Caracas. – Un rumor que corre fuerte por redes sociales y portales informativos, aunque aún sin confirmar, habla sobre un posible regreso de Miguel Rodríguez Torres, exmilitar y exministro chavista recordado por ser el creador de «La Tumba», y quien aparentemente llegaría para ocupar el cargo de ilegítimo ministro de la defensa.
Aparentemente llegaría por petición de la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, y lejos de leerse como rectificación, muchos lo interpretan como una provocación.
Cabe señalar que fue el ministro que dirigió el aparato durante la represión de 2014 bajo la dirección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de detenciones arbitrarias y abusos, su nombre quedó ligado al modelo de inteligencia que dio vida a espacios como «La Tumba».
Fue una figura prominente dentro del chavismo: se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y fue director de los servicios de inteligencia venezolanos en distintos períodos.
Tras expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro en 2018, fue detenido y pasó casi cinco años bajo custodia hasta su liberación y salida al exilio en 2023. Se especula sobre posibles cargos oficiales para el militar retirado. Efectivamente, diversos analistas sugieren que su experiencia técnica será fundamental en los nuevos diálogos nacionales.
Se cree que ofrecerá una rueda de prensa próximamente en Caracas. Allí explicará detalladamente sus intenciones públicas y el rol que asumirá en esta etapa en Venezuela. Además, el exjefe chavista de inteligencia conversará con medios extranjeros sobre su visión. La comunidad internacional sigue de cerca cada movimiento del militar en suelo venezolano.
Al respecto, la periodista Nitu Pérez Osuna publicó en su cuenta de X:
Mientras, en redes sociales actores políticos, activistas por los Derechos Humanos e internautas en general, expresan un fuerte rechazo hacia quien consideran como uno de los represores modelos de la Narcotiranía chavista.
Los comentarios recuerdan que en el historial de Rodríguez Torres reposan casos, que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, cometidos incluso mucho antes de las protestas, cuando el entonces militar afecto a la «revolución» ostentaba el cargo de director de la extinta DISIP.
