Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
La reciente aprobación judicial en Delaware de la venta de PDV Holding (PDVH), matriz de Citgo, a Amber Energy —filial del fondo buitre Elliott Investment Management— por apenas USD$ 5.900 millones (con cierre pendiente de licencia OFAC en 2026), marca la consumación de uno de los mayores despojos patrimoniales en la historia de Venezuela. Citgo, valorada en al menos USD$ 11.000-13.000 millones, con tres refinerías clave en EE. UU. y una red de distribución estratégica, deja de ser un activo nacional. Esta pérdida no es solo culpa de las deudas acumuladas por expropiaciones y defaults soberanos, ni exclusivamente de las sanciones estadounidenses: es el resultado directo de la equivocada y ambigua estrategia jurídica del board ad hoc de PDVH, controlado por la oposición y reconocido por OFAC desde 2019.
El board ad hoc, nombrado por la Asamblea Nacional de 2015 y figuras como Juan Guaidó, tenía un mandato claro: proteger Citgo como activo venezolano frente a embargos. Las licencias OFAC (como la General License 7C y extensiones) autorizaban operaciones para mantener el control opositor y desplazar al régimen de Maduro, no para aliarse tácticamente con sus representantes ni facilitar una venta forzada. Sin embargo, en la práctica, PDVH ha coincidido en objeciones y apelaciones con la República (gobierno de Maduro), condenando la subasta como “robo” mientras negociaba settlements selectivos con acreedores. Esta “alianza de facto” diluyó la resistencia total que exigía el interés nacional, priorizando acuerdos parciales que allanaron el camino a la ejecución judicial.
La estrategia fue catastrófica por su ambigüedad: defender el activo mientras se “vende” controladamente. PDVH objetó bids bajos para “maximizar valor” y reinició rondas de subasta, pero negoció pagos selectivos con “los que quiso” —principalmente bonistas PDVSA 2020 (vistos como fondos buitres), y algunos arbitrales—, sin atacar frontalmente a los grandes acreedores como Crystallex o ConocoPhillips. Esto no desarticuló la subasta; al contrario, facilitó su avance al eliminar obstáculos legales parciales, dejando remanentes insuficientes y exponiendo el activo a una venta subvalorada.
El error más grave fue no declarar bancarrota Chapter 11 para PDVH. En 2024 se discutió seriamente esta opción, que habría impuesto un “automatic stay” para detener la subasta ordenada por el juez Stark, permitiendo reorganizar deudas, negociar convenios de pago con acreedores senior y potencialmente incluir reclamos legítimos como los del “holocausto petrolero” (despidos masivos post-paro 2002-2003). Aunque no garantizaba prioridad alta para estos (como daños por violaciones DDHH), sí habría forzado un esquema de pagos estructurado, preservando Citgo para Venezuela. No se presentó por temores estratégicos (riesgo de no detener la ejecución, dilución de valor), pero esto entregó el activo sin lucha final.
Irónicamente, el liderazgo del board ad hoc incluye figuras vinculadas al paro petrolero de 2002; su fracaso en la conducción de dicho conflicto contribuyó directamente a los despidos masivos que generaron el “holocausto”.
Mientras la junta ad hoc hizo esfuerzos titánicos por excluirlos de la subasta y marginarlos del proceso, destacando su falta de transparencia y priorizando a fondos extranjeros, este cronista llevó a cabo una activa y audaz estrategia triangular: presentó múltiples mociones de intervención bajo la Regla 24, apelaciones y objeciones invocando violaciones a derechos humanos y expropiación inversa, posicionándose como un factor de disrupción real en el procedimiento. Quien esto escribe, primer litigante venezolano en actuar con comparecencias directas en este complejo caso ante la corte de Delaware, ha avanzado hacia la creación de un Qualified Settlement Fund (QSF) inspirado en precedentes como el de las víctimas del 11-S, un mecanismo virtual que promete llevar sociego y reparación justa a las miles de víctimas del holocausto petrolero, independientemente del resultado final de la subasta y de los esfuerzos de la PDVSA ad hoc por silenciar sus reclamos.
En resumen, la estrategia de PDVH no fue de salvación nacional, sino de gestión ambigua que terminó en capitulación. Defender y vender al mismo tiempo es incompatible; en derecho, o se resiste totalmente o se pierde. Venezuela paga hoy el precio: un activo estratégico en manos de buitres, sin remanente significativo para el país.
Es hora de exigir responsabilidades a quienes, con mandato de protección, facilitaron este despojo —mientras por aquí demostramos que una lucha genuina por justicia histórica y patrimonial es posible—. Pero la lección es clara: ambigüedad antinacional cuesta patrimonios irrecuperables, y solo la defensa intransigente de las víctimas venezolanas ofrece esperanza real de reparación.
Eso está en manos de María Corina Machado, y una comisión de la verdad y un tribunal especialísimo que juzgue los crímenes contra Venezuela.
Mientras tanto, hacemos realidad el QSF para la malograda Familia Petrolera.
