Caracas. – Al menos dos afectos al narcochavismo, y un hijo del exdirector de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, figuran entre los 12 integrantes de la «sociedad civil», que este jueves fueron elegidos por la ilegítima AN chavista, para que formen parte del comité de postulaciones judiciales que designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Estos doce integrantes deberán trabajar en conjunto con 11 parlamentarios ilegales, que forman parte de la AN chavista, para seleccionar a los jueces con los que se pretende renovar el TSJ a fin a la Narcotiranía.
La ONG Transparencia Venezuela desglosó, en una publicación en sus redes sociales, la conformación de este nuevo grupo de 12 representantes, sobre los cuales concluyó que «2 presentan vínculos identificados con el oficialismo; 9 no tienen vínculos políticos identificados en los perfiles disponibles y 1 no cuenta con información suficiente para establecerlo».
Uno de los afectos al narcorégimen es Rosmely del Valle Flores Parra, quien «trabajó en el Ministerio de Comunas desde 2006 y estuvo en la nómina de la Asamblea Nacional entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. Estos antecedentes sustentan su clasificación como vinculada al oficialismo».
El otro fue identificado como Anthony Gerard Pérez Negrón «abogado, profesor de la UCV y exjuez penal. Ingresó a la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en octubre de 2018. También ha participado en eventos de instituciones controladas por el oficialismo, según sus redes sociales».
Clara Inés Casanova (Federación de Colegios de Abogados); Nancy Clara Castro de Varvaro (exfiscal y profesora de la UCAB); Yrma del Valle Pazos Grau (abogada); María Luisa Chacón (jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas); Mauro Manuel Herrera Gutiérrez (cardiólogo), Raquel Yadxani Sánchez Carrero (coordinadora del Foro Penal en Táchira); Juan Domingo Alfonso Paradisi (abogado y directivo de organizaciones empresariales); Guillermo José Guzmán Mirabal (abogado, historiador y profesor de la UCAB), y Guillermo Tell Aveledo (politólogo, decano de la Unimet, e hijo de Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la MUD), son los otros nueve elegidos para el comité de postulaciones.
Una décima integrante es Mairim Girlens Ruíz Ramos, quien según Transparencia Venezuela cuenta «con trayectoria en cargos judiciales y notariales, pero sin información suficiente para establecer su vínculo político».
Algunos analistas políticos, como es el caso del historiador Daniel Lara Farías, ha criticado la inclusión del hijo de Guillermo Aveledo en el grupo, por considerar que sus decisiones serán afines al narcorégimen, tal como lo hizo su padre cuando fue secretario general de la MUD, quien apoyó políticas y medidas que contribuyeron a mermar la presión contra la cúpula de Maduro en su momento, permitiéndoles ganar tiempo y prolongar, con ello, su estadía frente al poder que usurpaban.
La ONG adelanta, que estos nombres deberán unir esfuerzos con los ilegítimos parlamentarios del PSUV Giuseppe Alessandrello, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, María Gabriela Vega, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana García; así como con los también írritos diputados Pablo Pérez (Unión y Cambio), Luis Florido (UNT) y Félix Freites (FV), para elegir a los nuevos jueces.
La Asamblea Nacional escogió este #22Oct a 12 integrantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales. Junto a 11 diputados, tendrán la tarea de seleccionar a los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Caracas. – El jerarca narcochavista Tareck El Aissami, quien este pasado miércoles reapareció durante la audiencia del caso Pdvsa-Cripto para fijar posición sobre su situación judicial se negó a abandonar la nacionalidad venezolana, y también advirtió sobre el riesgo de poder ser extraditado hacia EE. UU.
Sus declaraciones ante el tribunal las dio a conocer el periodista de Últimas Noticias, Eligio Rojas a través de su cuenta en la red social X. “Quiero dejar constancia que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen, y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, aseveró el corrupto exministro de Petróleo del chavismo durante su presentación.
El pronunciamiento de El Aissami ocurre en medio del desarrollo de la causa penal por la cual permanece privado de libertad desde abril de 2024, investigación que involucra desvío de recursos mediante la comercialización irregular de crudo y operaciones con criptoactivos.
El Aissami enfrenta un proceso judicial por el desfalco de, al menos, USD$ 5 mil millones cometido en Pdvsa, aunque esas son simplemente las cifras oficiales, porque investigaciones de señalan que, en realidad, son más de USD$ 21000 millones.
Las investigaciones también han derivado en nuevas imputaciones contra el otrora dirigente del narcorégimen, que logró amasar una gran cuota de poder y fortuna mal habida. De acuerdo con reportes periodísticos, la Fiscalía incorporó acusaciones por presunta apropiación o distracción de recursos, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.
Tras las deportaciones del exministro Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, y del empresario Álvaro Pulido hacia suelo estadounidense, aumentan los rumores, sobre que el próximo en ser entregado a las autoridades norteamericanas sería El Aissami.
Sobre la cabeza de El Aissami pesa una recompensa de USD$ 10 millones ofrecida por el Departamento de Estado, que lo persigue por narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones.
Caracas. – Con una convocatoria bastante pobre en cuanto a asistencia, el PSUV y el narcorégimen chavista interino intentaron, este jueves, demostrar presencia en las calles de Caracas, bajo la excusa de celebrar el «mes rosa».
La movilización fue iniciativa de Diosdado Cabello, quien eligió justamente el mismo día, en el cual seguidores de María Corina Machado decidieron salir también a las calles, pero para exigir una fecha de elecciones presidenciales y el retorno al país de la dirigente política.
Analistas, activistas e internautas en general advirtieron, en redes sociales, que la idea de Cabello solo tenía como objetivo provocar a la facción «opositora» en las calles, lo cual no llegó a ocurrir afortunadamente.
No obstante, muchos comentarios, también en plataformas digitales, coincidieron en concluir que no hubo alteraciones ni enfrentamientos, porque la asistencia al llamado de Cabello fue realmente bajo.
El dirigente chavista, si bien asistió un momento a la actividad que él mismo planificó, fue captado por las cámaras oficialistas con tomas cerradas, para intentar hacer creer que Cabello caminaba en medio de una gran multitud.
Tal como ocurrió en 2024, durante las elecciones presidenciales, tomas realizadas por habitantes de la zona donde se desarrolló la concentración Chavista, como lo fue Plaza Venezuela, revelaron finalmente la pobre movilización lograda por el narcochavismo.
La actividad comenzó horas antes de la marcha organizada por los seguidores de Vente Venezuela. Pero, mucho antes de las 4:00 pm, los chavistas se disiparon finalmente, sin lograr haber dejado muestra de su presencia en la zona.
Los comentarios en redes también indicaron, que hubo más tarimas que gente en la actividad del PSUV, debido a que no lograron concentrar gente.
«3:28 PM: Convocatoria de Diosdado en su fase final: las tarimas superan en tamaño a la multitud y los empleados públicos ya rompen filas para buscar sombra y transporte. El libreto se repite, pero la calle ya ni disimula el vacío», señala una de las publicaciones.
📍 Caracas | 3:28 PM: Convocatoria de Diosdado en su fase final: las tarimas superan en tamaño a la multitud y los empleados públicos ya rompen filas para buscar sombra y transporte. El libreto se repite, pero la calle ya ni disimula el vacío. 🎭📉 pic.twitter.com/rlFmaBxBAb
«Se terminó la Concentración del Fracaso de Diosdado Cabello. 4:20 pm Plaza Venezuela Caracas Venezuela. Perdieron la calle hace tiempo pero ahora perdieron a los trabajadores públicos que obligaban a marchar. Pronto Venezuela será Libre de Parásitos, Alimañas, Meretrices, Alacranes, Narcos, Terroristas, Corruptos y Jala Bolas. Vamos todos a la calle», señaló en otra publicación el analista político Esteban Gerbasi.
Se terminó la Concentración del Fracaso de Diosdado Cabello 4:20 pm Plaza Venezuela Caracas Venezuela. Perdieron la calle hace tiempo pero ahora perdieron a los trabajadores públicos que obligaban a marchar. Pronto Venezuela será Libre de Parásitos, Alimañas, Meretrices,… https://t.co/AXmgiNWoplpic.twitter.com/lxdIWZkrsr
Caracas. – Para protestar contra la Narcotiranía chavista, exigir la celebración de elecciones presidenciales, y el regreso de María Corina Machado al país, cientos de venezolanos tomaron las calles de Caracas este jueves, otras ciudades a nivel nacional y también en otros países.
La convocatoria, impulsada por Machado y su partido Vente Venezuela, contempló concentraciones en distintas entidades del país, en una jornada que busca expresar el reclamo ciudadano por el restablecimiento de las garantías democráticas y la definición de una ruta electoral.
La movilización coincidió con el tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, en las que Machado resultó electa como candidata presidencial de la oposición.
Por ejemplo, desde La Haya, en Países Bajos, la activista venezolana Zulima Quiñones se refirió a la jornada y aseguró que se exige la libertad de todos los presos políticos civiles y militares de Venezuela, las víctimas de desaparición forzada y la libertad del país.
Sobre el tema de elecciones y las negociaciones con el régimen, una de las manifestantes que acompañó a Quiñones, reclamó que “no hay condiciones para elecciones democráticas en Venezuela”. En Caracas, la convocatoria de Vente Venezuela, tuvo como punto de encuentro la torre Polar de Plaza Venezuela a las 4:00 pm. Además de Caracas, la convocatoria incluye concentraciones en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y La Guaira.
Entre las principales exigencias de la jornada figuraron la publicación de un calendario electoral que establezca las condiciones y fechas para unos comicios presidenciales en 2027, así como el retorno de Machado a Venezuela y el fin de las detenciones por motivos políticos.
La concentración y movilización en los alrededores de Plaza Venezuela transcurrió con normalidad, y pese a que la marcha pautada por Diosdado Cabello tuvo como lugar de inicio también Plaza Venezuela, no hubo enfrentamientos ni impases de ningún tipo entre ambos bandos.
En el análisis de la coyuntura política actual, se ha puesto de relieve un fenómeno recurrente centrado en la profunda inconsistencia conductual y el doble rasero con el que determinados actores públicos y opinadores evalúan los hechos según su conveniencia.
Lejos de tratarse de una simple divergencia de visiones ideológicas, el motivo principal que sustenta este reconocimiento radica en la flagrante contradicción de modificar criterios, descalificar o validar información de manera oportunista en función de los intereses del momento.
En este marco, encaja perfecto Orlando Avendaño, quien cambió su percepción sobre la encuestadora Atlas Intel, dado que ahora sí se amolda a sus intereses. En un período anterior, cuando dicha compañía difundió estudios que reflejaban un incremento porcentual en la popularidad de figuras como el genocida dictador Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, este personaje desacreditó tajantemente los resultados, tildando a la encuestadora de perder toda seriedad y calificándola despectivamente como información inútil.
Sin embargo, la contradicción quedó plenamente evidenciada cuando, ante un estudio regional posterior de esa misma firma que situó a María Corina Machado como la líder política mejor valorada de América Latina, el referido actor dio un giro absoluto en su postura, volviendo a validar y aplaudir a la encuestadora por ofrecer datos acordes a sus preferencias.
Este comportamiento de desechar o ensalzar una misma fuente técnica según favorezca o perjudique una narrativa particular ejemplifica la hipocresía y la falta de coherencia que impera en el debate público, justificando plenamente su elección bajo este perfil semanal.
Todo ello demuestra que, en el fondo, a ellos no les interesa informar realmente, sino hacer propaganda de ciertos intereses, convirtiendose en fanáticos activistas del personaje de turno al que veneran. Por esta razón, Orlando Avendaño es seleccionado como el Borrego de la Semana, aunque en esta categoría entran todos los que tienen su misma conducta y se hacen llamar a sí mismos «periodistas».
Esta semana, la noticia principal trata sobre la reciente exigencia planteada por María Corina Machado de convocar a elecciones para el próximo 24 de junio de 2027, lo cual se interpreta como una maniobra de presión política para conservar vigencia pública. Sin embargo, se cuestiona la viabilidad técnica, legal e institucional de dicha fecha, advirtiendo que organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las agencias policiales y de seguridad, así como el propio registro electoral, no disponen de las condiciones necesarias para garantizar un proceso transparente.
Asimismo, se pone de relieve una notable contradicción discursiva en comparación con la postura asumida tras el fraude del 28 de julio de 2024, momento en el cual se rechazaban enérgicamente los llamados a nuevos comicios propuestos por mandatarios internacionales como Lula da Silva y Gustavo Petro. A nuestro juicio, más allá de fijar un calendario a largo plazo, la exigencia central debe centrarse en la conquista de garantías democráticas reales y resultados fidedignos que restituyan el hilo constitucional.
Te invitamos a ver el programa para que sepas quien es el Borrego de la Semana y por qué; cómo se desmantela a la izquierda; cual es la Polémica de la semana; y quien es el Corrupto en la Mira.
Jeferson Duran, abogado litigante y consultor jurídico venezolano especializado en derecho laboral, mercantil y civil. Además, es fundador y director del proyecto Ágora Digital y Coordinador Local de EsLibertad Venezuela.
“(…) se deben tomar en consideración aspectos elementales que conlleven a una transformación real y profunda y el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y las libertades individuales.”
La pérdida de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela no ha sido un hecho fortuito, por el contrario, es el resultado material de la implementación deliberada de políticas de Estado, planificadas y aplicadas para moldear el tejido social y controlar las libertades individuales de los ciudadanos.
Todo ello se enmarca en el modelo político e ideológico de corte marxista, que logró ocupar las funciones de gobierno, con la llegada de Hugo Chávez al poder. Si bien su proyecto prometía igualdad, respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico, posteriormente esas mismas premisas fueron la base de impulso de un proceso de transformación jurídica de carácter constituyente, cuyo resultado fue la derogación total de la Constitución vigente para la fecha, la cual desde su promulgación en 1961, constituyó la base jurídica, del denominado periodo de la democracia representativa, para así cimentar las bases del “Nuevo Estado Popular”, sustituyendo el principio de legalidad, por la voluntad del ideal político.
Como advierte Hayek (1944/2008), la esencia del Estado de derecho radica en que el gobierno se encuentra limitado en su accionar, por normas fijadas y anunciadas de antemano, concebidas para garantizar la libertad individual frente al poder coercitivo del Estado. No obstante, resulta común en líderes totalitarios, el impulsar transformaciones al sistema normativo vigente, ya que según su visión encarnan la voluntad popular, lo cual abre paso a distorsiones de carácter legal, que terminan por rediseñar un sistema jurídico, de control y no de protección de libertades.
A ello se le suma un factor sociológico determinante, tal como lo expone Carlos Rangel en su ensayo «Del buen salvaje al buen revolucionario», la tradición política hispanoamericana, de la cual Venezuela forma parte, ha gravitado históricamente en torno a la figura del caudillo, un líder mesiánico que no se somete al orden constitucional existente, sino que pretende encarnar la voluntad popular para refundar el Estado y legislar a su arbitrio (Rangel, 1976/2022). Estas ideas guardan relación con las críticas que hiciera Frédéric Bastiat (1850/2019), al denunciar la postura que asumen reformadores y legisladores, donde consideran a la humanidad como “una materia inerte que recibe del legislador la forma, la figura, el impulso y la vida” (p. 45), tratándola como arcilla destinada a ser moldeada a su arbitrio.
Posteriormente, se dio inicio al proceso de ingeniería social del nuevo ideal político, mediante la modificación o creación de normativas legales, que fueron deteriorando el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas, centralizando mediante procedimientos burocráticos, que lejos de proporcionar una justicia expedita y capaz de garantizar protección a los derechos elementales, significaban más restricciones sujetas a los intereses políticos del gobierno de turno.
De forma paralela, las sucesivas reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, progresivamente erosionaron la independencia de los jueces, transformando la tutela judicial efectiva en un mecanismo punitivo de persecución política. De igual modo se destaca la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) en 2004, la cual introdujo tipos penales ambiguos y sanciones administrativas discrecionales que restringieron severamente la libertad de expresión así como el cierre progresivo de medios televisivos, radiodifusoras y medios impresos. Según registros de la organización Espacio Público (2023), entre 2003 y 2022 cerraron en Venezuela más de 280 emisoras de radio, docenas de periódicos impresos y canales de televisión, consolidando lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2021) ha calificado como un ecosistema de censura y hegemonía comunicacional de Estado.
En el orden económico y derechos inherentes a la propiedad, la promulgación de leyes como la Ley de precios justos (2014), Ley de Expropiación por Utilidad Pública (2002) y Ley de Tierras (2001), anularon la libre iniciativa privada, se criminalizó el libre mercado y se expropiaron incontables empresas, bajo procedimientos judiciales cuestionables, sin la debida indemnización lo cual trajo como resultado el atraso y deterioro del sistema productivo.
De acuerdo con informes de la Confederación de Industriales de Venezuela Conindustria (2021), la aplicación de estos mecanismos coactivos, sumada a la inseguridad jurídica, provocó la destrucción de más del 70 % del tejido industrial del país, respaldando la advertencia del Property Rights Alliance (2023) en su Índice Internacional de Derechos de Propiedad, donde Venezuela figura de manera sistemática en las últimas posiciones a nivel mundial en cuanto a la protección legal de los activos individuales.
Pero la fase más crítica del entramado judicial de control, fue el diseño de leyes cuyo propósito es penalizar la disidencia y cualquier actividad u organización que promueva las ideas de la libertad. Encontramos como antecedente la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017), instrumento normativo el cual le otorga plena discrecionalidad al Estado para determinar que mensajes u opiniones dadas, en medios televisivos, redes sociales o manifestaciones cívicas ciudadanas se consideran como incitación e insurrección y sostener el mecanismo de persecución y represión. A este esquema se suma el proyecto de Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, el cual otorga al Estado la facultad discrecional de calificar y prohibir partidos políticos, organizaciones y discursos bajo una etiqueta ideológica ambigua, eliminando de facto el pluralismo político y garantizando el monopolio del pensamiento oficial.
Su aplicación y alcance pudo evidenciarse de manera grave, a los hechos acontecidos posteriormente a los resultados de la actividad electoral del 28 de julio del año 2024, dónde dentro de un proceso cuestionable lleno de irregularidades y arbitrariedades, se desencadenó una ola represiva jamás vista en la historia venezolana. El aparato estatal en complicidad con el sistema de justicia encarcelaron a más de 2.000 ciudadanos, bajo procedimientos arbitrarios que no respetaban las garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la defensa de un abogado privado. Como hecho sumamente grave en tiempos exprés se emitieron sentencias condenatorias con el máximo de años establecido en las leyes, y una uniformidad en los cargos “terrorismo” e “incitación al odio”.
Este panorama realmente alarmante logra cambiar de forma drástica con los acontecimientos suscitados el 3 de enero del año 2026. Con la captura de Nicolás Maduro y la apertura a un proceso de transformación institucional orientado al rescate de las libertades ciudadanas y la plena vigencia del Estado de Derecho, nos encontramos en una etapa actual donde se avizoran cambios al Sistema Judicial venezolano.
Como abogado en ejercicio, conocedor de primera fuente del funcionamiento y estructura de nuestro sistema de justicia, considero que resulta sumamente necesario un proceso de reingeniería judicial. Desde mi perspectiva profesional, una transformación real va más allá de la restructuración del Tribunal Supremo de Justicia. Como lo consagra el mandato constitucional (art. 253 CRBV), el sistema de justicia abarca de forma sistémica a los ciudadanos con capacidad para administrarla, los jueces de instancia y superiores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares de justicia, el sistema penitenciario y, fundamentalmente, a los profesionales del derecho.
En función de ello, resulta indispensable establecer nuevamente la meritocracia en el proceso de selección y ascensos de quienes integran el sistema judicial. Desde los jueces hasta el personal administrativo auxiliar, deben recaer en profesionales con una trayectoria profesional y académica reconocida, evitando que las lealtades políticas o cuotas de poder prevalezcan sobre la capacidad profesional. En los últimos años la designación de funcionarios judiciales ha correspondido en numerosos casos a profesionales identificados ideológicamente con el proceso, lo cual desdibuja la independencia y autonomía que debe caracterizar su actuación ético profesional. A propósito de ello, la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela (2021) concluyó que la “independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada” debido a las presiones políticas y a la falta de mecanismos transparentes de selección (p. 2), lo cual vulnera el mandato constitucional de imparcialidad.
Del mismo modo frente a la evidente arbitrariedad del Estado y la situación de indefensión a la cual se enfrentan los ciudadanos, en cuanto a la defensa y protección de sus libertades y derechos fundamentales, debe desarrollarse una jurisdicción especializada en materia de Derechos Humanos, cuyo propósito es brindar tutela judicial efectiva en asuntos donde el Estado, por cualquier conducta o arbitrariedad haya menoscabado o violentado derechos y libertades ciudadanas, ante lo cual debe responder jurídicamente y resarcir los daños ocasionados. Esto resulta sumamente elemental ya que en Venezuela es evidente que en aquellas situaciones arbitrarias donde se menoscaban derechos como el de la propiedad, libertad personal, derechos civiles y políticos no existen instancias especializadas por lo cual se debía acudir a organismos internacionales, los cuales no se caracterizan precisamente por su celeridad y el cumplimiento de las decisiones judiciales, cuyo cumplimiento queda sujeto a la discrecionalidad gubernamental, razón por la cual debe existir un mecanismo real y efectivo de control sobre el Estado, y no de este sobre los ciudadanos.
En igual medida, deben consolidarse las bases para una gestión judicial eficiente y dinámica mediante la digitalización integral del sistema. Métodos tradicionales como el uso de documentos en formato de papel, notificaciones presenciales por parte de los alguaciles y la exigencia de audiencias presenciales deben evolucionar hacia un entorno digital. La implementación del expediente digital, uso de firmas electrónicas, las citaciones vía correo electrónico y las audiencias telemáticas, bajo un sistema de gestión y funcionamiento continuo, puede traducirse en lograr la eficiencia operativa y la celeridad debida al momento de administrar la justicia. Esto permite un control y evaluación en tiempo real de los avances de los expedientes y el cumplimiento de los tiempos, así como evaluar las fallas y deficiencias que puedan presentarse y corregirse en tiempo real. Esto significa un impacto importante en el avance y desarrollo de nuestro sistema judicial.
Esta propuesta encuentra sustento en modelos internacionales que han demostrado la viabilidad operativa de la justicia digital. En Europa, el caso de Estonia representa el referente supremo a través de su plataforma centralizada e-File (e-Toimik). En dicho sistema, los expedientes son 100 % digitales, las partes notifican y consignan escritos en tiempo real con autenticación biométrica y firma electrónica, permitiendo que la información se ingrese una sola vez y sea accesible de forma transparente e inalterable para jueces, fiscales y abogados.
En el ámbito latinoamericano, República Dominicana constituye una experiencia sumamente ilustrativa. Con la promulgación de la Ley 339-22 y su reglamento, se facultó el uso de medios telemáticos para los procesos judiciales. Este modelo habilitó la firma digital cualificada para las decisiones de los tribunales, el acceso remoto y continuo al expediente electrónico, el envío de citaciones mediante un buzón digital con acuse de recibo automatizado y la celebración opcional de audiencias virtuales.
En síntesis, Venezuela ante una posible etapa de reconstrucción institucional y jurídica, se deben tomar en consideración aspectos elementales que conlleven a una transformación real y profunda y el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y las libertades individuales, teniendo como bases leyes que realmente protejan y garanticen el respeto a libertades tan elementales como las civiles, el respeto a la propiedad privada, la libre iniciativa de mercado y ejercicio pleno y efectivo de los derechos consagrados en la Constitución, estableciendo límites claros y reales a las actuaciones del Estado, el cual debe quedar sujeto a ser meramente un garante de los mismos, y que ante cualquier acción y hechos derivados de sus instituciones que menoscaben o los vulneren, los ciudadanos puedan contar con un sistema al cual acudir para restablecer plenamente la vigencia de sus derechos.
Referencias
Asamblea Nacional Constituyente. (2017). Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.274 (Extraordinario), 8 de noviembre de 2017.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 36.860, 30 de diciembre de 1999.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.323, 13 de noviembre de 2001.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2002). Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.475, 1 de julio de 2002.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2004). Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38.081, 7 de diciembre de 2004.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2014). Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.340, 23 de enero de 2014.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2024). Proyecto de Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares. Discusión Parlamentaria.
Bastiat, F. (2019). La Ley (2.ª ed.). Ediciones Innisfree. (Obra original publicada en 1850).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2021). Derecho a la libertad de expresión en Venezuela: Ecosistema de censura y hegemonía comunicacional. Organización de los Estados Americanos.
Confederación de Industriales de Venezuela [Conindustria]. (2021). Encuesta de Coyuntura Industrial: Situación del tejido productivo venezolano. Conindustria.
Congreso de la República Dominicana. (2022). Ley N.º 339-22 que regula el uso de los medios telemáticos para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Consultoría Jurídica del Poder Judicial de la República Dominicana.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2021). Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/48/69). Organización de las Naciones Unidas.
Espacio Público. (2023). Situación general de la libertad de expresión en Venezuela: Informe anual 2022. Asociación Civil Espacio Público.
Hayek, F. A. (2008). Camino de servidumbre (3.ª ed.). Unión Editorial. (Obra original publicada en 1944).
Property Rights Alliance. (2023). International Property Rights Index 2023. Property Rights Alliance.
Rangel, C. (2022). Del buen salvaje al buen revolucionario. Editorial Criterio. (Obra original publicada en 1976). Republic of Estonia: Ministry of Justice. (s. f.). e-File system (e-Toimik): Centralised public e-service for court proceedings. Centre of Registers and Information Systems (RIK).
Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles a varios países y organismos, a través de un informe, dar protección internacional a los militares disidentes venezolanos que se encuentren en el exterior.
El documento fue dado a conocer en Miami (Florida), por el presidente y fundador de la organización, José Antonio Colina, quien pidió a gobiernos como Colombia, Chile y EE. UU. evitar deportaciones o devoluciones a Venezuela, sin evaluar antes el alto riesgo de tortura y persecución que podría padecer cada caso.
El texto sostiene que los cambios políticos registrados en Venezuela durante 2026 no implican necesariamente la desaparición de los riesgos de persecución, detención arbitraria o tortura para integrantes y antiguos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana identificados como disidentes.
Igualmente, el informe revela preocupación por los militares que mantienen solicitudes de protección internacional, pendientes de resolución en los tres países. “Los cambios políticos no significan que haya desaparecido la persecución contra los militares venezolanos disidentes. Su vida, libertad e integridad deben ser protegidas”, advierte VEPPEX en su documento.
De hecho, la organización ya ha alertado sobre las graves amenazas que enfrentan los militares disidentes, contra su integridad física si son retornados a territorio venezolano, en línea con reportes de organismos internacionales sobre centros de detención en el país.
Vale la pena recordar el lamentable caso del teniente del Ejército, Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado por una célula del Tren de Aragua en Chile, y horas después su cadáver fue localizado enterrado bajo cemento en un galpón.
La justicia chilena, que ya ha condenado a dos implicados en el caso y espera juzgar a otros sospechosos ya detenidos en suelo austral, sostiene que el asesinato de Ojeda fue ordenado por el narcorégimen chavista, y apunta directamente a Diosdado Cabello como el autor intelectual que habría dado la orden.
Por ello, el informe mostrado por Colina también explica, que persisten estructuras de inteligencia y contrainteligencia militar y señaló que determinadas órdenes de captura, investigaciones o acusaciones podrían continuar vigentes pese a las transformaciones políticas ocurridas en el país.
VEPPEX mencionó como factores de riesgo las denuncias sobre torturas y malos tratos durante detenciones, la falta de reformas integrales de los organismos de seguridad y la vulnerabilidad particular de militares señalados por deserción o discrepancias políticas.
No obstante, la organización reconoce en el documento que no todos los militares venezolanos se encuentren bajo el mismo nivel de riesgo, y en consecuencia no pretende solicitar protección automática para todos ellos.
“La seguridad de los militares venezolanos disidentes no puede determinarse exclusivamente a partir de los cambios políticos de 2026”, precisa el texto. Igualmente, subrayó que la condición de militar, la deserción o la disidencia no otorgan automáticamente el estatuto de refugiado, pero sostuvo que tampoco deberían utilizarse para descartar una solicitud sin examinar posibles riesgos de persecución política o tortura.
El documento también fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A la CIDH, solicitó dar seguimiento a los posibles riesgos asociados con la devolución de militares venezolanos disidentes, y considerar el asunto dentro de sus mecanismos de monitoreo.
Mientras, a ACNUR la organización le pidió tomar en consideración los riesgos diferenciados que podrían enfrentar los militares identificados como disidentes, y promover el uso de información actualizada sobre las condiciones existentes en Venezuela.
Caracas. – Unas elecciones presidenciales venezolanas, que se realicen “por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028”, es el escenario que espera la representante de la ilegítima Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, según lo reveló este miércoles.
En una entrevista con el medio El Nacional, Figuera señaló que ve posible celebrar los comicios en esos períodos, siempre que se desmonten las estructuras que, según denunció, afectan al sistema electoral y se establezcan condiciones que garanticen la credibilidad de la votación.
Aunque la exigencia ciudadana es que las elecciones sean muy pronto, Figuera adelantó que los comicios están previstos para finales de 2027 o comienzos de 2028. «Esperemos que sea por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028», dijo.
Asimismo, acotó: «Tendremos elecciones en un proceso en el que nunca deberá haber fraude electoral. Eso es lo que me lleva a decir que este proceso puede tardar, quizás, pero yo apuesto más bien a que se cumplan las garantías, a la credibilidad del voto, aunque hasta me da miedo decírtelo, más que a la propia fecha en sí misma», dijo.
Al mismo tiempo, enfatizó que “para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral”. También, Figuera, sostiene que el país debe sanear sus instituciones, auditar el Registro Electoral y suprimir los mecanismos que impiden celebrar votaciones transparentes.
La exparlamentaria estima que el nuevo tribunal colegiado estará conformado antes de fin de año: “En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.
Con relación al CNE dijo: «(…) lo primero que debemos hacer es una depuración del Registro Electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas. Otro de nuestros objetivos es que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar con garantías».
Finalmente, Figuera dijo que su equipo recibe asesorías para atender la reestructuración del sistema del CNE y el Registro Electoral, pues han observado «algunas irregularidades». No precisó de qué tipo, pero indicó que el encargado de esta área es Ramón López, quien deberá remitir un entregable con los puntos de acción en diciembre de este año.
Caracas. – Por octavo día consecutivo trabajadores y jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) mantienen una vigilia frente a la sede de casa matriz, en exigencia del pago de prestaciones por 1200 dólares, frente al bono de $80 que se les pagaría de forma fraccionada.
Este miércoles, cerraron completamente el acceso en la avenida Fuerzas Armadas, principal vía hacia las empresas del holding de la CVG.
Pago de utilidades, restablecimiento de las convenciones colectivas, cambio de directiva en la CVG y elecciones presidenciales son parte de las solicitudes que hacen los líderes sindicales y trabajadores de las industrias básicas de Guayana.
Bloquearon el paso en la autopista que conecta a Ciudad Guayana con Ciudad Bolívar mediante la quema de cauchos y la colocación de barricadas, lo que generó un fuerte retraso vehicular y paralizó el tránsito de la zona.
Mientras, los líderes sindicales denuncian que las autoridades de la corporación han respondido con un “silencio administrativo” ante la solicitud de mesas de trabajo para las mejoras salariales. César Marcano, trabajador de Ferrominera, señaló que la protesta tuvo algunos efectos en los pagos anunciados por las empresas, aunque la principal exigencia continúa sin respuesta satisfactoria.
Según explicó, el 15 de octubre estaba prevista una primera parte de las utilidades que no alcanzaba los $10. Después de iniciar la protesta, afirmó que el monto pasó a 480 dólares. También dijo que, tras los reclamos por la falta de un plan vacacional, este año dieron 200 dólares por cada hijo de los trabajadores. Sin embargo, consideran que esos avances no sustituyen la respuesta que esperan sobre el bono de $1200.
También denunció, que aunque las detenciones arbitrarias disminuyeron este año, con respecto a 2024 y 2025, se mantiene la persecución contra la dirigencia sindical. “A pesar de la persecución, a pesar del amedrentamiento, a pesar del acoso que sigue en las calles, que sigue con este régimen, yo sigo aquí firme”, dijo el trabajador.
Los sindicalistas convocaron a los trabajadores, a reunirse el próximo lunes, 26 de octubre, para discutir la próxima acción, la cual aseguró que será trascendental. Advirtieron que pronto harán una movilización mayor que denominaron “el Guayanazo”.
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