Falleció un empresario preso en Sabaneta víctima de tratos inhumanos tras las rejas

Caracas. – Ricardo Ramírez Thiel, empresario zuliano y quien se encontraba preso desde 2018, falleció este pasado domingo bajo custodia del narcoestado chavista en el retén de Sabaneta (Zulia), debido a las precarias condiciones de salud en la cual se encontraba.

A pesar de no estar considerado como un rehén político, según sus allegados, durante su reclusión enfrentó malos tratos y restricciones en el ingreso de alimentos y medicamentos, lo que habría contribuido al deterioro de su salud en los últimos días sin que se le concedieran medidas humanitarias o beneficios procesales, pese a que su condición se había vuelto crítica.

Ramírez Thiel era propietario de una compañía aduanera con operaciones en Puerto Cabello, dedicada al transporte marítimo hacia Colombia. En 2018 fue señalado públicamente por el entonces fiscal general, Tareck William Saab, como presunto vinculado a un caso de contrabando de gasolina en Táchira.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, el Juzgado 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó orden de captura en su contra por los presuntos delitos de tráfico de materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El suceso ha reavivado las demandas por esclarecimiento de las condiciones de reclusión y por una investigación independiente que arroje luz sobre las circunstancias de su muerte y posibles responsabilidades institucionales, mientras las autoridades chavistas aún no han ofrecido información oficial detallada.

Carta Pública al Honorable Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE. UU.

Estimado Secretario Rubio:

Me dirijo a usted como Leroy Garrett, articulista en ContraPoder News y sobreviviente directo del que hemos denominado “Holocausto petrolero”: el paro cívico y huelga petrolera de diciembre 2002 a febrero 2003, que el régimen chavista etiquetó como “sabotaje empresarial y petrolero” para justificar despidos masivos, persecuciones, confiscaciones de propiedades y negación de derechos laborales a miles de trabajadores que ejercíamos un derecho constitucional a la protesta pacífica.

La reciente promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero de 2026), firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y refrendada por el gabinete, representa un paso aparente hacia la reconciliación. Sin embargo, como víctima de la persecución política que esta ley pretende “sanar”, debo señalar que mantiene y perpetúa una narrativa unilateral chavista que criminaliza exclusivamente a la oposición, sin autocrítica ni reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante 27 años.

Esta ley amnistía “hechos” como el paro petrolero de 2002-2003 (Artículo 8, numeral 2), equiparándolo a un delito de sabotaje, mientras ignora el contexto: fue una respuesta cívica legítima a la deriva autoritaria, y los trabajadores petroleros sufrimos despidos arbitrarios, confiscación de bienes y estigmatización como traidores. No hay mención a la responsabilidad estatal en esas represalias, ni a las violaciones sistemáticas documentadas por organismos internacionales.

Peor aún, no existe mea culpa oficial. No se crea una comisión de la verdad independiente que determine culpabilidades de ambos lados —ni de la oposición ni, especialmente, del oficialismo flagrante transgresor de derechos humanos—. Excluye delitos graves (Artículo 9), pero no aborda la impunidad de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y corrupción estatal.

Esta ley recuerda peligrosamente a las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina, que intentaron cerrar procesos por violaciones durante la dictadura militar, otorgando impunidad selectiva sin verdad ni justicia. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema argentina (2005) y anuladas por el Congreso (2003), por violar obligaciones internacionales de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, conforme a fallos como Barrios Altos de la Corte IDH. En Venezuela, esta ley corre el riesgo similar: parece “amnistía” pero blinda narrativas oficiales y deja impunes abusos del poder.

En cuanto a su posible uso en contra nuestra en cortes estadounidenses y la OFAC:

•  Podría invocarse para argumentar que “existe reconciliación” y justificar levantamiento prematuro de sanciones individuales o sectoriales contra exfuncionarios chavistas implicados en corrupción o represión, sin que se haya liberado a todos los presos políticos ni devuelto bienes confiscados.

•  En litigios por derechos humanos o reclamos laborales (como los de ex-PDVSA en EE.UU.), podría usarse como “extinción de acciones” (Artículo 10) para desestimar demandas civiles o penales contra el Estado venezolano, alegando que los hechos están “amnistiados”.

•  Para la OFAC, podría servir de pretexto para relajar sanciones sin condiciones estrictas (liberación total, justicia transicional, devolución de activos), beneficiando a beneficiarios chavistas mientras la oposición sigue perseguida.

Por ello, propongo urgentemente la formación de una comisión redactora multipartidista y con supervisión internacional, donde participen:

•  La Embajadora de Estados Unidos en Venezuela (o representante del Departamento de Estado).
•  Representantes de la oposición democrática, presos políticos liberados, exiliados (incluyendo víctimas del paro petrolero).
•  Voceros del gobierno interino.
•  Expertos en justicia transicional (ONU, OEA, CIDH).

Esta comisión debería redactar una ley equitativa, viable y verdadera, que incluya:
•  Sometimiento a penas y responsabilidades reales por violaciones graves (sin autoamnistías).
•  Indulgencias condicionadas a verdad, reparación y no repetición.
•  Comisión de la verdad bilateral.
•  Devolución de bienes confiscados y rehabilitación de derechos.

Secretario Rubio, su liderazgo ha sido clave en presionar por libertades en Venezuela. Le insto a no avalar esta ley como “solución” sin exigir un proceso genuino de justicia transicional. La verdadera convivencia democrática no se construye con narrativas unilaterales, sino con verdad, justicia y equidad para todas las víctimas.

Atentamente,
Leroy Garrett,
Articulista, contrapodernews.com,
Miembro del Holocausto Petrolero
Houston, Texas.
23 de febrero de 2026.

Narcotiranía informa haber recibido 1.557 solicitudes de amnistía

El presidente de la Asamblea Nacional chavista de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato», ha explicado el jerarca chavista durante un acto en Caracas recogido por medios oficiales.

Jorge ha explicado que «en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley». En este marco, La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía está atendiendo la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad.

«Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad», ha explicado.

Rodríguez ha reiterado el diálogo como medio para la construcción de la paz. «Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno», ha argüido.

El jerarca chavista ha advertido de que desde la oposición están empezando a pervertir el alcance de la ley, «a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers». «Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido», ha planteado.

Cabe señalar, sin embargo, que aunque la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el pasado 19 de febrero y ha sido publicada en Gaceta Oficial N° 6.990, muchas organizaciones y expertos han señalado que la misma no incluye a todos los presos que se encuentran en las mazmorras del chavismo, especialmente los militares patriotas que se opusieron a la dictadura.

Esperan que 379 rehenes políticos sean liberados en las próximas horas

Caracas. – Se espera que unos 379 rehenes políticos sean liberados durante este fin de semana, tal como lo anunció este pasado viernes el ilegítimo parlamentario del narcorégimen chavista, Jorge Arreaza.

Las 379 personas amnistiadas «deben ser excarceladas (…) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)», anunció en una entrevista televisiva Arreaza, quien encabeza la ilegal comisión legislativa que redactó la ley, y sigue su supuesta aplicación.

Aunque la gestión de la encargada Delcy Rodríguez, otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta nueva tanda, según lo registra la ONG Foro Penal.

La misma ONG prometió este sábado, hacer seguimiento a las liberaciones, que se esperan sean masivas. No obstante, hasta la tarde de este sábado solo se confirmaban entre dos y tres excarcelaciones llevadas a cabo el sábado.

Tras el otorgamiento de libertad plena a Juan Pablo Guanipa, muchos actores políticos, medios y analistas, confían en que finalmente el narcorégimen, bajo la tutela de Rodríguez, ceda y proceda a abrir las rejas en los principales penales del país, luego de aprobada la ley de amnistía. Y la presión ejercida por EE. UU. ha tenido que ver mucho en esto.

No obstante, expertos dudan del alcance de esta ley aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso. Pues cientos de detenidos, especialmente militares supuestamente implicados en actividades «terroristas», pero que en realidad intentaron defender su patria de la genocida dictadura chavista, pueden quedar fuera.

“Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares”, dijo a una agencia internacional de noticias, Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un presunto intento de magnicidio con drones contra Maduro.

Por su parte, Jorge Rodríguez expresó este sábado desde el ilegítimo parlamento que preside, que la ley de amnistía debe ser interpretada también como una «reconciliación» entre el narcorégimen y el pueblo oprimido, idea que desde ya sufre fuerte rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad, que adversan a la Narcotiranía que encabezó en su momento Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro.

Extraoficial: detenidos más de 30 funcionarios del CICPC por negarse a adulterar pruebas del 3 de enero

Caracas. – Más de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encontraría detenidos por negarse a alterar pruebas sobre los ataques realizados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La información fue revelada por el periodista David Placer, quien en su canal de Youtube publicó un video detallando la información, indicando que los secuestros de los efectivos de la policía científica comenzaron a ocurrir desde el 23 de enero.

Placer señala que los funcionarios policiales se encontrarían recluidos en el Rodeo I (Miranda), según lo han hecho saber, de manera extraoficial, sus familiares. quienes también alertan que han sido torturados por negarse a adulterar las averiguaciones, específicamente de los hechos ocurridos en instalaciones de Fuerte Tiuna durante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los familiares aseguran que no han recibido información oficial clara, ni explicación formal sobre las detenciones, y exigen respuestas sobre el estatus legal, las condiciones de reclusión y el debido proceso de los funcionarios.

«Los familiares, los amigos, los compañeros que han podido ver a esos funcionarios del CICPC que se encuentran visiblemente golpeados. Han sido víctimas de tortura durante sus primeros días allí en la prisión del Rodeo y por los momentos se desconoce exactamente por qué le estaban obligando a forzar las pruebas y todas las investigaciones y los datos periciales de los bombardeos de Fuerte Tiuna este 3 de enero. Se desconoce con qué propósito, para ocultar qué o para torcer qué línea de lo que ocurrió allí», explicó Placer.

El periodista mencionó a uno de los efectivos secuestrados, Johanny Luzardo, quien fuera jefe de fotografía y forense, y considerado por sus compañero de registrar una conducta intachable, por lo cual extraña que haya sido detenido.

Las detenciones iniciaron el 23 de enero, cuando los funcionarios, incluyendo a Luzardo, fueron citados a una reunión con el director del organismo, Douglas Rico. De ese encuentro salieron injustamente apresados.

Placer señala, que los funcionarios fueron acusados de tramar «un supuesto intento de asesinato a Douglas Rico, a su jefe, al jefe del CICPC».

Por los momentos, la información no ha podido ser confirmada, y se maneja de manera extraoficial. No obstante, el periodista prometió hacerle seguimiento a esta denuncia, hasta aclarar el destino y situación de los más de 30 efectivos secuestrados.

100 rehenes políticos, en su mayoría militares, iniciaron huelga de hambre en el Rodeo I

Caracas. – Unos 100 rehenes políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, estado Miranda, habrían iniciado una huelga de hambre este sábado, para presionar por sus liberaciones luego que se aprobara la Ley de Amnistía por el narcorégimen chavista, el pasado jueves.

La denuncia fue realizada por la abogada Tamara Suju, quien en su cuenta de la plataforma X publicó sobre la protesta, precisando que la «mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros».

También, la activista Elisa Trotta, en tanto, recordó que allí está “secuestrado” el gendarme argentino Nahuel Gallo, y exigió “libertad inmediata para todos ellos”.

Igualmente, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, publicó en X lo siguiente: «“Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”.

Las demandas se centran en exigir libertad y rechazar la aplicación restringida de la ley de amnistía. “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló más temprano Romero.

Mientras, el penal El Rodeo I permanece con acceso restringido y, según testimonios ofrecidos a distintos medios, las autoridades no proporcionan información oficial ni permiten visitas familiares en este momento.

Esta protesta se realiza unos días después que los familiares de los presos políticos en los alrededores del Comando de la Policía Nacional en Boleíta, conocido como Zona 7, culminaran el jueves una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos.

Extraoficial: EE. UU. estaría exigiendo a Delcy Rodríguez entregar a siete figuras claves, comenzando por «Nicolasito»

Caracas. – EE. UU. habría exigido a la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, la entrega de siete fichas importantes del chavismo incluyendo al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, alias «Nicolasito», según lo reveló el periodista español David Alandete.

De acuerdo con el periódico español ABC, la Casa Blanca exige cooperación en las investigaciones que se siguen contra «Nicolasito», el exvicepresidente detenido por la trama Pdvsa-Cripto, Tareck El Aissami y una lista integrada por: Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López, Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares.

De acuerdo con el artículo, EE. UU. considera a Maduro Guerra una persona con amplio conocimiento del entramado de corrupción y tráfico de drogas que supuestamente habría dirigido su padre, Nicolás Maduro Moros.

Lo que EE. UU. estaría pidiendo a Delcy Rodríguez no sería la extradición de “Nicolasito” ni de los otros ocho presuntos involucrados, sino el acceso a documentación que permita indagar en su presunto conocimiento de las redes criminales presuntamente operadas desde el chavismo.

Desde Washington piden acceso a entrevistas, registros financieros y una verificación conjunta, evitando mencionar la palabra extradición, un término prohibido por la Constitución venezolana.

Según Alandete «se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país, también su captura, como ocurrió con Saab, detenido en Cabo Verde en 2020».

También, indica que la lista de señalados «no es pública», y además, el acuerdo con las autoridades estadounidenses «se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado».

También, el periodista español indicó, que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, piezas clave del chavismo y aliados del expresidente Nicolás Maduro, estarían fuera de la lista debido a “un cálculo operativo” de la Casa Blanca. 

Veppex rechaza la mal llamada «Ley de Amnistía y Reconciliación» aprobada por la Asamblea Nacional

Esta semana, la Asamblea Nacional chavista, encabezada por el jerarca del genocida narcorégimen que somete a Venezuela, Jorge Rodríguez, aprobó una supuesta Ley de Amnistía, en la que decía venir trabajando para liberar a los presos políticos e ir a una reconciliación nacional.

No obstante, el panfleto presentado y aprobado por el chavismo no contempla la liberación de absoutamente todos los presos, especialmente los militares disidentes, además de ignorar la gran cantidad de irregularidades que se han presentado en los procesos penales y, por tanto, mantienen cautivos en sus mazmorras a muchos venezolanos.

Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un comunicado de rechazo categórico a lo aprobado por la Asamblea chavista, por considerarla no genuina y discriminatoria.

El comunicado en concreto expresa:

«Comunicado oficial de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
Miami, Florida – 20 de febrero de 2026

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), fundada en 2008 para dar voz y protección a miles de venezolanos víctimas de la persecución política del régimen chavista y sus herederos, rechaza categóricamente la denominada “Ley de Amnistía y Reconciliación” recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Esta ley, presentada como un gesto de reconciliación nacional tras décadas de represión, no es completa ni genuina. Lejos de representar un verdadero acto de justicia y reparación para las víctimas del autoritarismo, constituye una medida parcial, selectiva y discriminatoria que deja fuera a uno de los sectores más golpeados por la persecución política: los militares venezolanos perseguidos, presos y exiliados.Durante más de 25 años, el régimen ha utilizado sistemáticamente los delitos de rebelión, conspiración, homicidio y terrorismo como instrumentos para criminalizar falsamente a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la destrucción de la democracia, al robo de elecciones, a la represión violenta y al saqueo del país.

 Estas acusaciones han sido fabricadas en procesos judiciales sin garantías, con pruebas inexistentes o manipuladas, y han servido para justificar detenciones arbitrarias, torturas, exilios forzados y la separación de familias enteras.La ley aprobada excluye o limita gravemente la amnistía para quienes han sido acusados precisamente de estos delitos —conspiración, homicidio y terrorismo—, que son los cargos más recurrentes y falsos utilizados contra los militares políticos. De esta forma, se perpetúa la injusticia contra un grupo numeroso de presos políticos y exiliados que han pagado con su libertad y su vida el precio de defender la Constitución y el pueblo venezolano.

VEPPEX exige:

Una amnistía plena, irrestricta y sin exclusiones que abarque todos los delitos políticos imputados desde 1999 hasta la fecha, incluyendo expresamente rebelión, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, homicidio en contexto político y terrorismo de Estado imputado a las víctimas.

La liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, sin condiciones ni distingos.
El retorno seguro de los exiliados políticos con plenas garantías de no persecución.La investigación independiente y sanción de los verdaderos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo a quienes han fabricado causas penales contra inocentes.

No aceptaremos medias tintas ni leyes que pretendan blanquear la impunidad de los victimarios mientras mantienen en la sombra a las verdaderas víctimas. La reconciliación nacional solo será posible cuando se haga justicia real, no cuando se perpetúe la discriminación contra quienes más resistieron al régimen.

José Antonio Colina,
PresidenteOrganización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX),
En Dios Confiamos.»

Rick Scott advirtió a la Narcotiranía chavista que rehenes políticos debían ser liberados

Caracas. – El senador republicano Rick Scott, envió este viernes una serie advertencia al narcorégimen chavista, al recordarle en un mensaje que el trato acordado es liberar, sin excepción, a todos los rehenes políticos a más tardar este mismo 20 de febrero.

Así lo aseguró en su cuenta de la red social X, en la cual respondió y felicitó la liberación del dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien recibió definitivamente libertad plena, luego que la Narcotiranía aprobara la ley de amnistía.

En el mensaje Scott publicó: “Me alegra saber que [Juan P. Guanipa] está libre, pero no era el único detenido injustamente por el brutal régimen de Maduro. Todos los presos políticos inocentes deben ser liberados sin condiciones, HOY.”

La declaración del senador republicano reafirma las demandas internacionales y de sectores de la oposición venezolana para que la amnistía no se limite a casos puntuales, sino que abarque a todos los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Rumores difundidos por redes sociales hablan sobre las presuntas negociaciones, presiones y órdenes, que la cúpula dirigida por Delcy Rodríguez estaría recibiendo desde la captura de Nicolás Maduro, para liberar a todos los rehenes políticos en el país.

Algunas de estos datos extraoficiales y no confirmados, hablaban de un lapso de tiempo determinado que se refería incluso al pasado viernes 13 de febrero, día en el cual se esperaba fueran excarceladas las víctimas, tal como lo había prometido Jorge Rodríguez, quien preside el ilegítimo parlamento chavista.

Ahora, Scott parece apuntar que ese lapso vencía este viernes 20, y que podría haber estado secundado por un pacto, en el cual se contemplaba sacar de los centros de torturas a más de 600 ciudadanos ilegalmente privados de libertad.

Magalli Meda denunció que 16 esbirros allanaron e incautaron su vivienda en Caracas

Caracas. – La coordinadora política del partido Vente Venezuela, Magalli Meda, denunció este viernes, que 16 esbirros armados irrumpieron violenta e ilegalmente durante la noche del jueves en su casa en Caracas, donde dejaron colocados carteles con los mensajes “Asegurado” e “Incautado”.

A través de su cuenta en X, Meda aseguró que los hombres llegaron en seis camionetas y entraron a la residencia para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Al parecer, el objetivo era sustraer pertenencias y tomar control del inmueble.

«¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones? (…) El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón'», expuso Meda en su publicación, quien está considerada como la mano derecha de María Corina Machado.

Meda, quien se encuentra en el exilio tras permanecer asilada en la Embajada de Argentina, detalló que el grupo estuvo durante varias horas dentro de la vivienda. La dirigente «opositora» alertó sobre la naturaleza del procedimiento. Aseguró que los hombres entraron con el objetivo de destruir, robar o “sembrar” elementos que justifiquen acciones legales posteriores. Esta práctica es común en operativos contra figuras de la disidencia venezolana que actualmente residen fuera del país por razones de seguridad.

«Esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte» advirtió finalmente.