John Barrett prometió implementar plan de tres fases para Venezuela durante primera reunión en Miraflores

Caracas. – La implementación del plan de tres fases para recuperar a Venezuela, fue el primer tema que el nuevo encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, expuso este pasado viernes en la reunión que sostuvo con la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez.

Desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett señaló la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El objetivo de la misión, según la sede diplomática es “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

El encuentro forma parte de una nueva etapa de acercamiento entre Washington y Caracas, luego de que ambas naciones retomaron relaciones a inicios de año tras la captura de Nicolás Maduro.

Barrett, quien asumió recientemente como jefe de la misión diplomática estadounidense en el país, ha reiterado que su gestión estará centrada en avanzar en el plan estratégico promovido por la administración de Donald Trump, basado en tres ejes: estabilización, recuperación económica y transición política.

La reunión con Rodríguez se suma a una serie de contactos de alto nivel entre representantes de ambos gobiernos en los últimos meses, incluidas visitas de funcionarios estadounidenses para abordar asuntos energéticos, económicos y de cooperación institucional.

La cita se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde más temprano Rodríguez había recibido al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ambos mandatarios anunciaron un plan conjunto para combatir las economías ilegales en la frontera, con medidas coordinadas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

En la reunión se encontraban también el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Rick Scott pide reimponer sanciones a Delcy Rodríguez luego que eliminara ley de amnistía

Caracas. – El senador estadounidense Rick Scott cuestionó el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela, medida anunciada el pasado jueves, por lo cual pidió a Washington reimponer las sanciones contra Delcy Rodríguez, como represalia a las políticas que esta está adoptando.

El legislador republicano expresó su rechazo a través de la red social X, donde aseguró que la decisión del oficialismo confirma la falta de voluntad de cooperación con EE. UU.

“Esto solo confirma lo que ya sabíamos: nunca hubo una intención real de cooperar con los EE. UU.”, afirmó Scott, al referirse al anuncio realizado por Rodríguez sobre el cierre de la medida. Rodríguez anunció el pasado jueves que “esta ley de amnistía llega a su fin”.

“Aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo sin garantizar nada para los que siguen encerrados.

“La verdad es que, con o sin la ley de amnistía, cientos de presos políticos aún permanecen tras las rejas, deliberadamente excluidos del debido proceso y castigados injustamente solo por levantarse contra el régimen”, señaló el senador.

Finalmente, el senador instó a la administración estadounidense a endurecer su postura diplomática y económica.

Las declaraciones se producen en un contexto de presión creciente desde Washington. Scott recordó que tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han fijado condiciones claras en relación con la liberación de presos políticos y el respeto al debido proceso.

Otros diplomáticos, especialmente los republicanos, se han estado pronunciando sobre las actuaciones de Rodríguez. El congresista Carlos Giménez, dijo esta semana que, si Delcy Rodríguez no coopera con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino como el de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«SOS Venezuela. Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija», recalcó Giménez.

Liberan a dos rehenes políticos militares: coronel Diego Espín Trini y la teniente Johanna Bermúdez

Caracas. – Este pasado viernes en la noche fueron excarcelados dos militares por el narcorégimen interino chavista. Se trata del coronel del Ejército Diego Espín Trini, y de la teniente Johanna Bermúdez, ambos del Ejército.

Espín Trini se encontraba encarcelado desde el 2 de agosto de 2024, luego de ser acusado de facilitar actas electorales al equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Espín Trini era director del Liceo Militar Jáuregui, en La Grita, una zona montañosa del estado Táchira. En la elección presidencial del 28 de julio, se desempeñó como miembro del Plan República.

Fue acusado por otros militares de supuestamente entregar las actas electorales a la oposición, y le imputaron los delitos de divulgación o suministro de datos, acceso indebido, retraso u omisión intencional de funciones, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria.

Mientras, Bermúdez, quien se encontraba detenida desde el 3 de agosto de 2024, recibió medidas cautelares tras ser condenada también por divulgación de datos y acceso indebido.

Debido a esta condena y a la naturaleza de los cargos restantes, se les otorgó la libertad bajo medidas cautelares, permitiéndoles salir de su centro de reclusión en la segunda comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Santa Ana, estado Táchira.

El éxito de la gestión jurídica estuvo a cargo del equipo de Foro Penal Táchira, quienes brindaron asistencia legal gratuita a los militares durante todo el proceso.

OFAC autorizó que defensa de Maduro sea pagada con fondos del Estado venezolano

Caracas. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. emitió licencias modificadas este pasado viernes, que permiten a Nicolás Maduro y Cilia Flores costear una defensa privada en el caso de narcoterrorismo que enfrentan en Nueva York, empleando recursos del Estado venezolano.

Esta decisión, que generó fuertes reacciones en las redes sociales, autoriza el uso de fondos públicos, revirtiendo el bloqueo previo, bajo la condición de que provengan de activos disponibles tras la reanudación de relaciones diplomáticas el 5 de marzo de 2026.

La decisión se conoció cuando el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, informó al juez Alvin Hellerstein que la OFAC emitió licencias modificadas que permiten al Estado venezolano pagar los abogados privados del dictador derrocado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York.

Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.

En un comunicado la OFAC explicó que «estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros».

Las condiciones estipuladas por la licencia, también contemplan prohibir el uso de ingresos petroleros depositados en el Tesoro de EE. UU. , y las reservas de oro históricamente bloqueadas.

Con el problema de financiamiento resuelto, la defensa retiró su solicitud de desestimación del caso. El tribunal programará una audiencia de seguimiento en aproximadamente 60 días. El juez Hellerstein había cuestionado en marzo la negativa inicial de la fiscalía, señalando que EE. UU. mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro ya no se encuentra en el país.

Falleció noveno recluso bajo custodia del narcorégimen interino en menos de una semana

Caracas. – A nueve se elevaron este viernes el número de presos fallecidos en los penales, bajo custodia del narcorégimen interino de Delcy Rodríguez, al registrarse la muerte de Yelamo Zárraga, en el Centro Penitenciario de Tocuyito (Carabobo).

Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la muerte de Zárraga es la novena que se registra en cárceles venezolanas, en menos de una semana. La ONG alertó que el interno murió tras un deterioro progresivo sin atención médica, en cárceles marcadas por hacinamiento, insalubridad y enfermedades sin control.

“Con su muerte asciende a nueve el número de personas privadas de libertad que han fallecido en menos de una semana en cárceles del país, en medio de condiciones marcadas por el hacinamiento, la insalubridad y la falta de atención médica”, puntualizó la organización no gubernamental en sus redes sociales.

Previamente se reportó el fallecimiento de Rosqui Norberto Escalona, de 71 años, en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) en Lara, también debido a complicaciones de salud agravadas por condiciones de reclusión precarias.

Otros cinco reclusos murieron durante un motín ocurrido el lunes 21 de abril en la Cárcel de Yare III, estado Miranda.

OVP exigió una investigación exhaustiva sobre todas estas muertes, que se determinen las responsabilidades en cada una de ellas y se adopten, de manera urgente, una serie de medidas “que garanticen atención médica efectiva dentro de los centros penitenciarios”.

ONG rechazan y critican anuncio sobre fin de la ley de amnistía

Caracas. – Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos, rechazaron de forma categórica el anuncio sobre el fin de la ley de amnistía, realizada por la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, calificando a la medida como un «atropello» y una «arbitrariedad».

ONG como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Espacio Público, se pronunciaron sobre la culminación de la citada ley, al advertir que la dictadura no tiene la facultad legal para derogar una ley que no establece fecha de caducidad.

Las ONG denuncian que esta decisión constituye un «atropello al Estado de derecho» y genera una grave inseguridad jurídica. Aseguran que el anuncio envía una señal alarmante a los tribunales, instruyéndolos de facto para desestimar solicitudes de libertad de los cientos de presos políticos que aún permanecen detenidos.

JEP calificó como un «grave atropello al Estado de Derecho» a la finalización de la Ley de Amnistía, argumentando que un instrumento de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurado por una decisión administrativa del Ejecutivo. Por su parte, Provea aseguró que la medida es «arbitraria» e «inconstitucional» y vulnera los principios del Estado de derecho en el país.

Igualmente, Espacio Público criticó el anuncio oficial sobre el fin de la ley de amnistía, enumerando varias irregularidades detectadas durante la vigencia del reglamento.

Entre las fallas figuraron las irregularidades en la juramentación de la defensa de confianza, la negativa de información a las víctimas de su estado procesal de la causa, así como los impedimentos de revisión de expedientes.

La ley, promulgada tras la salida de Nicolás Maduro del poder, buscó conceder amnistía general por hechos políticos ocurridos entre 1999 y febrero de 2026, con el fin declarado de promover la reconciliación y la convivencia democrática.

Según cifras oficiales, benefició a más de 8.600 personas con libertades plenas. No obstante, la norma no estableció una fecha de caducidad ni contempló su terminación unilateral por parte del Ejecutivo.

Congresista Carlos Giménez advirtió a Delcy Rodríguez que terminará igual que Maduro

Caracas. – El congresista estadounidense Carlos Giménez advirtió este pasado jueves a Delcy Rodríguez, que si no cooperaba con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino similar al de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

A través de su cuenta de X el republicano envió un mensaje contundente, alertando que Rodríguez “terminará al lado de Nicolás Maduro en una cárcel federal”. También calificó a la encargada del narcorégimen chavista como una «sabandija».

«Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija. ¡Sabe que si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia en una cárcel federal!», escribió Giménez.

El representante republicano por Florida, uno de los legisladores más activos en el Congreso de EE. UU. en materia venezolana, ha sido una voz constante en favor de mantener la presión sobre el régimen chavista y en contra de cualquier normalización sin garantías democráticas reales.

Giménez ha estado bastante activo desde el año pasado en sus plataformas y se le vio en distintas entrevistas anticipando una operación militar en Caracas contra Maduro en caso de que este no acatara los mensajes del Gobierno Trump.

Dicha misión, la Operación Resolución Absoluta, tuvo lugar finalmente el pasado 3 de enero y resultó en la captura del dictador y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos desde territorio venezolano hasta Nueva York, donde enfrentan varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico.

La nueva publicación del congresista se da en medio de una alta incertidumbre en los venezolanos que, pese a que vieron la salida de Maduro del poder, rechazan a Rodríguez, quien fue vicepresidente del dictador.

Delcy Rodríguez anunció el fin de la ley de amnistía

Caracas. – La encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley de Amnistía, destinada a lograr la liberación de cientos de personas presas por motivos políticos, “llega a su fin”, asegurando que los casos pendientes podrán revisarse a través de otros mecanismos.

Rodríguez anunció la culminación de la aplicación de esa ley, bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.

La ley, aprobada en febrero, contemplaba la liberación de personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a hechos políticos durante los últimos 27 años.

Sin embargo, su alcance fue cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que señalaron exclusiones importantes, incluyendo a ciertos detenidos y casos relacionados con acciones armadas o eventos fuera de momentos específicos de crisis.

Según la encargada de la gestión interina chavista, los casos pendientes podrán ser revisados a través de otros mecanismos como el Programa de Convivencia Democrática y Paz y una nueva comisión para la reforma del sistema penal.

La ley también fue cuestionada por actores de la llamada «oposición» política venezolana. Figuras como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, político cercano a la líder y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla “excluyente”.

Mientras, juristas y defensores de derechos humanos aseguran que la finalización de esta ley es un proceso ilegal, al sostener que, en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.

Por ejemplo, el abogado Joel García, dijo que el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.

Liberaron al primer rehén político militar: coronel José Gámez Bustamante

Caracas. – Este pasado jueves se llevó a cabo la liberación del primer rehén político militar del narcorégimen chavista, al ser excarcelado el coronel de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante (65), quien estuvo 14 años injustamente encarcelado.

El oficial se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico, en lo que se considera uno de los casos más alarmantes de violación al debido proceso y retardo procesal en la historia reciente de Venezuela.

Varios portales informativos han estado difundiendo desde hace tiempo que Gámez Bustamente figuraba como uno de los rehenes políticos que padecía graves problemas de salud. De hecho, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo para el momento que el militar padece de afecciones neurológicas y psiquiátricas.

Su caso se remonta a 2012, cuando el coronel fue detenido bajo acusaciones relacionadas con un supuesto plan para atentar contra el entonces presidente Hugo Chávez. Con el paso del tiempo, también fue señalado por presuntos actos de desestabilización.

Sin embargo, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la prolongación del proceso judicial sin una decisión firme. Durante su tiempo en custodia, Gámez pasó por varios centros de reclusión, entre ellos El Helicoide y la cárcel militar de Ramo Verde, antes de ser trasladado al penal en Guárico.

Familiares y ONG denunciaron en reiteradas oportunidades que el militar sufría diversas afecciones médicas, las cuales se agravaron debido a las condiciones de detención y la falta de atención oportuna.

También se sabe que, durante más de una década, el coronel nunca enfrentó un juicio formal que determinara su responsabilidad en los hechos imputados. Organizaciones defensoras de derechos humanos y sus familiares denunciaron de forma persistente que Gámez Bustamante se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, debido a sus graves problemas de salud.

Familiares de presos en Yare III aseguran que hubo una masacre

Caracas. – Los familiares de los reos que se encuentran en el penal Yare III (Miranda) aseguran que la lista de fallecidos sobrepasa los cinco muertos anunciados oficialmente por las autoridades del narcochavismo.

De acuerdo con un reportaje del portal El Pitazo, estas personas aseguran que aún no les dan la lista oficial de muertos, y muchos de ellos no consiguen obtener una fe de vida de sus parientes internos en esa cárcel.

Las informaciones a las que han podido acceder quienes se mantienen día y noche, frente a la entrada de Yare III, hablan sobre una masacre desatada contra los reos por parte de las autoridades del lugar. Aseguran que la versión oficial sobre un presunto motín que enfrentó a dos bandos de presos está lejos de ser verdad.

Mientras que el chavismo habla de cinco fallecidos, las familias aseguran que los caídos pueden ser muchos más. De allí que el portal noticioso tituló su artículo «Aquí hubo una masacre».

Las personas consultadas por El Pitazo señalan que, debido a los controles rigurosos a los cuales son sometidos todos los días los visitantes, es imposible que alguien logre filtrar armas de fuego.

Sin embargo, durante la reyerta que hubo a inicios de semana, la gente escuchó detonaciones constantes, lo que quiere decir que si se emplearon armas. Las mujeres que hablaron con los reporteros indican que la violencia no fue producida por el motín, sino que alguien más la generó y fue contra los internos.

«Los funcionarios dispararon. Que digan qué arma usaron para desfigurarles el rostro a los presos. Que revisen los cadáveres y determinen con qué tipo de bala los atacaron. De esta forma se sabrá quiénes dispararon. También los golpearon hasta matarlos», señala uno de los testimonios recopilados por El Pitazo.

Las familias también contaron que el pasado miércoles salieron siete autobuses de Yare III hacia El Rodeo, y otro penal ubicado en Carabobo. Todavía desconocen a quienes trasladaron.

Mientras, las madres continúan en una tensa espera, sin recibir información sobre sus hijos, el estado en el cual se encuentran, o si aún siguen vivos. Todas exigen que la verdad sobre lo ocurrido en los últimos tres días, se haga público.

«En los alrededores de la cárcel de Yare la angustia sigue en la puerta. El silencio oficial es notorio y muchas preguntas continúan en el aire. La angustia de las madres es el único registro de una tragedia que todavía no tiene respuestas claras», sentencia finalmente el trabajo periodístico de El Pitazo.