La Cámara Federal de Buenos Aires, el órgano judicial supremo de la Ciudad Autónoma, ha confirmado este martes el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por su rol en una serie de irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato que habría beneficiado a la pareja de su secretaria.
En el fallo judicial, del que se ha hecho eco el diario ‘La Nación’, los magistrados han mantenido el procesamiento del exmandatario por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública ante los indicios de que Fernández intervino en la trama que adjudicó contrataciones al corredor Héctor Martínez Sosa, por medio de su secretaria privada durante décadas y su esposa María Cantero.
En este sentido, el órgano judicial ha estimado como un hecho el «direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia» por parte del expresidente en favor de la pareja de su secretaria, describiendo un vínculo tanto personal como profesional con el mismo.
Una de las pruebas que ha influido en la decisión ha sido un mensaje de Fernández con el texto «ya me ocupo» ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores, lo que ha sido considerado como una participación directa del expresidente.
Al ratificar su procesamiento, la Cámara Federal ha mantenido el embargo sobre los bienes de Alberto Fernández por más de 14.600 millones de pesos argentinos —USD$ 10.380 millones—, así como la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. El exdirigente se enfrentaría de esta forma a una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua.
Así, la Cámara ha revisado y validado la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien inició en junio el procesamiento del expresidente al considerar que había intervenido para favorecer los intereses de Martínez Sosa, el principal cliente de Fernández entre 2010 y 2019, cuando éste trabajaba como abogado y lobista.
Según el magistrado, la firma de este bróker habría concentrado cerca del 60% de las comisiones pagadas entre 2020 y 2023 por la empresa Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entidades estatales desde el inicio del mandato de Fernández. La cifra superaría así los 2.250 millones de pesos —US$ 1.15 millones hoy, aunque en 2023 podría haber alcanzado los USD$ 22 millones, considerando la inflación—.
Tanto Martínez Sosa como Cantero —ésta, además, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública— han visto confirmados sus procesamientos también en el fallo, que incluye asimismo al expresidente de Nación Seguros de entonces, Alberto Pagliano.
Cabe señalar que la decisión ha llegado después de que, en septiembre, la Fiscalía solicitara la revocación del procesamiento, argumentando la falta de pruebas y testimonios suficientes, como la declaración del que fuera ministro de Exteriores con Fernández, Santiago Cafiero.
