Rubio afirma que Irán «acepta negociar aspectos de su programa nuclear» que antes no quería ni mencionar

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado este martes que ahora Irán «acepta negociar aspectos de su programa nuclear» que, antes de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, «se negaban siquiera a mencionar».

Según ha defendido el jefe de la diplomacia estadounidense en una sesión en el Senado estadounidense, la operación militar contra Irán «tuvo un gran éxito en el cumplimiento de sus objetivos militares».

Así ha defendido que el ataque ha reducido «drásticamente» las capacidades de Irán en materia de misiles y drones, pese a que que Teherán «todavía tiene muchos drones», alegando que este tipo de equipamiento militar es «fácil de fabricar».

En todo caso, ha asegurado que el «el escudo convencional» de Irán «ha quedado sustancialmente erosionado» y que ahora Teherán «acepta negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, o incluso hace un año, se negaban siquiera a mencionar».

Sin querer entrar en grandes detalles, el secretario de Estado ha señalado que Washington espera que se pueda llegar a un pacto para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, que lleve a una segunda fase en la que Irán entre a negociar aspectos concretos de su programa nuclear.

Rubio ha subrayado que espera que Teherán entre en negociaciones sobre temas «relacionados con el uranio altamente enriquecido», «incluido el destino del uranio altamente enriquecido que todavía permanece enterrado en algún lugar profundo de una montaña».

Irán tendrá que «aceptar negociar limitaciones severas y de largo plazo, o incluso la eliminación, de las actividades de enriquecimiento de uranio dentro de su país», ha apuntado.

Así, ha advertido de que las negociaciones con Irán no son fáciles y que por el momento son solo «conversaciones». «Digo conversaciones porque negociar con Irán no es como negociar con Suiza. Es algo muy diferente. Requiere el uso de intermediarios. Pero existe una posibilidad ante nosotros, que podría materializarse hoy, mañana o la próxima semana», ha indicado sobre llegar a un acuerdo.

Como principal obstáculo a estas negociaciones, Rubio ha mencionado las «fragmentaciones» en el seno del «régimen» iraní. «Se necesitan días para obtener respuestas de su sistema», ha indicado, para apostillar en todo caso que Washington tiene «esperanza de que algo pueda ocurrir».

De todos modos, ha incidido en que como principal objetivo de los contactos EE. UU. busca que los estrechos «se reabran», iniciar un período de negociaciones sobre «temas muy específicos», con «negociaciones claramente delimitadas» y la vista puesta en alcanzar un resultado «aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir».

Rubio ha recalcado que si este enfoque negociador «no funciona», EE. UU. se guarda distintas opciones, apuntado que habrá «un problema respecto a sus ambiciones nucleares».

EE. UU. y Corea del Sur mantienen su primera ronda de conversaciones sobre acuerdos en materia de seguridad

Las autoridades de Corea del Sur y EE. UU. han mantenido este martes su primera ronda de conversaciones de alto nivel para abordar la puesta en marcha de los acuerdos de seguridad alcanzados por sus respectivos líderes, lo que incluye la adquisición de submarinos de propulsión nuclear cargados con armamento convencional.

En estas primeras conversaciones inaugurales, que durarán dos días, las partes se han centrado en las disposiciones relacionadas con la seguridad establecidas en un documento conjunto bilateral publicado tras la cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y el estadounidense, Donald Trump, el pasado mes de octubre.

«La reunión reviste importancia porque las consultas de seguridad, largamente postergadas, finalmente han comenzado y retomado su curso», ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Park Il, en una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

«La cooperación y la asociación entre Corea del Sur y EE. UU. en el sector nuclear contribuirán a profundizar y ampliar la alianza bilateral», ha señalado, antes de subrayar el compromiso del Gobierno de implementar plenamente los puntos acordados.

En el primer día de las conversaciones, ambas partes se han centrado en cuestiones relacionadas con la iniciativa de Seúl para construir submarinos de propulsión nuclear, una medida prohibida por el pacto nuclear bilateral entre Seúl y Washington.

Además, esta previsto que este miércoles tenga lugar la segunda ronda de negociaciones, que se dedicará al análisis más detallado de las cuestiones del enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento del combustible nuclear gastado, necesario para los submarinos.

Por su parte, Pyongyang ha condenado la aprobación por parte de Washington de los planes militares con Seúl, incluyendo la construcción de este tipo de submarinos, y advirtió que si Corea del Sur logra adquirirlos se producirá «inevitablemente» un «efecto dominó en término nuclear».

Informe de OVP señala que 181 presos fallecieron en cárceles venezolanas en 2025

Caracas. – Un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, según un informe presentado este martes por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El informe anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, alertó sobre un aumento de más del 50% de estos casos con respecto al año anterior. Durante la presentación del informe, el director general de la organización, Humberto Prado, y su equipo técnico expusieron la realidad que enfrentó el sistema de prisiones durante el año pasado.

“Hemos visto una debacle, el problema no es de cárceles y presos, sino de falta de voluntad política”, denunció Prado durante su intervención. Detalló que 158 personas privadas de libertad murieron en cárceles y 23 en calabozos policiales a lo largo de 2025.

Del total, 151 casos correspondieron a muertes por desatención médica; el resto se vinculó con afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias y respiratorias, además de falla multiorgánica y shock hipovolémico.

En el reporte, la organización sostuvo que el narcoestado chavista no garantizó el derecho a la salud, de los presos en ninguna etapa de la reclusión y remarcó que esa omisión se agravó en 2025.

«El derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas (…) En 2025, lejos de mejorar ese patrón se agravó: las personas privadas de libertad enfrentan una desatención médica sistemática que las acompaña desde el ingreso hasta el último día de su reclusión», dice el documento.

También, en el informe el OVP expone, que familiares de los reos relataron como enfrentaron obstáculos para entregar medicinas, obtener traslados para atención médica, garantizar una alimentación adecuada o acceder a agua potable.

Según esos testimonios, los reclusos almacenaron agua en envases dentro de las celdas y, en muchos casos, quienes ingresaron con enfermedades preexistentes no recibieron controles médicos regulares ni acceso a consultas, exámenes, medicamentos y seguimiento de sus condiciones de salud.

En este sentido, el texto advierte: «Quienes entran con enfermedades preexistentes no cuentan con controles regulares, ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud».

OVP denuncia, que los malos tratos «no son un hecho aislado, son un patrón sistemático y una política de Estado». Asimismo, Prado advirtió que el problema carcelario se genera, en gran parte, porque «las personas que lamentablemente han puesto en estas responsabilidades no saben absolutamente nada del tema carcelario».

Aerolíneas extranjeras y navieras deberán pagar combustible comprado en Venezuela directamente a EE. UU.

Caracas. – El ilegítimo ministerio chavista de Hidrocarburos notificó este martes, a las aerolíneas extranjeras y navieras que operan en Venezuela, que los pagos en divisas por combustible deberán ser depositados directamente, en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE. UU.

La notificación se hizo a través de un comunicado, el cual está firmado por el gerente de Ventas del Yolimar Cedeño, y viene acompañado por un anexo del Departamento de Estado de los EE. UU. con los datos bancarios.

Según el documento adjunto, “el gobierno de los EE. UU., a través del Departamento de Estado, puede recibir fondos estadounidenses en nombre de Venezuela mediante Fedwire”.

La notificación señala que los recursos serán depositados en una “cuenta de custodia de Venezuela”. Además, establece que cada transferencia debe especificar el concepto correspondiente, ya sea petróleo, oro, minerales u otros recursos.

El procedimiento establece, que las compañías, bien sea aerolíneas o empresas navieras, deben enviar los comprobantes de pago a la estatal petrolera PDVSA para garantizar la continuidad del suministro en los aeropuertos y puertos venezolanos.

El documento describe, de igual forma, las coordenadas bancarias del tesoro de EE. UU. a las que se deben remitir “pagos mediante transferencias en moneda extranjera, destinados a la recepción de pagos correspondientes a los consumos por concepto de combustible tipo JET A1, MGO e IFO 380”.

Según las fuentes consultadas, ese tipo de combustible es el utilizado por aviación (JET A1) y por navieras (MGO e IFO 380). Asimismo, se les “exhorta” que consignen, a partir de ahora, el soporte de pago al asesor de ventas “a fin de efectuar la conciliación del referido pago en garantía del suministro de combustible”.

Esta orden afecta, según fuentes de aerolíneas recibieron el documento, a todas las empresas aéreas internacionales que operan con Venezuela y que por tanto deben reponer combustible en el país.

Exdiputado Wilmer Azuaje denunció agresión armada contra sus familiares en Caracas

Caracas. – El exparlamentario Wilmer Azuaje, quien recientemente retornó al país tras permanecer en el exilio, denunció este martes que desconocidos fuertemente armados amenazaron a varios de sus familiares dentro de un conjunto residencial en la parroquia El Valle (Caracas), generando una situación de terror en el lugar.

A través de una transmisión en TikTok, Azuaje aseguró que un grupo de motorizados armados sometió a los vigilantes del edificio y posteriormente comenzó a buscar a sus hijos y sobrinos.

“Entraron ocho motorizados con armas largas, sometieron a los vigilantes (…) mis hijos están encerrados ahí, eso es un peligro, atentaron contra mi familia”, relató, al tiempo que explicó que los sujetos destruyeron varios vehículos estacionados en el lugar y explotaron los cauchos de los carros vinculados a sus familiares.

Azuaje calificó estas acciones como un intento abierto de amedrentamiento que busca frenar su agenda política e institucional en el marco del actual proceso de transición.

“Responsabilizo a los cuerpos de seguridad del Estado de cualquier atentado contra mi integridad física o la de mi entorno familiar. No van a sacarnos del camino de la reconstrucción democrática”, alertó el dirigente.

Azuaje también afirmó que dentro del apartamento permanecen resguardados sus hijos y tres sobrinos, quienes decidieron encerrarse para evitar ser interceptados por los hombres armados.
“No han entrado al apartamento porque ellos se trancaron completamente”, comentó.

El exdiputado también aseguró que, pese a la gravedad de la situación, ningún cuerpo de seguridad había llegado al lugar al momento de realizar la transmisión. “Esta es la hora que no ha llegado nadie. Los cuerpos de seguridad no han llegado allá a la casa”, expresó.

Igualmente, advirtió que la situación provocó que su madre se alarmara y entrara en crisis: “Mi mamá está preocupada, está en crisis de nervios”, dijo.

Azuaje ingresó al país el fin de semana por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Organismos no gubernamentales y defensores de derechos humanos ya se encuentran documentando el caso para elevar la alerta ante las instancias internacionales de monitoreo correspondientes.

María Corina asegura que la «oposición» está preparada para medirse nuevamente en elecciones

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado aseguró este martes que, si una solución pacífica y democrática para Venezuela requiere volver a las urnas bajo condiciones plenamente libres y justas, la «oposición», a la cual representa, está preparada para participar.

Así lo manifestó la líder del partido Vente Venezuela, durante su participación en el Oslo Freedom Forum, celebrado en Noruega, donde prometió que «sabemos que la gente ratificará su mandato. Y bajo condiciones libres y justas, lo hará con aún más fuerza».

La también ganadora del Nobel de La Paz 2025 defendió la necesidad de una transición “pacífica, creíble y disciplinada” para Venezuela, y reconoció el papel de EE. UU. para lograr este objetivo.

“Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EE. UU., centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática”, dijo.

En su mensaje, denunció que “Venezuela necesita gobernabilidad”, con la reconstrucción de las instituciones, el restablecimiento del funcionamiento del país y la creación de unas bases de una sociedad democrática y libre en la que “el poder esté limitado por la ley, las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos y el Estado esté al servicio de la nación”.

Igualmente, resaltó la importancia de las instituciones democráticas y de la soberanía popular. “La libertad sin instituciones es frágil. La gobernabilidad sin legitimidad es temporal. Y un gobierno sin la gente no es democrático”, expresó.

Finalmente, Machado reiteró su promesa de volver, lo más pronto posible, a Venezuela. “Voy a regresar muy pronto a Venezuela. Venezuela está floreciendo de nuevo y mi responsabilidad es crear las condiciones para que nuestro país florezca de nuevo”, afirmó.

CNP registró 97 agresiones a la prensa entre enero y mayo de 2026

Caracas. – El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, denunció un incremento de la violencia y restricciones contra trabajadores de la prensa en Venezuela, al registrar 97 agresiones durante el periodo comprendido entre enero y mayo de este año.

En declaraciones a los medios, Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, señaló que la cifra representa un preocupante incremento, frente a los 72 casos contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Cárdenas calificó la situación como crítica y aseguró que el país atraviesa una etapa de censura estructural que limita cada vez más el derecho a informar y a estar informados.

“Somos testigos de un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros”, afirmó.

El reporte del CNP detalla que se han registrado 16 impedimentos de cobertura, 18 detenciones arbitrarias, ocho actos de intimidación, 12 episodios de borrado de material, la deportación de 15 corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, cierre de cuatro emisoras de radio, 10 actos de hostigamiento, un intento de robo de equipos y un episodio de amenaza.

El gremio también alertó sobre la situación de seis trabajadores de la comunicación excarcelados que continúan sujetos a medidas restrictivas, como presentación periódica ante tribunales, prohibición de salida del país y limitaciones para ejercer su labor profesional, lo que consideran una forma de libertad condicionada.

El CNP considera que estas medidas prolongan la vulnerabilidad de los comunicadores y generan un efecto intimidatorio sobre el resto del gremio.

Argentina tramita extradición desde España de excoronel venezolano implicado en asesinato durante protestas

Caracas. – La justicia argentina tramita la extradición del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encuentra en España, pero está implicado en crímenes de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos, hechos que protagonizó durante las protestas ocurridas en Venezuela entre 2014 y 2017.

Según lo reveló la ONG Interjust, Verdú Torelles está acusado de asesinato durante las protestas. El caso se inició en junio de 2023 a partir de una denuncia penal presentada por el equipo de la ONG contra 14 oficiales de la GNB por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Una de las víctimas representadas por InterJust es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, asesinada por efectivos de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo mientras participaba en una manifestación.

En un comunicado difundido por la ONG, se detalla que uno de los oficiales está en España. En febrero de 2026, tras recibir información de InterJust que indicaba que Verdú Torrelles se encontraba en España, un juez argentino dictó orden de extradición.

“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, declaró Orozco. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, indicó.

El proceso se enmarca en la figura de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar delitos graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y los acusados. Rosa Orozco es una de las personas representadas por InterJust en ese expediente, que abarca a múltiples víctimas de la represión estatal de aquel año.

El coronel Verdú Torrelles era segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo en 2014, y es uno de los imputados en esa causa.

El exfuncionario es muy activo en sus redes sociales, actualiza su información con frecuencia, y según su perfil en la plataforma de LinkedIn, actualmente está radicado en Vigo en la comunidad de Galicia, España, donde trabaja desde julio de 2025 en la empresa Grupo Eulen. Hasta 2021 estuvo en Venezuela y ejerció su último cargo como coronel del Regimiento Guardia del Pueblo del estado Aragua. 

Madre de Hugo Marino pide presionar al narcorégimen para que responsa sobre paradero de su hijo

Caracas. – La madre del rehén político desaparecido, Hugo Marino Salas, pidió nuevamente ayuda en las redes sociales para difundir aún más su clamor que busca obligar al narcorégimen chavista a darle una fe de vida sobre su hijo, quien cumple ya 2596 días con paradero desconocido.

Beatriz Salas publicó dos mensajes en su cuenta de la red social X, denunciando no tener, luego de siete años de intensa búsqueda, ninguna información sobre la ubicación o el estado de Marino Salas.

La mujer pidió apoyo ciudadano para aumentar la presión sobre el régimen y obtener respuestas oficiales sobre el caso. “Soy la mamá de Hugo Marino, les quiero pedir un gran favor, ayúdenme a que el régimen me dé fe de vida de mi hijo”, expresó.

En su pronunciamiento, insistió en que las autoridades del régimen estarían ocultando información relacionada con el paradero de Hugo y reclamó acceso a la verdad sobre lo ocurrido. “Ayúdenme a presionar para que me respondan y no sigan escondiendo la desaparición forzada de mi hijo”, agregó.

En otra publicación condena el silencio sobre la desaparición misteriosa de su hijo, así como el hermetismo que impera, por parte del sistema criminal chavista, en torno a su caso. Pero, asegura que continuará denunciando la situación.

En su mensaje, señaló:

El caso se remonta al 20 de abril de 2019, fecha en la cual se perdió el rastro de Hugo Marino Salas. El buzo profesional —con nacionalidad venezolana e italiana— llegó al país procedente de EE. UU., donde vivía y regentaba la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, especializada en rastreos marítimos de aviones y barcos desaparecidos.

La familia se enteró que presuntamente fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a la salida del aeropuerto internacional de Maiquetía.

«Mi hijo no es político, no sé porqué se lo llevaron, el DGCIM se lo llevó. Yo quisiera por lo menos que me explicaran qué le hicieron o dónde lo tienen porque yo creo que es lo más lógico. Ellos piensan que uno como familia o yo, que tengo siete años en esta lucha todos los días, han apostado que nos vamos a cansar, a morir. Pero siempre se los he dicho, ellos me tienen que responder por mi hijo», afirmó la mujer en declaraciones recientes.

Es necesario recordar que Beatriz tiene 82 años y su arma de denuncia son las redes sociales, pues se encuentra fuera del país desde mucho antes que su hijo desapareciera.

Presos en sede de PoliMiranda iniciaron huelga de hambre para reclamar mejoras

Caracas. – Una huelga de hambre iniciaron desde la noche de este pasado domingo secuestrados por la narcotiranía chavista, que se encuentra recluidos en la sede de la Policía de Miranda, ubicada en Los Teques, para exigir mejoras en los procesos judiciales y en las condiciones de reclusión que tienen.

A través de un acta suscrita por los internos, los reclusos manifestaron que la protesta busca llamar la atención de las autoridades sobre diversas problemáticas que, según denuncian, afectan sus derechos y el estado en el cual se encuentran dentro de ese penal.

Según lo que dijo uno de los reclusos, esperan que los funcionarios respeten a las visitas bien sea de familiares o de personas no consanguíneas que se acerquen al recinto; que se les garantice salir diariamente de las rejas y que se les deje realizar actividades culturales y de recreación, mientras cumplen sus estadías en el IAPEM, ya que denuncian que se les trata “como prisioneros de guerra”.

Además, piden a brevedad que se les dote de insumos como cocina eléctrica, colchonetas, sábanas y artículos personales. También exhortan a que les cumplan con la entrega de alimentos a través de un censo con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

También, entre las principales exigencias planteadas se encuentran el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad, el cumplimiento del debido proceso, la agilización de las causas judiciales para reducir el retardo procesal y la realización de traslados oportunos hacia los centros penitenciarios correspondientes. Hasta ahora no hay pronunciamiento por parte de la directiva de PoliMiranda ni de autoridades del sistema penitenciario.