Caracas. – Familiares de los presos políticos postelectorales denuncian ser víctimas de amenas por parte de la tiranía, debido a las denuncias que han realizado sobre las delicadas situaciones de salud, por la cual atraviesan muchos de los secuestrados en los diversos penales del país.

La advertencia fue publicada en sus redes sociales, por la ONG Comité por la libertad de los presos políticos (CLIPPVE), información en la cual exponen que las madres y demás allegados de estos ciudadanos, reciben amenazas de funcionarios del narcorégimen, para que no denuncien más los problemas de salud que estos confrontan, en las cárceles de Yare, Tocuyito, Tocorón y demás penales en los cuales se encuentran.

Según la ONG, los familiares son intimidados «con quitarles las visitas, empeorar las condiciones inhumanas de reclusión y dejar que se vuelva más crítica las patologías que muchos padecen».

Pero, por si fuera poco, a los presos políticos los amedrentan diciéndoles «que no saldrán nunca en libertad y morirán en prisión».

Caracas. – Una carta con un mensaje desgarrador, en el cual advierte con poner fin a su existencia de continuar tras las rejas, entregó la estudiante Mariana González, secuestrada durante las protestas postelectorales, a sus familiares.

El mensaje, debido a lo impactante, se viralizó en las redes sociales este martes, ya que la madre de la joven estudiante de bachillerato decidió dar a conocer al texto para exponer el peligro, que su hija corre tras los barrotes de una celda.

“Si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mí misma. Ya no puedo más. Siento que ya no puedo más, y que me quedo sin fuerzas, sin ganas de vivir, porque vivir ¿para qué?”, reza parte del mensaje, que escrito en un papel González hizo llegar a su madre.

También revela sentirse «muy cansada y agotada», además de no poder más «con este proceso tan horrible». González le dice a su madre, que esta sabe que se encuentra detenida por «algo que no hice, tu sabes que soy inocente mami».

Cabe señalar que la adolescente fue interceptada por funcionarios el pasado 29 de julio, cuando regresaba con su novio de comer perros calientes y la trasladaron al fuerte Paramacay brigada 41, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas.

Actualmente, está recluida en ese comando policial acusada injustamente de “terrorismo, incitación al odio y destrucción de la vía pública”.

Sus familiares ya han advertido que la adolescente ha amenazado con suicidarse, debido a las agresiones sufridas por parte de otras presas, así como por el acoso de los custodios del lugar.

Ya se han registrado al menos tres casos, de jóvenes secuestradas injustamente, que han atentado contra sus vidas tras ser injustamente encarceladas.

Caracas. – La relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, advirtió que la Ley Bolívar aprobada por el chavismo recientemente será empleada para perseguir tanto a los opositores al régimen en general, como a todos los activistas por la paz y los Derechos Humanos.

La funcionaria explicó, a través de un mensaje publicado en la red social X, que la ley contempla castigos penales y administrativos, como es el caso del artículo 23, contra personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros que pidan o apoyen sanciones contra Venezuela.

“El artículo crea un ‘registro con carácter nacional’ para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche ‘estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado’, e impone ‘medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo’ para mitigar el ‘perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población’”, señaló Romero en su publicación.

También, alertó que «este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil».

Cabe señalar que la Ley Bolívar aprobada por la ilegítima AN chavista establece, entre otras medidas, cárcel de 25 a 30 años; inhabilitaciones políticas hasta 60 años y juicios en ausencia. Además, plantea un “castigo” para los medios de comunicación que difundan mensajes «de apoyo» a sanciones.

En este sentido, «establece que los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de sanciones serán multados con la revocatoria de la concesión y un monto en bolívares equivalente a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela».