Misión de ONU denunció que represión desmedida en Venezuela es dirigida por Diosdado Cabello

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para la ONU acusó este martes a Diosdado Cabello de ser el verdadero artífice de la represión desmedida desatada en Venezuela, tras las elecciones de julio de 2024.

Marta Valiñas, presidente de la misión, hizo mención del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, a quien responsabilizó de estar detrás del incremento de “las detenciones arbitrarias”, comparando el período posterior al 28 de julio de 2024 con el período presidencial que concluyó ese mismo año.

“Diosdado Cabello dirige el aparato represivo del Estado, continúa amenazando a las personas opositoras”, indicó, añadiendo que que esta situación se viene presentando desde que Cabello fue nombrado como Ministro del Interior y Justicia en Venezuela.

“Cabello continúa amenazando públicamente. Las detenciones arbitrarias de opositores o percibidos como tales han continuado y se han incrementado”, denunció la funcionaria.

El informe presentado detalló, que fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025.

Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración. También, la Misión de la ONU hizo referencia a la investigación que avanza en Chile por el secuestro, tortura y muerte del teniente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, y destacó que «la misma fiscalía ha informado públicamente que una de las personas detenidas identificó a Diosdado Cabello como la persona que ordenó la acción contra Ojeda».

Expertos de ONU exigen al narcorégimen rendir cuentas sobre desapariciones forzadas

Caracas. – Expertos del Grupo de Trabajo Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU exigieron este pasado viernes al narcochavismo dirigido por Nicolás Maduro que renda cuentas y revele el paradero de todos los ciudadanos que han sido raptados por sus organismos represivos.

La exigencia abarca a las víctimas ubicadas en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y durante y después de la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero.

En un comunicado, el grupo conformado por cinco expertos expresó que ha habido un “uso creciente” de esta práctica sistemática “como un arma para silenciar” a los miembros de la oposición que fueron detenidos por fuerzas de seguridad de Maduro, en el contexto de las elecciones del 28J de 2024, así como durante y después de la toma de posesión en enero de 2025.

Este equipo también solicitó en su mensaje que la tiranía chavista cumpla con el derecho internacional “para evitar daños irreparables a las víctimas”. Aunque en el texto no precisa la cantidad de detenidos que el régimen mantiene en “desaparición forzada”, el Grupo de Trabajo dijo en enero pasado que envió al régimen de Maduro unos 27 casos de víctimas para conocer del paradero de estos, pero no obtuvo información, por lo que recordó la obligación del Estado a dar respuesta a las comunicaciones.

«Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación», señaló el texto difundido por redes sociales.

Los expertos alertan que estarían implicadas diversas autoridades venezolanas, incluyendo las más altas autoridades del país, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Brigada de Infantería Paracaidista, la Policía Estatal, el poder judicial, la Defensoría Pública y la fiscalía general del chavismo, entre otros entes.

La misión de la ONU en Haití confirma 207 ejecuciones en apenas seis días

La Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH, en francés) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado este lunes en un informe la ejecución de 134 hombres y 73 mujeres entre el 6 y el 11 de diciembre en la conocida como masacre de Wharf Jérémie.

«La mayoría de las víctimas eran personas mayores acusadas de prácticas de vudú y de provocar la enfermedad que padece el hijo del líder de una banda», Monel Féliz, cabecilla de la coalición de bandas Viv Ansanm, destaca la ONU, cuyo hijo había fallecido.

También han sido ejecutadas algunas personas que intentaron huir de la zona de Cité Soleil, en la capital de Haití, Puerto Príncipe, por miedo a represalias por haber dado información de estos crímenes a los medios de comunicación haitianos.

Cabe señalar que las víctimas fueron secuestradas y llevadas al cuartel general del grupo donde fueron retenidos e interrogados en el denominado «centro de entrenamiento» del grupo.

Después fueron trasladados a un lugar de ejecución para ser fusilados o asesinados a machetazos. «La banda intentó eliminar todas las pruebas quemando los cuerpos y desmembrándoles y arrojándolos al mar», señala el informe.

«No podemos actuar como si no hubiera pasado nada», ha declarado la representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres, y máxima responsable de la BINUH, María Isabel Salvador.

«Insto al sistema de justicia haitiano a realizar una investigación minuciosa y castigar a los responsables, así como a quienes les apoyan. También pido a las autoridades que creen una unidad judicial especializada para gestinar este tipo de crimen», ha añadido.

El responsable de la masacre es Monel Féliz, conocido como ‘Mikano’, jefe de Viv Ansanm, una coalición de bandas formada en 2023 por las dos grandes federaciones que aglutinaban al resto de pandillas con el objetivo de derrocar el frágil Gobierno, logrando en marzo de este año la salida del primer ministro, Ariel Henry.

En este marco, la misión de la ONU ha contabilizado más de 5.350 muertos y más de 2.155 heridos como consecuencia directa de estos actos de violencia solo en el año 2024.

Es necesario mencionar que este nuevo episodio de violencia en Haití se produce en medio de un nuevo estado de emergencia y de la presencia de un contingente policial internacional encabezado por Kenia que ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

ONU inicia averiguación sobre fraude electoral cometido por Nicolás Maduro

Caracas. – El Comité de Derechos Humanos (DD. HH.) de la ONU inició este pasado martes una investigación sobre el fraude electoral cometido el 28 de julio por el narcorégimen de Nicolás Maduro, razón por la cual le exigió conservar las actas electorales.

Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD. HH. y quien forma parte del equipo legal demandante, explicó a los medios, que el Comité les notificó que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.

El Comité demandó a la tiranía de Maduro que, mientras se investiga la denuncia, «se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales» así como otros documentos «necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación».

Se conoció que la averiguación busca confirmar las graves anomalías, que existieron antes y después de la contienda y fueron expuestas por los abogados que presentaron la denuncia: de un lado, la restricción al voto de los millones de migrantes dispersos por Latinoamérica, EE. UU. y España.

Después de que el Consejo Nacional Electoral chavista (CNE) anunció el triunfo de Maduro, —sin mostrar las pruebas— el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la tiranía, no solo ratificó lo actuado por ese organismo, sino que bloqueó cualquier posibilidad de impugnar los resultados o de acceder a un recurso judicial efectivo.

El equipo legal advirtió en una nota, que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.

Rusia bloquea el programa de EE. UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia bloqueó este lunes el proyecto del programa de EE. UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para diciembre, ya que Washington se negó a excluir de este documento la sesión dedicada a Ucrania, según afirmó el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski.

«Como esperaba, los estadounidenses siguieron con su idea y, al igual que los británicos, se quedaron durante un mes sin un programa de trabajo aprobado por el Consejo de Seguridad, negándose a eliminar de su proyecto la reunión sobre Ucrania», declaró el diplomático.

«Es difícil decir qué tuvo un mayor impacto aquí: la terquedad estadounidense o la solidaridad anglosajona. Pero el resultado es el mismo. Hemos sido predecibles y transparentes acerca de nuestra postura desde el inicio», enfatizó Polianski.

Cabe señalar que, anteriormente, el funcionario ya advirtió que Moscú podría bloquear el programa de EE. UU. para el Consejo de Seguridad de la ONU si Washington no cambia su postura en torno al proyecto. De hecho, Rusia bloqueó el proyecto del Reino Unido en noviembre por la misma razón.

«Creemos que el programa debería contener reuniones conforme al ciclo de presentación de informes sobre el mandato del Consejo de Seguridad —extensiones de mandato, informes del secretario general de la ONU, etc.—. Ucrania no tiene nada que ver con estas cuestiones», explicó Polianski a principios de noviembre.

Argentina es el único país en votar en contra de una resolución de la ONU por los «derechos» de los pueblos indígenas

Argentina ha sido el único país que ha votado este lunes en la Asamblea General de la ONU en contra de una resolución sobre los «derechos» de los pueblos indígenas, en la que ha sido la primera votación desde que Gerardo Werthein lidera el Ministerio de Exteriores argentino tras el repentino cese de Diana Mondino al «incumplir» las directrices del Gobierno en una votación en este organismo.

El texto ha salido adelante con 168 votos a favor y siete abstenciones (Bulgaria, Eslovenia, Francia, Lituania, Malí, Laos y Rumanía). La resolución decide ampliar el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para los pueblos indígenas a fin de ayudar a los representantes de las organizaciones y comunidades a participar en reuniones relacionadas con la protección del patrimonio cultural y natural.

Las delegaciones, en términos generales, han destacado el impacto desproporcionado del cambio climático en los pueblos indígenas debido a su dependencia directa de los ecosistemas, mientras que Argentina se ha opuesto a algunos términos por considerarlos «ambiguos y amplios», señalando que el proyecto no garantiza suficientemente los derechos universales de los pueblos indígenas sin discriminación y que las «prácticas ancestrales pueden llevar a la validación de prácticas que contradicen los derechos de las mujeres y las niñas, a la salud y el progreso científico».

Cabe recordar que Mondino fue apartada del cargo apenas unas horas después de que Argentina votase en la Asamblea General de la ONU a favor del levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba. El Gobierno ha aclarado ‘a posteriori’ que la delegación argentina debería haber votado ‘no’, junto a EE. UU. e Israel, con los que se quiere alinear.

La ONU afirma que el 70% de las muertes verificadas en Gaza son de mujeres y niños

Se eleva la preocupación por la violación de los derechos humanos y el número de víctimas a causa de los ataques militares israelíes dirigidos en la Franja de Gaza, según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Según la investigación, alrededor del 70% de las muertes verificadas fueron de mujeres y niños, que sufrieron ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En general, el 44% de las víctimas eran personas de 18 años o menos.

Según los datos recogidos durante los seis primeros meses de la ocupación israelí en el territorio de Gaza informan el deceso de 34.535 palestinos, 77.704 heridos y 10.000 desaparecidos hasta el 30 de abril de 2024.

«Los civiles, incluidos niños, mujeres y hombres han soportado el peso de los ataques, el ‘asedio total’ y las diversas formas de cierre y bloqueo continuos por parte de las FDI en Gaza, a través de niveles sin precedentes de asesinatos, muertes, heridas, hambruna, enfermedades, dolencias, desplazamientos, detenciones y destrucción», señala el informe.

«Dirigir intencionadamente ataques contra civiles y bienes de carácter civil, o a sabiendas de que el ataque causaría incidentalmente pérdidas de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa prevista son crímenes de guerra» que fracturan el derecho humanitario internacional, escribe el informe.

A juicio de la comisión de la ONU, los intensos ataques marítimos, aéreos y terrestres gestados desde octubre 2023 por las FDI, que carecen de los principios de distinción y proporcionalidad, han creado condiciones inhabitables para los civiles de Gaza.

Por su parte, la misión diplomática de Israel ante la ONU en Ginebra rechazó categóricamente el dicho informe, según recoge Reuters. «Una vez más, el ACNUDH no refleja con precisión las realidades sobre el terreno y hace caso omiso del amplio papel que desempeñan Hamás y otras organizaciones terroristas al causar deliberadamente daños a civiles en Gaza», afirmó.

Israel afirma que la responsabilidad sobre la muerte de civiles en Gaza es de Hamás por esconder sus operaciones entre infraestructuras civiles como hospitales y utilizarlos como escudos humanos, debido a esto, por cada baja de un combatiente de Hamás muere un civil.

UNICEF alerta de que la prohibición de la UNRWA sería «una nueva forma de matar niños» en Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que la decisión de Israel de prohibir las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) podría provocar «el colapso del sistema humanitario en Gaza», por lo que ha lamentado que «se ha hallado una nueva forma de matar niños» palestinos en la Franja.

«Si la UNRWA no puede operar, es probable que veamos el colapso del sistema humanitario en Gaza», ha dicho el portavoz de UNICEF, James Elder.

«UNICEF sería incapaz desde un punto de vista efectivo de distribuir suministros vitales», ha señalado, antes de enumerar entre ellos vacunas, ropa de invierno, kits de higiene, suministros sanitarios y agua, entre otros materiales y bienes.

«Sabemos que estamos de nuevo golpeando la puerta de la hambruna», ha sostenido Elder, quien ha incidido en que la decisión del Parlamento israelí para prohibir las actividades de la UNRWA «significa que se ha hallado una nueva forma de matar niños».

Estas palabras llegan después de que el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, advirtiera de que la medida supone un «precedente peligroso» y que «solo profundiza el sufrimiento de los palestinos».

Cabe señalar que hace poco Israel apareció con un proyecto de ley que impediría efectivamente que la organización opere en territorio israelí y los territorios palestinos, al revocar un texto de 1967 que sirvió de base para sus actividades.

Israel acusó el pasado marzo a «un número significativo» de trabajadores de la UNRWA de «ser miembros de organizaciones terroristas», lo que llevó a 16 países a suspender o congelar los fondos, privando de golpe a este organismo de 450 millones de dólares y poniendo en duda la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, a mediados de abril, la investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, descartó que las autoridades israelíes proporcionaran pruebas que acreditasen los presuntos vínculos terroristas atribuidos a varios de los empleados de la UNRWA.

Israel asegura haber matado a un comandante de Hamás que trabajaba para la UNRWA

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este jueves de que uno de los ataques perpetrados en la víspera contra la Franja de Gaza culminó con la muerte del terrorista Muhamad Abu Atawi, un comandante de Hamás que, según asegura la parte israelí, habría trabajado para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) desde julio de 2022.

De acuerdo con las autoridades castrenses israelíes, Atawi era comandante de la Fuerza Nujba —fuerzas especiales de la rama militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin al Qassam— y estuvo al cargo de los ataques perpetrados por la milicia el 7 de octubre contra el kibbutz Reim, ubicado en el sur de Israel a escasos seis kilómetros de la Franja de Gaza.

En concreto, el Ejército de Israel ha detallado que Atawi fue el encargado de organizar el ataque contra un refugio antiaéreo ubicado en la carretera 232, en el que se habían resguardado algunos de los asistentes al Festival Nova, uno de los epicentros de los ataques de Hamás, en donde mataron a 16 personas y tomaron como rehenes a otras cuatro.

Respecto a su vinculación con la UNRWA, las FDI han compartido en su página web un —supuesto— documento de la agencia de Naciones Unidas en la que se recoge el nombre de Atawi y se destaca que ejerce como conductor desde el 2 de julio de 2022.

Tras este incidente, representantes del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) han exigido a «altos funcionarios de la comunidad internacional y de la ONU» aclaraciones y una «investigación urgente» sobre la participación de empleados de la UNRWA en los ataques del 07 de octubre.

Informe de ONU acusó a Narcotiranía de Maduro de crímenes de lesa humanidad

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó este martes un contundente informe en el que fundamentó los motivos para creer que el narcorégimen de Nicolás Maduro sí cometió «crímenes de lesa humanidad», antes y después de las elecciones presidenciales de julio.

El informe, que consta de 158 páginas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Expone las actuaciones de las fuerzas represivas, así como a los llamados colectivos armados del chavismo, en cuanto a desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual, antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

El documento indica que estas fuerzas represivas estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.

En este sentido, detalla que se trata de los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

Sin embargo, este informe también resalta que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».

En este sentido, el texto de la Misión denuncia que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales.

Por ello, afirma que en el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades».