El Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado este martes de forma oficial un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein después de que la retirada de algunas fotografías desatara críticas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, que aparecía en algunas imágenes.
Ahora el Gobierno ha sacado a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso, pero ha alertado en un comunicado de que algunos de estos archivos «contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump».
«Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein», ha indicado.
Este mismo martes, Trump ha criticado la publicación de muchas de las fotografías que aparecen en los archivos por considerar que pueden «arruinar la reputación de personas inocentes» únicamente por aparecer junto a Epstein.
En este sentido, ha hecho alusión a que Epstein estaba «por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después». «Muchos están enfadados por la publicación de estas fotos porque hay muchas personas que no tenía nada que ver con él pero aparecen en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta», ha apuntado. «Esto arruina la reputación de personas inocentes», ha añadido.
El Gobierno de EE. UU. ha anunciado una bonificación valorada en USD$ 3.000 y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.
«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.
Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a «autodeportarse» a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los USD$ 1.000 anunciados en mayo con la misma finalidad.
De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado «voluntariamente», incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.
Cabe señalar que la Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona ronda los USD$ 17.000, según recoge Bloomberg.
Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos
“El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.”
Paola B. Condori Fernández
Recientemente, el Ministerio de Trabajo de Bolivia publicó el instructivo sobre las fechas límite para el pago del aguinaldo, tanto para instituciones públicas como para entidades privadas. Esto nos lleva a replantearnos qué significa este gasto, que tal vez respecto al total de un periodo no es tan alto, pero en contextos de crisis como la economía boliviana, puede significar mucho.
El gasto público por concepto de aguinaldo, que en 2024 fue de 3.300 millones de bolivianos, fue implementado con el fin de «dinamizar la demanda interna». Sin embargo, desde el rigor del análisis económico, no debemos confundir la expansión nominal de la liquidez con el aumento de la capacidad adquisitiva de la gente.
En la situación actual macroeconómica de Bolivia, este aumento en la liquidez masiva no es inocuo; el pago del aguinaldo, especialmente en el sector público, y la presión que ejerce sobre el sector privado, nos obligan a examinar los fundamentos de la sostenibilidad fiscal y la restricción presupuestaria.
Para entender el impacto en el sector público de esta cantidad de bolivianos, primero debemos diseccionar su origen y su destino, porque en economía todo recurso tiene un costo de oportunidad:
El Sector Público y la Emisión Monetaria:
Dado que el Estado boliviano opera con un déficit fiscal profundo —superando consistentemente el 8% del PIB en los últimos años— y sin acceso a mercados de deuda internacionales a tasas razonables, la pregunta es: ¿Cómo se financia el aguinaldo de los servidores públicos? Si el Tesoro General de la Nación (TGN) no dispone de ahorro real previo, el financiamiento podría provenir del Banco Central de Bolivia (BCB). Esto es, técnicamente, una expansión de la base monetaria sin contrapartida en la producción de bienes y servicios transables.
El Sector Privado
Para el empresariado, que enfrenta restricciones para importar insumos y una caída en la demanda real, el aguinaldo se convierte en una transferencia forzosa de capital de trabajo a consumo corriente. En un entorno de incertidumbre jurídica y económica, esto desincentiva la reinversión y fomenta la informalidad como mecanismo de supervivencia.
Demanda Agregada
El argumento keynesiano, en resumen, sugiere que poner dinero en el bolsillo de la gente reactiva la economía. No obstante, en el contexto actual de Bolivia, dicha lógica falla al ignorar las expectativas racionales de los agentes y la restricción presupuestaria intertemporal, pues, al aumentar esta cantidad de dinero al mercado en diciembre, enfrentamos dos escenarios de ajuste vía precios y tipo de cambio:
La Ilusión Monetaria y el Impuesto Inflacionario
Si la oferta de bienes no crece, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes resulta inevitablemente en inflación. El trabajador recibe su aguinaldo nominal, pero su poder adquisitivo real se ve erosionado. El Estado, al financiar su gasto con emisión, está cobrando un impuesto inflacionario no legislado. Lo que el gobierno te da con una mano vía aguinaldo financiado con déficit, te lo quita con la otra vía pérdida de poder adquisitivo.
Reacción racional de protección del ahorro
Al recibir el aguinaldo, una parte significativa de los agentes económicos buscará refugio de valor. Dado que el boliviano ha perdido su función de reserva de valor, el aguinaldo no se atesorará en moneda nacional; se podría volcar a la compra de dólares —o USDT—. Cabe recalcar que probablemente no genere un gran impacto en este mercado de divisas, ya que el consumo aumenta —y no se destina tanto a ahorro— por el dinamismo generado por fechas festivas, pero eso también nos lleva al punto anterior.
Conclusión
El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.
No nos olvidemos de que el dinero es un medio de intercambio que manda señales para tomar decisiones basándonos en cómo están funcionando los diferentes mercados, por lo que cualquier tipo de bono o subsidio nos lleva a señales equivocadas.
Al forzar la liquidez, se distorsionan los precios relativos, que complica un poco más el reajuste necesario de la economía, y no solo eso, sino que es contraproducente con el objetivo inicial por el que son creados este tipo de beneficios laborales, ya que eleva el costo laboral de contratar, volviendo cada vez más complicado a las personas conseguir empleo y desplazándolas a sectores informales.
Caracas. – Las autoridades del estado Bolívar confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos sin vida de Alexander Alvarado Reyes y Ashleikert Ríos Salamanca, de 15 y 17 años respectivamente, en las adyacencias de Macagua, en Ciudad Guayana.
Los jóvenes habían desaparecido el lunes 15 de diciembre, generando una intensa búsqueda por parte de sus familiares y cuerpos de seguridad. Ambos adolescentes eran conocidos por su disciplina deportiva: solían salir a correr y practicar boxeo en su sector, UD-147.
La abuela de los jóvenes señaló que no era habitual que desaparecieran por tantas horas, ya que sus rutinas de ejercicio normalmente duraban menos de una hora. Alexander cursaba el cuarto año de bachillerato, mientras que Ashleikert estudiaba Construcción Civil en la Universidad de Oriente (UDO), destacando ambos por su compromiso académico y deportivo.
Tras su desaparición, los familiares iniciaron una búsqueda propia, mientras que los organismos de seguridad rastreaban la zona con la esperanza de encontrarlos. Lamentablemente, sus cuerpos fueron localizados días después, y las autoridades abrieron una investigación para identificar a los responsables de este atroz asesinato.
El caso ha conmocionado a la comunidad de San Félix y pone de relieve la preocupación por la seguridad de los jóvenes en la región. Las autoridades llamaron a los ciudadanos a colaborar con cualquier información que pueda conducir a los culpables.
Caracas. – Seis países del Mercosur: Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, emitieron este pasado fin de semana un comunicado conjunto exigiendo el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
El comunicado que elaboraron pide a Venezuela alcanzar «por medios pacíficos» el «restablecimiento del orden democrático» y el «respeto irrestricto a los derechos humanos».
El pronunciamiento fue firmado por los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá); el canciller boliviano Fernando Hugo Aramayo Carrasco; y altas autoridades de Ecuador y Perú, reunidos este 20 de diciembre en Foz de Iguazú.
Los mandatarios y representantes ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia, que establece el compromiso democrático como condición esencial para la integración regional. También reiteraron su defensa del Estado de derecho, el multilateralismo, los mecanismos de protección democrática y los derechos humanos como pilares del Mercosur y de la cooperación sudamericana.
La declaración, difundida por el gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay, los dos miembros del Mercosur con gobiernos de tendencia progresista.
Según fuentes gubernamentales, la declaración se debatió durante la cumbre semestral del bloque. También destaca que el comunicado no hace ninguna alusión a EE. UU. y al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela.
Si bien, en este escenario cabe señalar un contraste: mientras Javier Milei celebró la presión militar y económica que ejerce EE. UU. sobre el narcorégimen de Nicolás Maduro, el presidente de Brasil, Luiz Lula Da Silva, condenó las medidas y advirtió sobre la «catástrofe», que supuestamente podría significar para la región una intervención militar estadounidense.
Los seis firmantes expresaron su «profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela», y exhortaron a la narcotiranía de Maduro a liberar de inmediato, garantizar el debido proceso legal y la integridad física, de todos los ciudadanos privados «arbitrariamente» de su libertad.
Caracas. – Un inédito mensaje de aliento para el pueblo venezolano, pidiéndole calma y asegurándole que «ya tienen la libertad a la vuelta de la esquina», fue enviado este pasado fin de semana, por un soldado del Ejército de EE. UU. de origen cubano.
La grabación se viralizó por diversas plataformas como Instagram, Facebook y X. Aunque no se identifica claramente, este soldado estadounidense pide calma y confianza en el momento político que atraviesa el país, al tiempo que expresó su fe en que se aproximan cambios decisivos para Venezuela y para la región.
«El mensaje es simple y es que tengan calma. Calma y confíen en este proceso», expresó en varias ocasiones, subrayando que, a su juicio, se avecinan «tiempos clave para Venezuela» y también para «toda América Latina».
El joven militar asegura que «Maduro tiene los días contados», y asegura tener una conexión con el caso de Venezuela, porque está seguro de que la liberación de los venezolanos ayudará directamente a la liberación de sus connacionales en Cuba.
«Tiene solamente dos opciones, y van a ser cárcel o plomo, es lo único que tiene Maduro, ¿ok?», recalcó. En el video, el militar sostuvo que el dictador enfrenta solo dos posibles desenlaces, los cuales mencionó de forma explícita, insistiendo en que el final de su gobierno estaría cercano.
También, afirmó que le gustaría ser enviado entre las tropas que participarán en la liberación del país.
«Yo desearía que me mandaran, que mandaran a mi compañía. Nosotros no sabemos nada todavía. Soy solamente un soldado, pero en el caso de que sea yo realmente lo deseo, porque tengo una conexión especial con este tema. Y es que soy cubano (…) Yo sé que ayudando al pueblo venezolano a tumbar esa dictadura, voy a ayudar también al pueblo de Cuba», explicó.
Caracas. – El equipo político de María Corina Machado informó el pasado sábado sobre la creación de la Oficina de la Vocería Oficial que coordinará la comunicación institucional de la dirigente política y Nobel de la Paz, y del presidente electo, Edmundo González Urrutia, con medios nacionales e internacionales.
Se trata de un nuevo espacio de comunicación que busca centralizar información oficial, ofrecer datos y documentación electoral, y combatir la desinformación con criterios de verificación y transparencia. La información fue difundida por el propio equipo político, de acuerdo con un comunicado público.
Según explican en la página oficial, el objetivo es ofrecer «información verificada, oportuna y oficial sobre los principales hechos, posiciones y desarrollos relacionados con el liderazgo político que hoy encarna el mandato popular».
«La ausencia de información clara y accesible genera vacíos que suelen ser ocupados por la especulación, interpretaciones erradas o desinformación deliberada. Estas distorsiones no solo afectan la comprensión de la realidad, sino que debilitan el esfuerzo colectivo construido por la fuerza democrática unitaria para alcanzar la libertad de Venezuela», indicaron en un comunicado.
La oficina contará con dos voceros oficiales. La periodista Claudia Macero, comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV),quien se desempeña como coordinadora de Comunicación de Vente Venezuela y lideró las estrategias comunicacionales de las campañas de las primarias de 2023 y de las presidenciales de 2024, en respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia.
El segundo vocero será David Smolansky, dirigente político venezolano y director adjunto de la campaña ConVzla. Desde Washington D. C., Smolansky representa internacionalmente a Machado y a González Urrutia, además de cumplir funciones como asesor en seguridad.
En las últimas semanas de diciembre 2025, la administración Trump ha escalado drásticamente su presión sobre Venezuela con operaciones que parecen sacadas de una película de acción: la Guardia Costera estadounidense, respaldada por el Pentágono, ha incautado al menos tres tanqueros cargados con crudo venezolano en aguas internacionales del Caribe. Los buques Skipper (10 de diciembre), Centuries (20 de diciembre) y un tercero reportado el 21 de diciembre forman parte de la llamada “flota sombra” que evade sanciones, vinculada a redes iraníes y rusas.
Trump no ha escatimado en retórica provocadora. Ha declarado abiertamente que Venezuela “robó” el petróleo, tierras y activos a Estados Unidos durante las nacionalizaciones de los años 70 y las expropiaciones bajo Chávez en 2007. “They took our oil… we want it back”, ha repetido, junto a su asesor Stephen Miller, quien afirmó que empresas estadounidenses “crearon” la industria petrolera venezolana y que su expropiación fue “el mayor robo de riqueza americana”. El 16 de diciembre, Trump ordenó un “bloqueo total y completo” a todos los tanqueros sancionados que entren o salgan de Venezuela, justificándolo no solo por narcotráfico, sino por la necesidad de recuperar “derechos energéticos” perdidos.
Esa retórica es la herramienta política más efectiva para detectar colaboracionistas; quien brinque con el cuento de soberanía está con el régimen.
Dictadura y colaboracionistas, por su parte, califica estas acciones de “piratería internacional” y “robo descarado”, mientras sus exportaciones petroleras han caído en picada: decenas de buques cargados permanecen anclados, temiendo la incautación.
Pero más allá de la confrontación geopolítica, surge una pregunta incómoda: ¿Esta ofensiva es solo por el control del recurso —las mayores reservas probadas del mundo—, o hay una estrategia para desmantelar la compleja red de corrupción y negociados que ha sustentado el negocio petrolero venezolano durante décadas?
PDVSA, una vez joya de la corona, se convirtió en un pozo de corrupción masiva bajo el chavismo: miles de millones desviados en sobreprecios, contratos ficticios y redes de lavado que involucran a altos funcionarios, militares y aliados internacionales. Escándalos como los de criptoactivos en 2022-2023 o las detenciones de directivos por malversación ilustran cómo el crudo financia no solo al régimen madurista, sino estructuras paralelas de poder.
Sin embargo, la corrupción no ha sido exclusiva de un bando. Citgo, la filial de PDVSA en EE. UU., ha sido un epicentro de controversias. Desde 2019, bajo control de una junta ad hoc designada por estructuras opositoras, ha enfrentado acusaciones de manejo antinacional: decisiones judiciales fallidas, no comparecencias en cortes y conflictos de interés que inflaron pasivos en miles de millones —como el default ruling de ConocoPhillips por más de USD$ 10B—. Este manejo irregular facilitó que un tribunal en Delaware autorizara, el 29 de noviembre de 2025, la venta de las acciones de PDV Holding —matriz de Citgo— a Amber Energy (afiliada al fondo Elliott) por unos $5.9 mil millones, para pagar deudas por expropiaciones y defaults. Aunque apelada y con una extensión temporal de protección OFAC hasta febrero 2026, la pérdida de Citgo —valorada en USD$ 11-13 mil millones— es inminente, un golpe estratégico que deja a Venezuela sin su principal activo extranjero refinador.
Irónicamente, en esta subasta que prioriza a acreedores como Crystallex, ConocoPhillips y tenedores de bonos PDVSA 2020, las víctimas no quedan al margen: los 23.000 petroleros masivamente despedidos y perseguidos políticamente tras el paro de 2002-2003 recibirán compensación vía un QSF —Qualified Settlement Fund o Fondo Fiduciario Calificado—, un mecanismo legal estructurado para indemnizar sus reclamos por violaciones a derechos humanos —despidos sin debido proceso, pérdida de prestaciones, desalojos forzosos y persecución—, asegurando una distribución justa y protegida de recursos para ellos y sus familias.
Las incautaciones y el bloqueo podrían estar forzando una transparencia brutal: al asfixiar las exportaciones ilícitas —vía flota sombra a China, India o aliados—, se interrumpe el flujo de dinero negro que alimenta no solo al régimen madurista, fortunas opositoras rimbombantes, sino también potenciales arreglos opacos en el manejo de activos petroleros externos. Trump, con su estilo provocador, parece apostar a que esta presión revele las conexiones ocultas en el negocio del crudo, donde intereses cruzados han permitido que la corrupción prospere impune, mientras se abre camino a reparaciones históricas para víctimas reales. Hablo del holocausto petrolero.
¿Es este bloqueo del Comando Sur un “saneamiento” forzado del sector petrolero venezolano, o solo un pretexto para imponer control estadounidense? Para este cronista, la elección es la primera hipótesis. Lo cierto es que el bloqueo está golpeando duro la economía chavista, y podría arrastrar a la luz las tramas que han enriquecido a élites de ambos lados durante años. En un país donde el petróleo es 95% de las exportaciones, esta provocación trumpista podría ser el detonante para deshilachar una tela de araña que ha atrapado a Venezuela por décadas.
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
«Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control activo de la localidad de Vilcha, en la provincia de Járkov», ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, sin más detalles y sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates en la zona.
Cabe señalar que Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú invadió en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de invadir en 2014 la península de Crimea.
La Unión Europea (UE) ha prorrogado seis meses más, hasta julio de 2026, las sanciones comerciales y económicas que el bloque impuso gradualmente al Gobierno de Vladímir Putin desde 2014 por las sucesivas acciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión del país en febrero de 2022.
Se trata de distintas medidas coercitivas sobre un amplio espectro de sectores, desde restricciones al comercio hasta medidas sobre la energía y las finanzas, pasando por acciones que afectan a la industria tecnológica, a los bienes de doble uso civil y militar, el transporte y los bienes de lujo.
Asimismo, hay sanciones dirigidas a prohibir las importaciones o transferencias de petróleo crudo y ciertos productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia a la UE, así como la desvinculación de varios bancos rusos del sistema SWIFT.
Por último, el paquete prorrogado también abarca la suspensión de las actividades de difusión y las licencias en la UE a varios medios de desinformación respaldados por el Kremlin y medidas específicas para contrarrestar desde la UE la elusión de sanciones.
En un comunicado, el Consejo de la UE advierte que, mientras persistan las «acciones ilegales» por parte de Rusia que violan las normas fundamentales del Derecho Internacional, la UE continuará considerando pertinente mantener en vigor «todas las medidas» adoptadas por el bloque, que tomará decisiones «adicionales», «si es necesario».
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