En el marco de la coyuntura migratoria regional, la organización Veppex envió una carta formal al presidente de Colombia, Abelardo de la Espina, en respuesta a sus recientes declaraciones sobre el combate a la delincuencia y la inmigración irregular. La misiva resalta que en Colombia residen aproximadamente 2.800.000 venezolanos, de los cuales cerca de 500.000 no han logrado regularizar su situación migratoria. Desde la organización se enfatizó la necesidad de evaluar cada caso de manera individual, recordando que la crisis en Venezuela no se ha resuelto del todo y solicitando que no se criminalice la migración ni se proceda a deportaciones masivas de personas que no hayan cometido delitos.
Ante este panorama, el ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, aclaró que los ciudadanos bajo esquemas de protección o en condición legal no tendrán inconvenientes, postura que los analistas esperan sea extendida a quienes aún no han podido regularizarse para evitar replicar las medidas punitivas adoptadas en EE. UU. Asimismo, se respaldó la posición oficial de respetar los procesos de aquellos migrantes que han cumplido los trámites legales y cuentan con estatus de refugiados o de admisión.
En la sección del Borrego de la semana se cuestiona las posturas de María Corina Machado, quien, en recientes declaraciones y actuaciones públicas, afirmó que la ciudadanía venezolana no aceptará un proceso electoral en el que ella no sea candidata, personalizando la dinámica política de forma idéntica a lo ocurrido previo al 28 de julio de 2024, cuando proclamó que sin su participación no habría elecciones para luego respaldar el evento sin estar inscrita.
A esto se suma la difusión de un video en redes sociales en el que mantiene una conversación telefónica en términos de alta confianza con Carlos Ocariz, dirigente que genera un profundo rechazo popular asociado al caso «Cuaripano». En este marco, se advierte la desconexión política de la dirigente, quien actualmente permanece ausente de la luz pública tras haber asumido posturas contradictorias que no ha podido sostener en el tiempo.
Sumado a esto, se suman las secciones En polémica, que aborda el tema de las deportaciones de los venezolanos en EE. UU.; Desmantelando a la izquierda, que aborda el tema de las redes digitales y blanqueamiento de Alejandro Betancourt; y el corrupto en la mira también es Alejandro Betancourt.
Caracas. – EE. UU. deportó a Venezuela al excoronel de la GNB, Rafael José Quero Silva, señalado de participar en la detención y tortura de decenas de ciudadanos durante el narcorégimen de Nicolás Maduro.
Quero Silva fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 27 de febrero de 2025, en Miramar, Condado Broward al sur de Florida, y además enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Según ICE, ingresó a EE. UU. en 2016, pero no abandonó el país conforme a las condiciones de su admisión.
De acuerdo con informes citados por ICE, el exmilitar supervisó en 2013 la tortura de al menos 74 manifestantes en Barquisimeto, quienes habrían sido sometidos a golpes, descargas eléctricas, amenazas y otros abusos. La agencia estadounidense informó que desde 2003 ha deportado a 1,178 presuntos violadores de derechos humanos y criminales de guerra.
La deportación fue realizada el pasado 19 de agosto, en cumplimiento de una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. «El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsó a Venezuela a Rafael José Quero Silva —un extranjero indocumentado con antecedentes penales y conocido violador de los derechos humanos que participó en la detención y tortura de disidentes políticos durante el régimen de Maduro», informó esa agencia gubernamental este miércoles en el comunicado.
También se conoció que el exmilitar había aparecido como extra interpretando a un agente policial en la producción televisiva en español Mi Familia Perfecta, transmitida por Telemundo en 2018. Tras ser identificado, víctimas y activistas proporcionaron información a las autoridades estadounidenses. El caso posteriormente derivó en investigaciones y en la detención migratoria de Quero Silva.
La demanda sostiene que algunos de los afectados fueron golpeados y que otros resultaron heridos por disparos. Uno de los demandantes recibió un disparo en el abdomen, mientras que otro fue alcanzado por proyectiles a corta distancia, de acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
Los denunciantes también han relatado amenazas, humillaciones y otros abusos físicos y psicológicos durante su detención. Una de las víctimas afirmó que las experiencias sufridas llegaron a generarle pensamientos suicidas.
Caracas. – Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar, fueron removidas sorpresivamente por el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez.
Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar.
El cambio modifica de forma significativa la imagen de la sede del Poder Judicial, cuya estructura estuvo durante años marcada por las grandes representaciones de Chávez y Bolívar en uno de los puntos más transitados del centro de Caracas.
Las imágenes representaban, a juicio de analistas, así como de ciudadanos comunes y corrientes, una especie de indicativo del poder de la Narcotiranía chavista, además de ser también unas especies de demarcaciones territoriales.
Lo cierto es que la sustitución de las gigantografías se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos meses por el narcochavismo interino y que han supuesto modificaciones en elementos de la simbología tradicional asociada a la tiranía.
Entre estos cambios, destaca el reemplazo progresivo del color rojo por tonos azules en espacios y elementos vinculados con instituciones públicas y programas gubernamentales.
Asimismo, fue retirada la iconografía del Salón “Néstor Kirchner”, ubicado en el Palacio de Miraflores y habilitado durante la gestión de Chávez en homenaje al expresidente izquierdista argentino.
Los cambios en la imagen de las principales sedes gubernamentales ocurren, en medio de una etapa de transformaciones impulsadas por el interinato de Delcy Rodríguez, que ha incorporado nuevas denominaciones, colores y elementos gráficos en su comunicación institucional.
Un ala radical del chavismo se basa en estos cambios provocados por Rodríguez, para acusar a su cúpula de traicionar y abandonar el fatal legado que dejó Chávez tras su muerte.
Caracas. – El Comando Sur de EE. UU. informó este miércoles la eliminación de cuatro narcoterroristas en un ataque realizado el martes contra una embarcación que transportaba drogas, en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, y la cual estaba señalada por operar en rutas de narcotráfico.
La acción se enmarcó en la operación «Lanza del Sur» y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.
El general Francis L. Donovan indicó en el comunicado enviado por el Comando Sur, que coordinó la operación, además de asegurar haber contado con inteligencia previa que confirmaba la actividad ilícita del buque.
En el comunicado, el importante componente militar estadounidense (SOUTHCOM), que opera en América Central, Sudamérica y el Caribe, detalló que se trató de un “ataque cinético letal contra una lancha rápida” identificada en rutas tradicionales de tráfico de drogas, tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.
“La operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas”, añadió el comunicado.Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.
Cabe recordar que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación «Escudo del Sur», y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina, operaciones que aún se mantienen para Venezuela.
En ese marco, más de 200 presuntos narcotraficantes han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según estadísticas manejadas por agencias noticiosas internacionales, desde el inicio de las operaciones militares a finales de 2025.
El 25 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un ataque contra una embarcación rápida que operaba en rutas establecidas de narcotráfico en el mar Caribe. Durante el ataque, murieron cuatro narcoterroristas. pic.twitter.com/0MrCvK2lfT
Caracas. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, exconcejal que fue asesinado bajo custodia del narcoestado chavista en octubre de 2018.
La elevación del caso ante la instancia se produce, tras concluir que la Narcotiranía incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su secuestro, tortura y muerte.
La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.
En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial.
Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general, Tarek William Saab, informó públicamente que Albán presuntamente se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.
La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.
Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del narcoestado chavista.
La CIDH indicó que los peticionarios que llevaron el caso ante el organismo señalaron que, antes de su muerte, se había abierto contra Albán un proceso penal por presunto terrorismo y otros delitos, que nunca pudieron comprobar.
También señaló que solo fueron procesados dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas posteriormente reducidas que los dejaron en libertad.
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario.”
Oriana Aranguren
No pocas veces he escuchado a algunos liberales decir que “el pobre es pobre porque quiere”, aludiendo a la idea de que son las decisiones lo que indica el camino que recorrerás durante toda tu vida, independientemente de las circunstancias. No obstante, esto es una simplificación burda que distorsiona los principios fundamentales del liberalismo, por cuanto el verdadero liberalismo jamás ha sostenido que las circunstancias carezcan de importancia. De hecho, la estructura teórica del liberalismo se sostiene en ideas que buscan transformar y erradicar un conjunto específico de circunstancias, a saber: la opresión del absolutismo, el privilegio concedido por el Estado y la arbitrariedad del poder.
En este sentido, entonces, aquel liberal que diga que importan únicamente las “decisiones” incurre en una contradicción, porque al poner de lado las circunstancias, implícitamente deja el camino abierto para que alguien pueda decirle: “si no importan las circunstancias, entonces no importa que el sistema sea socialista, porque, al final, son las decisiones lo único que determina la vida humana”, es decir, aquel liberal que sostenga que solamente importan las decisiones tendría que aceptar que no tiene sentido, entonces, luchar en contra del estatismo. Dicho de otro modo, si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario, puesto que una persona orientada al éxito lo lograría sin importar las tramas burocráticas o la falta de derechos de propiedad.
Las decisiones humanas ocurren dado un contexto, una circunstancia, especialmente social, por tanto, todo lo que compete a las leyes, el sistema económico y, en general, institucional, influye en dicho proceso de elección. La libertad requiere un marco institucional preciso para poder desplegarse con efectividad, y es precisamente por eso que los liberales luchamos en contra del estatismo, porque reconocemos que el entorno institucional importa mucho. Un sistema que destruye el mercado libre, prohíbe la iniciativa privada y concentra el poder en el Estado genera un conjunto de circunstancias sofocantes que anulan la capacidad de elección real de las personas, sofocando de raíz cualquier posibilidad de progreso individual. Precisamente por eso alguien con buenas ideas tendría un camino más tortuoso al éxito —sea como sea que lo perciba— en Venezuela que en Estados Unidos.
Aquellos analistas o estudiosos que, haciéndose llamar liberales, pretenden ignorar los condicionantes estructurales cuando se trata del origen de la pobreza, pero sí los enarbolan con vehemencia al criticar las intervenciones estatales, incurren en la incoherencia. La pobreza rara vez es una simple elección voluntaria —que, ojo, sí hay quienes lo son por elección—, con extrema frecuencia es la consecuencia directa de marcos institucionales extractivos, mercados cerrados, monopolios protegidos, monopolios educativos de pésima calidad y leyes que impiden a los desfavorecidos capitalizar su esfuerzo. Quien atribuye la vulnerabilidad económica únicamente a una falla moral o a la falta de voluntad, olvida que la libertad requiere opciones reales, y que cuando las reglas del juego están amañadas, la mera determinación personal resulta insuficiente para salir adelante.
Por esta razón, la defensa genuina de la libertad exige reconocer que las reglas e instituciones dictan el abanico de posibilidades al que puede aspirar una persona. El liberalismo bien entendido no es una apología del determinismo moralista ni un consuelo para el estatus quo, sino una crítica incisiva contra los impedimentos que traban el desarrollo humano. Luchar por la libertad implica trabajar para que el origen de un individuo no defina implacablemente su destino, lo que exige remover las barreras artificiales —estatales, legales o corporativas— que privan a las personas de la oportunidad de prosperar.
Así, la libertad de elección solo cobra verdadero sentido cuando existen las condiciones mínimas para que dicha elección sea viable y productiva. Y con esto no quiero decir que el Estado deba garantizar esas condiciones mínimas, pues, bien sabemos que el Estado es el principal enemigo a enfrentar en nuestro camino al éxito, simplemente ataco la idea de que la consistencia del pensamiento liberal no se halla en negar la realidad de los condicionantes sociales, sino en distinguir cuáles de ellos son inherentes a la condición humana y cuáles son impuestos de forma coercitiva por el poder.
Como bien ya expresé, defender la libertad y combatir los modelos colectivistas cobra sentido únicamente porque se reconoce que el entorno institucional puede aplastar el potencial de un individuo. Un liberal coherente y maduro debe rechazar con la misma firmeza la tiranía del Estado y el mito de que el contexto no importa, reafirmando que el objetivo final de la libertad es, precisamente, construir una sociedad donde las circunstancias de nacimiento no clausuren los sueños ni el esfuerzo de nadie.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado este miércoles un terremoto de 5,1 en la escala de Ritcher en el departamento de Santander, en el noreste del país, semanas después de del seísmo de magnitud 7,4 que ha dejado más de 330 víctimas mortales y 4.400 heridos.
El terremoto ha tenido lugar alrededor de las 11.45 horas (hora local) a una profundidad de 149 kilómetros y con epicentro en el municipio de Los Santos, ha señalado en redes sociales el organismo.
La Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) ha indicado por su parte que ha recibido más de 2.000 «reportes» de temblores en un centenar de localidades, principalmente de los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia.
Su coordinador, Freddy Tovar, ha recordado en un vídeo difundido en redes sociales que Colombia es un país «sísmicamente activo» y que el evento de este miércoles se ha registrado en una zona denominada «el nido sísmo de Bucaramanga», la capital del departamento de Santander, y donde tiene lugar «cerca del 40 al 60% de la actividad sísmica diaria».
Las autoridades han descartado cualquier relación de este seísmo, que hasta el momento no ha dejado víctimas, con el registrado el pasado 10 de agosto.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas aéreas contra un buque granelero y tres tanques de combustible en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, ubicada en la provincia de Odesa, en el suroeste del país.
«Drones de ataque han atacado un buque de carga a granel en el puerto de Izmail, en la región de Odesa, que transportaba material militar a Ucrania y tres tanques de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como infraestructura portuaria utilizada para la descarga de material militar», ha señalado la cartera en un comunicado.
Cabe señaalr que esto se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha trasladado en una conversación telefónica a su homólogo egipcio, Bader Abdelati, su preocupación por los ataques del Ejército ucraniano a buques civiles e infraestructura energética rusa en el mar Negro.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este mismo miércoles ante su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, que Rusia está «intensificando» los ataques en el mar Negro, lo que tiene efectos en la economía ucraniana en plena temporada de cosecha de cereal.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles el refuerzo y renovación de posiciones en la región de Donestk, durante una visita al frente en Zaporiyia en la que ha estado acompañado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati.
«Hoy estoy con nuestros guerreros que defienden sectores extremadamente difíciles del frente. Nuestras posiciones en la región de Donetsk se reforzarán con dos grupos de fuerzas reestructuradas, que estarán al mando de los héroes de Ucrania Denis Prokopenko y Andri Biletski», ha declarado en sus redes sociales, tras entregar a este último una condecoración por sus servicios al país.
El mandatario se ha reunido en el «sector de Oleksandrivski» con efectivos de la 80º Brigada Aérea de Asalto de Halitska, quienes tienen «peticiones específicas: suministro de drones, artillería de largo alcance y radares pequeños, financiación directa para las brigadas, formación y motivación» de los militares, así como «problemas con los desertores».
Zelenski ha trasladado un mensaje de «gratitud» a los militares desplegados, de quienes ha destacado su lucha «con orgullo y resiliencia» durante los más de cuatro años de guerra desatada con la invasión rusa. «Esta es la razón principal por la que Ucrania existe y vive», ha subrayado.
En esta línea, ha agradecido a las fuerza aérea por los «logros» alcanzados en Zaporiyia, Donetsk, Dnipró «y otros sectores cruciales del frente». «Esta es ya una de nuestras operaciones históricas, que nos ha permitido demostrar que los ucranianos saben cómo alcanzar sus objetivos y cómo infligir pérdidas significativas a los rusos. La contraofensiva de Oleksandrivski», ha dicho.
«Cada paso que damos para hacer retroceder a los rusos brinda mayor seguridad a nuestro pueblo y más oportunidades diplomáticas a Ucrania para poner fin a esta guerra con dignidad. Continuaremos nuestra defensa activa», ha asegurado.
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) han anunciado este miércoles la incautación de una serie de dominios web vinculados a «dos plataformas de piratería informática complementarias» creadas, según Washington, por un grupo respaldado por el Gobierno de China y empleadas en ciberataques contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal (Fed), el Senado y múltiples carteras del Ejecutivo estadounidense.
«El Departamento de Justicia y el FBI han anunciado hoy (miércoles) la incautación de dominios, autorizada por un tribunal, para impedir que ciberdelincuentes accedieran a dos plataformas de piratería informática complementarias, conocidas como ‘QScan’ y ‘QTRouter’, utilizadas para atacar la infraestructura crítica de EE. UU. y otras redes sensibles», reza el comunicado difundido por la cartera de Justicia.
La cartera dirigida por el fiscal general, Todd Blanche, y el FBI han asegurado en el mismo que «un grupo respaldado por el Estado de la República Popular China (RPC), conocido como ‘QTFY’ y empleado por la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, creó y operaba» los dominios en cuestión.
En concreto, «QScan escanea e infecta automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en todo el mundo, que luego se añaden a la red QTRouter de dispositivos controlados por QTFY», expone la nota, que agrega que QTRouter actúa como una «red de ofuscación».
De este modo, «permite a QTFY y a otros ciberdelincuentes ocultar el origen chino de sus actividades de intrusión informática, ya que las comunicaciones maliciosas parecen originarse en ordenadores (como los comprometidos por QScan) que se encuentran fuera de China».
Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia y el FBI, entre los clientes del grupo QTFY se encuentran «el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China».
En cambio, entre las víctimas de las «intrusiones informáticas de QTFY» se encuentran «la NASA, la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de la Salud y el Senado de Estados Unidos», detallan las autoridades estadounidenses.
Por ello, el fiscal general ha prometido que estos «ciberdelincuentes (…) serán detenidos y procesados». «Estamos aquí para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir esa promesa», ha declarado.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha destacado que esta actuación «es solo la más reciente operación técnica contra la piratería informática patrocinada por la República Popular China, y en apoyo de la Estrategia Cibernética para EE. UU. del presidente Trump, el FBI está intensificando sus esfuerzos para influir en el comportamiento del adversario y defender la seguridad nacional en el ciberespacio».
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