Caracas. – La congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó este pasado jueves que las elecciones presidenciales en Venezuela se podrán celebrar en 2027, solo después que la administración Trump haya logrado su objetivo principal, que es la liberación del país.
En declaraciones ofrecidas a los medios, la legisladora republicana aseguró que su país no tiene interés en una ocupación del territorio, sino que concentra sus esfuerzos en la liberación de la nación a través de mecanismos electorales legítimos.
«El año que viene tiene que haber en Venezuela elecciones libres y transparentes, con la ayuda del gobierno de EE. UU. para que los venezolanos decidan el futuro político de su país», expresó Salazar.
Consideró el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el camino ideal hacia la democracia en Venezuela y descartó que la administración de Donald Trump esté implementando estrategias de «ocupación» en el país. «EE. UU. no está en el negocio de la ocupación, está en el negocio de la liberación», afirmó.
Asimismo, Salazar destacó que, aunque el régimen venezolano pueda intentar aparentar avances mediante promesas o la liberación selectiva de presos políticos, el pueblo venezolano ha manifestado su deseo de libertad y democracia, con el fin de poner término al chavismo de manera definitiva.
«El régimen podrá intentar maquillarse, pero el pueblo venezolano ya decidió que quiere libertad y democracia», subrayó.
Caracas. – La jerarca chavista Iris Varela advirtió este pasado jueves, que el narcotirano Nicolás Maduro “regresará”, y la actual encargada del chavismo, Delcy Rodríguez, solo le está «cuidando la silla».
Así lo manifestó durante una entrevista en el programa «Fuera de Caja», en el cual insistió —sin argumentos comprobables— que la legitimidad de Maduro no estaría bajo ninguna discusión, calificando al acusado por narcoterrorismo y lavado de dinero, como un presunto «prisionero de guerra» y «preso político».
Varela sostuvo, sin pruebas, que el proceso judicial en contra del líder chavista responde a “un juicio montado» y «una falsedad» y que «el regreso del presidente pasa” por una decisión estrictamente política y por el manejo estratégico del «tablero geopolítico» internacional.
Asimismo, afirmó además que Delcy Rodríguez estaría “cuidando la silla” del narcotirano preso mientras se define su regreso, frase con la que ratificó la continuidad del liderazgo oficialista bajo la actual conducción del Ejecutivo.
“¿Con quién le estamos cuidando la silla a Maduro? Con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí. Ahí no se va a sentar otra que no sea Delcy mientras tanto”, dijo.
Finalmente, aseveró que en el país no se llevarán a cabo elecciones presidenciales y pidió a la oposición “olvidarse” de ese escenario político. “Olvídense que aquí va a haber elecciones presidenciales”, sentenció Varela.
Esta semana, el comunicador y propagandista Pedro Carvajalino fue seleccionado como el «borrego de la semana» debido a su abrupta caída en desgracia tras el colapso de su entorno político. Carvajalino, ampliamente conocido por su vinculación operativa con el portal de propaganda Venezuela News —asociado a Alex Saab—, se había mantenido oculto en las plataformas digitales tras el desmantelamiento de la red de poder de sus antiguos jefes. En este marco, el comunicador pasó de ser un hostigador público a intentar asumir un papel de víctima, luego de denunciar recientemente que fue agredido por una turba.
Cabe destacar que esta reacción evidencia el impacto directo de haber quedado fuera de los subsidios económicos y de la protección especial de la que gozaba bajo la estructura del régimen. Por ello, el caso de Carvajalino —de nacionalidad colombiana— puede calificarse como una dosis de su propia medicina, pues antes él solía atacar deliberadamente a la ciudadanía cuando se encontraba respaldado y protegido por la estructura criminal chavista. De hecho, llegó a ser explicito al apuntar al asesinato de los «escualidos», entre otras expresiones similares.
Además, es necesario señalar que esta situación se enmarca en un escenario de fracturas generalizadas dentro del chavismo, donde antiguos defensores del sistema han comenzado a enfrentarse entre sí al perder sus privilegios. Por ejemplo, la realidad de Carvajalino se puede comparar con las quejas públicas de censura emitidas por Mario Silva tras la pérdida de su programa de televisión, lo cual deja claro que la lealtad de estos actores depende enteramente de los beneficios materiales que reciben.
Caracas. – Fuentes del gobierno de Estados Unidos revelaron, que se planea abrir sedes de la DEA (Administración de Control de Drogas) y de Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) en Caracas, como parte de la estrategia de cooperación, reordenamiento institucional y combate al crimen organizado.
La información fue dada a conocer este jueves, por el periodista David Placer, quien asegura contar con fuentes directas de la Casa Blanca. El objetivo primordial sería intensificar las labores de investigación y persecución, contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado que operan en la región.
«Una información exclusiva que hemos obtenido de forma fidedigna, de fuentes cercanas a la administración de Donald Trump, indica que el gobierno de los Estados Unidos, está a punto de anunciar que va a abrir agencias inteligencia y también de entes gubernamentales en Caracas», informó Placer en una transmisión en su canal de Youtube.
De acuerdo con la información, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) contarán con sedes operativas en Caracas.
«No se extrañen, amigos, al ver policías estadounidenses con chapa, uniformados y armados caminando por las calles de Caracas. No se extrañen si eso ocurre en los próximos meses», indicó.
El reporte señala que el despliegue de estas agencias internacionales tiene como objetivo colaborar en el terreno: la DEA enfocada en el combate al narcotráfico, mientras que Homeland Security apoyará las labores de vigilancia contra el blanqueo de capitales y otros delitos cometidos en Venezuela que atenten contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
«Se trata de un paso gigante, en esa toma de control de territorio que poco a poco va ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos en territorio venezolano. Para humillación mayúscula de Delcy Rodríguez, de todo el régimen interino, de las hordas del chavismo, que tanto despotricaban, tanto fustigaban al imperio, el imperio da un paso más en ese maratón de humillaciones al chavismo», sentenció el periodista venezolano.
Caracas. – Familiares de rehenes políticos en Venezuela protestaron este jueves, ante la sede del Ministerio Público chavista en Caracas, para denunciar que el organismo ha incumplido los acuerdos, a los que las partes llegaron hace un mes, y que consisten en mejorar la situación carcelaria de estos detenidos, las cuales persisten y han empeorado.
La manifestación fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (ClippVe), cuyos representantes exigieron respuestas de las autoridades y la atención inmediata a las condiciones de reclusión de los detenidos.
«La Fiscalía ha tenido un trato discriminatorio y selectivo, incluso con esta gestión que no se ha reunido con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), porque sabe que tenemos suficiente sustento y moral para denunciar todos los atropellos y violaciones sistemáticas a las que son sometidos nuestros familiares», enfatizó la coordinadora de la ONG, Andreina Baduel.
Los participantes denunciaron presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, así como la falta de avances en las investigaciones relacionadas con muertes, motines y tratos inhumanos en los centros de reclusión.
Durante la concentración, los voceros del Clippve señalaron que en los últimos dos años se han realizado al menos 15 encuentros y protestas frente al Ministerio Público sin obtener resultados satisfactorios, pese a la entrega formal de documentos y solicitudes.
Durante la jornada, una comisión fue recibida por funcionarios del Ministerio Público, para entregar un documento dirigido al fiscal Larry Devoe, en el que denunciaron presuntos maltratos, falta de atención médica, hacinamiento y retrasos en los procesos judiciales.
Los familiares también expresaron preocupación por los recientes motines ocurridos en cárceles venezolanas, especialmente en el Internado Judicial de Barinas y otros centros penitenciarios, donde se reportaron muertos y heridos en medio de protestas de los reclusos por las condiciones de encierro.
“Seguimos denunciando la violación de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas”, señalaron algunos de los manifestantes, quienes portaban pancartas y fotografías de sus familiares detenidos.
Caracas. – Según lo alertó este pasado miércoles la defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, por lo menos las vidas de 51 rehenes políticos con enfermedades graves, corren peligro tras las rejas.
Debido a esta situación, Malavé acudió al Ministerio Público para solicitar la revisión de los casos. Indicó a los medios de comunicación que en la información recabada cuentan con los diagnósticos médicos y otros detalles de los detenidos enfermos.
La activista advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas frente a este escenario, se podrían registrar nuevas muertes bajo custodia del Estado. Además, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades frente a las denuncias de familiares y defensores de derechos humanos.
Asimismo, alertó que la falta de independencia de poderes permite que diagnósticos médicos y evaluaciones especializadas sean ignorados o retrasados por trabas burocráticas dentro del Senamecf, mientras numerosos detenidos permanecen encarcelados sin atención adecuada.
Además, calificó de burla las declaraciones de altos funcionarios que han anunciado liberaciones masivas, algo que no ha ocurrido.“La pérdida de credibilidad absoluta en ellos. Primero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apersonó en un centro de reclusión y dijo que iban a salir; y detrás de eso vino huelgas, madres desmayadas, los muchachos en huelga de hambre. Ahora otra vez, y viene de la presidenta encargada de la República”, denunció.
La ONG registra al menos 631 secuestrados en Venezuela por motivos políticos. La directora aseguró que el sistema de justicia colapsó.
“Colapsó de tal forma que todo el que quería lo utilizaba. Todos: funcionarios del FAES, políticos. De hecho, cuando nosotros conocemos al preso político, le preguntamos: ‘¿Quién es tu carcelero?’, para ver hasta dónde alcanza el poder y hasta dónde nosotros podemos llegar”, manifestó.
Caracas. – La administración de Donald Trump ha sugerido discretamente, a los fiscales federales de Florida, que eviten llevar a cabo investigaciones criminales contra la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, quien está catalogada como un objetivo de larga data de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Así lo reveló la agencia de noticias The Associated Press (AP), la cual obtuvo registros de dicha entidad que apuntan a que la nueva líder chavista, ha estado bajo la mira de las fuerzas del orden federales desde al menos 2018, además de que ha recibido acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos como otros altos cargos venezolanos.
La agencia estadounidense pudo constatar que los fiscales han tenido como objetivo avanzar en las investigaciones contra la que fue vicepresidenta del entonces dictador, Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York.
La DEA habría tenido como objetivo avanzar en estas investigaciones penales contra Delcy Rodríguez, sin embargo, la orden del gobierno Trump habría hecho que el objetivo tuviera un sorpresivo giro.
La instrucción de pausar el escrutinio sobre Rodríguez tenía como propósito no entorpecer los empeños del gobierno, para estabilizar Venezuela tras la captura de Maduro, entre otras razones, dijo un funcionario de la actual administración. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca, que remitió las consultas al Departamento de Justicia, participó en la decisión.
“A todos se les ha dicho que se detengan”, afirmó uno de los exfuncionarios.Los exfuncionarios, que habían sido informados sobre el desarrollo, así como el funcionario actual, hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar públicamente sobre deliberaciones internas.
Las revelaciones de AP llegan después de que la encargada del sistema criminal chavista anunciara, la creación de una comisión de “reestructuración” de su aparataje, para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras la aprehensión de Maduro, ocurrida en enero de este año.
Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano, José Breijo, de 73 años, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) este jueves, tras recobrar su libertad, así como su apartamento, ocupado ilegalmente por un esbirro del narcorégimen.
Breijo recibió su boleta de excarcelación bajo arresto domiciliario el viernes 22 de mayo, luego de casi dos años detenido en Tocuyito.
El operativo fue coordinado por la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y derivó en una mediación con órganos de justicia y cuerpos de seguridad para concretar el traslado de Breijo a un centro de salud, debido a las patologías que presenta actualmente.
Durante la madrugada de este jueves, a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.
El periodista Carlos Julio Rojas estuvo presente junto a Breijo, en el momento exacto en que el personal paramédico y asistencial procedió a trasladarlo desde su vivienda, localizada en la urbanización Bello Monte.
Aunque en un principio las comisiones estimaban conducirlo hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, posteriormente se confirmó que el septuagenario fue internado formalmente en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro de salud privado del este de la capital.
Por su parte, la periodista Marjorie Méndez reportó que la salud de Breijo está comprometida debido a dificultades respiratorias. “Ya esto es un asunto humanitario que debe escalar. Hay que garantizar que sus días los pase tranquilo”, publicó la comunicadora.
Breijo fue arrestado injustificadamente por los cuerpos de seguridad del Estado en el año 2023. En aquel momento, la Fiscalía de la República lo acusó formalmente de cometer presuntos delitos de terrorismo, una calificación penal que las autoridades sustentaron bajo el único argumento de que el ciudadano había tomado una fotografía fija a una bandera que contenía diversas inscripciones en idioma árabe.
Recientemente, un tribunal de control de la causa le otorgó a Breijo, una medida sustitutiva de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su avanzada edad y cuadro clínico. Sin embargo, al momento de ejecutarse el traslado a su hogar, los familiares y la defensa técnica denunciaron que el inmueble se encontraba ilegalmente invadido por un funcionario policial, quien participó de forma directa en el operativo de su detención original en 2023.
Esta semana, la noticia del día gira en torno a la reciente reunión celebrada en Panamá y encabezada por María Corina Machado, la cual ha generado profundos cuestionamientos debido a la presencia de figuras vinculadas a notorios fracasos del pasado. Entre los asistentes más destacados se encontraban Leopoldo López, criticado por la gestión, presunta corrupción y cabildeos del antiguo gobierno interino; Juan Carlos Caldera, recordado por haber sido captado en video recibiendo dinero de Ruperti; y el exministro de finanzas chavista Rodrigo Cabezas, vinculado directamente con el colapso de la economía venezolana.
Asimismo, se criticó la participación de Delsa Solórzano debido a su pasada abstención en la declaratoria de persona no grata a Rodríguez Zapatero y sus nexos con la Internacional Socialista a través del partido Un Nuevo Tiempo. Frente a las críticas que señalan que Machado se rodea de los mismos personajes de siempre y excluye por completo a sectores como los militares retirados, la dirigente alega que en su propuesta política «caben todos», una postura totalmente estúpida al pretender obtener resultados distintos aplicando los mismos métodos del pasado dentro de un proceso de transición tutelado por EE. UU.
Asimismo, se designó al presentador colombiano-venezolano Pedro Carvajalino, quien anteriormente ejercía como operador del panfleto propagandístico pro-Alex Saab conocido como Venezuela News, como el Borrego de la semana. Tras la caída en desgracia de sus jefes, Carvajalino perdió los subsidios del Estado y la protección especial de la que gozaba, viéndose obligado a mantenerse oculto en las redes sociales hasta hace poco, cuando reapareció jugando el papel de víctima al denunciar que fue agredido por una turba.
La polémica de la semana trata sobre el simulacro de evacuación y extracción militar ejecutado por EE. UU. el pasado sábado en las instalaciones de su embajada en territorio venezolano. El operativo duró aproximadamente cinco horas, involucró helicópteros estadounidenses y la movilización de un portaaviones frente a las costas de Venezuela, contando con la autorización expresa de Delcy Rodríguez y la supervisión directa del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan. La maniobra causó revuelo debido a la nula participación de fuerzas policiales o militares venezolanas, siendo un despliegue 100% norteamericano que evidenció una demostración de fuerza y el control que posee EE. UU. sobre las estructuras locales. El hecho desnudó las contradicciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien en reiteradas oportunidades amenazó con que las tropas estadounidenses no saldrían vivas si ingresaban al país, viéndose el propio régimen obligado a anunciar el ejercicio de forma anticipada para evitar el pánico de la población.
También, en Desmantelando a la izquierda se visibilizó el calvario inhumano que atraviesan los familiares de los presos políticos, reportándose el fallecimiento de María Concepción Sánchez, lo que representa la quinta muerte de una madre de un rehén político en lo que va del año 2026. Sánchez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le causó la muerte tras ser ingresada en el hospital de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, luego de enterarse de que su hijo, el trabajador petrolero Juan Enrique Cruz Sánchez —detenido por el caso PDB Saurero—, fue excluido de las medidas de excarcelación recientes. Este trágico suceso recuerda el caso de Carmen Navas y pone en evidencia las torturas psicológicas, incertidumbre y abusos físicos que padecen los familiares en las salas de espera de los penales. A pesar de la existencia de órdenes de liberación bajo la tutela del gobierno interino, se denuncia que el régimen sigue dilatando los procesos, habiendo liberado únicamente a 39 de los 300 prisioneros prometidos por Jorge Rodríguez, mientras que la totalidad de los presos políticos militares continúan tras las rejas.
Por último, se señala al exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, quien ocupó dicha cartera bajo el mandato de Hugo Chávez entre 2007 y 2009, además de formar parte de la cúpula del PSUV, como el Corrupto en la Mira. Cabezas es sindicado como uno de los autores y diseñadores del sistema económico que destruyó las finanzas públicas de Venezuela. Los críticos advierten que el hecho de haber roto filas con el ala gobernante actual no borra su prontuario delictivo, comparando su asimilación en la oposición con los experimentos fallidos de Luisa Ortega Díaz o Rodríguez Torres. Pese a este historial, se subrayó que existe una relación estrecha con María Corina Machado, quien no solo ha validado su presencia en reuniones estratégicas, sino que anteriormente dedicó alertas internacionales exclusivas desde sus redes para exigir su liberación y aceptó públicamente su respaldo político durante la pasada campaña electoral.
La Policía de Portugal ha llevado a cabo este jueves un registro en la sede del Partido Socialista (PS) en la capital, Lisboa, como parte de una investigación sobre una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor socialista y relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios portugueses, con pérdidas que ascienden a casi dos millones de euros.
«El Partido Socialista confirma que la Policía Judicial está en la sede nacional del Partido Socialista, llevando a cabo diligencias relacionadas con actividades que se imputan a uno de sus trabajadores», ha indicado en un comunicado.
El PS ha dejado claro que la formación política, como tal, «no es objeto de la investigación policial». «El Partido Socialista está colaborando con la Policía en todo cuanto le es solicitado por esta a fin de asegurar la buena conducción de las investigaciones y en el respeto íntegro de los principios y reglas del Estado de derecho», ha argüido.
La Policía ha ejecutado, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.
«Hasta la fecha, se han efectuado cuatro detenciones por delitos menores, una detención por un delito grave de posesión ilegal de armas y se han presentado cargos formales contra 37 acusados», ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.
Entre los investigados por la trama se encuentran Duarte Moral, exasesor del ex primer ministro António Costa y su mujer, así como Miguel Coelho, un exfuncionario del distrito de Santa Maria Maior de Lisboa que fue diputado del Partido Socialista entre 1995 y 2019.
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