La Administración Trump demanda al alcalde de Nueva York por sus políticas migratorias

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que ha demandado al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, por sus políticas migratorias, que considera que están protegiendo a los migrantes y discriminando a las fuerzas de seguridad.

La fiscal general, Pam Bondi, ha informado de que el Departamento de Justicia está demandando a la ciudad de Nueva York y a su alcalde «por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ‘ciudad santuario’».

«Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos», ha dicho en su perfil de X.

Posteriormente, la cartera ministerial ha especificado que el caso se ha presentado en el distrito este de Nueva York con el objetivo de «combatir la obstrucción ilegal de la aplicación de las leyes federales migratorias».

Cabe señalar que, en los últimos meses, se han presentado demandas contra Los Ángeles, los estados de Nueva York, Colorado e Illinois, entre otros, por dicho motivo.

«Durante demasiado tiempo, la Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia en la interferencia con la aplicación de nuestras leyes de inmigración. Sus esfuerzos por frustrar la aplicación de la ley federal de inmigración terminan ahora», ha agregado el fiscal general adjunto, Brett Shumate.

Un tribunal declara «inconstitucional» la orden de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. ha declarado «inconstitucional» y confirmado un bloqueo nacional a la orden ejecutiva del presidente del país, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes.

La decisión se ha producido a raíz de que el Tribunal Supremo ordenase a finales de junio que los juzgados inferiores reconsideraran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial.

Con todo, el tribunal de apelaciones de San Francisco ha decidido que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país no representaba una extralimitación judicial.

«El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en EE. UU., es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo.», ha escrito el juez del tribunal de apelaciones Ronald Gould.

En este sentido, esta corte ha concluido «que el tribunal de distrito (de Seattle) no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para brindar a los estados un alivio completo».

El juez Gould ha explicado que una orden judicial más restrictiva a nivel territorial —por ejemplo, una que afectase solo a los estados que no apelaron contra la orden— exigiría a los estados que impugnaron la ley que revisaran sus sistemas de verificación de elegibilidad para diversos programas de servicios sociales, causando «daños irreparables».

Cabe señalar que este se trata de la primera vez que un tribunal de apelaciones concluye plenamente que la orden de Trump es inconstitucional, aunque éste podría apelar directamente al Tribunal Supremo.

De todas formas, la medida está también bloqueada a nivel nacional a raíz de que un juez federal de Nueva Hampshire prohibiera su aplicación contra cualquier infante que se viera afectado por la política en una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Un Comité del Congreso de EE. UU. citará al Departamento de Justicia para que presente los archivos de Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. citará al Departamento de Justicia para que entregue los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que un subcomité haya votado a favor de la decisión este miércoles.

Cabe señalar que tres republicanos del Subcomité Federal de Aplicación de la Ley se han unido a los demócratas para aprobar por ocho votos a dos una moción para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con Epstein.

La citación «se emitirá en el futuro», según ha afirmado el portavoz del Comité a la cadena NBC News, y ha llegado horas después de que el propio organismo citase a Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein y quien está condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en el marco de la red de pedofilia liderada por Epstein.

Según el documento publicado en la web del Comité de Supervisión, su «declaración en la Institución Correccional Federal de Tallahassee el 11 de agosto de 2025», un proceso en el que «el Departamento de Justicia está cooperando y facilitará la declaración en la prisión».

«Mientras el Departamento de Justicia se esfuerza por descubrir y divulgar públicamente información adicional relacionada con su caso y el de Epstein, es imperativo que el Congreso supervise la aplicación de las leyes de trata de personas por parte del gobierno federal en general y, en particular, su gestión de la investigación y el enjuiciamiento de usted y de Epstein», señala a Maxwell el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, en la carta publicada por el organismo.

En este sentido, el Comité solicita el testimonio de la viuda de Epstein «para fundamentar la consideración de posibles soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir la trata de personas y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales», ha explicado Comer.

Universidad de Columbia pagará unos USD$ 200 millones para restaurar los fondos cortados por Trump

La Universidad de Columbia ha accedido a pagar USD$ 200 millones para restaurar los fondos federales que le fueron recortados por la Administración Trump por su —supuesta— violación de las leyes contra la discriminación, en relación con las protestas propalestinas que Washington tildó de antisemitas.

Para la prestigiosa universidad se trata de «un importante paso adelante después de un prolongado periodo de escrutinio federal e incertidumbre institucional», mientras que para el presidente, Donald Trump, es un «acuerdo histórico» que incluye además el fin de algunas «ridículas políticas» de Columbia.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Trump canceló USD$ 400 millones en subvenciones al considerar que estaba permitiendo dentro de sus instalaciones manifestaciones antisemitas y la persecución de estudiantes y docentes judíos e israelíes.

Tras ello, Columbia accedió a las demandas que le fueron impuestas a cambio de negociar la vuelta de unos fondos de los que dependían cientos de proyectos de investigación, como prohibir el uso de mascarillas en las protestas, o contratar a más personal de seguridad y a un nuevo vicerrector encargado de supervisar el departamento de Estudios sobre Oriente Próximo.

Estos 200 millones de dólares serán abonados el Gobierno Federal en concepto de multa durante los próximos tres años, además de otros USD$ 21 millones para resolver las investigaciones de la comisión de igualdad de oportunidades, que Trump fija como una indemnización a los «trabajadores judíos que fueron perseguidos».

Trump ha celebrado la decisión del centro y, lejos de dar por cerrado la campaña de presión sobre las universidades del país, ha advertido en Truth Social de que «se avecinan» otras muchas que «han perjudicado a tantos, han sido tan injustas y desiguales, y han gastado incorrectamente dinero federal.

El presidente estadounidense también ha celebrado que con este acuerdo la universidad haya dejado de lado «sus ridículas políticas» de diversidad y equidad y que a partir de ahora solo acepten estudiantes «basándose únicamente en el mérito».

Cabe señalar que varias universidades fueron centro de multitudinarias protestas contra la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, entre ellas Harvard, que no ha accedido a las presiones de Trump y denunció al Gobierno por amenazar con quitarle la financiación.

EE. UU. investiga la participación de Harvard en el programa de estudiantes de intercambio

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación sobre la elegibilidad de la Universidad de Harvard como patrocinador del programa de estudiantes de intercambio, en medio de la campaña del Gobierno estadounidense contra las instituciones educativas bajo el argumento de inacción ante el antisemitismo en sus campus.

«Todos los patrocinadores que participan en este programa deben cumplir plenamente con las regulaciones para visitantes de intercambio, ser transparentes en la presentación de informes, y demostrar su compromiso con el fomento de los principios de intercambio cultural y entendimiento mutuo que fundamentaron el programa», ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que, «para mantener su privilegio de patrocinar visitantes de intercambio, deben cumplir con todas las regulaciones, incluyendo la realización de sus programas de una manera que no socave los objetivos de política exterior ni comprometa los intereses de seguridad nacional».

«El pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que sus universidades defiendan la seguridad nacional, cumplan con la ley y proporcionen entornos seguros para todos los estudiantes. La investigación garantizará que todos los programas del Departamento de Estado no sean contrarios a los intereses de nuestra nación», ha agregado Rubio.

En este contexto, Trump promulgó a principios de junio una proclamación con la que pretende impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes extranjeros, si bien sus aspiraciones han sido bloqueadas por el poder judicial.

La decisión de Trump obligaba a Harvard a rechazar a los estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026, obligándolos a trasladarse a otra universidad «o perder su estatus legal». En este contexto, añadía, para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard «debe proporcionar toda la información requerida».

Trump firma una orden que prohíbe la IA ‘woke’

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva encaminada a que las herramientas de inteligencia artificial (IA) adquiridas por el Gobierno federal prioricen la «veracidad» y la «neutralidad ideológica».

De este modo, se busca limitar el uso de modelos extensos de lenguaje (LLM, en inglés) que estén en favor de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y alineados con la llamada agenda ‘woke’.

«Cuando se incorporan sesgos ideológicos o agendas sociales en los modelos de IA, pueden distorsionar la calidad y la precisión de los resultados […]. La DEI desplaza el compromiso con la verdad en favor de resultados preferentes y, como ilustra la historia reciente, representa una amenaza existencial para una IA fiable», señala el documento, titulado ‘Prevención de la IA ‘woke’ en el Gobierno federal’. 

Cabe señalar que el nuevo decreto fue firmado al final de una cumbre sobre IA en Washington que se celebró el miércoles, donde Trump denunció la «locura marxista consciente en los modelos de IA».

«De una vez por todas, nos deshacemos de la mentalidad progresista», añadió el mandatario, asegurando que su predecesor, Joe Biden, había «establecido la ideología tóxica de diversidad, equidad e inclusión como principio rector del desarrollo de la IA en EE. UU.».

Es necesario recordar que la eliminación gradual de las iniciativas DEI, que abarcan diversas prácticas, políticas y estrategias, ha sido uno de los enfoques principales de la actual Administración.

Trump expresó en enero que en su gobierno se pondría fin a la «tiranía» de los programas de diversidad e inclusión y que el país «ya no será ‘woke’». Desde entonces, ha firmado varias órdenes ejecutivas en contra de tales proyectos.

EE. UU. reitera a sus ciudadanos advertencia sobre no viajar a Venezuela

Caracas. – El Departamento de Estado de EE. UU. ratificó este pasado martes, la alerta que existe sobre Venezuela y el narcorégimen chavista, reiterándole a sus ciudadanos que eviten viajar al país, por el enorme riesgo de ser secuestrados sin ningún tipo de razón.

Este anuncio se da tras la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Venezuela, y repatriados el pasado 18 de julio, como parte de un acuerdo realizado entre Washington y la tiranía dirigida por Nicolás Maduro.

«Nadie debe ir a Venezuela. Corremos el riesgo de detención injusta de estadounidenses, de personas con doble nacionalidad, de residentes permanentes legales. No vaya allí», advirtió la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, durante una rueda de prensa ofrecida este 22 de julio.

También, el organismo estadounidense ratificó la advertencia en un mensaje publicado en sus redes sociales:

«Al 18 de julio, no hay ningún estadounidense detenido injustamente en Venezuela. EE. UU. está comprometido a prevenir futuras detenciones injustas. Los estadounidenses no deben viajar a Venezuela, ya que el riesgo de detención injusta es extremadamente alto», indicó.

Mientras, Bruce también aseguró que la administración del presidente Donald Trump está comprometida a evitar que más ciudadanos estadounidenses sean encarcelados en Venezuela, aunque admitió que «la libertad no está garantizada».

EE. UU. aprueba venta de armas a Ucrania por valor de más de USD$ 322 millones

La Administración de Donald Trump ha aprobado este miércoles dos posibles ventas militares a Ucrania por valor de USD$ 322 millones, en la que es la segunda acción de este tipo desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

En esta ocasión el Departamento de Estado ha dado ‘luz verde’ a una venta que incluye vehículos de combate de infantería y capacidad de mantenimiento, reparación y revisión, por valor estimado de USD$ 150 millones, así como un sistema de misiles HAWK y el equipo de mantenimiento relacionado por valor de USD$ 172 millones.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa —que ha informado de la decisión a través de su página web— ha emitido la certificación requerida, notificándola al Congreso. Así, ha alegado que esta venta «respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional» del país al mejorar la capacidad defensiva de Ucrania.

Trump anuncia un acuerdo comercial con Filipinas con la reducción de apenas 1% a sus aranceles

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este martes un acuerdo comercial con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., por el que el país del sudeste asiático «va a abrir su mercado a EE. UU.», mientras que sus productos estarán sujetos en el mercado norteamericano a un arancel del 19%.

«El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. acaba de abandonar la Casa Blanca con todos sus representantes», ha anunciado el mandatario estadounidense en una publicación en la red Truth Social en la que ha asegurado que el Gobierno filipino «va a abrir el mercado con los EE. UU., y [con] cero aranceles».

Por su parte, Filipinas apenas verá reducida la tarifa arancelaria que le había impuesto Trump, con una bajada de un sólo punto con respecto al gravamen del 20% decretado por el presidente norteamericano hace menos de dos semanas. Con todo, los dos Estados «trabajarán juntos militarmente», ha señalado el mandatario estadounidense.

«Fue un gran honor estar con el presidente [Marcos]. Es muy respetado en su país, como debe ser. También es un negociador muy bueno y duro», ha asegurado Trump acerca del diálogo que ha desembocado en este acuerdo comercial.

Cabe señalar que Marcos ya se reunió el día anterior con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien hizo hincapié en la relación militar entre ambos países, particularmente a través del «tratado de defensa mutua».

El presidente filipino, a su vez, mostró su satisfacción con la alianza con Washington, especialmente «en términos de preservar la paz [y] en términos de preservar la estabilidad del mar de China Meridional (…), incluso me atrevería a decir que en toda la región indopacífico».

EE. UU. pacta con Indonesia un marco para su acuerdo comercial con una bajada arancelaria al 19%

EE. UU. e Indonesia han anunciado este martes un marco para la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países por el cual Washington reducirá al 19% la tarifa arancelaria impuesta a las importaciones indonesias, mientras que Yakarta se ha comprometido a «eliminará aproximadamente el 99%» de sus barreras arancelarias para productos estadounidenses.

«EE. UU. e Indonesia han acordado un marco para negociar un acuerdo sobre comercio recíproco con el fin de fortalecer nuestra relación económica bilateral, lo que proporcionará a los exportadores de ambos países un acceso sin precedentes a los mercados de cada uno», reza el comunicado conjunto publicado en la web de la Casa Blanca, que explica que el acuerdo definitivo será completado «en las próximas semanas».

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha accedido de esta manera a reducir al 19% los aranceles a las importaciones del país del sudeste asiático. Además, Washington «también podrá identificar determinados productos que no están disponibles de forma natural o no se producen en el país para una mayor reducción del tipo arancelario recíproco».

A cambio, ambos países abordarán «las barreras no arancelarias de Indonesia que afectan al comercio» con EE. UU., lo que incluye aceptar «vehículos fabricados según las normas federales de seguridad y de emisiones» estadounidenses, así como «los certificados de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés)».

Asimismo, Yakarta se compromete a la eliminación de requisitos de etiquetado y «eximirá a los productos alimenticios y agrícolas estadounidenses de todos los regímenes de licencias de importación (…) y reconocerá la supervisión reglamentaria de los EE. UU., incluida la lista de todas las instalaciones cárnicas, avícolas y lácteas estadounidenses».

También en este sentido, «Indonesia eliminará las restricciones a las exportaciones a EE. UU. de productos industriales, incluidos los minerales críticos».

Cabe señalar que los parámetros pactados por ambos países incluyen una serie de acuerdos comerciales entre empresas estadounidenses e indonesias, entre los que se encuentra la «adquisición de aeronaves por un valor actual de USD$ 3.200 millones o de productos energéticos por USD$ 15.000 millones.