Caracas. – Saber acerca del paradero de 200 venezolanos que se encuentran en condición de desaparición forzada, fue la principal exigencia que un numeroso grupo de familiares de rehenes políticos exigieron este martes en las afueras de la sede del Ministerio Público en Caracas.
“Venimos nuevamente al Ministerio Público a pedir respuestas por las personas detenidas que aún permanecen en desaparición forzada. Estamos hablando de al menos 200 personas”, denunciaron familiares agrupados en la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPVE).
Entregaron un documento dirigido al ilegítimo fiscal general chavista, Tarek William Saab, en el que exigen información inmediata sobre el paradero de al menos 200 personas en desaparición forzada, según documentó la ONG.
Los parientes también reclamaron celeridad en los casos que, según el propio régimen chavista, estarían “en revisión” para posibles excarcelaciones, mientras decenas de detenidos continúan incomunicados y sin acceso a defensa.
En la sede del Ministerio Público, los familiares fueron recibidos por los funcionarios Diego Casanova, Sol Ocariz y Zoraida González, sin que hasta el momento se conozca una respuesta concreta sobre las denuncias planteadas.
«Se maneja una cifra oficial de 400 excarcelaciones. Esas excarcelaciones no son reales. Todos los familiares llevamos un conteo y las cifras no nos dan», alertó una joven, allegada a uno de los secuestrados en manos de la Narcotiranía.
También, la madre del rehén político militar, Jonathan Franco, Sargento Segundo de la GNB, denuncia que desde el pasado 31 de julio de 2025 su hijo, junto con otras 11 personas, se encuentran desaparecidos.
«Tengo cinco meses y dieciocho días buscando a mi hijo. Son 32 gedeones que están desaparecidos», denunció, haciendo referencia a los uniformados que tomaron parte en la llamada «Operación Gedeón», en contra del narcorégimen de Nicolás Maduro.
«Somos madres desesperadas por nuestros hijos. No sabemos si en verdad ellos están vivos», dijo igualmente la madre del teniente. de fragata Edgar Suárez, quien denuncia que su hijo, junto a otros 15 secuestrados, se encuentra en desaparición forzada desde el pasado 3 de noviembre.
Caracas. – Según declaraciones ofrecidas por Yessi Orozco, hija del diputado Fernando Orozco, y quien se ha convertido en la voz oficial del grupo de familiares de rehenes políticos que se mantienen en vigilia en la «Zona 7», se habría producido otro fallecimiento de otro rehén político en el centro de reclusión situado en Boleíta Norte (Caracas), tratandose del abogado José Gregorio Hernández Polo, de 59 años.
Cabe señalar que los secuestrados en «Zona 7» aún no han sido liberados. La joven explicó que manejan la información de manera extraoficial, ya que los familiares de la presunta víctima recibieron información no confirmada aún al respecto.
«Manejamos información extraoficial de que lamentablemente hay un nuevo suceso, una persona ha muerto aquí. Queremos hacer una denuncia formal y hacer responsables a todos los directores», dijo Orozco.
Pese a la insistencia por que les informen si Hernández sigue vivo o no, ninguna de las autoridades del citado penal les ha dado información aún. Aparentemente, las autoridades del centro de detención los llamaron para que retiraran el cuerpo.
El presunto fallecido y sus familiares son oriundos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Hace ya 10 días pereció otro rehén político, y de confirmarse el caso del abogado, vendría a ser el deceso número 27 bajo custodia del narcoestado chavista, desde las protestas postelectorales que iniciaron a partir del 28 de julio de 2024.
01:00 am. Se habría producido otro fallecimiento de otro preso político en Zona 7. Se trataría del abogado José Gregorio Hernández Polo, de 59 años. Los familiares presentes en las afueras de Zona 7, recibieron información de los familiares del señor Hernández donde les… pic.twitter.com/QznzLKjURT
Caracas. – El Kremlin afirmó que Vladimir Putin no tiene planes de comunicarse en el corto plazo con Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, aunque aclaró que el contacto podría producirse “rápidamente si es necesario”, según lo reveló el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.
Sin embarco, Rusia y Venezuela, entretanto, siguen manteniendo cercanías regulares a nivel diplomático. «Hay contacto constante», aseveró Peskov durante declaraciones a la prensa.
Moscú ha fortalecido su relación con Caracas en los últimos años, incluso con el acusado de narcoterrorismo Nicolás Maduro, capturado por EE. UU. a inicios de enero y trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas, los cuales niega.
Cabe señalar que estas declaraciones llegan 5 días después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, aseguraran que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como “zonas de paz”, luego de la operación sin precedentes del ejército norteamericano para capturar a Maduro.
«Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad, centrándose en la situación en torno a Venezuela», indicaba el escrito.
Todo ocurre en medio de un «triple proceso» anunciado por EE. UU. para avanzar hacia una transición a la democracia en Venezuela. Trump afirmó luego de la captura de Maduro que el Gobierno estadounidense «administraría» el país sudamericano y tomaría control de su petróleo.
Esta semana, la noticia del día trata sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez de que en Venezuela existe un gobierno que controla el territorio y está dispuesto a defender la soberanía nacional. Sin embargo, esas afirmaciones contrastan con los hechos recientes: Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a EE. UU. sin que las fuerzas del Estado venezolano ofrecieran resistencia alguna.
En la práctica, el control económico del país se encuentra subordinado a decisiones de EE. UU., particularmente en materia petrolera, donde se han autorizado entregas masivas de crudo bajo exigencias directas de la administración estadounidense. Todo ello en un marco donde el poder en Venezuela se encuentra fragmentado entre un control económico externo, una representación internacional encabezada por Delcy Rodríguez y un control interno ejercido por Diosdado Cabello.
Asimismo, entre otras cosas, se abordan las contradicciones de Diosdado Cabello, quien tambipen es señalado como el Corrupto en la mira, pues se ha arrodillado ante Trump.
Esta semana, un grupo de presuntos milicianos chavistas aparecen en un video en el que afirmaban estar dispuestos a viajar a Nueva York para rescatar a Nicolás Maduro y regresarlo a Venezuela, despues de ser capturado por mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump.
Sin embargo, tales chavistas solo muestran la desconexión absoluta que tienen con la realidad, pues el régimen venezolano no logró impedir la operación que permitió la captura de Maduro en su propio territorio, lo que vuelve inverosímil cualquier intento posterior de “rescate” en suelo estadounidense.
Durante el ataque, no se registró ninguna respuesta de estos milicianos o la misma fuerzas armadas de Venezuela, a cargo de la tiranía, y todos salieron despues de que terminara la operación estadounidense. Por tanto, dichos chavistas alcanzan niveles de ridiculez que solo puede verse en su clase.
Cabe señalar que son varios los videos que han salido así. Por esta razón, los milicianos chavistas que afirman que buscarán al dictador Nicolás Maduro a EE. UU., así como los que piensan igual a ellos, han sido seleccionados como Borrego de la Semana.
“(…) Edmundo se diluye y María Corina entiende algo esencial: Washington no es un espacio para construir transiciones, sino para reposicionarse. Su presencia allí no busca puentes ni pedidos formales, sino mantenerse dentro del juego.”
Orlando Fuenmayor
La noche del 2 de enero yo estaba escribiendo un artículo titulado No hay con quién hablar, y que nunca publique por obvias razones. No era un texto sobre diálogo ni negociación —nunca lo fue—, sino sobre la imposibilidad de resolver el conflicto venezolano a través de intermediarios políticos tradicionales. Mi premisa era clara: Venezuela solo salía de su crisis mediante una intervención. En eso no me equivoqué; el error fue no haber dimensionado cómo iba a ejecutarse esa intervención.
Mientras yo analizaba el escenario desde una lógica de presión externa progresiva —sanciones, aislamiento, desgaste internacional—, la apuesta que se estaba jugando era mucho más cruda y directa. La acción de Donald Trump no contradijo el diagnóstico de fondo, pero sí rompió la forma “ordenada” en la que muchos creímos que ese desenlace iba a producirse.
Ese mismo 2 de enero, mientras escribía que Edmundo González y María Corina no lograban consolidar un liderazgo político real y que Nicolás Maduro se negaba a cualquier salida pactada por su obsesión de sostener su proyecto hegemónico, la historia avanzaba por otro carril. Maduro no estaba calculando escenarios de transición ni midiendo costos diplomáticos. Estaba atrincherado, convencido de que resistir era suficiente. No lo fue. Terminó capturado y encarcelado.
Ahí quedó claro el verdadero error de mi análisis: pensar que la intervención iba a operar principalmente desde afuera hacia adentro, cuando en realidad iba a gestarse desde adentro hacia afuera. Donald Trump no es un político convencional. No actúa bajo los códigos clásicos de la diplomacia ni bajo la lógica del reconocimiento institucional. Su pragmatismo lo lleva a una conclusión incómoda, pero históricamente eficaz: los regímenes autoritarios no caen por presión externa sostenida, sino por fractura interna inducida.
La intervención nunca necesitó de la oposición formal. Necesitaba del chavismo. No de interlocutores simbólicos, ni de gobiernos paralelos, ni de relatos electorales. Lo que hacía falta era alguien del círculo íntimo de Nicolás Maduro con poder real, información y disposición a venderlo. Alguien capaz de romper el bloque desde adentro. Y en ese punto, el nombre es inevitable: Delcy Rodríguez.
No haber dimensioné que la clave de la intervención no estaba en acumular legitimidad internacional, sino en activar una traición interna. No por supuestos alineamientos militares con la oposición —narrativa repetida durante años—, sino por un cálculo frío dentro de la cúpula del poder.
Nunca existió un estamento militar esperando instrucciones opositoras. Esa fue una ilusión cuidadosamente alimentada. Y aquí entra el segundo eje clave: la estrategia de María Corina Machado. Su lectura del factor militar fue, como mínimo, optimista. Durante años se transmitieron informes, señales y expectativas sobre unas Fuerzas Armadas dispuestas a desconocer a Maduro. Nada de eso se materializó. No hubo quiebre institucional desde abajo. El quiebre vino desde arriba.
Eso no invalida su rol político, pero sí marca un límite claro de su estrategia: el poder real nunca estuvo donde ella decía que estaba. En este contexto, surge una pregunta incómoda: ¿sabía Edmundo González que su figura no era clave para el desenlace real? ¿Le advirtieron desde Washington que su llamado “gobierno electo” carecía de peso operativo?
Porque hoy queda claro que la captura de Nicolás Maduro no se fundamenta en resultados electorales, sino en la ilegitimidad estructural del sistema. No se actuó por un fraude puntual, sino porque el proceso electoral venezolano dejó de existir como mecanismo válido hace años. Y eso lo cambia todo.
Edmundo González no es presidente electo, no encabeza una transición y no ocupa un lugar central en el desenlace político venezolano. No por incapacidad personal, sino porque nunca fue una pieza decisiva en el tablero real. Su figura fue funcional a un relato, no a una estrategia de poder.
Este mismo análisis desnudo a la falsa oposición, que intentó justificar las elecciones como parte de una gran jugada vinculada a Trump. Esa lectura fue errada, ya que en 2019 se había intentado desmontar a Maduro bajo el argumento de su ilegitimidad, una ilegitimidad que no nace en 2024 ni siquiera en 2018. Recordemos que, en 2018, con Henry Falcón como candidato, Smartmatic denunció manipulación de resultados y el propio PSUV fue señalado por inflar votos a favor de Maduro. El problema nunca fue una elección específica, sino el sistema completo.
En este escenario, Edmundo se diluye y María Corina entiende algo esencial: Washington no es un espacio para construir transiciones, sino para reposicionarse. Su presencia allí no busca puentes ni pedidos formales, sino mantenerse dentro del juego.
La jugada de arrastrarse con Premio Nobel de la Paz no es ingenua ni decorativa. Es una maniobra de supervivencia política en un contexto donde el poder ya no se disputa en elecciones inexistentes, sino en decisiones internas.
La noche del 2 de enero no entendí que estaba equivocado en el desenlace. Razoné que me había quedado corto en el método. Por ello la intervención siempre fue inevitable y que el 28 de julio de 2024 nunca existió en todo el relato.
Lo que no dimensioné fue que la llave no estaba afuera, sino adentro.
Caracas. – Familiares de los rehenes políticos que estarían recluidos en la «Zona 7» de la PNB, ubicada en Boleíta Norte (Caracas), denuncian una irregularidad en ese centro de detenciones que los tiene alarmados: cuando han acudido a llevarles «paquetería» a las víctimas, les dicen que allí no tienen detenidos, y no les dejan entregarles medicinas.
Así lo denunció Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Enrique Orozco Cassiani, quien este domingo explicó que lleva más de 12 días intentando entregar medicamentos a su madre, Dilia Castillo, paciente cardíaca de 62 años, quien ha sido sometida a un cateterismo y presenta complicaciones asociadas a su patología.
La joven alertó que el pasado sábado, tuvo conocimiento de manera extraoficial de una descompensación de su madre, quien lleva más de 50 días sin recibir tratamiento médico.
Asimismo, denuncia que los funcionarios continúan negando que Dilia Castillo se encuentre bajo custodia del Estado, al igual que su padre, el diputado Fernando Enrique Orozco Cassiani; su hermano, Brayan Orozco; y Carolina Briceño, allegada de la familia.
Teme por la vida de su madre tras la muerte, bajo custodia del Estado, hace apenas 9 días, de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa de 52 años de edad.Orozco permanece apostada a las afueras de «Zona 7» junto a más de 30 familias, quienes denuncian amedrentamiento por parte de efectivos de la PNB, que mantienen un piquete permanente frente a la instalación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la medida cautelar N.º 1904-25 el pasado 9 de enero a favor de Fernando Orozco, su núcleo familiar y Carolina Briceño, señalando que existe una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
Los familiares exigieron una fe de vida y la libertad inmediata de todos los presos políticos, al tiempo que pidieron que se permita la entrega de medicinas y la atención médica urgente para quienes se encuentran bajo custodia del chavismo en condiciones críticas.
Los custodios han llegado a decirles, que en ese centro no hay presos políticos, algo que los pone en alerta.
Caracas. – La enfermera Dignora Rodríguez, secuestrada en el municipio Turén (Portuguesa), en enero de 2025 y por razones políticas, fue finalmente liberada durante la tarde de este pasado domingo en esa entidad.
Rodríguez, de 51 años, se encontraba recluida en el Centro de Coordinación Policial “Gral. Juan Guillermo Iribarren” de la Policía del estado Portuguesa, en Araure, procesada por presuntos delitos de incitación al odio.
La enfermera fue raptada el pasado 8 enero de 2025 por funcionarios de la Policía del estado Portuguesa, cuando participaba en una reunión en unos terrenos, en la que se presentaron oficiales policiales. El hecho ocurrió en horas de la noche.
A Rodríguez le revisaron el teléfono y se la llevaron detenida, por supuestos mensajes que tenía en el móvil vinculados a la oposición venezolana. La tarde del jueves 9, la reseñaron ante el CICPC, delegación municipal Acarigua. Sus familiares pensaron que sería procesada por un delito común, pero su caso, como muchos otros, fue declinado a un tribunal especial contra el terrorismo, tras ser presentada ante el tribuna de control, la noche del viernes 10.
Extraoficialmente, se conoció de la excarcelación de otros cinco presos políticos que se encontraban detenidos en diferentes comandos del estado Portuguesa.
Entre ellos se encuentra un adolescente de 16 años recluido en la Policía de Piritu, municipio Esteller. Además de Freimer Francisco Yánez Pérez y Roger José Bullones, quienes estaban detenidos en el Centro de Coordinación Policial del municipio Páez, en Campo Lindo.
También, excarcelaron a Brenda Sanay Cuevas Báez, Tomás Eduardo Páez y Jesús Alexander Ortega Pagua, detenidos desde el 2025 en el Centro de Coordinación Policial “Gral. Juan Guillermo Iribarren” de Araure.
Momento en el que es excarcelada Dignora Rodríguez, enfermera Portugueseña injustamente detenida en Turen el 08/01/2.025.
Caracas. – La ONG Foro Penal informó este pasado domingo por la noche que el número total de rehenes políticos excarcelados hasta los momentos en Venezuela, ascendió a 143 ciudadanos.
Las excarcelaciones se han estado dando desde el pasado desde el 8 de enero, luego de que el ilegítimo presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, anunciara «un número importante» de excarcelaciones.
Foro Penal explicó que su equipo defensor de derechos humanos mantiene un monitoreo constante en los centros de reclusión, para validar cada caso de manera individual. Con esta nueva actualización, la ONG confirmó cuatro nuevas liberaciones en comparación con el corte presentado la tarde del sábado.
Igualmente, Foro Penal asegura que sus defensores de derechos humanos mantienen monitoreo constante en centros de reclusión para certificar cada salida, y que continuarán documentando y asistiendo legalmente mientras aún existan detenidos por motivos políticos.
#18E 7:00pm (Caracas). Hasta ahora el @ForoPenal ha verificado la excarcelación de ciento cuarenta y tres (143) presos políticos en Venezuela, contados desde el 8 de enero del 2026, fecha en la que el presidente de la Asamblea Nacional anunció excarcelaciones significativas.… pic.twitter.com/vUHq51Xvmc
Caracas. – Familiares de los rehenes políticos que se encuentran realizando una vigilia desde el pasado fin de semana, tanto en la Zona 7, Boleíta Norte (Caracas), como en El Helicoide, han sido víctimas de hostigamiento policial, según lo denunciaron una ONG y la instancia política Comando con Venezuela.
Un comunicado difundido por el Comando con Venezuela por la red social X, indica que los policías desplegaron este domingo un cordón de seguridad, a pesar de que quienes se encontraban en el lugar reclamaban de forma pacífica la liberación de sus allegados.
También enviaron un piquete antimotín al lugar, en una clara advertencia de que intentarán reprimir a los ciudadanos allí concentrados en cualquier momento.
Las fuerzas represivas chavistas aparecieron en la tarde del sábado, y este domingo seguían clavados entre los penales y los familiares, incluso a un par de metros de donde dormían varias mujeres cobijadas por apenas unas mantas.
Tanto en el Helicoide, la cárcel de la Policía política, como en la sede caraqueña en Boleíta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en manos hoy del mayor general Gustavo González López, hombre fuerte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, los policías intentaron sin éxito amedrentar a los presentes.
Mientras, desde El Helicoide, Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), denunció que oficiales de la PNB amenazaron y hostigaron a manifestantes pacíficos, quienes mantienen una vigilia frente al centro penitenciario.
Según Casanova, los agentes argumentan que la vigilia no puede extenderse durante toda la noche, como planean los familiares, debido al actual Decreto de Estado de Conmoción.
Los ciudadanos que participan en las vigilias, insisten en que su derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión está protegido por la Constitución venezolana (CRBV), por lo que exigieron a las autoridades que cumplan con las liberaciones de los rehenes políticos previamente anunciadas.
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