EE. UU. propone a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN

El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, ha anunciado que el Gobierno de EE. UU. ha notificado al Congreso de Perú su intención de que el país latinoamericano se convierta en aliado principal estadounidense no miembro de la Alianza Atlántica (OTAN), una designación que supone estrechar las relaciones en materia de defensa y cuestiones financieras entre ambos países.

«El presidente de los EE. UU. tiene que seguir un procedimiento para designarlo como aliado de la OTAN, que es notificarlo al Congreso por lo menos con 30 días de anticipación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Han hecho ya esa notificación», ha sostenido De Zela en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP.

El ministro peruano ha adelantado que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ya le comunicó su intención de dar este nuevo paso en una reciente reunión bilateral que mantuvieron hace unos días.

De Zela ha asegurado que la alianza supondrá mayores facilidades para el «desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento y de municiones» y para «financiación militar extranjera», lo que significa una «posición privilegiada de cooperación y de facilidades para nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a la cooperación militar con Estados Unidos».

«Es un gesto político de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa», ha sostenido.

Cabe señalar que el responsable de la cartera de Exteriores del Gobierno de José Jerí ha informado de que Marco Rubio realizará una visita oficial a Perú en los próximos meses, tras la reunión en Washington el pasado 5 de diciembre.

«La fecha de la visita de Marco Rubio todavía no tengo una precisión, pero probablemente esté entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país», ha declarado De Zela.

Detenido el expresidente de Bolivia Luis Arce por presunto desvío de capitales

El expresidente de Bolivia Luis Arce ha sido detenido este miércoles en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía, ha informado la Fiscalía del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, ha indicado en una rueda de prensa que el arresto del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se debe a «los indicios de participación en el hecho, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización que pueda haber por (su) parte en contra de los otros conimputados, o en contra del presente proceso penal».

El magistrado ha confirmado que a Arce se le imputan «presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», pero ha precisado que «no estamos hablando de hechos que pudieran haber pasado» mientras presidía el país. «Estamos hablando de supuestos hechos de corrupción (…) no sólo por el hoy aprendido (…), sino porque otras personas también habrían realizado la misma actividad», ha relatado.

Mariaca ha defendido que la detención de Arce «no se trata de persecución ni tampoco de un hecho político», sino que desde la Fiscalía «estamos realizando nuestro trabajo porque la Constitución dice que quien dirige una investigación es el Ministerio Público».

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha apuntado a que los cargos por los que se investiga a Arce «datan de cuando era ministro», cargo que ocupó de 2006 a 2017 y posteriormente entre enero y noviembre de 2019, durante el mandato de Evo Morales.

En declaraciones recogidas por el diario ‘El Deber’, el ministro ha detallado que los presuntos delitos atribuidos al exmandatario son enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Según éste, durante su mandato «se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas» financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

«Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos», ha asegurado, apuntando a un perjuicio de unos 360 millones de bolivianos —cerca de USD$ 52,14 millones—.

Oviedo ha destacado que «la orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz», sucesor de Arce tras la victoria electoral a finales de octubre, y ha prometido que «no vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país».

También se ha manifestado sobre la detención de Arce el actual vicepresidente, Edmand Lara, en un corto vídeo difundido en redes sociales en el que ha felicitado a los agentes que han cumplido con la orden de arresto.

«Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Que viva la patria y que mueran los corruptos», ha declarado.

La noticia ha trascendido cuando la que fuera ministra de la Presidencia con Arce, María Nela Prada, ha denunciado el «secuestro totalmente ilegal» del expresidente «por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz».

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Prada ha explicado que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el ex jefe de Estado del país latinoamericano.

«En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal», ha expresado, insistiendo en que lo han retenido cuando «se encontraba solo».

El partido de Bolsonaro le suspende de sueldo y funciones tras su condena por —supuesto— intento de golpe de Estado

El Partido Liberal (PL) de Brasil ha anunciado este jueves la suspensión de sueldo y funciones al expresidente del país y actual presidente honorario de la formación, Jair Bolsonaro, debido a su condena de 27 años y tres meses de prisión —aunque ya se encontraba en prisión preventiva— que conlleva también la suspensión de sus derechos políticos por —supuestamente— liderar un intento de golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones de 2022.

«Lamentablemente, debido a la ley y a la suspensión de los derechos políticos de nuestro presidente honorario, Jair Bolsonaro, las respectivas actividades partidarias de nuestro líder también serán suspendidas, incluyendo su remuneración, mientras se mantengan los efectos de la condena», ha anunciado el PL en un comunicado del que se ha hecho eco el diario ‘Folha’.

El exmandatario percibía más de 39.000 reales —casi USD$ 7.300— por cuenta del Partido Liberal, casi la mitad de los cerca de 86.000 totales —más de USD$ 16.000— que ingresaba mensualmente entre esta aportación y sus pensiones militares y de la Cámara de Diputados.

Bolsonaro fue detenido preventivamente el pasado sábado por la Policía Federal bajo la justificación de un riesgo de fuga, momento hasta el cual se encontraba en arresto domiciliario. Tras su condena en firme, el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decidió mantenerlo detenido en la Superintendencia Regional de la Policía Federal en el Distrito Federal en la que estaba.

El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no beneficiarse de reducciones sobre la misma, se prevé que expire en 2060, a los 105 años de Bolsonaro.

La izquierda y la derecha irán a la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

La candidata de la coalición oficialista de izquierda, Jeannette Jara, y el candidado de la derecha —Partido Republicano—, José Antonio Kast, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas tras colocarse como las dos principales opciones del electorado en los comicios celebrados este domingo.

Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,8% de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 23,9% cuando el escrutinio se aproxima ya el 98%.

Por detrás, y, por tanto, fuera de la segunda ronda, han quedado Franco Parisi, del Partido de la Gente (19,7%); el derechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (13,9%), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (12,5%).

Cabe señalar algo: si bien es cierto que las encuestas apuntaban a la presencia de Jara en la segunda vuelta, prevista para el próximo 14 de diciembre, el apoyo de Matthei y Kaiser al segundo candidato frente al oficialismo podría provocar la derrota de la otrora ministra en el Gobierno presidido por Gabriel Boric.

De hecho, ya Matthei, que ha sido la primera de los aspirantes en comparecer una vez han ido trascendiendo los resultados, ha felicitado a los vencedores y ha hecho un llamamiento a sus votantes para que apuesten por Kast en la siguiente convocatoria, subrayando que «es superimportante que no continúe este Gobierno en el poder».

«Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado, tenemos además una entrada absolutamente descontrolada de migrantes», ha esgrimido en un discurso recogido por el diario ‘La Tercera’.

En la misma línea, Kaiser ha declarado su respaldo al segundo ganador de la noche electoral y ha prometido «velar porque esos principios que (…) han adoptado otros partidos políticos y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente».

«Damas y cabellos, el PNL acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando su espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país», ha asegurado, al tiempo que ha defendido el desarrollo «lo más limpio posible» de la campaña electoral.

Por su parte, el mandatario chileno ha felicitado a los dos candidatos vencedores de esta primera ronda en su cuenta de la red social X, donde ha tenido palabras para los cuerpos y fuerzas de seguridad y otras instituciones que «resguardaron el desarrollo de este acto democrático» y al Servel y vocales de mesa por su «trabajo intachable».

«En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno y una de ustedes se juega esta fundamental decisión. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre.», ha reclamado, después de enviar un «saludo» a los electores que acudieron «masivamente» a las urnas, pese a que es obligatorio desde que lo estableciera el Congreso en 2022.

Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y espeta a la UE: «No puede determinar» cómo se defiende EE. UU.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha defendido este miércoles los ataques ejecutados contra embarcaciones en aguas del Caribe alegando que están en «su hemisferio» y ha señalado que la Unión Europea (UE) no puede interferir en la política estadounidense.

«No creo que la UE pueda determinar qué es el Derecho Internacional. Desde luego, no puede determinar cómo defiende EE. UU. su seguridad nacional», ha declarado a la prensa antes de reiterar el argumento de la Casa Blanca de que el presidente, Donald Trump, está actuando «en defensa» de un país que «está siendo atacado por narcoterroristas organizados en (su) hemisferio».

Rubio ha afeado que «todos estos países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles ‘Tomahawk’ con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. envía portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema», lo que le «parece interesante».

Rubio ha hecho estas declaraciones desde la localidad canadiense de Niágara, que acoge la cumbre de ministros de Exteriores del G7. En este sentido, ha negado que en la reunión con sus homólogos se hayan abordado las operaciones militares del Ejército estadounidense en el Caribe y el Pacífico: «A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy», ha asegurado.

El secretario de Estado ha vuelto a defender que se trata de una operación contra el narcotráfico, aseverando que «podría detenerse mañana mismo (si) dejan de enviar barcos con droga», antes de volver a tachar al Gobierno de Venezuela de «régimen narcoterrista».

Al ser preguntado por el despliegue de —los supuestos— 200.000 militares anunciado por el genocida dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha limitado a afirmar que «no tienen gobierno (y) no respondo a sus declaraciones», antes de recordar que «muchos de los países representados aquí en el G7 no reconocen al régimen de Maduro como un gobierno legítimo».

Rubio ha asegurado que la dictadura venezolana «coopera abiertamente con el envío de estas drogas hacia EE. UU. y Europa», por lo que ha sugerido que los países europeos «deberían agradecer» las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe.

Cabe señalar que las declaraciones del estadounidense llegan un día después de que su par francés, Jean-Noël Barrot expresara su «preocupación» por estos ataques que «ignoran el Derecho Internacional», recalcando la necesidad de evitar la «inestabilidad causada por posibles escaladas» tras el mencionado —supuesto— despliegue militar de Caracas y el envío de un nuevo portaaviones por parte de Washington en plenas tensiones en la región.

De forma similar se ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al afirmar que desde el organismo multilateral siguen «muy preocupados y cada vez más inquietos» las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas y pidiendo, en este sentido, que «se rebaje la tensión mediante un mayor diálogo diplomático».

De forma similar se ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al afirmar que desde el organismo multilateral siguen «muy preocupados y cada vez más inquietos» las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas y pidiendo que «se rebaje la tensión mediante un mayor diálogo diplomático».

OEA alerta que en Venezuela hay problema de legitimidad en relación con Maduro

Caracas. – Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en Venezuela hay problema de «gobernanza y legitimidad» que debe ser aclarado lo más pronto posible.

En declaraciones ofrecidas al medio español El País, Ramdin admitió que existen serias dudas sobre la legitimidad de Nicolás Maduro en el poder, ya que aún está en duda su supuesto triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2024.

El secretario general de la OEA explicó que varios gobiernos del hemisferio han solicitado al Ejecutivo venezolano pruebas concretas de su presunta victoria electoral, sin que hasta ahora se hayan presentado evidencias.

“En cambio, la oposición sí presenta documentación de que ganaron ellos. Y eso presenta un problema: ¿Es este Gobierno legítimo o no? No soy yo quien debe juzgarlo, pero es mi deber asegurarme de que encontremos modos de resolverlo pacíficamente”,  sostuvo.

«De manera diplomática y negociada. Hay un problema en Venezuela en lo que respecta a gobernanza y legitimidad. Nadie puede dudarlo. Así que hablemos sobre ello”, agregó. En este sentido, afirmó que en la OEA tratarán de encontrar una solución a la crisis política en Venezuela. “Hay diferentes maneras de aplicar la diplomacia. Y de algunas de ellas solo nos enteramos más tarde, por los registros históricos”.

Por otra parte, sobre el despliegue de buques de guerra de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, Ramdin aseguró que ningún país “se puede oponer” a la razón formal que EE. UU. ha alegado: la lucha contra el narcotráfico.

“Los activos navales de EE. UU. siguen en aguas internacionales, por lo que nadie puede tener un problema con ello. No es el territorio de ningún país. Y no creo que ningún país se pueda oponer a la razón formal que EE. UU. ha alegado, y que es con la que tenemos que trabajar: que lucha contra el crimen internacional organizado. No he oído a ningún país decir que eso no sea algo positivo, porque el narcotráfico es una de las grandes lacras que padecemos en este hemisferio”, expresó.

Noboa estudia con Noem el establecimiento de bases estadounidenses en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha recibido este miércoles a la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, en la Estación Aeronaval de Manta, una ciudad portuaria en la costa central del país latinoamericano donde han abordado el establecimiento de una base militar estadounidense.

El encuentro ha sido difundido por el Ministerio de Exteriores de Ecuador y en él han participado la titular de esta cartera, Gabriela Sommerfeld, junto a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Interior, John Reimberg.

Allí han acompañado a Noboa y Noem «en un recorrido por instalaciones estratégicas para el potencial establecimiento de una base militar en Manta», según ha confirmado la diplomacia ecuatoriana en su cuenta en la red social X.

«La visita de la secretaria de Seguridad Nacional tiene como objetivo consolidar los mecanismos de cooperación técnica entre las instituciones de seguridad de ambos países y fortalecer las capacidades en la lucha contra el crimen organizado transnacional», ha agregado en una segunda publicación.

En declaraciones al diario ‘El Universo’, Sommerfeld ha indicado que, durante el recorrido, se evaluaron las capacidades que tiene la base de Manta, sus instalaciones, las pistas y plataformas, con el fin de conocer qué tipo de aeronaves podrían ocupar el lugar, qué otras capacidades pueden llegar a Ecuador y cómo fortalecer la cooperación en seguridad.

Por su parte, Loffredo ha reiterado esta idea y ha explicado la ubicación de la visita «en la base de Manta para recordar la cooperación estrecha que mantenían estos países en el combate al narcotráfico», hasta el cese de las actividades en 2009 del Puesto de Operaciones de Avanzada del Comando Sur de EE. UU.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos, donde el presidente Noboa ha defendido hace más de una semana la posibilidad de establecer bases extranjeras con el propósito de «controlar la pesca ilegal y proteger los ecosistemas».

Los ecuatorianos se expresarán sobre la cuestión el próximo 16 de noviembre en el marco del referéndum constitucional y la consulta popular.

El presidente electo de Bolivia anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EE. UU.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con EE. UU., después de 17 años de ruptura marcados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Esa relación [con EE. UU.] se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad», ha explicado durante su primera conferencia de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.

Cuando asuma el gobierno, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de «absoluto fracaso» de gestión del MAS. «Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones», añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó en la noche del domingo a Paz y ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos. También han felicitado a Paz mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile.

Colombia anuncia que no comprará armas a EE. UU. en el futuro en medio de un nuevo choque diplomático

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha anunciado este martes que se dejará de comprar armas a EE. UU. en el futuro y ha asegurado que la reciente decisión de Washington de incluir al país sudamericano en su lista de productores de droga «nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico».

«Es un tema político», ha asegurado el ministro del Interior para quien la medida de la Casa Blanca es un ataque directo al guerrillero presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha mantenido una relación tensa con las autoridades estadounidenses desde incluso antes de que llegara al poder, según ha explicado.

Benedetti ha matizado que esta decisión no afecta a la ayuda militar y a la cooperación que se está o se ha recibido ya. «Es solamente hacia adelante», ha contado en declaraciones a Blu Radio, desde donde ha destacado las cifras que da el propio Departamento de Estado estadounidense para avalar las medidas del Gobierno.

«Este Gobierno lleva 165.000 personas capturadas, 1.200 toneladas de cocaína incautadas, 53.000 hectáreas erradicadas voluntariamente y más de 10.000 laboratorios destruidos», ha remarcado.

Este lunes Washington eliminó a Colombia de su lista de países que combaten el narcotráfico, acusando directamente a Petro de ser responsable de un supuesto aumento sin precedentes del cultivo de coca y de la producción de cocaína dentro de un territorio, históricamente golpeado por el fenómeno del narcotráfico.

En las últimas horas, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha incidido en este asunto y ha reprochado a Petro por liderar de manera «deficiente» el combate contra el narcotráfico. «Ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los cárteles», ha acusado.

Rubio ha asegurado que esta situación puede cambiar siempre y cuando Colombia cumpla con los «criterios» que marca EE. UU., una afirmación que para Petro denota su interés por inmiscuirse en los asuntos internos del país y contar con «presidente títere», que permita la represión contra los campesinos.

Aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso de Brasil para su amnistía tras la condena por el supuesto golpe de Estado

Los aliados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro han retomado estos días las negociaciones en el Congreso para lograr presentar un proyecto de amnistía, después de ser condenado recientemente a más de 27 años de cárcel por supuestamente encabezar una trama golpista, tras perder las elecciones de finales de 2022.

Si bien la iniciativa ya estuvo encima de la mesa antes de que Bolsonaro se sentara en el banquillo de los acusados, ha recibido un nuevo impulso después de que el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, irrumpiera hace una semana en escena haciendo una férrea defensa del expresidente como candidato para 2026.

Está previsto que esta semana De Freitas —a quien no se descarta en absoluto para liderar a la derecha en las elecciones del próximo año—, se reúna junto a otros líderes de la oposición para seguir con la redacción de una proyecto de amnistía que presentar en un reticente Congreso.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro cuenta con los apoyos de afines como Progresistas y Unión Brasil, si bien resultará fundamental que persuada a los que ocupan el conocido como ‘centrao’ del arco parlamentario, formado por fuerzas aparentemente sin orientación ideológica que se mueven por intereses particulares.

Mientras, la oposición confía en De Freitas para que logre persuadir al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta para que incluya esta cuestión en la agenda del Congreso, aunque en el Senado se encontraría con el rechazo de su jefe, David Alcolumbre, quien defiende un texto alternativo sin perdón general.

Cabe señalar que una amnistía que también ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por inconstitucional y que, según algunos juristas, no libraría por completo al expresidente brasileño de las numerosas causas por las que ha sido condenado.

De Freitas ya defendió hace unos días en redes sociales que la amnistía es uno de los «mejores remedios para pacificar el país», que casi cada semana es escenario de grandes movilizaciones a favor de un Bolsonaro, a quien ya ha prometido indultar en caso de que lograra vencer las elecciones de próximo año.

En una de estas últimas movilizaciones hizo suyos los ataques más viscerales contra el Tribunal Supremo, calificativos de tirano incluidos al juez Alexandre de Moraes y defendió, ante la mirada de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, la amnistía para Bolsonaro y los acusados por los ataques del 8 de enero de 2023.

Mientras tanto, y a pesar del escaso recorrido parlamentario que tendría la iniciativa —principalmente en el Senado—, el Gobierno ya negocia con sus bases y sus aliados para impedir que salga adelante, al mismo tiempo que confirma el apoyo para sus políticas económicas consideradas prioritarias.