En vista de la constante decadencia de los cuerpos de seguridad del Estado, y la tergiversación absoluta sobre la labor de servicio en Venezuela, actualmente nos vemos envueltos en el ápice del descaro e inutilidad por parte de los mismos. Militares y efectivos cuya trayectoria, desde el ingreso a su respectivo mundo hasta la salida y formación completa de generaciones de vergüenzas nacionales; estamos en presencia de las consecuencias del control institucional y el degradé de todos los aspectos que engloban este neo-sistema criminal. Esta caracterización no se limita a impresiones personales: organizaciones de derechos humanos documentaron en 2024 al menos 522 personas asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado y 2.224 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que respalda la percepción de una institucionalidad que opera crecientemente al margen del orden constitucional.

De esta manera, no resulta para nada sorprendente que los cuerpos de seguridad sean vistos por la sociedad como un sistema criminal, y poco confiable. Tal desconfianza se alinea con los hallazgos de diversas organizaciones que describen patrones de asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias cometidas por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, lo que refuerza su imagen social como aparato represivo más que como instancia de protección en lo que respecta a primeras opciones cuando se amerita el carácter que “según” representan. E históricamente cobra la significancia del ¿por qué? Pues el daño de dicha vocación se fue moldeando a los intereses dictatoriales y la diosificación de la figura del militar, desviando el objetivo de la vocación a verlos como entes de poder, en vez de servidores sociales, al punto de necesitar un sistema que no proteja a su pueblo, sino que haga inviable seguir a quienes sí lo hacen. Al fin y al cabo, es más sencillo hacer que la sociedad le tenga miedo a seguir a un salvador que revelarse contra quien la oprime.

En ese sentido, este degradé institucional funciona como un sistema escalonado, el cual define las bases de adoctrinamiento y cultivación de la impropiedad ciudadana desde los ámbitos escolares, ya que, en su mayoría, es ahí donde se definen los próximos pasos en ámbitos de carreras en los jóvenes. Y tomando en cuenta que este régimen se encargó de implantar una cultura de banalidad, conformismo y marginalidad en muchos nichos societarios, resulta fácil seguir los patrones que se dan a la hora de ver la calidad de individuos que concurren a los cuerpos de seguridad en los últimos años. Jóvenes con calidad de educación tanto familiar como institucional paupérrima, donde la primera –en muchos casos– viene de la mano de una consecución generacional de conductas cuya idiosincrasia ha sido de índole marginalizada e inmoral. Tal y como se ha podido presenciar hace poco en un video de ciertos estudiantes de la UNES, cuya actitud representa este enunciado. Así, y tomando en cuenta las evaluaciones pertinentes sobre las tasas de mala conducta vislumbradas en el país, y la magnitud de ingresos a estas filas de funcionarios, a su correlación, tenemos generaciones de jóvenes dañados y un sistema permisivo que da a entender que ganarse la vida en un lugar donde portar un arma no es ilegal, es fácil, si quienes están por encima de ti se encuentran recubiertos también por el barro.

En consonancia con lo expuesto, los datos preliminares —cuya precisión se ve limitada por la opacidad de los registros oficiales— revelan cómo este patrón se manifiesta en los sectores sociodemográficamente vulnerables. Al analizar la etiología –causa de origen– del problema, se observa un proceso de degradación social enraizado en la ausencia de planificación y en la fractura de los proyectos de vida de la juventud. Esta realidad coincide con los hallazgos del informe Psicópata de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el cual señala que entre el 60% y el 70% de la población, incluidos los jóvenes, experimenta serias dificultades para proyectar su futuro. De este modo, la falta de horizontes temporales, en coexistencia con dinámicas de crianza disfuncionales y mecanismos de adaptabilidad distorsionados al entorno, genera una convergencia de múltiples factores. Esta realidad propicia que individuos con conductas o tendencias transgresoras sean absorbidos por los propios cuerpos de seguridad nacional, ya sea a través de un alistamiento voluntario por supervivencia o mediante procesos de reclutamiento institucional, trasladando así lógicas delictivas y de corrupción al interior del aparato del Estado y, a su vez, la permisividad del mismo ante esto. En un diagnóstico similar, el Centro de Investigación de la Realidad Social de la Universidad Católica Andrés Bello ha mostrado que «entre 60% y 70% de la población declara dificultades significativas para proyectar su futuro en el mediano plazo», subrayando la ruptura de los proyectos vitales en amplios sectores juveniles (Universidad Católica Andrés Bello, 2023, Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana).

A la luz de ello, lo mismo cobra más veracidad al ver las estadísticas. Ya que, según análisis de la organización Monitor de uso de Fuerza Letal en Venezuela (2023), se arrojó que el ingreso de jóvenes de bajos recursos a organizaciones de seguridad se había incrementado drásticamente debido a la promesa de beneficios socioeconómicos y el porte de armas. Esto se complementa con las autoridades del MPPRIJP, las cuales informaron que a finales del 2025, 32,000 jóvenes se inscribieron para ingresar en la UNES, y la gran mayoría proveniente de zonas populares. Por lo mismo, parece que los delincuentes encontraron un refugio de la ley en los mismos entes que deberían pregonarla. Esto siempre y cuando se vean acoplados en el sistema de condicionamiento entre regentes y regidos, el cual se basa en el desempeño de actividades ilícitas, las cuales tienden constantemente a violar la constitución y todos los principios éticos que deberían presidir los altos mandos. En contraste, el regido hace la vista gorda ante estas situaciones, siendo consciente del sistema en el que se encuentra. Y por esa misma obediencia se le otorgan las atribuciones de actuar de la misma manera a estratos micros dentro de la sociedad, lo cual nos lleva a las típicas dinámicas de corrupción, estandarizadas en la figura de los funcionarios; actividades como el matraqueo en alcabalas, los sobornos permisivos y la extorsión, herramientas comunes en la labor corrupta de un sistema que premia la sublevación, aplaude a sus borregos la constante insolencia y procura que la supuesta imagen de predominancia que tienen hacia ellos mismo sea el norte que los mantenga arrodillados –mientras más soles y estrellas les regalen, mejor se sienten–.

Estos hechos, en conjunto con la viveza criolla, se juntan para erosionar en la fórmula perfecta que junta a fracasados sociales cuya existencia y razones de vivir se vuelven tan superfluas que cualquier mérito artificial que puedan recibir por arrastrarse, merme el hecho de la esencia prepotente por naturalidad que compone a la gran mayoría de individuos que circulan estos entes. Personas con daños antropológicos pertinentes que lograron conseguir un puente directo a sus intenciones paupérrimas a través de un sistema igual.

En consonancia con el proceso de acciones de disfunción de los cuerpos de seguridad, resulta inevitable referirnos al adoctrinamiento y la moral nacionalista procesada, la cual llevó a remplazar los valores que caracterizaban a los agentes por consignas ideológicas, con función en el desvío de las razones de su labor. A lo cual, nos remontamos al año 96; un militar se revela ante el gobierno de Rafael Caldera con ideales “nacionalistas” y con una fuerte influencia militarista. Ese era Hugo Chávez, el cual, bajo premisas populistas y profundamente marcadas por la lucha de clases y el antiimperialismo, sesgó visiones colectivas con narrativas que se basaban en un supuesto apoderamiento de las élites internacionales sobre los recursos del país, y la posible destrucción de la figura de libertadores como Simón Bolívar. Sus principios inicialmente se veían disfrazados de un gobierno de centro izquierda, con fuerte tendencia a la socialdemocracia, –hasta su posterior toma de poder– en la cual se terminó de revelar las intenciones socialistas y las reformas de índole extremas, las cuales preside si quería establecer un control tanto institucional como dicotómico en las diversas competencias del Estado.

En ese sentido, el sistema de seguridad de la Guardia Nacional y las distintas organizaciones de protección fueron el foco de esas operaciones. Empezando por la inducción a principios revolucionarios en las academias y liceos militares, tal y como lo plantaban explícitamente proyectos estatales como el Plan de la Patria (2013-2019): «La formación del oficial debe estar impregnada del pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano… El socialismo bolivariano es la única vía para garantizar la defensa de la patria.» — Plan de la Patria (2013-2019), Objetivo Histórico N° 1. Del mismo modo, la implementación de consignas en la cotidianidad de sus entrenamientos y labores, las cuales, lejos de representar un sistema plural cuya obediencia debe ir dedicada a la protección nacional y los ciudadanos, se redirigen a dosificar su figura e ideales de izquierda. Lo cual dio inicio a una dicotomía que sirvió de herramienta para justificar injerencias y crímenes hacia la población bajo la premisa de ataques contra la revolución y el pueblo.

En conclusión, el análisis realizado a lo largo del artículo permite concluir que la actual configuración de los cuerpos de seguridad en Venezuela no es un accidente coyuntural, sino el resultado de un proceso prolongado de degradación institucional y moral que ha venido sedimentando durante décadas. Se ha incubado un modelo donde la vocación de servicio fue progresivamente sustituida por una lógica de poder y sometimiento, hasta dar forma a un neo-sistema criminal que opera desde las propias entrañas del Estado. Un sistema necesario en la dinámica de protección de un país, convertido en una burla y circo de intereses.

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Bibliografía

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (2013). Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Objetivo Histórico N° 1. Caracas, Venezuela.

Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela. (2023). Informe sobre el uso de la fuerza letal y perfil socioeconómico de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). (2025). Registro de aspirantes e ingresos a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Caracas, Venezuela.

Universidad Católica Andrés Bello. (2023). Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana. Centro de Investigación de la Realidad Social (CIRS-UCAB). Caracas, Venezuela.