Una jueza de EE. UU. bloquea la deportación de un activista palestino por las protestas en la Universidad de Columbia

La Justicia de EE. UU. ha bloqueado este jueves la deportación de Mohsen Mahdawi, un activista palestino conocido por liderar las protestas contra las acciones de Israel contra la población palestina que han tenido lugar en la Universidad de Columbia desde que comenzó la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La jueza Nina Froes ha impedido así que la petición de deportación quede bloqueada dado que uno de los documentos presentados como prueba por parte de la Administración estadounidense no ha sido certificado adecuadamente y, por lo tanto, no puede ser incluido en el proceso.

Se trata de un fallo en el procedimiento que ha permitido que Mahdawi —que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos desde hace una década— siga de momento en territorio estadounidense, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.

Aunque la Administración del presidente Donald Trump puede presentar una apelación al respecto, la medida supone otro duro revés para el Gobierno en pleno aumento de las deportaciones de migrantes y activistas propalestinos que actúan principalmente en campus universitarios, principal foco de las protestas contra Israel.

Mahdawi ya fue detenido en abril de 2025 pero puesto en libertad posteriormente. Desde entonces, las autoridades han tratado de forzar su salida del país citando un memorando publicado por el Departamento de Estado, que afirma que aquellos que carezcan de la nacionalidad estadounidense y socaven los intereses estadounidenses pueden ser expulsados.

Sus abogados han aplaudido la decisión y han afirmado que esta «honra el Estado de Derecho», según un comunicado. «Es una decisión importante para hacer frente a lo que el miedo trata de destruir: el derecho a hablar por la paz y la justicia», ha aseverado.

EE. UU. retira el estatus de protección temporal a los ciudadanos yemeníes en el país

El Gobierno de EE. UU. ha retirado el estatus de protección temporal (TPS) a los ciudadanos yemeníes que escaparon del conflicto armado en su país tras determinar que las circunstancias actuales en Yemen favorecen el retorno seguro de esta comunidad.

La decisión tiene lugar tras el establecimiento de un nuevo Gobierno yemení hace una semana pero la realidad es que la insurgencia hutí lleva dominando la capital y amplias partes del país desde hace una década y la situación humanitaria, coinciden todas las agencias, sigue siendo extremadamente crítica.

Además, el conflicto armado sigue siendo una realidad como demostraron recientes enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno yemení y separatistas del sur del país.

A pesar de ello, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este viernes la retirada del estatus que entrará en vigor 60 días después de que se publique la notificación en el Registro Federal, en el fin de una política de acogida que empezó en 2015, con el estallido de la guerra civil en Yemen.

«Después de evaluar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, he determinado que Yemen ya no cumple con los requisitos legales para la designación para el Estatus de Protección Temporal», ha declarado Noem.

La secretaria de Seguridad Nacional ha indicado que la estancia de yemeníes bajo este estatus «va en contra del interés nacional». «El TPS fue diseñado para ser temporal y esta administración está devolviendo al TPS a su intención original de ser temporal. Estamos priorizando nuestros intereses de seguridad nacional y poniendo a EE. UU. por delante de todo», ha añadido.

Noem avisa que, después de la fecha de entrada en vigor de la determinación, el Departamento de Seguridad Nacional puede arrestar y deportar a cualquier nacional yemení que no tenga estatus legal una vez que su TPS haya terminado.

«Si un extranjero obliga al departamento a su arresto y expulsión, puede que nunca se le permita regresar a EE. UU.», ha amenazado Noem.

Un tribunal de EE. UU. permite revocar las protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua

Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. ha autorizado este lunes a la Administración de Donald Trump a proceder con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que amparaba hasta ahora a más de 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua de una posible deportación, unas protecciones que el Ejecutivo estadounidense ha buscado retirar a nacionales de múltiples países, incluidos Venezuela y Haití.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), ha suspendido la orden de un tribunal inferior que anulaba la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS para migrantes procedentes de los tres citados países.

Según el fallo, los magistrados han alegado que el Gobierno podrá, «probablemente», demostrar argumentos como que el tribunal de distrito que detuvo la medida de Noem «carecía de jurisdicción», o que ésta «presentó razones aparentemente legítimas de por qué estaba justificado cancelar el TPS para cada país».

El panel; compuesto por los jueces Michael Hawkins, designado por el demócrata Bill Clinton; Consuelo Callahan, designada por el republicano George W. Bush, y Eric Miller, nombrado por el actual mandatario estadounidense; ha reconocido haberse visto influenciado por instancias precedentes en las que el Tribunal Supremo suspendió órdenes de órganos judiciales inferiores que impedían a la cartera de Noem la cancelación del TPS para nacionales de Venezuela.

«El Gobierno afirma que, de no obtener una suspensión, sufrirá perjuicios al no poder implementar su política migratoria preferida (…). Por otro lado, los demandantes afirman que la terminación de su estatus podría exponerlos al riesgo de deportación, pérdida de empleo o beneficios médicos, y separación familiar», han descrito los magistrados.

En esta situación, han indicado que tendrían «que evaluar y sopesar» el citado «posible perjuicio» que alega la Administración. Con todo, han defendido que las dos ocasiones en las que el Supremo suspendió órdenes de tribunales de distrito que bloqueaban la anulación del TPS para Venezuela por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, incluían «alegaciones similares de perjuicio por parte de ambas partes», aun reconociendo que las decisiones «no contenían ningún razonamiento, por lo que no informan (su) análisis de las cuestiones jurídicas de este caso, y las cuestiones, en cualquier caso, no son idénticas».

«Por las razones expuestas, la orden del tribunal de distrito que anula el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda suspendida en espera de la apelación», ha dictaminado el tribunal.

De este modo, los magistrados han inclinado la balanza en favor de la Administración Trump, que persigue el objetivo de retirar las protecciones a cerca de 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses y abrir así la puerta a nuevas deportaciones masivas.

El fallo supone un avance más en la agenda de Donald Trump tras su segunda llegada a la Casa Blanca, desde donde ha tomado medidas para excluir a más de un millón de personas de ocho países de un programa con décadas de antigüedad que ha permitido vivir y trabajar temporalmente en EE. UU. a centenares de miles de personas que habían hecho frente a conflictos armados, desastres naturales y otras catástrofes. Ante la continuidad de buena parte de este tipo de situaciones, las protecciones a estas personas habían sido renovadas durante años.

¿Y si retornan los 2.8 millones de venezolanos en Colombia? ¿Cómo afectará a tu negocio?

Valentina Gómez es economista (UCAB), fundadora Impulsa Tu Economía, y coordinadora local senior de EsLibertad Venezuela. En todos sus espacios, aprovecha cada oportunidad para reflexionar sobre las ideas de la libertad y empoderar a quienes le rodean.

“…El éxito del comercio venezolano ante una situación así dependerá de la rapidez con la que las empresas logren absorber esta nueva demanda y de su capacidad para ofrecer precios competitivos en un mercado que dejará de vivir de remesas para vivir del trabajo local.”

Valentina Gómez

¿Te has preguntado qué pasaría si retornan los 2.8 millones de venezolanos en Colombia y cómo afectará a tu negocio?

En un principio, Colombia recibiría el impacto del choque económico y social tras un evento de gran magnitud. Estudios de la OIM (2024-2025) afirman que los venezolanos en Colombia aportan más de 529 millones de dólares anuales solo en impuestos (principalmente IVA por consumo). Su salida dejaría un hueco inmediato en las arcas del Estado.

Los comerciantes sentirían la caída de sus ventas, principalmente en Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos (21%). Industrias como la construcción, la agricultura (recolección de cosechas) y el sector servicios (restaurantes y hoteles) sufrirían una falta de personal inmediata. Los sueldos tendrían que subir para atraer trabajadores locales. El único punto donde el país sentiría un alivio, es en el Gasto Público Social.

Ahora, los comerciantes venezolanos tendrían que prepararse para un aumento de consumo. Debido a que el mercado venezolano sumaría casi 3 millones de bocas que alimentar, vestir y movilizar, es un reto grande; para lograr el éxito, será imperativo que fortalezcan sus inventarios y optimicen su logística.

En el sector de víveres y aseo, los supermercados experimentarán una rotación nunca antes vista. La clave estará en la reposición: si la industria nacional no acelera, la importación estratégica será la única vía para evitar la escasez.

Fuente: Elaboración propia.

El país también debe estar preparado para recibir nuevamente a los venezolanos. Si el retornado no se inserta rápidamente en el mercado laboral productivo, su capacidad de compra podría reducirse frente a la que tenía cuando enviaba dinero, afectando principalmente a los productos no esenciales (maquillaje, spas, cines…)

El éxito del comercio venezolano ante una situación así dependerá de la rapidez con la que las empresas logren absorber esta nueva demanda y de su capacidad para ofrecer precios competitivos en un mercado que dejará de vivir de remesas para vivir del trabajo local. Deben tener la certeza de que el retorno masivo es inminente y que solo los preparados sobrevivirán al cambio.

Trump advierte al alcalde de Minneapolis de que «juega con fuego» tras negarse a aplicar la ley antiinmigración

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha advertido este miércoles al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que «está jugando con fuego» después de anunciar que no aplicará las leyes federales antiinmigración, en medio de las fuertes tensiones en la capital del estado de Minnesota tras la muerte de dos personas a manos de agentes del ICE.

«Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto después de haber mantenido una muy buena conversación con él», ha escrito en sus redes sociales.

«¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?», ha lanzado Trump, después de que Frey trasladara el martes al llamado ‘zar de las fronteras’, Tom Homan, que la ciudad no cambiará sus políticas con respecto a la inmigración.

Así, Frey destacó en un mensaje en redes sociales que abordó con Homan «los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis», al tiempo que incidió en que las autoridades locales no aplicarían las leyes que pretende la Administración Trump y que, en cambio, sí trabajarán para mantener seguros a los vecinos de la ciudad.

Veppex denuncia el traslado del Teniente Germán Varela hacia un centro de inmigración fronterizo

A comienzos del mandato del chavismo, el teniente de la Guardia Nacional venezolana Germán Rodolfo Varela López se vio obligado a huir de Venezuela después de que se opusiera y denunciara al Hugo Chavez. Tras 20 años viviendo discretamente en EE. UU., Germán enfrenta la deportación —una medida que podría costarle la vida—.

Desde entonces, Varela cumplió fielmente con las autoridades migratorias de EE. UU., crió a tres hijos, levantó un negocio y se mantuvo alejado de la política. En 2005, un juez de inmigración estadounidense determinó que devolverlo a Venezuela probablemente resultaría en tortura o muerte, y le otorgó protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Sin embargo, actualmente, Varela se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), primero en Tennessee y ahora en centro de detención Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss, El Paso, Texas, tras ser detenido en noviembre de 2025, enfrentando una posible deportación.

En este marco, la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha denunciado que esto representa un peligro para el teniente. En concreto, VEPPEX expresa:

VEPPEX denuncia el traslado arbitrario y extremadamente peligroso del Teniente Germán Rodolfo Varela López al Camp East Montana (Fort Bliss, El Paso, Texas).
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX)
Miami, Florida, Estados Unidos
Fecha: 21 de enero de 2026

Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los exiliados políticos venezolanos, expresa su más enérgica denuncia y profunda alarma por el traslado del Teniente (GN) Germán Rodolfo Varela López al centro de detención Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss, El Paso, Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Teniente Varela huyó de Venezuela hace más de dos décadas tras denunciar públicamente en uniforme el régimen de Hugo Chávez durante las protestas de Plaza Altamira (2002). En 2005, un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección definitiva bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), al determinar que su retorno a Venezuela lo expondría a un riesgo sustancial de tortura o muerte.

Durante estos 20 años, el Sr. Varela ha cumplido fielmente todas sus obligaciones migratorias, ha formado una familia (tres hijos), establecido un negocio y contribuido positivamente a la sociedad estadounidense sin involucrarse en actividades políticas.

A pesar de ello, fue detenido en noviembre de 2025 y recientemente trasladado al Camp East Montana.

Este traslado es de extrema gravedad por las siguientes razones:

  1. Condiciones inhumanas y abusos graves en el centro: Camp East Montana, un campamento de carpas en el desierto, ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, la ACLU y medios independientes por abusos físicos y sexuales por parte de guardias, uso excesivo de fuerza (golpizas, asfixia, lesiones), negligencia médica severa, negación de atención sanitaria, hambre, condiciones insalubres, falta de acceso efectivo a abogados y al menos tres muertes en custodia en las últimas semanas (algunas bajo investigación por posible homicidio). Estas violaciones sistemáticas ponen en riesgo inminente la vida, la integridad física y la salud del Teniente Varela.
  2. Riesgo de violación del principio de no devolución (non-refoulement): Las autoridades migratorias pretenden deportarlo a un tercer país como México, lo que podría derivar en un refoulement en cadena hacia Venezuela, donde enfrenta persecución mortal por su historial como disidente militar. Esta acción contraviene las obligaciones de Estados Unidos bajo la CAT y el derecho internacional.
  3. Precedente alarmante para miles de venezolanos protegidos: El caso del Teniente Varela abre la puerta a un precedente peligroso para otros exiliados venezolanos amparados bajo CAT u otras formas de protección.

VEPPEX hace un llamado urgente a la Administración estadounidense, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a ICE, al Congreso (particularmente a representantes de Texas y Florida), a la ACLU, a organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública internacional para que intervengan de inmediato y eviten una tragedia irreparable.

No permitiremos que la persecución política venezolana se extienda a territorio estadounidense mediante detenciones y deportaciones encubiertas.

José Antonio Colina
Presidente.
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
@JoseColinaP.
En Dios Confiamos.

Trump lamenta que haya «demasiada atención mediática» en Minnesota al ICE y poca a los «políticos corruptos»

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha lamentado este lunes que existe «demasiada atención mediática sobre el ICE», el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por su actuación en Minnesota, mientas que no se le da la «suficiente atención» a la presunta red de tramas fraudulentas en las que, según el mandatario, «políticos corruptos» robaron «asombrosas sumas de dinero».

«En Minnesota, se presta demasiada atención mediática al ICE», ha aquejado Trump en redes sociales, ante las protestas contra las redadas del servicio antiinmigración, especialmente enardecidas después de que un agente matara a tiros a la estadounidense Renee Nicole Good hace menos de dos semanas.

En este sentido, ha defendido las actuaciones de la agencia, argumentando que «ha expulsado a algunos de los peores asesinos y criminales del mundo, a personas que entraron a nuestro país gracias a la horrenda política de fronteras abiertas del corrupto [expresidente] Joe Biden».

Estas declaraciones llegan en un momento en el que las críticas al ICE se han centrado también en la sexta muerte de un migrante bajo custodia del servicio, que anunció en la víspera el presunto suicidio de un hombre nicaragüense detenido en Minnesota y trasladado a unas controvertidas instalaciones del ICE en El Paso, Texas, que aglutinan la mitad de los fallecimientos registrados en lo que va de año.

En cambio, Trump ha alegado que «no se presta suficiente atención a las asombrosas sumas de dinero robadas al estado por políticos corruptos de Minnesota», refiriéndose de este modo a las presuntas tramas de fraude fiscal en este estado, por las que las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones por el supuesto desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social.

En concreto, una de las redes presuntamente corruptas estaría vinculada a la diáspora somalí de Minnesota, que ha sido diana de Trump en reiteradas ocasiones en el marco de su retórica antimigratoria, pese a que en esta ocasión no ha aludido explícitamente a la citada comunidad.

La Fiscalía General de EE. UU. no investigará por ahora al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis

El fiscal general adjunto de EEUU, Todd Blanche, ha manifestado este domingo que su oficina no tiene intención de investigar por el momento al agente federal de inmigración que mató a tiros a Renee Good el pasado 7 de enero al insistir, siguiendo la versión oficial, que el agente actuó en defensa propia porque la mujer intentó atropellarle con su vehículo.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado por contra que lo ocurrido fue un «asesinato injustificado» y que los vídeos del incidente demuestran que Good en ningún momento intentó usar su vehículo contra el agente.

«Nosotros no vamos a investigar cada vez que un agente se defiende frente a alguien que pone su vida en peligro», ha indicado Blanche en declaraciones a Fox News. «Nunca lo hacemos y nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en Minneapolis», ha indicado el fiscal general adjunto.

En este sentido, Blanche ha asegurado que no cederá a las «presiones» del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien ha pedido la apertura de esta investigación y la colaboración, hasta ahora inexistente, entre el Departamento de Justicia y la Policía local para compartir información sobre el incidente.

«Investigaremos cuando sea apropiado investigar y este no es el caso. No era el caso cuando ocurrió y no es el caso hoy», ha indicado Blanche. «Si las circunstancias cambian, lo haremos, pero no vamos a ceder. Si llega la hora, lo haremos, pero esa hora no ha llegado», ha indicado.

EE. UU. dice haber revocado más de 100 000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

La Administración de Donald Trump ha asegurado este lunes que ha revocado más de 100 000 visados desde que el presidente estadounidense volvió a la Casa Blanca a una semana de que cumpla un año en el poder, en el marco de su política antimigratoria.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha indicado a través de su perfil en la red social X que esta medida «incluye unos 8.000 visados de estudiante y 2.500 visados especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad del país por actividades delictivas».

«Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos», ha añadido la cartera ministerial encabezada por Marco Rubio.

De hecho, su portavoz, Tommy Pigott, ha asegurado que han anulado los permisos de «miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol».

EE. UU. ofrece más de USD$ 3.000 a cada extranjero sin documentación que se «autodeporte» antes de 2026

El Gobierno de EE. UU. ha anunciado una bonificación valorada en USD$ 3.000 y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.

«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.

Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a «autodeportarse» a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los USD$ 1.000 anunciados en mayo con la misma finalidad.

De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado «voluntariamente», incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.

Cabe señalar que la Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona ronda los USD$ 17.000, según recoge Bloomberg.