaela fue encontrada con intentos de violación, estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza en un descampado en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca, en un lugar lleno de arbustos y pastizales localizado cerca de la ruta 3 y a pocos kilómetros de la localidad de General Daniel Cerri.

Luna era un viejo conocido de la Justicia y de heco, cometió el crimen de la menor mientras estaba prófugo, ya que se había escapado de la cárcel en 2014 durante una salida transitoria mientras se encontraba purgando una condena por robo calificado en la provincia de Río Negro.

Finalmente, el 19 de octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua gracias al trabajo del fiscal Rodolfo De Lucía, en un juicio histórico en el país, ya que se trató del primer caso donde se utilizó el tipo penal “grooming” (engañar a un niño a través de redes sociales para poder abusar de él), seguido de muerte.

A pesar de esta cumpliendo cadena perpetua, según confirma el portal LaBrujula24, Jonatha Luna se cambió el nombre a “Yoana Luna” y viene presentando sistemáticamente escritos formales, alegando que se auto-percibe mujer y que quiere ser trasladado a una cárcel de mujeres.

Además, en los reclamos expuestos por el defensor oficial, pide que le devuelvan el teléfono celular porque “la está pasando muy mal” y esto está afectando su psiquis como una persona trans. 

Como si esto fuera poco, además de querer pasar el resto de sus días rodeado entre mujeres a pesar de ser un femicida (un tipo legal que existe en Argentina para identificar a los homicidas varones que asesinan a mujeres), en sus presentaciones legales también alega el crimen cometido no pudo haver sido un femicidio, si no un homicidio simple, ya que él es una mujer.

Si bien en otras circunstancias esto sería un pedido absurdo, gracias a la Ley 26.743 “Ley de Identidad de Género”, sancionada en 2012, el reo está en su derecho de hacer este pedido. Según el documento de la legislación, cualquier argentino “tiene derecho” a:

  • Modificar sus datos personales en el Registro. Puede cambiarse el nombre, la imagen y el sexo registrado.
  • Acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo a la identidad elegida.
  • Desarrollar su personalidad de acuerdo con la identidad elegida.

Escándalo en Brasil: Una grabación muestra al Ministro de Seguridad de Lula presente en el “Asalto al Capitolio” del 8 de enero

De Derecha Diario

El ministro debió renunciar luego de que se hicieran públicas imágenes que lo ubican en el medio de las protestas organizando todo.

La invasión de los edificios de los Tres Poderes en la capital brasileña el pasado 8 de enero, que fue la culminación de meses de protestas en contra de la fraudulenta victoria de Lula da Silva, le sirvió al gobierno de izquierda para lanzar una masiva campaña de arrestos arbitrarios contra la oposición.

Periodistas, empresarios, políticos y hasta influencers de redes sociales que apoyaron la teoría del fraude electoral fueron arrestados. Cientos de medios fueron bloqueados, inclusive La Derecha Diario, que al día de hoy se encuentra inaccesible en Brasil sin VPN.

Figuras destacadas de la derecha no tardaron en advertir que el “Asalto al Capitolio” podría haber estado planificado por fuerzas del gobierno de Lula para usar como justificación de este avance contra la oposición.

Así como en el “Asalto al Capitolio” del 6 de enero del 2021 en Washington D.C., poca presencia policial, puertas abiertas y edificios vacíos fueron la norma. Pero la confirmación más importante hasta el momento llegó este miércoles 19, cuando CNN, un medio alineado a Lula, mostró imágenes que ubican al jefe de la cartera de Seguridad de Lula en el foco de las manifestaciones.

En los videos se lo ve a Marco Gonçalves Dias, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), lo más parecido a un ministro de Seguridad en otros países como Argentina, circulando y guiando a los invasores que destrozaron el Palacio del Planalto en ese polémico día.

La emisora, que venía defendiendo a Lula pero debió cambiar su discurso ante la viralización de la noticia, ​​tuvo acceso exclusivo a las imágenes del circuito interno de 22 cámaras de la sede del Poder Ejecutivo y se analizaron más de 160 horas.

Secuencia de los hechos

El ministro renunció a la tarde del día siguiente a la publicación del video, este miércoles 19 de abril. Se lo acusa de haber llevado manifestantes disfrazados para incitar la violencia en lo que habían sido hasta el momento manifestaciones masivas pero pacíficas.

A las 16:29 horas de ese fatídico 8 de enero, dos cámaras de seguridad internas lo captaron durante la invasión del Palacio del Planalto. Al principio, aparece caminando solo por el tercer piso del Palacio, en la antesala de la oficina del Presidente de la República. Pronto, Gonçalves Dias intenta abrir dos puertas y luego entra al gabinete.

Minutos después, el ministro aparece caminando por el mismo pasillo con unos invasores, guiándolos y aparentemente diciéndole lo que tienen que hacer. Las imágenes sugieren que en ese momento estaría indicándole la salida de emergencia al grupo de invasores luego de cometer los destrozos.Luego, en las imágenes aparecen otros miembros del GSI, indicando también la salida a los invasores que se encontraban en el tercer piso del Palacio del Planalto.

Cabe destacar que la invasión ocurrió un domingo y Lula estaba de viaje con todo su gabinete en Sao Paulo, por lo que no tenía razón para estar en la Casa de Gobierno en ese momento. Además, es raro que en el frenesí de lo que fue el “Asalto al Capitolio”, los manifestantes le hicieran caso a un ministro que tenían entre ceja y ceja.

Tras la divulgación de las imágenes en medios y en redes sociales, diputados federales bolsonaristas exigieron que se llame a una Comisión Parlamentaria Investigativa (CPMI) del 8 de Enero, algo que los petístas pidieron en un principio pero rápidamente recularon, capaz dándose cuenta que en vez de condenar a Bolsonaro por “incitar la violencia”, se destaparía una organización de fondo comandada por su propio líder, Lula da Silva.

¿Cómo era Ecuador antes de la dolarización? El cambio de modelo que transformó el país

De Derecha Diario

La economía ecuatoriana atravesaba los mismos problemas con los que hoy debe lidiar Argentina, entre ellos la elevada inflación, el estamento económico, el deterioro del tejido social y la falta de crédito a largo plazo. La dolarización sentó las bases de un cambio de modelo que permitió superar estos problemas.

La dolarización de Ecuador no solamente implicó un cambio de régimen monetario, sino que funcionó como el pilar para un cambio de modelo económico, y un cambio en la manera de hacer política económica. El sistema político perdió las herramientas para maniobrar a costa de la estabilidad de precios y la recaudación de señoreaje.

A pesar de tener una “política monetaria autónoma” y disponer de amplias herramientas para intervenir en el ciclo económico o responder a shocks externos, la economía ecuatoriana se encontraba completamente estancada entre las décadas de 1980 y 1990, medida a partir del ingreso por habitante.

El ingreso real por habitante acumuló una caída del 1% entre el primer trimestre de 1990 y el mismo trimestre del año 2000, la mayor parte concentrada en la brutal crisis financiera del año 1999. Esto cambió radicalmente con el proceso de dolarización, ya que el PBI per cápita a precios constantes se expandió un 36% hasta el cuarto trimestre de 2022, y hasta un 49,6% si se compara contra el cuarto trimestre de 2014 (el máximo nivel alcanzado en la historia ecuatoriana). 

Ingreso real por habitante y tasa de pobreza en Ecuador.

La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 6,9 dólares constantes de 2017 (ajustados por paridad de poder adquisitivo) superaba el 65% antes de la dolarización, según la base de datos del Banco Mundial.

El organismo de crédito multilateral estima que para el año 2021, las personas con menos de 6,9 dólares PPP de 2017 representó el 32% de la población total, e incluso se llegó a un mínimo del 27% en el año 2017. La dolarización provocó que la tasa de pobreza se redujera a la mitad en 20 años. 

La reducción sistemática de la marginalidad social se debe a la eliminación del componente inflacionario en la determinación de la pobreza, que permitió la consolidación de los ingresos en términos de poder adquisitivo. El salario real se duplicó desde el año 2000, y la tasa de pobreza actual responde en mayor parte a las fluctuaciones del ciclo económico y la evolución de la tasa de desocupación (que fluctuó entre el 10% y el 3% en el nuevo régimen monetario).

Al igual que Argentina, la economía de Ecuador se caracterizaba por su elevada inestabilidad de precios y los múltiples controles cambiarios que aplicados por diversos Gobiernos a fin de reprimir la demanda de divisas como una suerte de refugio a la inflación. La inflación minorista promedió el 29% entre 1970 y 2000, y un aumento promedio mensual del 2,14%. 

Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el que celosamente se determinaba por el Gobierno llegó a representar el 236% en mayo de 1983, 410% en julio de 1988 y hasta un 407% en noviembre de 1993, fecha a partir de la cual se debieron abolir los controles cambiarios por el colapso de las reservas del Banco Central y por la imposibilidad para seguir sosteniendo las paridades legales.

Los regímenes de alta inflación a lo largo del siglo XX se vieron íntimamente asociados con todo tipo de controles de precios, salarios, cambios y cuenta capital, pero todo esto fue superado por el proceso de dolarización ya que estas herramientas quedaron obsoletas habiéndose ya erradicado el problema inflacionario de manera definitiva. 

Inflación y brecha cambiaria en Ecuador.

La estabilidad permitió una rápida reactivación del crédito a largo plazo, un fenómeno que se había perdido por la falta de previsibilidad (no era posible pautar una tasa de interés creíble a 10 o 20 años de plazo). El crédito doméstico para el sector privado de Ecuador aumentó del 18% del PBI en 2002 47,2% para el año 2020, y actualmente continúa aumentando.

La falta de crédito a largo plazo impacta de lleno en el acceso a la vivienda propia, la financiación de proyectos empresariales que requieren inversión pesada (especialmente servicios públicos) y la apertura de todo tipo de proyectos de inversión. Argentina sigue sufriendo este flagelo por la elevada volatilidad de los pericos, y su crédito doméstico al sector privado no supera el 16% del PBI.

Con el nuevo régimen monetario, los ecuatorianos dejaron de preocuparse constantemente por la cotización de otras divisas, o por la erosión de sus salarios reales y la desesperación que esto implica, o por las crisis de la “administración de reservas” en el marco los controles cambiarios. Todos estos elementos, aún presentes en Argentina, fueron erradicados de Ecuador gracias al proceso de dolarización.

El Gobierno de Boric anunció la expropiación de la industria del litio en Chile y la creación de una nueva empresa estatal

De Derecha Diario

El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.

Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.

La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.

El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.

El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.

Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.

Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).

“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.

Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.

El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.