Un hombre de Utah ha recibido un disparo mortal durante una redada que el FBI realizó este miércoles en relación con una investigación sobre presuntas amenazas dirigidas al presidente de EE. UU., Joe Biden, y otras personas, según informa ABC News.
Esto es resultado de investigaciones que iniciaron en abril del presente año y el FBI informó al Servicio Secreto al respecto en junio.
Además de publicar las amenazas en línea, el individuo, cuya identidad no ha sido revelada por los oficiales, indicó en redes que se estaba preparando para tomar medidas físicas contra el presidente Biden. Amenazas que las autoridades consideraron «creíbles».
El FBI también comunicó que el incidente se produjo cuando los agentes trataban de realizar un registro en una residencia en la ciudad de Provo.
No obstante, de acuerdo con los datos de ABC News, el sospechoso fallecido fue identificado como Craig Robertson y se enfrentaba a tres cargos: amenazas interestatales, amenazas contra el presidente, así como influir, obstaculizar y tomar represalias contra agentes federales de las fuerzas del orden mediante amenazas.
Además, se cree que el sospechoso publicó en redes sociales numerosas amenazas de muerte contra Biden, contra la vicepresidenta Kamala Harris y contra varios funcionarios implicados en la persecución del expresidente Donald Trump.
Un grupo de veteranos LGBT que fueron expulsados del Ejército de Estados Unidos por su orientación sexual ha presentado este martes una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Defensa estadounidense.
La demanda colectiva, en nombre de cinco veteranos, se ha presentado ante el Tribunal de California, donde han denunciado que el Pentágono eliminó la especificación de su sexualidad de los registros, sin que se haya corregido «esta discriminación continua», según informa CBS.
«Exigir a los veteranos LGBTQ+ que soporten primero el estigma y los efectos discriminatorios de llevar indicadores de orientación sexual en sus (documentos de baja) y luego navegar por un proceso de corrección de récord roto para buscar una solución viola sus derechos constitucionales a la igualdad de protección, a la privacidad informativa, a la propiedad y al debido proceso protegidos por (…) la Constitución de EEUU», dice la demanda.
Los demandantes hacen referencia a la política ‘No preguntes, no digas’ (Don’t ask, don’t tell) que se instauró durante la Administración Clinton, en 1993, y que estuvo vigente hasta 2011.
Esta medida prohibía a cualquier persona del colectivo revelar su orientación sexual mientras estuviesen en el Ejército, mientras que también prohibía cualquier manifestación de «su tendencia o intentara mantener prácticas homosexuales» acceder al servicio militar.
Cabe destacar que, aunque ha pasado más de una década desde que las Fuerzas Armadas levantaron este veto, miles de personas despedidas durante estas políticas tienen pensiones menores, privándoles de la totalidad de los beneficios.
El Pentágono ha remarcado que existe un proceso para solicitar el cambio en la baja, pero los demandantes exponen que están «obligados a revivir el trauma».
Los votantes de Ohio, EE. UU., han rechazado este martes una enmienda constitucional propuesta por el Partido Republicano que tenía el objetivo de elevar el umbral para enmendar la Constitución estatal antes del referéndum sobre si se garantiza el derecho al aborto.
La medida habría cambiado la ley del referéndum de Ohio, elevando el umbral para enmiendas desde una mayoría simple a un 60 por ciento de los votos.
De haberse aprobado, la acción habría planteado nuevos obstáculos a las decisiones de los ciudadanos, según informa la cadena de televisión CNN.
Esta votación, liderada por los republicanos, que tienen el ojo puesto en el próximo referéndum de noviembre sobre la consagración del «derecho al aborto», ha sido una victoria para los defensores del movimiento pro-aborto.
Tal acción ha sido celebrada además por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha señalado que el rechazo a esta enmienda significa que «la democracia ha hablado», según reza un comunicado de la Casa Blanca.
Cabe destacar que el estado de Ohio negó hace un año el derecho al aborto a una niña de diez años que estaba embarazada de seis semanas, después de que entrara en vigor la prohibición a nivel estatal tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de suprimir el «derecho al aborto».
En este escenario, la menor tuvo que trasladarse al estado de Indiana, ya que la ley estatal prohíbe los abortos a partir de la sexta semana, cuando se prevé que el feto empieza a tener latido, sin excepciones por violación o incesto.
Esto llevó a una batalla judicial que se ha extendido hasta la actualidad.
Este lunes se han reunido el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra de Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, a quien se le ha planteado la defensa de los Derechos Humanos en el país centroamericano.
Es necesario recordar que esto ocurre en un contexto donde El Salvador es foco de críticas desde la comunidad internacional por la ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas.
En este contexto, el portavoz de Blinken, Matthew Miller, ha indicado que en la reunión han abordado una serie de temas «clave» en la relación bilateral entre ambos países «y una variedad de temas regionales», que incluyen «la buena gobernanza, los Derechos Humanos, la prosperidad económica inclusiva y el manejo de la migración».
Blinken ha indicado que «El Salvador sigue siendo un socio importante en el avance de estos objetivos regionales». Por su parte, Hill ha destacado «los históricos logros» en cuanto a «seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la disminución de la migración irregular».
La ministra salvadoreña ha remarcado que «El Salvador ahora es reconocido internacionalmente, con cifras verificables, como el país más seguro de América Latina», puesto que «la violencia, la extorsión, la criminalidad son ahora cosas del pasado».
Cabe destacar que El Gobierno salvadoreño decretó en marzo del año pasado el estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país. Desde entonces ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66.000 presuntos pandilleros. Una medida que, si bien ha valorado la población, pues ha recibido denuncias por violaciones de DD. HH.
Un juez federal estadounidense ha desestimado la demanda por difamación presentada en junio por el expresidente Donald Trump contra la escritora Elisabeth Jean Carroll, a la que contraatacó judicialmente un mes después de que un jurado considerase probado que el magnate había abusado sexualmente de ella y ordenase el pago de 5 millones de dólares.
Trump alega que la escritora le difamó cuando le acusó de violación durante unas declaraciones concedidas a la CNN un día después de la sentencia, pero el juez Lewis Kaplan ha entendido que el antiguo mandatario no ha podido demostrar que estas acusaciones fueran falsas o al menos no «sustancialmente ciertas».
De hecho, alude a la sentencia de mayo para recordar que Trump sí «violó» a Carroll, «aunque con los dedos en lugar de con su pene»; un matiz este último que sí se exige en Nueva York para emitir una condena por violación.
La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, ha celebrado la resolución de este lunes, mientras que la representante de Trump, Alina Habba, ha confirmado que presentarán recurso, informa CNN.
Cabe destacar que Trump tiene pendiente otro juicio por difamación a raíz de una denuncia presentada por la escritora en 2019 y que ha sido convocado en principio para enero de 2024.
Este jueves, migrantes de ocho países disputaron una «Copa América» de fútbol en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, un torneo que vieron como una forma de distraerse mientras esperan una cita para poder cruzar hacia Estados Unidos.
El certamen fue organizado por el Instituto del Deporte de Ciudad Juárez y contó con migrantes que viven en dos albergues de la ciudad, procedentes de El Salvador, Guatemala, México, Perú, Colombia, Honduras, Cuba y Venezuela.
«Es un torneo de personas migrantes representando a ocho países (…). Es una de tantas actividades que estamos buscando de integración entre la población migrante y la población local», dijo a la AFP Santiago González, director de un albergue municipal.
En este contexto, el equipo conformado por migrantes venezolanos, que representaba a Venezuela, terminó ganando el torneo.
González explicó que los migrantes estuvieron contentos de participar, aunque para completar la selección de países que no tienen mucha tradición de fútbol como Cuba se tuvo que llamar a jugadores de otras nacionalidades.
Además, destaca que para varios de los migrantes varados en la ciudad fronteriza, el torneo fue una forma de distraerse mientras esperan una cita para poder pedir asilo en Estados Unidos.
El gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas, Ron DeSantis, se ha desmarcado de la teoría del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020. A su juicio, «no tienen fundamento».
«Lo he dicho muchas veces, la elección es lo que es. Todas esas teorías que se expusieron no resultaron ser ciertas (…) Creo que esas teorías demostraron no tener fundamento», ha manifestado el candidato republicano a los medios de comunicación.
Cabe destacar que, hasta el momento, DeSantis se ha mostrado crítico en «la forma en que se condujeron» los comicios de 2020, pero ha incidido en que no por eso se puede hablar de fraude.
«No fueron unas elecciones que se llevaron a cabo como creo que queremos, pero esto es diferente a decir como que ‘Maduro robó votos’ o algo así», ha manifestado DeSantis, incluyendo así en la ecuación al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Estas declaraciones del gobernador de Florida se producen en un contexto marcado por las acusaciones de delitos penales que la Justicia estadounidense imputa al expresidente Trump por sus supuestos esfuerzos para invalidar el resultado de las elecciones.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido este sábado un comunicado en el que ha dejado constancia del apoyo a sus «aliados filipinos tras las peligrosas acciones de la Guardia Costera y la milicia marítima chinas para obstruir una misión filipina de reabastecimiento al Second Thomas Shoal en el Mar de China Meridional».
En la nota, el Ejecutivo estadounidense ha denunciado que los barcos chinos han interferido con el ejercicio legal de Filipinas de la libertad de navegación en alta mar «disparando cañones de agua y empleando maniobras de bloqueo inseguras».
Estas acciones han sido calificadas de «imprudentes» por el portavoz del secretario del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ha añadido en el comunicado que representan una amenaza directa para la paz y la seguridad en la región y que «son incompatibles con el Derecho Internacional».
Las autoridades estadounidenses consideran que China está obstaculizando «injustificadamente» operaciones marítimas filipinas lícitas al impedir que las provisiones necesarias lleguen a los miembros de los servicios filipinos estacionados en Second Thomas Shoal.
Asimismo, han reiterado que China «no tiene ningún reclamo legal sobre el área marítima alrededor de Second Thomas Shoal» ya que esta está dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, tal y como resolvió la Justicia internacional en 2016.
Así, Estados Unidos ha instado a las autoridades chinas a «acatar este fallo y respetar la libertad de navegación, un derecho al que tienen derecho todos los Estados».
Cabe mencionar que el Second Thomas Shoal es un atolón en las Islas Spratly, en el Mar de China Meridional. Allí la Armada filipina mantiene un pequeño contingente militar de apenas una docena de soldados a bordo de un barco estadounidense que fue varado intencionalmente en 1999 para reforzar los reclamos territoriales de Filipinas.
El ex mandatario se presentó ante la justicia, se declaró inocente y sus abogados negociaron una fecha para que inicie el juicio. Se trata de la tercera vez que es procesado por una denuncia presentada por un fiscal designado por Joe Biden.
El ex presidente Donald Trump, claro favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024, y por el momento, líder en todas las encuestas contra Biden, compareció este jueves ante un tribunal de Washington D.C. luego de que el Departamento de Justicia de Biden, pidiera el arresto del ex presidente.
En una presentación de 45 páginas publicado el martes, el fiscal especial Jack Smith, funcionario de la Casa Blanca y designado por Joe Biden, lo acusó a Trump de socavar la democracia estadounidenseal intentar interrumpir revertir los resultados de la elección del 2020, una demanda inédita en la historia del país.
Cabe aclarar que hubo decenas de elecciones donde se presentaron denuncias de fraude electoral en Estados Unidos por parte de una fuerza política contra la otra, y nunca al gobierno entrante se le había ocurrido denunciar al opositor por expresar estas preocupaciones.
El propio Joe Biden, senador en aquél momento, defendió los cargos que presentó el entonces candidato demócrata Al Gore contra el republicano George W. Bush, por las elecciones del año 2000, acusando de que hubo fraude en el conteo de votos en el Estado de Florida, que gobernaba en ese entonces su hermano, Jeb Bush.
Pero la libertad de expresión y la libertad política están siendo mermadas por esta nueva versión del Partido Demócrata, que emplea las mismas tácticas para perpetrarse en el poder que los dictadores comunistas de Latinoamérica.
“Este es un día muy triste para Estados Unidos”,dijo Trump en una breve declaración ante los periodistas en el aeropuerto de Washington, bajo la lluvia, antes de subirse a su avión para volver a Nueva Jersey, donde tiene su búnker de campaña.
“Esta es la persecución a un opositor político.Esto nunca debió haber pasado en Estados Unidos, es la persecución de la persona que está liderando por números sustanciales en la primaria republicana, estoy superando a Biden por mucho. No lo podés vencer y lo procesás. No podemos permitir que esto pase en Estados Unidos”,insistió.
La jueza a cargo del procesamiento de Trump es Moxila Upadhyaya, una ultra-demócrata designada en su cargo el 7 de septiembre del año pasado, por el propio Joe Biden. Trump deberá volver a presentarse ante la justicia el 28 de agosto para iniciar el juicio, que será supervisado por la también ultra-demócrata jueza Tanya Chutkan, quien se ha estado encargando de todos los juicios relacionados con el “Asalto al Capitolio”.
A su vez, como el juicio tendrá lugar en Washington D.C., Trump será juzgado por un jurado compuesto por 12 personas de la comunidad de la capital del país, una población extremadamente girada a la izquierda, de los cuales un 95% votó por Joe Biden en la última elección.
Sumando todos los cargos que presentó la Casa Blanca y tomando la máxima condena para cada uno, el ex presidente podría enfrentar hasta 641 años en prisión por todas las denuncias. Según Trump, se trata de un tribunal amañado, una farsa levantada por la Casa Blanca para impedir que se pueda presentar a las elecciones.
En esta ocasión, Trump fue acusado de cuatro cargos:
Conspiración para defraudar a Estados Unidos
Conspiración para obstruir un procedimiento oficial
Obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial
Conspiración contra los derechos
Trump now faces 3 indictments, 78 charges, and 641 years in prison.
All the charges were brought by allies of the regime during an election season.
Como ocurrió en las anteriores denuncias, la administración de Biden pidió la prisión preventiva del ex presidente, pero no fue otorgada. El expresidente fue liberado bajo condiciones mínimas, por lo que podrá viajar, hacer campaña, hablar del juicio. Lo único que no podrá hacer es comunicarse con los posibles testigo del caso a menos que sea a través de un abogado.
Trump se declaró inocente de los cargos federales, se puso de pie y levantó la mano derecha, jurando cumplir con las condiciones de liberación, y firmó papeles aceptando las condiciones, y se marchó. El proceso fue corto, y la prensa no logró hacer el circo que tenía planificado para el día de hoy. No se le sacó una foto policial ni se le tomaron las huellas dactilares.
Un trastornado Jack Smith apareció caminando por los pasillos del tribunal mientras Trump ingresaba al recinto. El fiscal fue designado por el presidente Joe Biden por decreto para investigar a Donald Trump por la manipulación de documentos clasificados.
En aquella investigación, Smith fue el responsable de pedir el allanamiento de la propiedad de Trump en Florida, Mar-A-Lago, para incautar estos documentos, y procesó al ex presidente en un trámite muy similar al de este jueves, pero en Miami.
Sin embargo, tras fracasar en conseguir una rápida conclusión a esa investigación, el fiscal demócrata ahora avanzó a la siguiente mejor opción; tratar de arrestar al ex presidente por su rol en el “Asalto al Capitolio”, con un jurado de Washington D.C.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha declarado no culpable de cuatro cargos ante un tribunal de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por el fiscal Jack Smith sobre su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
En concreto, Trump se ha declarado no culpable por conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto, ha recogido la cadena CNN.
El primer cargo conlleva una pena máxima de cinco años, mientras que los dos cargos de conspiración e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas implican, cada uno, un monto máximo de 20 años.
Finalmente, por atentar contra el derecho a voto, Trump podría recibir una sentencia máxima de 10 años.
Cabe resaltar que trump ha estado representado durante el proceso por su abogado, Todd Blanche, quien ya le asistió en el caso de los documentos clasificados, por el que se declaró no culpable a mediados de junio, según ha informado la cadena NBC News.
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