Por Leroy Garrett.

Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del pacto de gobernabilidad más exitoso de la historia moderna venezolana; un acuerdo que Chávez no se cansó de condenar y que habría ocasionado todos los males que el se proponía corregir, pero no se ha olvidado, y visto lo que ha representado el chavismo en Venezuela, hasta se añora.

Es común saber que, una vez roto el control gubernamental Colonial en Venezuela hasta la fecha, el país no disfrutó de una plenitud hermética de orden, acato a la ley y los gobernantes; en aquellos tiempos se “gobernaba” la infantil republica desde Caracas y ya en Charallave habían alzados en armas.

En un país donde la tradición imprimía como plausible que el derecho lo hace la fuerza, los líderes de los partidos modernos, concientes de nuestro barbárico transito ajeno al imperio de la ley, asumiendo el mea culpa del sectarismo y la elevada confrontación de calle que produjo el régimen de Pérez Jiménez, firman un pacto de gobernabilidad; AD representada por Rómulo Betancourt, la URD de Jovito Villalba y el COPEI de Caldera.

Lo más cercano a esta experiencia que se recuerde fue el pacto de Guzmán y los jefazos de los recién creados estados federales; el arreglo básicamente eran licencias otorgadas a los caudillos para abusos de poder y descarada prevaricación, siempre y cuando no se le alzaran a Caracas.

El pacto creó las condiciones de una gobernabilidad basada en la colaboración de partidos, en específico el gobierno de Betancourt, que contó con ministros de los partidos signatarios, saliendo prematuramente URD por la rebelión del canciller Arcaya y su apoyo a Cuba en la OEA. Así, Jovito sería de nuevo asociado en el Gobierno de Leoni, más no COPEI.

El pacto por razones de alineamiento geopolítico dentro del balance de poder global derivado de la guerra fría, es excluyente de la izquierda marxista, caussando una crispación política que llevó a la división en AD —surgiendo el MIR— y la URD —Fabricio Ojeda y Jose Vicente Rangel—, y una prolongada y sangrienta insurrección guerrillera financiada por Fidel Castro y ejecutada por actores y ancestros de la presente desgracia.

El pacto abrió la vibrante, aunque no completamente justa, sociedad venezolana de segunda mitad del siglo XX, aperturo espacios de tolerancia y participación en el poder público en donde los antiguos insurrectos encontraron cuotas de poder y relevancia social-económica por virtud de la garantía de elecciones éticas y de transparencia.

Pero el pacto derivó en un crudo reparto de posiciones cada día más impopular, gracias a un sistema populista de subsidios devenido insostenible por la caída de precios petroleros en los años 80.

Cuando la clase política se percata de la necesidad de desmontar la versión democrática del estado gomecista y abrir el camino a un nuevo contrato social, cosa que evidentemente se inició con toda responsabilidad histórica —ejemplo de ello es que se llevaron a cabo elecciones regionales para elegir gobiernos autónomos, entre otros avances—, el retorno a la barbarie fue electo por voto universal y mayoritario.