Revelan detalles de la lujosa boda que Padrino López le costeará a su hija

Caracas. – Pese a la crisis económica que enfrentan los venezolanos desde hace casi una década, el ministro chavista de defensa, Vladimir Padrino López, le celebrará la boda a su hija, Yarazetd Padrino Betancourt, en un evento cuyo costo asciende a unos USD$ 300.000.

Los detalles del costosísimo casamiento fueron revelados por la cuenta en la red X del exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. para la Financiación del Terrorismo, Marshall S. Billingslea. En un hilo que publicó en su cuenta, reveló que el enlace de la joven con Daniel Puglia Costas contempla dos eventos privados de lujo, uno en Caracas y otro en el Parque Nacional Canaima (Bolívar), cuyos costos suman USD$ 300.000.

La ceremonia civil está programada para los Jardines Ecológicos Topotepuy en Caracas, bajo una ambientación inspirada en la región italiana de Puglia. Mientras, el acto religioso, en Canaima, incluirá cuatro días de actividades de lujo, como paseos en helicóptero hacia el Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y hospedaje en campamentos exclusivos.

Billingslea subrayó la discrepancia entre el salario de Padrino López, que ronda los 12.000 dólares anuales, y el costo millonario del evento, lo que a su juicio sugiere un origen ilícito de los fondos.

“Claramente, es bueno ser un jefe de cartel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Canaima. La boda fácilmente costará 300.000 dólares”, señaló el exsubsecretario del Tesoro en su publicación.

Las invitaciones entregadas a los asistentes incluyen recomendaciones de vestimenta, listas de regalos en plataformas internacionales y el contacto de estilistas. También, calificó el evento como un ejemplo de cómo ciertos funcionarios pueden acceder a recursos que superan cualquier ingreso legítimo, insinuando que parte del dinero podría provenir del narcotráfico, actividad con la que Padrino López ha sido vinculado y por la que está sancionado internacionalmente, incluido un aviso de captura de USD$ 15 millones emitido por EE. UU.

La magnitud de la celebración y el nivel de lujo que incluye estilistas personales y listas de regalos en plataformas internacionales ha sido interpretado por analistas como un reflejo de una red de enriquecimiento ilícito que contrasta con la crisis económica que afecta al venezolano de a pie, quien enfrenta escasez de alimentos y servicios básicos.

Igualmente, trascendió que el prometido de Yarazetd Padrino es jinete ecuestre y forma parte del equipo de Mitchell Padrino Betancourt, hijo del ministro de Defensa. Asimismo, su padre, Alfredo Puglia, aparece como propietario de la empresa Ferrelink Inversiones CA INC, registrada en Nueva York y con sede en Lexington Avenue, además de una dirección en Doral, Miami, de acuerdo con información revelada por el abogado Zair Mundaray.

Investigaciones señalan que la dirección declarada corresponde a un apartamento residencial de lujo en Manhattan, actualmente a nombre de Terajima Properties Corporation, vinculada a Sky Frontier, lo que abre interrogantes sobre las conexiones empresariales de la familia.

Extraoficial: Francisco Convit, acusado de corrupción y enchufado de la narcotiranía, se ha fugado del SEBIN

Caracas. – El empresaurio venezolano acusado de corrupción y «enchufado» del narcorégimen chavista, Francisco Convit Guruceaga, habría escapado esta semana de la sede del SEBIN en Caracas, donde se encontraba detenido tras participar en una riña con otras figuras vinculadas al regimen.

La información es extraoficial hasta el momento, ya que ningún canal o vocero oficial de la Narcotiranía lo ha confirmado y la información fue revelada en redes sociales por diversos usuarios.

Cabe señalar que Convit es conocido por ser fundador de la empresa Derwick Associates, compañía protagonista del desfalco multimillonario hecho al país, con la compra de equipos ya desechados para el sistema eléctrico del país, robo que asciende a los USD$ 1200 millones, y también enfrenta acusaciones en EE. UU. por participar en un esquema de lavado de dinero robado a PDVSA.

La presunta evasión se produjo cinco meses después de su detención, registrada el 14 de febrero, tras participar en una violenta pelea durante un partido de pádel en Caracas.

Las informaciones extraoficiales sobre el caso indican que se habría fugado tras pagar a sus propios custodios y, al parecer, varios de ellos habrían decidido irse con él en la fuga.

El portal Cuentas Claras aseguró que la fuga se realizó junto a otros detenidos todavía por identificar. El medio indica que, como parte de los interrogatorios, presuntamente fue detenido Antonio «el Potro» Álvarez.

Según el libro “30-A: Día en que Nicolás Maduro pudo caer”, del exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, Convit participó en una reunión en la mansión del expresidente del TSJ, Maikel Moreno, previa al intento de levantamiento del 30 de abril de 2019. Desde entonces, se encontraba en el radar de la cúpula chavista.

Su participación en la citada pelea, ocurrida en una instalación en la urbanización Santa Fe (Miranda), sirvió de excusa a los jefes del narcorégimen para ejecutar su detención. Según la periodista Maibort Petit y otros comunicadores que analizan la situación del «enchufado», la tiranía corre muchos riesgos, ya que este conoce el mecanismo de lavado de dinero que emplean, y el destino y uso de las fortunas de muchos de los principales jerarcas del narcochavismo.

Se especula que su intención tras escaparse sería dirigirse a EE. UU. a fin de colaborar a cambio de impunidad, o de una rebaja considerable a su sentencia.

Se suicidó juez del PSUV en Carabobo que se encontraba bajo investigación

Caracas. – Un juez penalista vinculado al Circuito Judicial chavista en el estado Carabobo, Jesús Miguel Yépez Valera, se suicidó este pasado jueves en Valencia tras haber sido separado de su cargo y puesto bajo investigación por las autoridades del régimen en esa región.

El hecho ocurrió cuando el abogado penalista, conocido en el medio judicial como «el gordo Yépez», se encontraba en su domicilio ubicado en Los Guayabitos, municipio Naguanagua, estado Carabobo, donde, según informaciones policiales, se pegó un tiro.

Era juez de juicio y estaba en la Corte de Apelaciones, pero lo habían cambiado hace pocos días de su cargo cuando hubo cambios en las autoridades del Circuito Judicial. Además, fue integrante de JPSUV en la entidad carabobeña.

Informaciones difundidas en redes sociales, vinculan a Yépez con la arremetida que lleva a cabo Nicolás Maduro dentro del chavismo contra quienes pretenden traicionarlo ante la justicia estadounidense para salvarse.

Los datos extraoficiales indican que Yépez presuntamente formaba parte del núcleo de militantes del PSUV que se encuentran en este momento bajo investigación, como son los casos de Yelitze Santaella, Gladys Requena y Elías Jaua. No obstante, no se descarta que el abogado habría atentado contra su vida por otro móvil.

Acusan al dueño de Smartmatic de sobornar a Tibisay Lucena en 2019

Caracas. – El venezolano-estadounidense fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, Roger Piñate, fue acusado por fiscales de EE. UU. de haber sobornado en 2019 a la entonces jefa del CNE chavista, Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de gestiones con el Gobierno.

Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez en Caracas entre abril y julio de 2019, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida disponibles este martes.

Piñate le obsequió a la fallecida rectora una lujosa casa en los lapsos mencionados, tal como lo revelan los documentos que soportan la acusación fiscal.

Según describe la acusación, el dueño de Smartmatic le entregó «una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera», para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el narcorégimen chavista, tras el conteo electoral de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) Constituyente en 2017.

Esta riña se debe a que en 2017 Smartmatic acusó de fraude al CNE tras anunciar los resultados de las elecciones de la AN ilegal, lo cual provocó que Maduro ordenara el cese de las operaciones de la empresa en el país.

La documentación judicial afirma que Piñate usó una empresa fantasma extranjera para hacer la transferencia de la propiedad. Asimismo, dicen que trabajó con al menos otras dos personas para ocultar el origen de la misma y evitar el rastreo de la operación.

Dimite el primer ministro de Lituania por varios escándalos de corrupción

El primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, ha presentado este jueves su dimisión a medida que es investigado por varios escándalos de corrupción relacionados con sus vínculos empresariales.

«Hace aproximadamente una hora he informado al presidente de que he decidido presentar mi renuncia al cargo de primer ministro», ha indicado en un comunicado en el que ha anunciado que también deja su puesto como parte del Partido Socialdemócrata.

En este sentido, ha pedido esperar al «resultado de las investigaciones», expresando: «sigo defendiendo mi honor y mi dignidad. Hay que esperar a las conclusiones, que estoy seguro de que permitirán discernir los hechos de todo lo demás», ha indicado el mandatario, que accedió al cargo tras las elecciones del pasado mes de noviembre.

Su dimisión, no obstante, llega tan solo horas después de que saliera a la luz que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros había realizado una serie de registros en las dependencias de Dankora, una empresa propiedad de la mujer de su hermano.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Paluckas tiene problemas con la ley, pues ya fue condenado en el pasado por abuso de poder cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Vilna, la capital del país, por lo que tuvo que pagar una multa.

Zelenski sanciona la ley que limita las agencias anticorrupción entre las críticas de Europa y las ONG

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ratificado este jueves la ley que limita las capacidades de las dos agencias independientes contra la corrupción, apelando a la unidad del país, en medio de las críticas de sus socios europeos y de algunas organizaciones que advierten de los riesgos al Estado de derecho.

Zelenski ha firmado la ley aprobada por el Parlamento en una semana marcada por los registros a gran escala que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General llevaron a cabo en las sedes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

Sobre ambas agencias ha caído el peso de la sospecha por la supuesta injerencia rusa en las mismas, así como por el retraso que arrastran algunos procedimientos. Con la nueva norma, la Fiscalía podrá intervenir en las investigaciones, archivando o redirigiendo los casos, al tiempo que limita las funciones del jefe del SAPO.

Para Zelenski, esta nueva ley «garantiza el fortalecimiento real del orden público en Ucrania, la independencia de los organismos anticorrupción y otorga una protección fiable ante cualquier influencia o injerencia rusa».

«El texto es equilibrado», ha insistido, en medio del recelo que llega desde Europa. «Es importante que mantengamos la unidad. Es fundamental que mantengamos la independencia. Es crucial que respetemos la postura de todos los ucranianos y estemos agradecidos a todos los que apoyan a Ucrania», ha dicho en Telegram.

Asimismo, organizaciones con Human Rights Watch (HRW) han alertado de que con esta nueva ley ambas oficinas perderán su independencia y se pone en riesgo el Estado de derecho de Ucrania, que aspira a formar parte de foros como la UE.

«Socavar a los organismos independientes anticorrupción, especialmente durante la brutal guerra que Rusia libra contra Ucrania, amenaza con debilitar los cimientos democráticos de Ucrania y su futura integración con Europa», ha señalado Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central de HRW.

Investigan a la presidente de Perú por presunta financiación ilegal de su campaña electoral

La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú ha abierto una investigación contra la presidente del país, Dina Boluarte, por un presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas a raíz de un presunto aporte de 150.000 soles —aproximadamente USD$ 42100— para la campaña de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, cuando se presentó como candidata a vicepresidencia por el partido Perú Libre.

El fiscal Ángel Astocondor ha emitido una disposición que amplía los hechos materia de investigación aún en fase preliminar y se ha incluido como investigado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas y a la propia Boluarte, quien en la fecha de los acontecimientos no tenía la condición de aforada, según recoge el diario peruano ‘El Comercio’.

La disposición prevé además la declaración de los implicados, incluida la de Dina Boluarte, que deberá comparecer el 14 de octubre de 2025.

Según la disposición, el 19 de mayo del 2021 Boluarte participó en una reunión en la que el empresario prometió entregar el dinero para gastos de la batucada de acompañamiento musical en las actividades de campaña de Boluarte durante el final de la campaña de la segunda vuelta.

«Se tendría que el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte Zegarra de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona», explica el documento.

Si bien, cabe señalar que el empresario Beltrán ha negado haber entregado el dinero para la campaña electoral de Boluarte e incluso ha negado conocerla en persona. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Milei va contra la corrupción y disuelve los organismos de Vialidad y Seguridad Vial

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este lunes el cierre «definitivo» de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en el marco de su lucha contra la corrupción y bajar el gasto público (u optimizarlo).

«La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei», ha argumentado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

Las funciones de estudio, construcción, conservación, mejora y modificaciones del sistema troncal de carreteras, hasta ahora competencia de la DNV, pasarán al Ministerio de Economía.

Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una «estructura compleja» con actividades que «no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional».

Asimismo, Adorni ha destacado que se termina «un ícono de la corrupción» y que la decisión se basa en que «se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos».

La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, nombre con el que se conocerá a partir de ahora a la preexistente Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Cabe señalar que también se crea la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que se forma mediante la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Keiko Fujimori es acusada por corrupción nuevamente por presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales

Keiko Fujimori Higuchi, líder del partido peruano Fuerza Popular (FP), vuelve al centro del debate judicial tras la nueva imputación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, la cual gira en torno al presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La Fiscalía solicita 35 años de prisión y 730 días para Fujimori, a quien acusa de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Cabe señalar que el pedido de esta pena representa un aumento respecto al anterior, que era de 30 años, y alcanza también a otros 13 coacusados, incluidos los exdirigentes Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y su exesposo Mark Vito Villanella.

Además, comprende a las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C. En paralelo, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento para 19 investigados y uno parcial para otros dos.

Según la tesis fiscal, Fuerza Popular habría usado como fachada una organización de cócteles y rifas para justificar aportes que, en realidad, provenían de fuentes no declaradas. Por ello, la causa es conocida como caso ‘Cócteles’.

En 2017, el escándalo tomó fuerza tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la constructora brasileña, quien confesó ante el procurador federal Orlando Martello que había realizado aportes a campañas políticas peruanas.

«Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido», afirmó Odebrecht, según reveló el portal de investigación IDL-Reporteros, por lo cual la Fiscalía sostiene que Fuerza Popular lavó al menos UAS$ 17,3 millones.

Es necesario recordar que, en 2018, Fujimori fue enviada a prisión preventiva, aunque luego en 2019 recuperó su libertad y volvió a postular a la presidencia en 2021. Pero el proceso ha entrado ahora en la etapa de control de acusación, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Fujimori, por su parte, ha negado los cargos en reiteradas ocasiones, afirma que se trata de una persecución política, y, pese a este escenario judicial, la lideresa de Fuerza Popular mantiene su actividad política.

La Corte Suprema de Argentina ratifica condena contra Cristina Fernández

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena por corrupción en contra de la expresidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, lo que frena su candidatura a diputada en las elecciones y, además, habilita su detención, según informó La Nación.

«Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación», afirmaron los tres jueces a cargo de la sentencia.

Igualmente, desacreditaron «el argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto» y aseguraron que la exmandataria es responsable, entre otras cosas, por «el beneficio económico obtenido».

El fallo provocó un terremoto político en el país sudamericano, ya que es la última instancia que tenía la exmandataria, actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, sello electoral del peronismo) para invalidar el juicio en el que se la condenó.

Ante esto, ahora Fernández de Kirchner queda marginada de cualquier competencia electoral y no podrá ocupar cargos públicos de por vida. Si bien, por su edad, 72 años, podrá solicitar la prisión domiciliaria.

Cabe señalar que el fallo fue celebrado de inmediato por el presidente argentino, Javier Milei, quien emitió un breve mensaje desde su cuenta de la red social X: «Justicia. Fin».

También dejó una posdata con un ataque explícito contra la prensa: «La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas (operaciones) sobre el supuesto pacto de impunidad».

Su publicación fue secundada por un mensaje de su portavoz, Manuel Adorni, quien, también en X, posteó: «Muy extraño resultó el pacto de impunidad. Fin».

Cabe señalar que Cristina Fernández dispondrá de cinco días hábiles tras haber sido comunicada formalmente de la sentencia que le fuera ratificada esta jornada por la Corte Suprema de Justicia, para apersonarse en el Tribunal Oral Federal N.º2 y oficializar su detención.  

Del mismo modo, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, le solicitaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga de un lugar donde pueda ser recluida la también exvicepresidente.