Por Hildemaro Ferrar.
Introducción: el Imperativo de la seguridad jurídica y el imperio de la Ley
Venezuela no podrá alcanzar sus metas de producción en sectores estratégicos, petróleo, energía, gas natural, petroquímica, siderúrgica, aluminio, hierro, bauxita, carbón, minerales estratégicos y tierras raras, si no abandona definitivamente el modelo estatista y centralista. El desarrollo integral de estas industrias exige la gestión de empresas privadas, respaldada por la garantía inquebrantable de los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la vigencia de un verdadero Estado de derecho.
La justicia debe constituirse en el eje de equilibrio y pulcritud de la nación. Para ello, es indispensable la imparcialidad, la autonomía, la separación y la absoluta independencia del Poder Judicial respecto a las presiones del poder político. Asimismo, la nación requiere con urgencia una infraestructura financiera apta para procesar y financiar grandes inversiones, respaldada por una red funcional de servicios públicos: capacidad eléctrica robusta, puertos, aeropuertos, vías férreas, tránsito terrestre y conectividad digital de alta velocidad.
I. Ética pública: inhabilidad por nepotismo y cadena perpetua a la corrupción
Bajo la supremacía de la ley, ningún ciudadano ostentará privilegios ni fueros especiales. La ética republicana se blindará mediante la tipificación del nepotismo como delito federal, sancionado con penas de cinco a siete años de prisión y la descalificación definitiva para el ejercicio de cualquier función pública.
Por su parte, los actos de corrupción administrativa serán penalizados con la máxima sanción: una cadena perpetua equivalente a treinta (30) años de prisión. El respeto absoluto a los contratos privados y la plena seguridad jurídica aplicarán por igual a empresas nacionales y extranjeras.
II. Disciplina fiscal y sanciones a los poderes públicos
En el orden económico, el Poder Ejecutivo estará constitucionalmente impedido de gastar más allá del presupuesto anual aprobado. La responsabilidad del equilibrio presupuestario será compartida entre el Presidente de la República y las comisiones de Economía, Administración y Finanzas del Congreso Nacional.
Cualquier infracción o desacato a esta norma acarreará la inhabilitación política permanente: el Presidente incurrente no podrá postularse a una reelección, y los legisladores responsables no podrán aspirar jamás a un escaño en el Poder Legislativo.
III. Sistema político de tres tarjetas y proscripción de ideologías totalitarias y mercantilistas
El sistema electoral se estructurará mediante candidaturas uninominales y sin suplentes para los cargos del Ejecutivo y Legislativo. Los aspirantes se presentarán exclusivamente bajo las tres únicas tarjetas o boletas electorales permitidas en la República:
- Tarjeta de Izquierda Democrática: agrupará tendencias como la socialdemocracia, el socialcristianismo y el liberalismo de izquierda. Proscribirá taxativamente el comunismo, el fascismo, el nazismo, el colectivismo, el autocratismo, el ambientalismo radical, el indigenismo ideologizado y las agendas de diversidad de género.
- Tarjeta de Derecha (fusionista): unificará doctrinariamente el liberalismo clásico, el conservadurismo político y el nacionalismo republicano. Proscribirá de sus filas el mercantilismo y el anarquismo.
- Tarjeta de Centro (independiente): actuará de manera autónoma frente a ambas vertientes, nutriéndose de cuadros procedentes de las academias, gremios empresariales, profesionales y técnicos, y organizaciones sindicales, entre otros.
IV. La arquitectura institucional: estado neutro, limitado y descentralizado
El Proyecto 5R reconfigura la arquitectura del Estado republicano bajo una estructura neutra, estrictamente limitada a sus funciones esenciales de Seguridad, Justicia y Obras Públicas:
- Tres Poderes Públicos Básicos: ejecutivo (limitado a su rol de magistratura administrativa y de servicio), Legislativo (Bicameral real: Cámara de Diputados y Senado Árbitro) y Judicial (garante de la propiedad y los contratos).
- Tres Parapoderes de Control: órganos autónomos de fiscalización, certificación y arbitraje constitucional que previenen la concentración de la autoridad.
- Tres Instituciones Públicas Esenciales: (Procuraduría, Dirección de Estadísticas Financieras y Caja de Conversión, y el Seniat): unidades enfocadas únicamente en la tutela de la seguridad nacional, la administración de las finanzas, justicia y el mantenimiento de la infraestructura estratégica.
V. Ordenamiento Territorial: las 9 regiones provinciales
Para erradicar el centralismo de Caracas y restaurar el espíritu de la Capitanía General de 1777 y la Constitución de 1811, la República se reorganizará en nueve (9) Regiones integradas cada una por dos o más Provincias.
- Se eliminará el situado constitucional para dar paso a una autonomía e independencia tributaria real, donde las Provincias competirán éticamente entre sí para atraer talento, capital e inversión mediante marcos regulatorios atractivos y baja presión fiscal.
- Se implementa la figura de las Cortes Electorales parroquiales en reemplazo del asfixiante e in escrupuloso CNE, para darle el poder al ciudadano residente de las parroquias urbanas y rurales, dada que ellas son a la sociedad donde están los individuo, dado que se conocen sus propios habitantes, y por tanto tienen el conocimiento cercano de sus conocimientos, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, amor y querencia por sus terruños y de ejercicios públicos y privados, entre otros, facilitando ellas ejercicio del voto manual y no repetitivo de personas inescropulosas y ventajistas.
VI. Sistema Fiscal, Monetario y Fortalecimiento Republicano
El sistema económico reposará sobre dos pilares innegociables:
- Régimen Fiscal (Flat Tax y Cero Déficit): establecimiento de un impuesto único, plano, bajo, transparente y la prohibición constitucional del endeudamiento público para financiar gasto corriente.
- Soberanía Monetaria: un sistema monetario sano encabezado por el Peso Venezolano (PV), respaldado en reservas tangibles de oro a través de una Caja de Conversión o sistema de doble llave, erradicando la inflación como crimen monetario y expropiación silenciosa.
- El impuesto será único, uniforme y universal se establecerá como impuesto a la venta final de productos, bienes y servicios y alcanzara el 7% el cual se fraccionara en 2% para cada uno de las tres instancias de gobierno: Federal, provincial y municipal, el 1% restante se enviara al fondo privado de los venezolanos; el impuesto sobre la renta será de 21% y solo lo pagaran las empresas privadas.
- En cuanto a todas las empresas privadas que exploten, extraigan, produzcan y comercialicen, petroleo, energía, gas, minerales, tierras raras pagaran una regalía del 7% el cual se enviara también al Fondo privado de los venezolanos. Este se creará como un Fondo de inversiones privados parecidos al modelo noruego para garantizar la pulcritud del manejo del ahorro de todos los venezolanos, sin intervención política.
