Cifra de fallecidos por terremotos del 24-J aumentó a 6.301

Caracas. – A 6.301 aumentó el número de fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, en una actualización que agregó 176 víctimas fatales al reporte anterior y volvió a poner el foco sobre la magnitud de la emergencia abierta desde el 24 de junio.

De acuerdo con la información publicada en redes sociales por el jerarca chavista Jorge Rodríguez, un total de 73.356 personas han sido atendidas en hospitales como parte de la respuesta desplegada tras la emergencia.

El balance también señala que 53.314 viviendas han sido evaluadas, de las cuales 31.336 son consideradas habitables, mientras que 12.411 presentan restricciones y 9.567 fueron clasificadas como viviendas de alto riesgo.

En materia habitacional, el reporte indica que 287 viviendas han sido entregadas hasta la fecha.

Asimismo, se precisó que —supuestamente— se han recogido 483.525,41 toneladas de escombros, cifra que representa un 23,26% del total previsto en las labores de reconstrucción.

El aumento del número de fallecidos coincidió con un nuevo llamado técnico para revisar las reglas de construcción en el país. El Colegio de Ingenieros de Venezuela planteó este lunes la necesidad de actualizar las normas sismorresistentes y de revisar la planificación urbana. Su presidente, Enzo Betancourt, propuso crear una “Comisión Nacional Sismorresistente” que asuma la evaluación de los colapsos y publique diagnósticos sobre lo ocurrido.

En la nota difundida por esa organización, Betancourt sostuvo que esa instancia debería emitir “informes públicos sobre las causas de los colapsos” y también formular recomendaciones para reforzar la normativa vigente.

Pero la propuesta también añade otra tarea: revisar leyes de ordenamiento urbano, así como criterios de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificios e infraestructura.

Cabe recordar que la última actualización de las normas sismorresistentes venezolanas se realizó en 2019, según la propia agremiación.

Alertan por incremento de la delincuencia en Táchira, principalmente en San Cristóbal

Caracas. – Habitantes del estado Táchira, específicamente de San Cristóbal, han comenzado a denunciar desde días recientes y a través de las redes sociales de un aumento alarmante de la delincuencia en el estado andino.

En las redes se publicaron videos donde se observan robos a mano armada a locales comerciales, hurtos y hasta vandalismo en algunos establecimientos de comida rápida y heladerías ubicados dentro del municipio.

Uno de los videos que se difundieron en las últimas horas muestra un atraco en un local de víveres ubicado en la avenida principal del barrio Las Flores. Eran cuatro los delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas, dos entraron al negocio y pidieron al encargado entregar el dinero. Los otros esperaron afuera. Los cuatro huyeron con lo robado.

También, el pasado jueves, la encargada de un local de comida rápida, ubicado en la avenida 19 de Abril de San Cristóbal, denunció que el establecimiento amaneció vandalizado, sufriendo hurto de dinero y materia prima.

La encargada del establecimiento comercial denunció en un video, que al local le rompieron los cristales para ingresar, se robaron la caja chica y las ganancias del día anterior, además de la materia prima.

Hay hechos que han encendido la alerta entre la población tachirense, como es el caso ocurrido en El Capacho, donde fue secuestrado un sacerdote colombiano, aparentemente por un grupo delictivo que opera en territorio venezolano y en Táchira.

Igualmente, en el municipio Sucre, un crimen que permanece impune ha consternado a la población y se refiere al de los hermanos Ricardo Julio y Víctor Julio Chacón, de 8 y 10 años respectivamente, quienes están desaparecidos junto a su padre desde el 22 de julio, cuando la madre de ambos, Mayra Alejandra Chacón, fue hallada sin vida con signos de violencia en el río Uribante.

Además de los robos a locales comerciales, han vuelto a la cotidianidad los robos de celulares y hurtos en general. Los atracos a mano armada también se han hecho frecuentes. La semana pasada, dos sujetos armados, quienes se movilizaban en una motocicleta, despojaron de sus pertenencias a un grupo de jóvenes, cuando conversaban cerca de la Cantv en Pueblo Nuevo. A punto de pistola les quitaron sus teléfonos celulares.

Asimismo, en las redes se incrementaron las publicaciones que instan a los comerciantes de San Cristóbal a instalar cámaras de seguridad que funcionen 24/7 en sus establecimientos. Piden urgentemente la medida, para que, por un lado, sea disuasoria ante los criminales, pero también para que ayude a identificar a los asaltantes que tienen a la ciudad bajo azote.

Rehenes políticos de Operación Gedeón están en huelga de hambre por torturas y tratos crueles

Caracas. – Seis días en huelga de hambre tienen ya un grupo de 15 rehenes políticos vinculados con la Operación Gedeón, debido a las brutales torturas, tratos crueles y un grave deterioro físico y psicológico que sufren en el Fuerte Guaicaipuro (Cenapromil) de Miranda.

Las víctimas exigen respeto a sus derechos fundamentales y denunciar el incumplimiento de promesas sobre posibles excarcelaciones. Sus familiares aseguran que no saben nada de ellos y piden a las autoridades que respondan a sus exigencias.

La protesta tiene como fin llamar la atención del ilegítimo ministro chavista de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ya que detallan que siguen sometidos a torturas y tratos crueles. Además, varios de los militares presos en este lugar ya cumplieron la pena, pero continúan injustamente tras las rejas.

Jessica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, oriundo de Caracas, exigió la libertad inmediata de todos estos rehenes, y explicó las condiciones en las que viven las víctimas en el Fuerte Guaicaipuro.

El calvario de las familias se agudizó tras el traslado arbitrario desde la sede del SEBIN en El Helicoide hacia ese centro de tortura. Según los familiares, cuando las unidades oficiales trasladaban a los prisioneros, ellos intentaron seguir las caravanas, pero les fue imposible al quedar retenidos en las vías por los bloqueos de seguridad.

«No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, dijo Castro.

También contó que permanecieron en condiciones sanitarias extremas, pues pasaron tres meses sin bañarse ni cepillarse los dientes, ocasionando la pérdida de piezas dentales y dolores bucales. Enfatizó que también les vulneraron sus derechos al recibir agua contaminada, ya que solo les permitían un solo recipiente de agua por celda (para 3 o 4 personas) que debía durar toda la semana. “El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció.

Para el día que les dieron la fe de vida, sus familiares evidenciaron secuelas psicológicas. Estaban desorientados, temblaban y no podían sostener la cucharilla con la que comían. Jesica Castro reconoce que han visto algunos cambios con la nueva dirección, debido a que les han permitido el ingreso de almuerzos y alimentos.

Otro familiar, quien prefirió el anonimato para evitar represalias, confirmó la huelga de hambre: «Sí, es correcto; mañana cumplen una semana en huelga. Hay aproximadamente 15 de ellos en huelga de hambre exigiendo sus derechos”, señaló la fuente.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, también confirmó la situación a través de un contacto telefónico. “Entendemos que varios de los encarcelados por el caso Gedeón han iniciado una huelga de hambre. Estamos evaluando la situación y acompañando su protesta y asistiendo a sus familiares”, dijo.

Pensionados pidieron a Dinorah Figuera ser incluidos en el diálogo con el narcorégimen

Caracas. – Una comisión del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores (El Comité), se reunió este lunes con la exdiputada Dinorah Figuera para solicitarle que incluya en la agenda del diálogo con el narcorégimen interino un aumento progresivo de las pensiones.

En la comunicación entregada a Figuera, los representantes de la agrupación solicitaron a los miembros de la Comisión de Diálogo, la inclusión de la crítica situación de los adultos mayores como un tema prioritario en la agenda de diálogo nacional.

La organización hizo un llamado a la acción para que este sector, “históricamente postergado”, tenga voz en la construcción del futuro del país, acompañando su solicitud con un informe detallado sobre las violaciones sistemáticas a sus Derechos Humanos.

El texto denunció las precarias condiciones de vida a las que están sometidos. Según la organización, la asignación mensual actual equivale a apenas 0,17 centavos de dólar, una cifra diametralmente alejada de los 754,45 dólares en los que cerró la cesta alimentaria en junio, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM).

Desde el Comité se enfatizó que esta brecha económica ha derivado en muertes por desnutrición y falta de acceso a tratamientos médicos, situaciones que ya han sido denunciadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La carta también pone el foco en un aspecto particularmente preocupante: el abandono de miles de pensionados venezolanos que residen en el exterior. A estos ciudadanos, se les suspendieron sus pagos desde 2016, generando una deuda acumulada que el Estado debe reconocer y reparar.

La carta entregada este lunes es un acto de exigencia. Los firmantes, encabezados por Urimare Capote y Edgar Silva a nivel nacional y con representantes de diversos estados del país, no buscan únicamente ser escuchados como víctimas. Su petición es profunda: que los adultos mayores tengan voz y presencia activa en la búsqueda de soluciones.

Juan Barreto y Mario Silva protagonizan enfrentamiento y revelan pugna entre facciones del narcorégimen

Caracas. – Un enfrentamiento marcado por acusaciones y descalificaciones entre los narcochavistas Juan Barreto y Mario Silva revela desde este el enfrentamiento entre facciones ya alejadas de la actual cúpula interina, así como una aparente disputa sobre quien tendrá el liderazgo para enfrentar a Delcy Rodríguez.

Mientras Barreto acusa a Silva de añorar el retorno del narcotirano Nicolás Maduro para que éste le devuelva los privilegios que le privó Delcy Rodríguez, el propagandista del narcorégimen amenaza a Barreto con tomar acciones judiciales.

En un programa transmitido por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), Barreto arremetió contra Silva calificándolo de oportunista y de no querer reconocer los desmanes que la tiranía a la cual defendía, cometía antes de la captura lograda por los estadounidenses el 3 de enero.

«Antes no pasaba nada, y se llevaban presos a adolescentes. Ahora «Silva» perdió su quinta, sus 24 escoltas, sus pagos por PDVSA y MPPE, y en este último tenía póliza de HCM, algo que se lo quitaron hasta los propios docentes», dijo.

Para referirse al propagandista ahora desechado por el interinato chavista, Barreto empleó un juego de palabras con el apellido de este, al manifestar «hay que personajes que antes no decían nada, pero ahora sí ‘Silvan'».

Al igual que con Silva, Barreto también señaló a otros personajes del narcorégimen por defender intereses y negocios propios o de mostrar nostalgia por la pérdida de privilegios, prebendas y cargos oficiales tras criticar o acomodar su discurso político actual.

Ahora, en respuesta, Mario Silva anunció este pasado domingo formalmente su intención de emprender acciones legales, por difamación contra el exalcalde mayor chavista de Caracas.

En una transmisión pública, Silva rechazó categóricamente los señalamientos sobre su presunto vínculo como asesor en PDVSA y en el Ministerio de Cultura, así como las afirmaciones respecto a la pérdida de una propiedad residencial. Calificó estas aseveraciones como falsas y aseguró que utilizará el contenido de su programa como respaldo probatorio en un eventual proceso judicial.

También, Silva cuestionó la narrativa de los llamados «chavistas originarios» —]grupo del cual forma parte Barreto— y defendió su trayectoria política, rememorando su papel como miembro fundador y parte de la primera dirección nacional del PSUV.

En su mensaje, Silva enfatizó que no ha recibido aún notificaciones sobre una posible expulsión de la organización política, señalando que, desde inicios de año, ha intentado mantener canales de comunicación interna con la directiva de del movimiento de la narcoizquierda para aclarar su posición.