El Congreso de EE. UU. pone fin a las sanciones contra Siria para favorecer las inversiones

El Congreso de EE. UU. ha puesto fin de forma permanente al paquete de sanciones que pesaba contra Siria bajo el Gobierno del expresidente Bashar al Assad, por lo que ha allanado el camino a la reanudación de las inversiones en el país de Oriente Próximo.

Congresistas y senadores han dado el visto bueno al levantamiento de la conocida como Ley Caesar, impuesta en el año 2019 y que recogía fuertes restricciones contra el país.

Es necesario recordar que la normativa había sido suspendida en dos ocasiones anteriores por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, pero ha sido retirada ahora del todo, tal y como venía solicitando el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

Ahora, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ha indicado en un comunicado que la retirada de esta medida ha quedado «garantizada» de cara al próximo año fiscal —si bien la medida ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, por lo que ahora quedará en manos de Trump para su ratificación—.

«Estas sanciones fueron impuestas durante la dictadura de Al Assad en Siria, pero desde que cayó el régimen, apoyamos el desarrollo económico y las inversiones en Siria para favorecer la estabilidad del país», recoge el texto, que califica la medida de «paso decisivo para que el pueblo sirio tenga una oportunidad real de reconstruir el país tras décadas de un sufrimiento inimaginable».

En este sentido, ha apuntado a que la retirada de las sanciones se ha consolidado tras «meses de esfuerzos diplomáticos y coordinación bipartita», y tras una votación que se ha resuelto con 77 votos a favor y 20 en contra.

EE. UU. aprueba venta de armas a Taiwán por USD$ 11.000 millones

El Gobierno estadounidense ha aprobado este miércoles una nueva operación de venta de armas a Taiwán por valor de unos USD$ 11.000 millones para ayudar a «mejorar la seguridad» de la isla y con vistas a «mantener el equilibrio militar» en la región.

Así lo ha anunciado la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de EE. UU. (DSCA, en inglés) en ocho comunicados separados en los que detalla la venta, que incluye 60 obuses autopropulsados y equipo relacionado por unos USD$ 4.030 millones.

El paquete también contempla la venta de 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (M142 HIMARS, en inglés) por USD$ 4.050 millones y, por USD$ 1.010 millones, software, equipamiento y servicios para redes de misiones tácticas.

La DSCA ha asegurado que esta operación «ayudará a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región» y ha incidido en que «mejorará la capacidad del destinatario para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al reforzar la autodefensa de sus fuerzas».

Cabe señalar que el anuncio se produce después de que las autoridades taiwanesas hayan hecho pública su intención de gastar USD$ 40.000 millones adicionales en fines militares entre 2026 y 2033, si bien la oposición en el Congreso bloqueó ese plan a principios de este mes.

La medida llega además en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar.

El Ejército chino, por su parte, sigue realizando misiones y maniobras militares regulares en las inmediaciones, un acto simbólico con el que busca mantener la presión sobre Taipéi.

La Cámara Baja de EE. UU. aprueba una propuesta que criminaliza los tratamientos de «afirmación» de género a menores

La Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que, de implementarse, conllevaría penas de hasta diez años de cárcel para los médicos que brinden a personas menores de edad tratamientos relacionados con la afirmación de género, como cirugías o medicamentos bloqueadores de la pubertad.

Con 216 votos a favor y 211 en contra, la Cámara baja estadounidense ha aprobado así la propuesta registrada por Marjorie Taylor Greene, que tipifica como delito grave este tipo de tratamientos médicos, según ha recogido la cadena CNN. Cuatro republicanos votaron en contra y tres demócratas, a favor.

Antes de la votación, la representante demócrata Sarah McBride, la primera congresista transgénero declarada, ha criticado a los republicanos del Congreso por estar «obsesionados con las personas trans».

McBride ha denunciado que los republicanos están «intentando politizar una comunidad y una atención médica incomprendidas», defendiendo que «la atención médica de nadie debería ser politizada». «Están obsesionados con esto y son extremos al respecto», ha añadido sobre la insistencia entre los republicanos con estos tratamientos.

Si bien, es curioso que McBride señale a los republicanos de «politizar» al movimiento, cuando de por sí el movimiento está politizado y durante la administración Biden recibieron financiamiento a mansalva. Macbride argumenta que recibir atención médica es un «derecho humano» básico y un «asunto privado» entre médico y paciente. Para ella, «politizar» significa que el Estado interfiera en una decisión clínica para ganar votos o movilizar a una base electoral.

Sin embargo, su discurso contrasta con sus acciones y escenario, porque, al ser ella la primera mujer trans en el Congreso, su mera presencia y su agenda legislativa son actos políticos. De hecho, los demócratas han utilizado la defensa de estos tratamientos como una bandera de identidad de partido, lo cual es, técnicamente, una forma de politización.

Asimismo, fueron los demócratas quienes convirtieron estos temas en leyes de protección, y más tarde los republicanos en restricciones, por lo que ambos partidos han trasladado la medicina y la responsabilidad paternal del consultorio y de la casa al debate parlamentario.

Ahora bien, quien empezó la politización fue el movimiento progresista al presionar para que las instituciones médicas, educativas y estatales adoptaran su lenguaje y protocolos, todo ello adoptado en gran medida por los demócratas, por lo que el ala republicana respondió a una politización previa desde la izquierda.

Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial a los cerca de 1,5 millones de militares

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha destinado su discurso a la nación en la noche de este miércoles a defender su gestión económica, su control migratorio y su política exterior, que ha tenido un lugar secundario en su intervención, donde el único anuncio ha sido una paga especial de 1.776 dólares a los más de 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas en alusión al año fundacional del país norteamericano.

El mandatario ha celebrado tener «el Ejército más poderoso del mundo» y ha anunciado, «a causa de los aranceles», el pago a los más de 1.450.000 militares de «un Dividendo del Guerrero especial», un abono que ya estaría en camino y que hace honor a la fundación de EE. UU. en 1776.

Con todo, la intervención de Trump se ha centrado en destacar lo que ha enumerado como los principales logros de su Administración en el último año. «Esta noche, después de once meses, nuestra frontera está segura. La inflación se ha detenido. Los salarios han subido. Los precios han bajado. Nuestra nación es fuerte. EE. UU. es respetado», ha subrayado Trump, que ha predicho para su país un auge económico «nunca visto».

Asimismo, ha defendido que ha «resuelto ocho guerras en diez meses, destruido la amenaza nuclear iraní y puesto fin a la guerra contra Irán». Además, ha alegado haber llevado «la paz» a Oriente Próximo «por primera vez en 3.000 años», destacando «la liberación de los rehenes, tanto vivos como muertos».

El ‘número dos’ del FBI abandonará el organismo el próximo mes

El subdirector de la Policía Federal de EE. UU. (FBI, en inglés), Dan Bongino, ha anunciado este miércoles que abandonará el cargo en enero de 2026, a poco de cumplir un año de su nombramiento por el presidente del país, Donald Trump.

«Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero dar las gracias al presidente Trump, a la fiscal general, (Pam) Bondi y al director (del FBI, Kash) Patel por la oportunidad de servir con un propósito», ha dicho en un breve mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

Bongino, que no ha indicado los motivos de su salida, ha extendido su agradecimiento a «(sus) compatriotas estadounidenses, por el privilegio de servirles».

Este exagente del Servicio Secreto estadounidense llegó al FBI en febrero de este año a petición del presidente de EE. UU., Donald Trump, para que supervisase junto a Patel el despido de cientos de funcionarios del FBI.

El pasado verano, se enfrentó a miembros del Gobierno a cuenta del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que hubiese presionado públicamente al Departamento de Justicia para que publicase más pruebas con el difunto condenado por tráfico sexual, llegando a sugerir que se estaba tratando de un encubrimiento, según recoge la cadena de televisión CBS.

El pasado agosto, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, fue nombrado por Trump para compartir el cargo de codirector del FBI junto a Bongino.

Cifran en más de mil los muertos en el ataque en abril de las RSF contra el campo de Zamzam, Sudán

Naciones Unidas ha cifrado este jueves en más de mil los muertos en el ataque perpetrado en abril por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra el campo de desplazados de Zamzam, en el estado sudanés de Darfur Norte, escenario de una crítica situación humanitaria en Sudán, y ha pedido que sea investigado como «crimen de guerra».

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha indicado en un informe que lo sucedido responde a los «terribles patrones de violaciones cometidos durante la toma del campo por parte de las RSF», por lo que ha exigido la apertura de una investigación por la presunta comisión de «crímenes de guerra».

En este sentido, ha documentado «violaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia sexual, además de tortura y secuestros» cometidos durante aquellos tres días de ofensiva en abril, unas acciones que se saldaron con 1.013 muertos.

De aquellos que murieron durante los ataques contra el campo de desplazados internos, 319 fueron ejecutados de forma extrajudicial, según el texto, que apunta a que las fuerzas paramilitares sudanesas «fueron casa por casa» realizando registros.

«Otros fueron asesinatos en colegios, mercados e instalaciones sanitarias, así como mezquitas. Más de 400.000 habitantes del campo tuvieron que desplazarse nuevamente debido a este ataque», ha lamentado.

«Este tipo de actos deliberados contra los civiles podrían constituir crímenes», ha advertido la oficina de la ONU, que insta a «abrir una pesquisa imparcial y efectiva sobre lo sucedido para que los responsables sean llevados ante la justicia y rindan cuentas».

El informe también aborda posibles actos de «violencia sexual» y apunta a que 104 personas habrían sobrevivido a este tipo de agresiones, de las cuales 75 son mujeres, 26 niñas y tres niños, la mayoría de la etnia zaghawa. «La violencia sexual parece haber sido utilizada de forma deliberada para infligir terror entre la comunidad», ha recalcado.

«Estos horribles patrones de violaciones, cometidas con impunidad, son consistentes con lo que mi oficina lleva tiempo documentando, incluso durante la toma por parte de las RSF de la localidad de El Fasher a finales de octubre», ha explicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

«Los hallazgos de este informe sirven de recordatorio de la necesidad de tomar medidas para acabar con los ciclos de atrocidades y violencia, y garantizar la reparación de las víctimas», ha destacado Turk, que ha pedido a la comunidad internacional evitar «sentarse a observar» lo que pasa en Sudán.

Es por ello que ha hecho hincapié en que «todos los estados, particularmente aquellos con influencia, deben hacer todo lo que esté en su mano para frenar las atrocidades». «Quiero hacer un llamamiento para que se detengan cuanto antes los enfrentamientos y se llegue a una resolución pacífica del conflicto», ha apuntado.

La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

El Parlamento Europeo ha defendido este miércoles el paquete presentado por la Comisión Europea para la eliminación de las fronteras internas de la Unión para mover tropas y material militar en situaciones de conflicto bélico.

En una resolución, los eurodiputados apuestan por el ‘Schengen’ militar que favorezca el transporte de grandes cantidades de efectivos y de material pesado, además de promover la modernización de vías férreas, carreteras, túneles y puentes.

Pese a los avances, la Eurocámara apunta que existen «importantes barreras administrativas y financieras» a la movilidad militar, por lo que puede demorarse más de un mes el transporte de material militar a través de la UE.

Frente a esto, instan a los países de la UE y a la Comisión Europea a invertir más en infraestructuras de transporte, especialmente a lo largo de los cuatro corredores de movilidad militar de la UE. Para ello, piden agilizar los permisos y autorizaciones mediante la aplicación de una ventanilla única.

Aplauden la propuesta de USD$ 20.000 millones en el próximo presupuesto europeo y piden a los Estados miembros que se abstengan de recortar la iniciativa. También se hacen eco de que modernizar 500 «puntos críticos» de infraestructura, como puentes o túneles, requeriría al menos USD$ 117.500 millones.

Trump levanta las sanciones a trece bancos rusos relacionados con proyectos nucleares de carácter civil

El Gobierno de EE. UU. ha sacado este miércoles temporalmente de su lista de sanciones a trece grandes entidades bancarias rusas para que continúen operando en apoyo de proyectos nucleares de carácter civil.

El Departamento del Tesoro ha emitido una circular en la que se detalla que estos trece bancos tienen hasta el 18 de junio de 2026 para financiar exclusivamente este tipo de programas nucleares de carácter civil, siempre y cuando hubieran comenzado antes del 21 de noviembre de 2024.

No es la primera vez que en el último año la nueva administración estadounidense suspende o levanta algunas de las sanciones contra Rusia. En julio, en vísperas de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin en Anchorage, Alaska, algunas entidades bancarias y empresas rusas salieron de la ‘lista negra’.

EE. UU. despliega personal militar en Ecuador en una operación conjunta contra el «narcoterrorismo»

Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles de la llegada de su personal militar a la base de Manta, en el este de Ecuador, en la que ya estuvieron desplegadas sus tropas hasta 2009, para una operación temporal conjunta con las fuerzas ecuatorianas contra el «narcoterrorismo» como parte de los últimos acuerdos en defensa.

La Embajada de EE. UU. en Ecuador ha confirmado la llegada del contingente militar a la base aérea de Manta, ubicada en la costa del Pacífico, algo más de un mes después de la segunda visita de la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, en la que se cerraron estos acuerdos de colaboración.

«La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas», ha dicho la Embajada en su cuenta en la red social X, remarcando que el operativo está en sintonía con la ley ecuatoriana, un mes después, precisamente, desde que el país votara en contra de ceder sus bases a potencias extranjeras.

Esta operación conjunta «está diseñada para proteger a EE. UU. y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos», ha añadido la Embajada.

En esa línea se ha manifestado también el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para quien «esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico», además de «someter a quienes creyeron que podían tomar el país».

Dos días antes, otro avión cargado con material militar llegó a la base aérea de Manta, en la que ya operó EE. UU. durante una década, hasta que en 2009 el Gobierno de Rafael Correa decidió no prorrogar los acuerdos con Washington.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos, su situación geográfica se antoja capital para el control del tráfico de drogas, pero también el de personas, o la pesca ilegal.

Noboa defendió durante la campaña del referéndum la posibilidad de que pudiera servir de nuevo como base de operaciones de EE. UU., aunque evitó referirse al carácter bélico de la misión, si bien el 60 por ciento de quienes acudieron a las urnas votó en contra de la vuelta de bases militares extranjeras al país.

María Corina salió de Oslo, pero se desconoce su próximo destino

Caracas. – La dirigente político y premio Nobel de La Paz 2025, María Corina Machado, ya abandonó Oslo, Noruega, pero se desconoce cuál será su agenda y qué países visitará, mientras decide su regreso a Venezuela.

Cabe recordar que su llegada a Oslo se dió tras una operación con tintes militares de la que ella no ha dado detalles ni ha confirmado los que ya fueron publicados, pero se fracturó una vértebra mientras huía en una pequeña embarcación que la llevó primero a la isla caribeña de Curazao.

Ahora, este miércoles un cercano colaborador, Pedro Urruchurtu Noselli, fue quien comunicó a través de las redes sociales su salida de la capital noruega; sin embargo, no precisó su nuevo destino.

«Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu en su cuenta de X. “Ya no está en la ciudad de Oslo”, añadió sin más detalle.

Mientras, la gran incógnita que se mantiene aún abierta es si Machado volverá a Venezuela, como ella misma ha anunciado. Sus colaboradores han asegurado que la opositora aprovechará el impulso internacional que le dio el Nobel de la Paz para mantener a Venezuela en el centro del debate global, pero no está nada claro, ni el momento, ni las condiciones en las que podría volver, ni si el régimen chavista se lo permitirá.

La líder «opositora» ha repetido en entrevistas su intención de regresar “cuando se den las medidas de seguridad necesarias”, pero la combinación de su prohibición de salir del país, las amenazas legales en su contra y los riesgos físicos de volver mantiene en vilo a todo un país y su diáspora de más de ocho millones de personas.