Por Leroy Garret (@LeroGarrett).
La segunda edición de la administración más no ortodoxa de los Estados Unidos enfrenta el no abiertamente declarado referéndum que cada presidencia enfrenta a mitad de su término constitucional. Hablo de las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.
Estas elecciones, anticipadas por los fundadores de la nación como un punto importante de control de los poderes, reafirman la posición del Congreso como poder originario emanado de la voluntad popular. Si, en caso de estar adormecido por el control mayoritario del partido de gobierno, el pueblo de los Estados Unidos depone la mayoría que favorece al Ejecutivo, otorga total fuerza constitucional al poder legislativo para controlar desviaciones y abusos de la presidencia. Tales abusos y desviaciones se presumen hoy abundantes.
Serán las primeras elecciones de Trump como presidente desde el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios ejecutaron los tristes sucesos de rebelión civil por todos recordados por recientes.
Por lo que estas elecciones, en otrora un mecanismo natural de balance de poder, hoy contienen un elemento de ansiedad notable.
Venezuela está en el centro de los debates y prioridades de la bancada demócrata, y ya los cañones de esa bancada apuntan a cuestionar mucho de los tópicos que sobresalen de nuestros corazones y angustias.
El 16 de septiembre de 2026, los senadores Ron Wyden (Oregón), Elizabeth Warren (Massachusetts) y Sheldon Whitehouse (Rhode Island) dirigieron carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Interrogan el destino de la renta petrolera venezolana —al menos USD$ 13.000 millones reportados en cuentas bajo custodia estadounidense—, las cuentas abiertas primero en Qatar y luego en el Tesoro, la intervención en otros rubros y recursos naturales como la minería y el oro, el rol de Qatar en el arreglo financiero y la justificación del sostenimiento del infame triunvirato heredero de Maduro.
Ese primer paso establece, de antemano, el nivel de auditoría que el caso Venezuela tendrá en el nuevo Congreso electo. No es un gesto aislado: es la plantilla de supervisión que un legislativo con mayoría opositora —si noviembre se la entrega— aplicará sobre la renta, las cuentas y el uso del poder de tutela.
Es cierto: el chavismo no solamente dilapidó, sino que regaló a mano abierta los recursos de los venezolanos. Pero esto no significa que tal horrible precedente le otorgue al gobierno de Trump patente de corso al tomar control de la propiedad de los venezolanos. Esa no es la manera en que históricamente los Estados Unidos proceden ante las naciones.
Quienes creemos en el lado ético de las instituciones y en el excepcionalismo americano tenemos presente que el Congreso es, en este sistema, el contrapeso natural del Ejecutivo.
El saqueo chavista no convierte la renta venezolana en botín del Ejecutivo. Noviembre dirá si el Congreso está dispuesto a pedirle cuentas.
