La política de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo la administración de Joe Biden puede ser resumida con una sola palabra: Desastrosa.
Sin embargo, tras varios errores cometidos se podría creer que Estados Unidos buscaría vías más efectivas para evitar repetir los innumerables fracasos alrededor de la nación sudamericana. Lamentablemente, este no es el caso.
No conforme con haber liberado a los sobrinos de Cilia Flores que se encontraban en prisión norteamericana por prácticas de narcotráfico, el haber levantado parcialmente las sanciones impuestas hacia Venezuela, la remoción de uno de los sancionados de sus listas, y la liberación de Alex Saab – sin haber recibido nada a cambio previamente – Estados Unidos insiste en seguir buscando a los peores actores para que ayuden – según ellos – a solventar la crisis venezolana.
Tras el claro incumplimiento del acuerdo de Barbados, en donde se establecía la habilitación de todos los candidatos a las falsas elecciones presidenciales pautadas para este año 2024, voceros de la Casa Blanca han sugerido que se confíe en Gustavo Petro, presidente de Colombia, para que cumpla un rol de moderador en estos diálogos.
Desde que llegó a la presidencia, Petro ha hecho uso de todas sus plataformas para servir como vocero internacional de Nicolás Maduro, por lo que imparcialidad es lo que menos se podrá conseguir de este cuestionable personaje.
Por estos motivos, la actual administración de los Estados Unidos ha sido catalogada como Borrego de esta semana por este portal de noticias.
En una reciente carta congresal encabezada por la representante Ilhan Omar, y respaldada por 13 demócratas progresistas, se cuestionó la legitimidad de las próximas elecciones en El Salvador, alegando prácticas no democráticas. Este movimiento destaca la postura controvertida de Omar, especialmente teniendo en cuenta su compromiso vocal reciente con los intereses de Somalia.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, busca constitucionalmente otro mandato y goza de una popularidad sin precedentes entre sus electores, con una asombrosa tasa de aprobación del 92 por ciento. La firme postura de Bukele contra el crimen, crucial en una región asolada por violentos cárteles de drogas, ha contribuido significativamente a su amplio respaldo.
Bukele, de ascendencia palestina con ramas familiares tanto cristianas como musulmanas, ha mantenido relaciones diplomáticas tanto con Israel como con la Autoridad Palestina, demostrando su compromiso con los intereses de su país. Es notable que, cuando ocurrieron los ataques del 7 de octubre, tuiteó en X para condenar a Hamás, comparando al grupo islamista con terroristas de MS13 en El Salvador.
En contraste, Ilhan Omar, nacida en Somalia y representando los intereses de Somalia en el Congreso de EE. UU., genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Sus declaraciones y acciones controvertidas, como referirse a los ataques del 11 de septiembre de manera despectiva como «cuando algunas personas hicieron algo», subrayan sus prioridades aparentemente sesgadas. Las afirmaciones explícitas de Omar sobre salvaguardar los intereses de Somalia dentro del sistema estadounidense a expensas de los contribuyentes de Minnesota plantean dudas sobre su compromiso con sus electores.
En un mundo donde líderes como Nayib Bukele se centran en asegurar sus naciones y fomentar la cooperación internacional, las lealtades de Ilhan Omar hacia un país ajeno al que – supuestamente – debería representar suscitan dudas sobre su compromiso con los valores estadounidenses. Es hora de que los votantes en Minnesota reflexionen sobre si Omar realmente se alinea con los principios que afirma defender y si merece la confianza de las personas a las que representa.
En una reciente alocución pública a una multitud somalí, la representante Ilhan Omar reafirmó su compromiso con salvaguardar los intereses de Somalia, sugiriendo que Estados Unidos no se opondría a las acciones de otras naciones para asegurar las aguas somalíes. Esta postura contradice los intereses estadounidenses más amplios de promover la seguridad, estabilidad y libertad en el este de África, especialmente en el caso de Somalilandia.
Mientras elogia al actual presidente de Somalia, Hassan Sheikh, la indiferencia de Omar ante las preocupaciones de seguridad planteadas por Al-Shabaab, un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda activo en la región, genera interrogantes. Esto contrasta fuertemente con las mejoras notables en la seguridad pública logradas en El Salvador bajo el presidente Bukele.
La actitud desdeñosa de Omar hacia la búsqueda de independencia de Somalilandia, junto con su aparente contradicción al apoyar la libertad palestina mientras ignora la causa de Somalilandia, destaca su enfoque inconsistente para abogar por la libertad. La declaración en Twitter del viceministro de Asuntos Exteriores de Somalilandia, Rhoda Elmi, expuso que los comentarios de Omar estaban trabajando para revivir la peligrosa ideología de la Gran Somalia.
Somalilandia, un cooperador activo en la lucha contra el terrorismo y la piratería en el Golfo de Adén y Berbera, considera que la postura de Omar es éticamente cuestionable e indicativa de lealtades más allá de las fronteras que se supone debe representar. A medida que se escuchan llamados a la deportación, se vuelve crucial examinar si Ilhan Omar puede representar genuinamente los intereses de sus electores, incluidos los judíos. Omar tiene un historial de hostilidad hacia el grupo que a menudo se acusa de promover un esquema de doble lealtad, otro tropo antisemita en relación con Israel. Apoyar a Somalilandia se alinea con el interés estadounidense de fomentar la seguridad, estabilidad y libertad en la región, y las acciones de Omar plantean serias preocupaciones sobre su idoneidad para representar al pueblo de Minnesota.
Se trata de la suba mensual más drástica de la que se tenga registro. El boom inmobiliario se propaga por todo el país, y los precios para alquilar comienzan a subir por debajo de la tasa de inflación por primera vez en cuatro años.
Solamente 30 días fueron suficientes para testear los primeros efectos de la derogación de la ley de alquileres sancionada en 2020. El Gobierno del Presidente Javier Milei le puso fin a las regulaciones que perjudicaban a millones de personas que trataban de acceder a una vivienda, especialmente aquellas de menores ingresos y más expuestas a la inflación.
El DNU firmado por el Presidente derogó todas las regulaciones para fijar los precios de alquiler, y la oferta de viviendas en la Capital Federal se duplicó en un mes. Así lo contestó el último relevamiento de Reporte Inmobiliario para los alquileres de índole permanente.
Los inquilinos se ven beneficiados por una oferta mucho más amplia de viviendas a su disposición, pudiendo elegir entre alternativas para comprar precios y forzar así los valores hacia la baja. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en el mercado: los alquileres comenzaron a subir sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación desde la vigencia del DNU de desregulación, es decir, se abaratan en términos reales y en términos de lo que puede comprar un salario.
Por otra parte, los propietarios ahora disponen de un marco legal propicio para proteger sus derechos de propiedad, y a fin de cuentas para proteger en valor real de su contrato de alquiler, lo cual en muchos casos le significa una fuente de ingresos fundamental (por ejemplo en el caso de personas jubiladas). Ambas partes salen ganando con el nuevo marco normativo que aprobó el Gobierno.
Nunca antes se había visto una suba mensual semejante, al menos desde la medición de las estadísticas de Reporte Inmobiliario. En 30 días la cantidad de departamentos y casas en alquiler volvió a superar a los niveles previos a la sanción de la ley de alquileres de 2020, y también los que se registraron antes del impacto de la pandemia.
Así con en el mercado inmobiliario, la eliminación de restricciones arbitrarias, monopolios legales, trabas burocráticas y tratamientos diferenciales entre sectores, posibilita la generación de beneficios similares en muchos otros mercados que hoy se encuentran artificialmente reprimidos por el Estado.
Valdemar Costa Neto, Marcelo Costa Câmara, Rafael Martins de Oliveira y Filipe Martins están acusados de conspirar en contra del Estado de Derecho junto con el ex presidente Jair Bolsonaro, en una causa que armó Lula para eliminar a sus principales opositores.
Luego de inhabilitar a Jair Bolsonaro de la presidencia, el régimen de Lula da Silva lanzó una nueva ola de arrestos, esta vez contra los principales socios políticos del ex mandatario. Esta tarde, la Policía Federal allanó y arrestó a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, la principal fuerza opositora de Brasil y la más grande en el Congreso actualmente.
Costa Netoes investigado por poner el partido a disposición de supuestos «planes golpistas», que Bolsonaro habría estado diagramando con militares después de perder las elecciones y antes que asuma Lula, en 2022.
Si bien estos cargos no tienen sustento, la existencia de la causa judicial ha permitido a Lula y a los jueces amigos en la Corte Suprema, a investigar a Bolsonaro, sus familiares y sus principales aliados políticos. En el caso de Costa Neto, gracias a esta causa pudieron allanarle su casa, donde encontraron un arma de fuego que no tenía todos los papeles en regla, y fue inmediatamente puesto bajo arresto preventivo.
En el mismo operativo, también se allanó y se arrestaron a tres de los más importantes asesores que tenía Bolsonaro en la Casa de Gobierno cuando era presidente: el coronel Marcelo Costa Câmara, el mayor Rafael Martins de Oliveira y el dirigente liberal, Filipe Martins.
El operativo se llevó a cabo con base en la declaración del teniente coronel Mauro Cid, quien dijo, sin presentar pruebas, que había una conspiración entre Bolsonaro y sus asesores, tanto civiles y militares, para quedarse en el poder después de perder las elecciones contra Lula en 2022.
La causa la lidera el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, el mayor aliado de Lula. El magistrado, un ferviente anti-Bolsonaro cuyo único objetivo en el Tribunal Supremo es ver a Bolsonaro tras las rejas, nombró el operativo como «Tempus Veritatis«, u «hora de la verdad«, en latín.
En la causa, la Policía Federal de Lula ya ha ejecutando 33 órdenes de allanamiento e incautación, cuatro órdenes de aprehensión preventiva y 48 medidas cautelares. Entre las medidas cautelares está la prohibición de contacto entre los investigados, lo cual ha incomunicado a Bolsonaro con sus principales estrategas políticos.
También, el juez forzó la entrega de pasaportes de todos los implicados, bajo el riesgo de que se escapen del país. De esta manera, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien se exilió a Estados Unidos el mismo día que debía entregarle el mando a Lula, pero que luego regresó tres meses después, no puede salir más del país.
Según las delirantes teorías que propone el juez Moraes, Bolsonaro impulsó «actos antidemocráticos» para «abolir el Estado Democrático de Derecho» mediante un «golpe de Estado cívico-militar«, pero finalmente no se animó a hacerlo.
El fiscal especial designado por el Departamento de Justicia no enfrentará cargos penales por el mal manejo de documentos clasificados, debido a que tiene «mala memoria» y no es imputable.
Tras una investigación de 15 meses, el fiscal especial Robert Hur, designado por la propia Casa Blanca para investigar al presidente Joe Biden por haber robado y ocultado documentos clasificados en su vivienda personal, resolvió no imputarlo y cerrar la causa.
Si bien el informe de la fiscalía asegura que Biden tomó los documentos intencionalmente y no lo hizo por error, presentando más de 300 páginas de evidencia que indican que todos sus asesores sabían que el entonces saliente vicepresidente se estaba llevando reportes que no podían salir de la Casa Blanca cuando abandonó el cargo en 2017, se concluye que el mandatario no entendía lo que estaba haciendo por problemas de salud mental.
La conclusión del reporte es insólita: «Es un anciano bien intencionado pero con muy mala memoria«. Esta línea despertó un escándalo en el gobierno de los Estados Unidos que obligó al presidente a dar una cadena nacional este jueves por la noche.
Biden se paró frente al atril a las 9 pm (hora Argentina) y habló por 12 minutos sobre el caso, intentando mostrarse firme y sensato de mente, para acallar los rumores de que no fue procesado únicamente por problemas de salud mental.
Sin embargo, la conferencia demostró todo lo contrario. Durante su discurso, arrastró y se olvidó de varias palabras. Tosió repetidamente y perdió el hilo de lo que estaba diciendo en más de una ocasión. Además, hacia el final, quiso hablar sobre el conflicto en Israel y se confundió varios nombres, incluso llamando a Abdelfatah El-Sisi, acutal mandatario egipcio, como «presidente de México».
En la conferencia de prensa, incluso periodistas demócratas lo cuestionaron por su salud mental y le preguntaron directamente si estaba pensando renunciar a la presidencia. Por su parte, los periodistas republicanos le preguntaron por el caso de Donald Trump, donde se lo está investigando actualmente por haberse llevado documentos clasificados, y el propio Biden había llamado a que sea enviado a prisión.
Problemas de memoria y de salud mental
La decisión final del fiscal Hur fue de no presentar cargos contra el presidente pone fin a una larga investigación que comenzó después de que se encontraran documentos clasificados en noviembre de 2022 en las oficinas del Penn Biden Center en Washington, DC, del cual él es dueño.
Estos documentos databan de su época como vicepresidente, y contenían material clasificado sobre Irak, Afganistán y Ucrania; en particular, sus acciones con altos funcionarios de estos países durante sus 8 años como número dos de Barack Obama.
Pocos días después, aparecieron documentos clasificados adicionales en la casa personal de Biden, en Wilmington, Delaware, donde tenía más material de Afganistán, y también documentos clasificados de su paso por el Senado.
Hur escribió que la memoria de Biden estaba «muy limitada» y que cuando fue entrevistado por miembros de su equipo de fiscales, Biden no podía recordar en qué año comenzó su mandato como vicepresidente y cuándo terminó, ni en qué año murió su hijo Beau.
En la conferencia intentó defender su agudeza mental declarando que «mi memoria está bien«, pero no convenció a nadie. Incluso figura en el informe que los abogados de Biden dijeron que sus lapsos de memoria no eran inusuales y que «a su avanzada edad es normal que se cometan errores a la hora de manipular documentos clasificados«.
Según reveló el fiscal Hur, Biden le dijo a un escritor que estaba confeccionando su autobiografía en febrero del 2017, un mes después de dejar la vicepresidencia, que «tenía todas las cosas clasificadas» abajo en una casa que alquilaba en Virginia, refiriéndose a documentos sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán.
El informe de Hur dice, tras entrevistar a este escritor cuyo nombre no fue revelado, que Biden le leyó en voz alta pasajes clasificados de un cuaderno en al menos tres ocasiones, relatando reuniones en la Sala de Situación de la Casa Blanca y llamados que tuvo con altos funcionarios afganos.
El escritor borró las grabaciones de audio de sus conversaciones con Biden después de que gente del círculo del ahora presidente le dijeran que era material clasificado, pero conservó las transcripciones, que fueron requisadas por el fiscal Hur.
Hur escribió que las acciones de Biden «presentan graves riesgos para la seguridad nacional, dada la vulnerabilidad de información extraordinariamente sensible a la pérdida o compromiso para los adversarios de Estados Unidos«. Sin embargo, dijo que pudo haberselos llevado por problemas de memoria, básicamente declarándolo culpable pero inimputable.
Caracas. – Los congresistas estadunidenses, María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart, desconfían de la propuesta de nombrar al presidente colombiano, Gustavo Petro, como mediador entre el narco régimen de Nicolás Maduro, y la «oposición» venezolana.
Ambos expusieron sus posiciones este pasado miércoles, tras sostener una videoconferencia con la dirigente política María Corina Machado, a quien expresaron su respaldo tras haberle sido ratificada su inhabilitación, para elecciones presidenciales.
«No somos republicanos, ni demócratas en lo que se refiere a la búsqueda venezolana de la libertad”, expresó Salazar, quien descartó la posibilidad de que exista un «plan B» para escoger a un sustituto de Machado, en caso de que definitivamente el régimen no permita que compita en las elecciones presidenciales.
No obstante, manifestó su desconfianza acerca del plan que contempla, elegir a Gustavo Petro como mediador entre la «oposición» y Nicolás Maduro, propuesta en la que ha insistido reiteradamente la propia María Corina.
«Quiero estar equivocada, pero yo no confío en Gustavo Petro como interlocutor para habilitar políticamente a María Corina», aseveró Salazar.
Por su parte, el congresista Mario Díaz Balart dijo estar preocupado por lo que hoy vive Venezuela.En este sentido, advirtió que no ha visto un cambio de actitud por parte de Maduro; aún tras la decisión de la libertad de Álex Saab. “La tiranía en Venezuela, ha demostrado una y otra vez quién es. Públicamente nos ha insultado. Yo no veo cambio de actitud”, sentenció.
Igualmente, dijo estar preocupado por el manejo de la “política interna” del presidente Petro “acerca de las posibles violaciones del Estado de Derecho en Colombia, me preocupa su actitud hacia los grupos terroristas o pareciera una actitud de estar inclinado hacia las peores dictaduras del mundo».
Por ello, manifestó su desconfianza a que pueda ser el interlocutor «ideal» para negociar con Maduro una posible habilitación política de Machado, o sobre las condiciones necesarias para lograr una elección libre y transparente.
Asimismo, condenó las concesiones realizadas por la administración de Biden al narco régimen madurista, sin lograr cambios hasta ahora, y a pesar del compromiso que la tiranía asumió tras el acuerdo de Barbados.
A su juicio, tras todas las acciones posteriores cometidas, «Maduro se burla de Estados Unidos», condenó el político conservador.
Caracas. – El Parlamento Europeo advirtió este jueves, a través de una resolución de urgencia, que no reconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela este año, si no se cumplen varias condiciones, principalmente si se niega la participación de María Corina Machado en los comicios.
También, el ente exigió entre los requisitos, para otorgar su aprobación a las elecciones, el cumplimiento del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales.
El texto de la resolución no vinculante también sostuvo que la UE «no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela» si no se cumplen determinadas condiciones.
El documento de la resolución señala, que la advertencia debe mantenerse «hasta que se le permita a María Corina Machado participar en las elecciones». Igualmente, el texto «condena enérgicamente los intentos de inhabilitar a la candidata presidencial de la oposición democrática el régimen, María Corina Machado».
La Resolución de los eurodiputados «insta a los Estados miembros [de la UE] a que mantengan las sanciones impuestas al régimen de [Nicolás] Maduro», y pide que la propia UE adopte sanciones contra los magistrados del TSJ.Asimismo, exigieron al narco régimen que «acabe inmediatamente con la persecución de la ganadora de las elecciones primarias y, por tanto, candidata plenamente legítima de la oposición al régimen, María Corina Machado, y de otros políticos opositores».
Caracas. – Varias zonas de Caracas quedaron sin luz este jueves, 9 de febrero, luego de las fuertes lluvias que acontecen desde la madrugada, tanto en la región capital como en Vargas y Miranda.
Hasta ahora, las autoridades, en ese caso Corpoelec, no se ha pronunciado en relación a la avería que provocó la suspensión del servicio eléctrico.
Pero, también en varias ciudades al interior del país, el suministro quedó suspendido por horas, sin conocerse aún la causa.
En Caracas la situación ocurrió entre finales de la mañana y principios de la tarde, tanto en zonas del este como del centro y oeste de la ciudad.Mientras, en el interior reportaron apagones en Falcón, Carabobo, Zulia, Aragua y Táchira.
#SinLuz desde hace 15 minutos en al menos Los Ruices, Caracas. ¿Dónde más? Ya son varias las veces que esto sucede en un mes y ocho días del 2024. Expresión del BORRÓN y APAGÓN NUEVO de Corpoelec (@CorpoelecInfo). En la capital cuando caen 4 gotas de agua se va luz. #8Feb
Apagones en una gran parte de Caracas como en gran parte del país y eso que es una lluvia de mediana intensidad, imagínense si el palo de agua es grande, una semana mínimo se queda Venezuela sin el servicio ineptos chavistas. #SinLuz
Caracas. – El abogado Joel García, reconocido por ser defensor de los presos políticos, así como de varios dirigentes «opositores», denunció en sus redes sociales, haber sido amenazado este pasado miércoles por un desconocido, cuando era acompañado por diplomáticos en la sede del Palacio de Justicia en el centro de Caracas.
Según relató en su cuenta de la red «X», el hecho ocurrió cuando se encontraba frente al Tribunal 2 de Control del Área Metropolitana de Caracas, el cual no tenía despacho. En ese momento estaba acompañado por los Cónsules General y Adjunto de Chile.
“Hoy, en la sede del Palacio de Justicia, frente el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas, el cual no tenía despacho, estando en compañía de los Cónsules General y Adjunto de Chile, respectivamente, se me acercó un sujeto, quien vestía chaqueta amarilla marca Naútica, bruscamente se dirigió a mí y expresó: ‘si sigues publicando… en las redes, ya verás lo que te va a pasar’”, relató en la citada plataforma.
Comentó que el cónsul general de Chile quiso intervenir, pero el sujeto le dijo: «Tú podrás ser Cónsul de Chile pero estás en Venezuela, te callas».Posteriormente, indicó el abogado, llegó el personal de seguridad «y el sujeto felizmente se retiró».
García responsabilizó al gobierno nacional por lo que le pudiera suceder, y anexó este mensaje: «Quienes me conocen saben que no formo parte de conspiraciones o grupos de delincuencia organizada. Sabemos que @javiertarazona está preso por denunciar, sabemos que hay periodistas y abogados perseguidos por denunciar. No somos delincuentes quienes defendemos el debido proceso, es un deber cívico, es un derecho fundamental».
Caracas. – Uno de los integrantes de un grupo colectivo, y también reconocido por ser la «mano derecha» del alcalde chavista de Charallave (Miranda), fue quien coordinó el ataque al acto realizado en esa zona por María Corina Machado este pasado miércoles.
El sujeto fue identificado como Carlo Jaime, quien se desempeña como encargado de la secretaría de seguridad, en la alcaldía del municipio Cristóbal Rojas, en Charallave. El alcalde de ese municipio es el dirigente psuvista Humberto Marte.
Las fuentes consultadas por varios portales informativos, describieron a Jaime como «un déspota que se cree dueño de Charallave y controla bombas de gasolinas», y también lo señalaron de ser el responsable de organizar los llamados “cuadrantes de paz” en compañía de la policía municipal.
Otros afectos al chavismo, como los concejales del PSUV en esa región, Johan Ávila, Antony Laya y Alexis Quintero, también participaron en la agresión.
Sin embargo, señalan que Jaime fue el principal promotor, por ser quien coordinó la turba que aterrorizó con un sangriento ataque, el acto que llevaba a cabo Machado en horas de la tarde.
Tras liderar la agresión, persiguió el auto que transportaba a la dirigente gritándole que «vamos a seguir luchando por la paz y la tranquilidad de Venezuela».En la plataforma «X» difundieron uno de los videos que lo captó, cuando profería las amenazas.
Este Carlos Jaime es un chiguire y ahora se la tira de malo cuando íbamos para Tuy con Enrique Mendoza se la pasaba jalandonos bolas y ahora intentó agredir a María Corina Machado? Si te ponen diez motorizados, tu ponle 30 para ver qué carajo van hacer. pic.twitter.com/DDrvpbXt7g
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