Por: Cesar Báez
@cesarbaezc
Entre los ríos y llanuras que separan dos países, se han escondido atrocidades alarmantes dentro de una realidad tristemente olvidada. Durante el año 2020, en la frontera colombo-venezolana se registraron más de 500 enfrentamientos, con un saldo de más de 800 muertos. Desde el 21 de marzo de 2021, una seguidilla de combates comienza, entre militares venezolanos y miembros de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero de ideología marxista-leninista) a lo largo del Alto Apure, una extensa región venezolana que abre la puerta a los llanos del país. Hasta este momento, se registran 8 militares venezolanos fallecidos y más de 6.000 desplazados forzosos hacia el municipio colombiano de Arauquita a causa de la violencia desatada en estos hechos.
Desde hace años es público el hecho de que, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la frontera entre Colombia y Venezuela se han instalado grupos paramilitares de origen colombiano y venezolano. En los estados Zulia, Táchira y Apure se concentra la mayor parte de estos grupos armados irregulares, a pesar de que se ha reportado su presencia en otras partes del territorio venezolano, de la mano con actividad ilícitas. Esto ocurre, por citar un ejemplo, en los estados Bolívar y Amazonas, donde guerrillas controlan, a través del terror y por la fuerza, actividades ilegales de extracción de minerales, amparados por el proyecto estatal del “Arco Minero del Orinoco”.
Esta frontera ha servido como base de operaciones para distintas actividades ilícitas que mantienen a la población local sometida por medio de la fuerza. No solamente las FARC, sino también otros grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas de Liberación (FBL). Estos grupos se disputan el control de territorios que son usados para el secuestro y el tráfico de drogas entre ambos países, de allí que constantemente surjan enfrentamientos por el control del terreno.
El 23 de junio de 2016, se firmó en La Habana, Cuba, un acuerdo de paz entre representantes de las FARC y el gobierno colombiano, que contemplaba la desmovilización e incorporación a la vida civil de los guerrilleros, en el marco de una Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, entre un 12% y un 15% de los integrantes que integraban los 66 frentes de esta guerrilla volvieron a las armas, o directamente nunca participaron en estos procesos de paz, dispersándose a lo largo de 28 grupos en el territorio colombiano.
En los enfrentamientos de Apure, especial importancia tienen dos de estos grupos, que han sido catalogados como “disidencias” dividiéndose en tres importantes estructuras. La primera estructura se encuentra liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco, agrupando 16 de estos grupos de disidencias. La segunda, llamada “Segunda Marquetalia” liderada por Iván Márquez, Jesús Santrich y otros comandantes guerrilleros, agrupa a 5 de los grupos disidentes. El resto, denominados oficialmente como “grupos residuales”, se encuentran dispersos en medio de las divisiones de esta guerrilla.
Mientras que desde el primer momento las disidencias bajo el mando de Gentil Duarte se mostraron contrarias al proceso de paz que finalizó en La Habana en 2016, Iván Márquez y otros líderes guerrilleros formaron parte de los acuerdos hasta que en el año 2019 denunciaron el incumplimiento por parte del Estado colombiano, volviendo a las armas a pesar de haber sido parte en estos acuerdos. Para estas dos grandes estructuras ha sido imposible llegar a acuerdos, por lo que se han visto en el marco de un conflicto interno por el control de territorio e influencia dentro de la propia guerrilla. Primordialmente, aquellos frentes y comandantes estrechamente ligados a la producción y distribución de drogas que no podrían encontrar inmunidad gracias a los acuerdos han preferido mantenerse en las armas antes que entregarse y someterse a la justicia, alegando desconfianza frente al Estado colombiano.
Tanto las disidencias al mando de Gentil Duarte, como aquellas en la “Segunda Marquetalia” tienen presencia en Venezuela, sobre todo en la llanura apureña. Estos grupos conviven e interactúan, al margen de la ley y bajo la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro que los ampara en nuestro territorio. Sin embargo, han sido claras las demostraciones de apoyo por parte de régimen, como en una alocución de Nicolás Maduro, en el medio del XXV Foro de São Paulo en el año 2019, donde declaró que las disidencias de las FARC, así como Iván Márquez y Jesús Santrich, eran “bienvenidos” en el Foro, y también en Venezuela.
En el marco de los conflictos internos entre ambos grupos que conviven en Venezuela, el 21 de marzo del 2021 comienza una serie de enfrentamientos en territorio venezolano, entre miembros de la disidencia de las FARC alineadas con Gentil Duarte, denominadas “Décimo Frente”, y militares venezolanos, en los alrededores de la localidad apureña de “La Victoria”. A partir de este momento, se han generado una serie de combates que han involucrado bombardeos con aviones de guerra, movilizaciones de infantería y artillería pesada.
Tomando como punto de partida estos hechos, la situación ha recrudecido pues la presencia de militares venezolanos ha causado un efecto de terror en la población local, habiendo denuncias incluso de masacres perpetradas a partir de falsos positivos que se instalan en la zona para justificar la intervención militar. También, debido al escaso entrenamiento y el nulo mantenimiento a los equipos usados por el ejército venezolano, han muerto 3 militares y 10 han resultado heridos en un accidente en la localidad de El Ripial, estado Apure, en medio de las movilizaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto demuestra que incluso en medio de las acciones militares, estos venezolanos se encuentran sometidos a un alto riesgo, más allá de los enfrentamientos sino incluso en el seno del componente militar.
Como consecuencia de todo ello más de 6.000 venezolanos han cruzado la frontera buscando protección en Colombia, concentrándose en la localidad de Arauquita y sus alrededores, cuyas autoridades han dispuesto protocolos de prevención para evitar un brote de Covid-19 a la vez que han instalado campamentos para acoger a los desplazados forzosos. No obstante, aún miles de venezolanos se encuentran sometidos bajo el fuego cruzado entre los grupos armados irregulares y un nuevo actor que atemoriza a la población local: el propio régimen de Nicolás Maduro.
El primer paso para enfrentar esta coyuntura es entender que los individuos que acceden al poder siempre buscarán extralimitarse en sus funciones para defender sus intereses. No es diferente el corrupto interés de los grupos armados irregulares, que aquel perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Por ello, ambos son capaces de atentar contra individuos en el marco de sus acciones, sin mediar palabra siembran falsos positivos, instalan minas antipersona y perpetran masacres. Una vez que ubiquemos dentro de la capacidad del Estado el actuar negativamente en estas situaciones, entenderemos lo que debemos hacer para evitar y resolver esta complicada realidad que viven los habitantes de la frontera.
