El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Joseph B. Edlow, ha anunciado este viernes la suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes tras el ataque con disparos contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca de este miércoles —por el que una de ellos ha fallecido este jueves— supuestamente perpetrado por un afgano.

«El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad», ha indicado Edlow en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha anunciado poco antes que suspende «inmediatamente» la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han incidido que el país norteamericano «no tiene mayor prioridad que proteger a (nuestra) nación y a (nuestro) pueblo».

«El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de EE. UU.», ha declarado la institución en un mensaje emitido en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente Trump ha relacionado este suceso con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó «traído por la anterior administración», la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibanes. «En su mayor parte, no los queremos. Entran ilegalmente», ha denunciado.

Este mismo viernes, Trump ha mostrado su intención de «pausar permanentemente» la inmigración desde «todos los países del tercer mundo» en un plan que incluirá eliminar «millones de admisiones ilegales» durante el mandato de su predecesor.

«Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación», ha aseverado, antes de definir esa «situación», en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una «disfunción social» provocada, según él, por la carga de refugiados y la población migrante, que sería «mucho mayor» que las cifras oficiales.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este jueves su intención de «pausar permanentemente» la inmigración desde «todos los países del tercer mundo» en un plan que incluirá eliminar «millones de admisiones ilegales» durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, y expulsar a «cualquiera que no sea un activo neto para EE. UU. o que sea incapaz de amar» al país norteamericano.

«Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden (…) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para EE. UU. o que sea incapaz de amar a nuestro país», ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en la red Truth Social.

En esa misma publicación, ha asegurado que eliminará «todas las ayudas y subsidios federales» para quienes no sean estadounidenses y que «desnaturalizará» a los migrantes que «socaven la tranquilidad nacional». «Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental», ha agregado.

«Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación», ha aseverado, antes de definir esa «situación», en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una «disfunción social» provocada —a su juicio— por la carga de refugiados y la población migrante, que sería «mucho mayor» que las cifras oficiales.

La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este jueves que revisará los permisos de residencia permanente de extranjeros procedentes de «países de especial preocupación» tras el tiroteo perpetrado a manos de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

«Bajo la dirección del presidente, he ordenado una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde para cada extranjero procedente de un país de especial preocupación», ha señalado el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Joseph B. Edlow.

En este sentido, ha indicado que «la protección» de EE. UU. y de la población «sigue siendo primordial». «El pueblo estadounidense no asumirá el coste de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior», ha agregado.

Edlow, sin embargo, no ha especificado qué países son de ‘especial preocupación’, si bien la cadena CNN ha adelantado que se trataría de los 19 países que aparecen en la orden ejecutiva del pasado mes de junio sobre restricciones de entrada a EE. UU., entre los que se encuentran Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen.

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha acusado este mismo jueves al sospechoso, identificado como Rahmanulá Lajanwal, de tres cargos de agresión con intención de matar y uno por posesión ilegal de armas por disparar a plena luz del día contra los dos agentes, que permanecen en estado crítico.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) ha confirmado que el sospechoso del tiroteo —que se trasladó desde su domicilio en el estado de Washington hasta la capital del país— trabajó con una unidad militar de Kandahar respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán. Las autoridades habían descartado cualquier vínculo con el terrorismo antes de su entrada a territorio estadounidense.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la capital, Washington, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen impulsada por la Administración Trump en la ciudad, y que ha expandido a otros lugares del país.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha anunciado este lunes el despliegue de agentes por parte del Departamento de Justicia para proteger las instalaciones del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, en inglés), en el marco de una «Fuerza Especial de Protección» destinada a «arrestar a agitadores violentos» y facilitar su procesamiento legal con las imputaciones más graves posibles a nivel nacional.

«El Departamento de Justicia está desplegando agentes para proteger las instalaciones de ICE, arrestar a agitadores violentos in situ y presentar los cargos federales más fuertes posibles», ha declarado Bondi en una publicación en la red social X en la que ha prometido que «el Estado de derecho prevalecerá».

La fiscal ha añadido como muestra de ello un memorando remitido a los dirigentes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshals —la Policía federal de EE. UU.— «dejando claro que no se tolerará la violencia contra los agentes federales».

La circular, que comienza citando al presidente de EE. UU., Donald Trump, esboza «nueva era de violencia política extrema que es la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar discursos opuestos», así como «limitar la actividad política, cambiar o dirigir los resultados de las políticas e impedir el funcionamiento de una sociedad democrática».

«Los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un aumento de más del 1000% en los ataques contra agentes del ICE desde el 21 de enero de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado», ha citado Bondi en una lista de ejemplos que incluye ataques a coches y concesionarios de Tesla, el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk este septiembre y, anteriormente, los intentos contra Trump, aunque no otros más recientes como el atentado que mató a la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido en junio.

La fiscal general ha denunciado que este fin de semana, mientras el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, vilipendiaban a los agentes de ICE, tildándolos de nazis y policías secretos, más de 200 alborotadores bloquearon el acceso a una de las puertas frente a un centro de procesamiento de ICE en el área de Chicago, coreando consignas como ‘Arresten al ICE, disparen al ICE’ e intentando invadir propiedad federal de forma forzosa e ilegal».

Ante ello, ha prometido que su cartera «se mantendrá firme cuando los agentes federales de las fuerzas del orden sean atacados o amenazados por cumplir con su deber», y ha ordenado a las agencias vinculadas al Departamento «que ordenen de inmediato a todos los oficiales y agentes necesarios que defiendan las instalaciones y al personal del ICE cuando y dondequiera que sean atacados, incluso en Portland y Chicago». Estos agentes, ha anunciado, conformarán una «Fuerza Especial de Protección del ICE».

Un tribunal federal de apelaciones en EE. UU. ha respaldado la decisión tomada por la Administración de Donald Trump de finalizar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así un recurso presentado por organizaciones pro derechos de los inmigrantes.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha anulado así una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, que había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada «libertad condicional» migratoria que permitía la estancia temporal en el país de unos 430.000 extranjeros.

Talwani había sostenido que Noem actuó fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces del circuito —todos designados por presidentes demócratas— concluyó que los demandantes no lograron probar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.

En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados ante un difícil escenario, al tener que decidir entre regresar a países con altos niveles de inseguridad o permanecer en EE. UU. en situación irregular, expuestos a detenciones y deportaciones. Sin embargo, subrayó que este impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar dicha decisión.

Asimismo, ha descartado el argumento presentado por Talwani sobre que la medida de Noem fue adoptada de forma «arbitraria y caprichosa». «No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada», ha dicho.

«Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena», zanja el documento publicado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha respaldado este lunes la iniciativa del presidente del país, Donald Trump, de que las fuerzas de seguridad detengan a migrantes en California basándose en su idioma u ocupación, a pesar de que tribunales inferiores habían prohibido temporalmente esta orden alegando que se estaba violando la Constitución.

El alto tribunal no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, ha indicado que las circunstancias que los agentes estaban considerando «en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en EE. UU.».

«Es importante que una sospecha razonable solo significa que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo y preguntarle sobre su estatus migratorio», ha manifestado, antes de emprender una discusión más amplia sobre la migración, según ha informado CNN.

En un voto contrario, la jueza Sonia Sotomayor ha criticado la orden por permitir que el gobierno federal continúe arrestando a personas en función de su apariencia o trabajo.

«En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo», ha agregado. Las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson también han firmado el texto.

Sotomayor también ha sostenido que la orden del Supremo «es preocupante por otra razón: carece totalmente de explicación». «En los últimos ocho meses, el deseo de este tribunal de eludir el proceso ordinario de apelación e intervenir en asuntos importantes ha crecido exponencialmente», ha lamentado.

La Administración Trump instó al tribunal a una intervención de emergencia, calificando la orden de un tribunal inferior de «camisa de fuerza» para los esfuerzos del Gobierno en el marco de su política migratoria.

La jueza federal de distrito Maame Ewusie Mensah Frimpong —designada por Joe Biden— impuso los límites en julio, después de que un grupo de personas detenidas presentaran una demanda por lo que denunciaron como «patrullas itinerantes» inconstitucionales en Los Ángeles.