El Frente Institucional Militar, una asociación civil legalmente constituida según las leyes de Venezuela, a través de un comunicado ha exigido respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio del 2024, donde el país rechazó el mandato del chavismo que encabezaba Nicolás Maduro. Con ello, pide el respeto a la constitución venezolana.

El comunicado en concreto expresa:

«Nosotros, oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional e integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), en ejercicio del deber ciudadano consagrado en la Constitución de la República de Venezuela, como ciudadanos militares formados bajo el amparo de las leyes de la República, invocando la autoridad moral que confiere el cumplimiento del deber ciudadano y el respeto absoluto a la voluntad popular, fijamos una posición histórica e irreversible frente a la crisis de legitimidad que fractura nuestra nación.

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (Art. 5). El 28 de julio de 2024, esa soberanía se manifestó de forma inequívoca en las mesas electorales de cada rincón del país. Este mandato no es una sugerencia política, es una orden constitucional. Ya hemos avanzado significativamente en la consecución de esa victoria gracias a la inapreciable ayuda proporcionada por la actual administración de los Estados Unidos de América, pero debemos consolidarla. En las horas más oscuras de nuestra historia republicana, la verdad no puede ser objeto de transacción ni la soberanía materia de negociación.

Cualquier arquitectura de poder, sea mediante la usurpación fáctica consolidada el 10 de enero de 2025, o mediante la ficción de interinatos designados sin base electoral directa, constituye una violación al hilo constitucional. La soberanía no se delega en despachos ni se hereda por nombramientos; se ejerce en las urnas y se defiende en las instituciones.

Reivindicamos la figura de los Militares presos de Conciencia, hoy secuestrados y torturados por el aparato de inteligencia. Su actuación no es un acto de rebeldía, sino de obediencia superior en cumplimiento de los Artículos 333 y 350, el militar no es un verdugo de la Constitución, sino su primer custodio. Quienes hoy están cautivos lo están por negarse a ser cómplices de la ruptura del orden democrático. Rechazamos categóricamente cualquier «Ley de Amnistía» que pretenda ser impuesta como una concesión graciosa de la usurpación. La amnistía implica el olvido de un delito; pero defender la Constitución y la voluntad popular no es un delito, es un honor. Exigimos la Libertad Inmediata por Restitución de Justicia, no por olvido político.

Los eventos del 3 de enero, cuando una proporción alarmante, dos terceras partes de las bajas en defensa del régimen, fueron efectivos extranjeros, demuestran que la usurpación ya no cuenta con el respaldo de las armas de la República, sino con el auxilio de fuerzas mercenarias e ideológicas externas. Un Estado que requiere de botas extranjeras para someter a su pueblo ha dejado de ser un Estado soberano para convertirse en un territorio de ocupación, demostración palpable de que la soberanía nacional ha sido mancillada.

No habrá paz mientras se pretenda sustituir la realidad de las actas por la ficción de la fuerza. El camino a la estabilidad nacional solo tiene una vía:

Reconocimiento de los elegidos: El llamado inmediato a quienes recibieron el mandato popular el 28J para que asuman sus obligaciones de gobierno

Cese de la Tortura, la Represión y el Secuestro: Liberación inmediata de civiles y militares procesados por defender el orden constitucional.

Garantía incondicional para el regreso de los exiliados: Apertura de fronteras para permitir su reinserción como ciudadanos con todos sus derechos.

LA REPÚBLICA NO SE NEGOCIA; LA CONSTITUCIÓN SE RESTITUYE.»