A pesar de tener menos de un mes en el poder, Donald Trump ha tomado decisiones ejecutivas trascendentales en muchas áreas. Siendo la inmigración un tema bandera durante su campaña política, era de esperarse que en esta materia se llevaran a cabo varias medidas para bajar el flujo de migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos, así como para garantizar la expulsión de quienes ya se encontraran en territorio nacional sin su debida documentación.
No obstante, algunas decisiones han generado polémica, puesto que, a juicio de sus críticos, no se trata de limitar la migración ilegal, sino también de poner en el blanco a quienes sí se encuentran de manera legal en la nación norteamericana.
En este marco, el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que fue aprobado por la administración de Joe Biden en el año 2023 para los venezolanos, fue recovado por la nueva Secretaria del Departamento de Seguridad de la Patria, Kristi Noem, quien, en consulta con el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, afirmó que las mejoras en Venezuela en áreas como la economía, la salud y la seguridad hacen que dicha protección a ese grupo de migrantes ya no sea requerida.
Ante esto, grupos de exiliados venezolanos y activistas políticos han alzado la voz y han rechazado, de manera contundente, esta acción por parte del poder ejecutivo.
La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), junto al abogado Leroy A. Garret, ha introducido una demanda para que el poder judicial de los Estados Unidos revierta la decisión tomada por la Secretaria Noem, haciendo uso del recurso Writ of Mandamus, el cual establece la exigencia de corrección a una acción ejecutada por las autoridades que pueda ser considerada un abuso o, en el menor de los casos, incorrecta.
En el documento legal, la organización de exiliados con sede en Miami, afirma que esta política, de continuar vigente, “condenaría cientos de miles de vidas a un destino brutal e incierto,” agregando que la tiranía venezolana obligará a los deportados a sufrir “condenas en cárcel sin el debido proceso, muerte por hambruna, enfermedades, abusos de autoridad y terror.”
Asímismo, Veppex señala que no está en contra de las deportaciones a los ciudadanos venezolanos siempre que el objetivo sean aquellos individuos que tienen antecedentes penales y no aportan nada positivo al país norteaméricano. Por en contrario, los venezolanos que tengan temor de regresar a su país, exigen que sean protegidos por el gobierno actual.
Finalmente, la demanda establece que el TPS debe ser restablecido hasta que las condiciones en Venezuela hayan cambiado “verdaderamente” de manera positiva,
Cabe señalar que se está especulando que otras demandas en torno a esta medida ejecutiva se desarrollen en las próximas semanas. Es importante destacar que el TPS del 2023 continúa vigente hasta el mes de abril del año en curso, por lo que se espera que con estas demandas, de manera temporal, pueda bloquearse esta medida en las cortes hasta que se tome una decisión definitiva por el poder judicial y se sienten precedentes para casos similares en el futuro.
