El censo realizado en el año 2020 ya está mostrando los efectos que podría tener a nivel político. Los colegios electorales, producto de la migración, para el año 2024 van a estar distintos, de acuerdo a proyecciones, quedarían distribuidos de la siguiente manera:
Favorable para los demócratas: (+2)
-Colorado: 9 a 10
-Oregón: 7 a 8
Desfavorable para los demócratas: (-5)
-California: 55 a 54
-Nueva York: 29 a 28
-Rhode Island: 4 a 3
-Minnesota: 10 a 9
-Illinois: 20 a 19
Favorable para los republicanos: (+7)
-Florida: 29 a 31
-Texas: 38 a 41
-Carolina del Norte: 15 a 16
-Montana: 3 a 4
Desfavorable para los republicanos: (-3)
-Ohio: 18 a 17
-West Virginia: 5 a 4
-Alabama: 9 a 8
Ohio y Florida se consideran “estados cambiantes”; sin embargo, han votado favorablemente a los republicanos desde las últimas 3 elecciones.
Los siguientes tres estados, se han comportado muy extraño en las últimas elecciones. A pesar de ser tradicionalmente republicanos, fueron adjudicados a Joe Biden. Arizona, estado del ex Senador John McCain, ya llevaba esta tendencia favorable a los demócratas desde antes de las presidenciales.
El puesto del Senador McCain, lo ocupa actualmente el partido demócrata desde las elecciones del 2018.
-Arizona: 11 a 12
-Pennsylvania: 20 a 19
-Michigan: 16 a 15
El cambio en los estados, no solo afectaría los resultados en las próximas elecciones presidenciales, sino también, haría cambios importantes en la representación de cada estado ante la cámara baja (house of representatives) del congreso.
En una demanda en contra de Twitter, por permitir la difusión y, además, presuntamente, beneficiarse económicamente de un video pornográfico que incluía a un menor de edad (13 años), la red social se rehusó a eliminar el contenido porque no representaba una “violación” a las “políticas” de la compañía.
La madre de la víctima, residente del estado de la Florida, introdujo una demanda en contra de Twitter por no censurar el contenido. Su hijo, que ahora tiene 17 años, fue engañado por unos traficantes sexuales, haciéndose pasar por una niña de 16 años, cuando el tenía 13.
Los traficantes le pedían videos, fotos y contenido sexual al menor, quien procedió a bloquearlos eventualmente y frenó los acosos por parte de los criminales; sin embargo, el contenido fue montado en la red social, por una cuenta dedicada a divulgar ese tipo de material; el cual la compañía no prohibió.
La trágica respuesta de Twitter, la ofrecieron el 28 de enero del año 2020, “Gracias por contactarnos. Hemos revisado el contenido y no encontramos ninguna violación de nuestras políticas, así que no se tomará ninguna acción por los momentos. Si crees que hay una violación de derechos de autor, por favor, introduzca un nuevo reporte. Si el contenido está en otro sitio web, tendrás que contactar el equipo de ese sitio para reportarlo. Su seguridad es lo más importante, y si cree que está en peligro, recomendamos que contacte a las autoridades locales.”
La víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, cuestionó la decisión, “¿cómo que no ven un problema? Soy un menor de edad y lo era para aquel entonces.”
El material fue removido el 30 de enero del año pasado, cuando la madre de la víctima contactó al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.
La última orden ejecutiva, en relación a Venezuela, firmada por el presidente Donald Trump, fue la aprobación de un DED para los venezolanos. El abogado de inmigración, John de la Vega, explicó de manera detallada en su espacio, la hora del inmigrante, los beneficios que esta medida brindaría para ese gentilicio y los procesos que se deben realizar para acogerse a esta política.
Así mismo, de la Vega explicó en sus redes sociales que se debe esperar a que USCIS explique las reglas para poder entender con certeza como funcionaría este recurso.
En relación al DED para los venezolanos: Hay que esperar a que el secretario del servicio de inmigración establezca las regulaciones y parámetros en todo lo que tenga que ver con eligibilidad, permiso de trabajo, etc.
El excandidato presidencial y exguerrillero colombiano, Gustavo Petro, aseguró a través de sus redes sociales que el programa económico del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de su partido, Colombia Humana, “son de la misma estirpe”.
Petro desglosó parte de las propuestas económicas de Biden, y las comparó con las que el propuso en el año 2018 durante su campaña a la presidencia del país, “subir impuestos a los ricos, elevar 100% los salarios mínimos, invertir en educación pública, construir un sistema de salud con 100.000 trabajadores, condonar deudas de educación e invertir en ciencia,” fueron las características en las cuales el exguerrillero encontró similitudes.
“Se trata de nuevo acuerdo, de un nuevo pacto para reactivar la prosperidad y el empleo,” afirmó Petro, al mismo tiempo que cuestionó las críticas que se hicieron en su contra al asociarlo con la izquierda más radical, “¿Ven diferencias del programa de Biden con el programa económico que propuso Colombia Humana en 2018?”
¿Ven diferencias del programa de Biden con el programa económico que propuso Colombia Humana en 2018?
Es de la misma estirpe
Se trata de nuevo acuerdo, de un nuevo pacto para reactivar la prosperidad y el empleo.
El economista mexicano, Sergio Ramírez, no se mostró optimista ante las propuestas para la economía impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, de hecho, alertó que el alza de impuestos a las sociedades, el cual catalogó como uno de los impuestos “más perversos”, se pudiera traducir en una recesión para la nación norteamericana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó en su primer día 17 órdenes ejecutivas, la mayoría relacionadas al cambio climático y al coronavirus, con respecto a este último tema, una de las medidas que Biden aprobó fue el uso obligatorio de mascarillas en los edificios federales.
Horas después de haber firmado esa orden, el presidente fue al Lincoln Memorial y no hizo uso de la mascarilla. Este es un edificio federal, por lo que, la orden ejecutiva hace obligatorio su uso.
De esta manera, Joe Biden se convierte en el primer ciudadano en violar esta medida.
En sus últimas horas como presidente en ejercicio, Donald Trump, ha aprobado un DED (Deferred Enforced Departure) para los venezolanos, el cual evitaría la deportación de este gentilicio y les permitiría trabajar legalmente en territorio nacional.
La medida fue bien recibida por el congresista republicano, Mario Díaz-Balart, quien la catalogó en sus redes sociales como parte de las “políticas firmes y de solidaridad” por parte del presidente Trump hacia los venezolanos.
En una de sus últimas decisiones en el cargo, @POTUS ha garantizado que aquellos #venezolanos que buscan seguridad en Estados Unidos no serán devueltos a la dictadura de Maduro, donde podrían ser objeto de persecución, abusos de derechos humanos e incluso la muerte. 👉Lea más: pic.twitter.com/lGcErWUiyS
La política estará vigente por un periodo de 18 mesese incluye a todos los venezolanos que hayan estado en territorio nacional hasta el día 20 de enero del año 2021.
En el memorándum oficial, el presidente Trump describe las políticas “autocráticas” impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la ciudadanía, y las utiliza como argumento para otorgar este alivio.
El presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José Antonio Colina, celebró la iniciativa tomada por esta administración que “permitirá proteger a los venezolanos,” así mismo, destacó la importancia de seguir impulsando la propuesta del Estatus de Protección Temporal para que la tranquilidad de los ciudadanos venezolanos pueda ser garantizada por un periodo más largo si hace falta, “esperemos que esta iniciativa sea ampliada por la próxima administración. Esperemos la promesa que hicieron de aprobar un TPS sea cumplida.”
En la actualización mas reciente de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, figura un reconocido “empresario” venezolano asociado a la corrupción de las plantas de electricidad que nunca fueron recibidas en Venezuela, popularmente conocido como el caso Derwick.
Se trata de Francisco D’agostino, cuñado del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
D’agostino había negado en diversas oportunidades su relación con la empresa Derwick y Asociados y sus familiares jamás hablaron del tema.
Además, la empresa Dayco, en la cual figuran como parte de su junta directiva la esposa e hijos del secretario de AD, también fue colocada en la lista OFAC.
Durante los 5 años de gestión de la pasada Asamblea Nacional, no existió ninguna investigación por parte del organismo ni sus comisiones para aclarar este tema. Se debe recordar que Henry Ramos Allup fue el primer presidente del poder legislativo para el periodo 2015-2020.
A través de sus redes sociales, el representante del diputado Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, publicó un video en el cual estaba tomando el test del Covid-19 para poder asistir a la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el día miércoles. En su mensaje, Vecchio asegura que representará a Venezuela en ese “día tan importante”.
Yomar Moreno, coordinador del Movimiento Libertario de Venezuela (MLV) para la región central, no dudó en mostrar su rechazo a la supuesta representación que hará Vecchio en nombre de los venezolanos.
A juicio de Moreno, no existen autoridades legítimas actualmente en Venezuela. También expresó que la administración entrante no será aliada de la causa por la libertad de Venezuela, “usted no es embajador, Juan Guaidó no es presidente y Joe Biden no está junto al pueblo venezolano,” publicó Moreno en sus redes sociales.
El presidente de la ilegítima asamblea nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, está buscando un acercamiento con la administración entrante de los Estados Unidos dirigida por Joe Biden para negociar condiciones que les permitan levantar las sanciones que se han impuesto al estado venezolano y a particulares por parte de la nación norteamericana.
El año pasado, un grupo de venezolanos le exigió a la USAID que hicieran públicas las donaciones que se han hecho a Venezuela como parte del programa de ayuda humanitaria para ayudar a solventar la crisis que viven los ciudadanos actualmente. La denuncia de hizo basado en la Ley FOIA (Freedom of Information Act) la cual le permite a los ciudadanos exigir que se divulgue el manejo de los fondos públicos.
La petición se hizo el 3 de febrero del 2019, recibiendo respuesta por parte de la Oficina de Información y Servicios del gobierno al día siguiente, 4 de febrero.
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Esta primera fase fue negada, amparándose bajo las excepciones (b4) y (b6) las cuales evitan publicación de información para “proteger secretos e información comercial obtenida por una persona que sea privilegiada y/o confidencial” e “información privada de un individuo” respectivamente. La USAID permitió la divulgación parcial de los documentos de las donaciones que se hicieron al gobierno interino liderado por Juan Guaidó y a las Organizaciones No Gubernamentales que se encargarían del manejo de esos recursos. Para el momento se hablaba de por lo menos $600Millones.
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Para el politólogo Filipp Rodríguez, este argumento carece de algún sustento jurídico, lo cual le llevó a apelar la decisión
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Rodríguez piensa que la USAID tuvo que rebuscar esta respuesta pues, a su juicio, el precedente jurídico que existe, que involucra a la FDA, no tiene similitudes con el caso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Tras su apelación, revirtieron su primera decisión, también de manera parcial, censurando los datos mas importantes de los documentos, basándose en las excepciones (b4) y (b6)
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El politólogo expresó su disgusto con la información facilitada, pues, de los $600Millones solo se les otorgó una tabla que muestra $30Millones sin desglosar como se utilizó cada donación ni explicar quienes fueron los receptores de estos recursos.
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Rodríguez además enfatizó que en la primera respuesta recibida por parte de la USAID (imagen 3) cuando respondieron a las peticiones que se hicieron en febrero, hay un párrafo en donde la institución dice que ellos no archivan información detallada sobre los receptores de estos recursos: números de registro, junta directivas compensación e identificadores únicos; lo cual el comparó con “dar un cheque en blanco” y aseguró que este tipo de comportamientos son dañinos para las instituciones de este país pues se puede empezar a cuestionar la transparencia con la cual se manejan.
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Una firma que es recurrente en los documentos es la del designado por Juan Guaidó como embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio. En las enmiendas 1 y 2 que se discutieron para el “Convenio de Donación para Objetivos de Desarrollo” (DOAG por sus siglas en inglés) aparecen Carlos Vecchio como representante de Venezuela y John Barsa como el de los Estados Unidos. Se censuran montos utilizando nuevamente las cláusulas (b4) y (b6).
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El documento final de este compromiso, que cuenta con 66 páginas, fue firmado el 27 de agosto del 2019 por Carlos Vecchio y Mark Green. Los objetivos de estas donaciones incluyen: actores democráticos aumentan su capacidad para mantener espacios democráticos abierto y relevantes, servicios sociales focalizados mejorados para poblaciones marginadas y mejoras en el crecimiento económico inclusivo impulsado por el sector privado.
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El plan de financiamiento y el presupuesto de este proyecto no se hace público bajo las mismas cláusulas de la FOIA antes mencionadas.
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Filipp Rodríguez pidió ayuda para llevarlo a instancias mayores. Su propuesta es llevarlo ante las cortes federales; sin embargo, para ello se requiere una cantidad importante de recursos, por lo que, le pide a los ciudadanos del país presionar a los políticos regionales para que hagan la presión necesaria en torno a este tema.
El politólogo no descarta llevar esta denuncia ante la cámara de representantes, el senado y las comisiones correspondientes, pero hace énfasis en la importancia que esto debe cobrar fuerza con el apoyo de millones de ciudadanos que pagan impuestos a los cuales no se les ha respondido con transparencia como está siendo usado este dinero.
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