Foro Penal: 87 rehenes políticos deberían ser liberados tras superar límites de la prisión preventiva

Caracas. – La ONG Foro Penal señaló este jueves, que 87 rehenes políticos “tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares” al sobrepasar los límites de la detención preventiva que establecen las leyes venezolanas.

Así lo aseguró el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, al publicar en sus redes sociales, que la situación reviste especial preocupación porque, dentro de ese grupo, 57 ciudadanos ya acumulan más de tres años privados de libertad sin haber recibido una sentencia definitiva, superando incluso el plazo excepcional previsto para este tipo de medidas.

Tras la reforma en 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 230 de esta normativa establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. Al transcurrir este tiempo, las personas deben ser liberadas y juzgadas en libertad.

Esta semana, el Foro Penal confirmó la excarcelación de 15 militares apresados por razones políticas, entre ellos algunos que ya sobrepasaban la prisión preventiva como la teniente Karen Gómez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Siero.

La situación de retardo procesal ha sido reconocida por las autoridades. El miércoles, durante el «relanzamiento» de la comisión de revolución judicial, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, detalló que 21,16% de la población reclusa del país (58.714 personas) llevan más de dos años detenidas y sin sentencia por parte de un tribunal.

De estos, a su vez, 183 llevan más de 10 años sin condena. Himiob afirmó que muchas de las detenciones son producto de la «admisión de hechos» como vía rápida ante el retardo judicial, y no por una real peligrosidad.

Con saqueos, tensa calma y hermetismo oficial continúa ofensiva contra minería ilegal en Bolívar

Caracas. – En medio de saqueos, una tensa calma y el hermetismo que mantiene el narcorégimen chavista interino, transcurre el tercer día de las operaciones militares llevadas a cabo en las poblaciones Las Claritas y Kilómetro 88, al sur del estado Bolívar, para combatir a la minería ilegal en esa zona.

Este jueves se registraron saqueos de algunos comercios y hasta contenedores en Las Claritas, donde las clases están suspendidos y muchos locales han optado por bajar sus santamarías, ante la incertidumbre que impera en la zona.

Fuentes extraoficiales señalan que la operación apunta contra los cabecillas de los grupos criminales que durante años han mantenido bajo control las principales zonas de explotación minera en el sur de la región.

Ante el avance de las tropas y comisiones policiales desplegadas, se reporta que un grupo considerable de mineros ya ha comenzado a acatar la orden de desalojo y a abandonar los yacimientos de forma voluntaria para evitar confrontaciones.

En las calles de Las Claritas ya se ve algunos de ellos cargando sus enseres, herramientas y pertenencias personales a cuestas. Mientras las comisiones se adentran en la selva, el día a día en Las Claritas y el Kilómetro 88 también tiene su propia tónica.

Como medida preventiva y ante la incertidumbre, las actividades escolares en todo el sector han sido suspendidas temporalmente. A esto se le suman severas fallas en los servicios públicos. Algunos pobladores dijeron que el fluido eléctrico ha estado inestable, “yendo y viniendo” de forma constante durante las últimas horas.

La ONG SOS Orinoco atribuyó la gravedad del conflicto a la consolidación de un «sistema de gobernanza criminal» que ha sido promovido por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez durante años, tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

«La presencia de grupos irregulares y sindicatos armados en Bolívar no es espontánea. Responde a una configuración de control territorial y complicidades, con distintos niveles de articulación, promovida y tolerada por el Estado venezolano», denunció en un mensaje por sus redes sociales.

No obstante, a 72 horas de iniciarse las incursiones militares aéreas y terrestres, todavía el narcochavismo interino no ofrece explicaciones a la población. Hasta la tarde de este jueves, ninguna fuente oficial o vocero de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha emitido declaraciones para ofrecer un balance de los resultados obtenidos o confirmar si existen personas detenidas, heridas o fallecidas tras 72 horas de incursión militar.

Desde que arrancó el despliegue a principios de semana, ha trascendido que el objetivo estratégico de la operación es desmantelar la estructura de la banda delictiva (denominada localmente como “sindicato”) que ejerce el control de la zona, liderada por Juan Gabriel Rivas Núñez (alias “El Negro Juancho”), Yohan José Romero (alias “Yohan Petrica” e integrante fundador del Tren de Aragua) y Humberto Martes (alias Humbertico).

Asimismo, fuentes de inteligencia señalan que las comisiones se mantienen tras la búsqueda y captura de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua y requerido por la justicia en EE. UU. Vale mencionar que se maneja extraoficialmente la versión de que “el Niño Guerrero” fue neutralizado por las fuerzas militares.

Algunos creadores de contenidos en plataformas como Telegram e Instagram, han difundido imágenes de sujetos aparentemente dados de baja en enfrentamientos con los militares desplegados, y aunque aseguran que estas son enviadas por personas ubicadas en el centro de los acontecimientos al sur de Bolívar, no han podido confirmar la veracidad de las fotos mostradas en sus cuentas.

Alertan que mantienen aislados a rehenes políticos trasladados desde El Helicoide a Tocuyito

Caracas. – Los rehenes políticos trasladados desde El Helicoide al Internado Judicial Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, permanecen aislados e incomunicados desde hace una semana, según lo denunciaron defensores de Derechos Humanos enterados del caso.

El ex rehén político Nikoll Arteaga dijo que aún se desconoce cuántos reclusos fueron trasladados y quiénes integran el grupo. Explicó que los detenidos fueron ubicados en el área denominada de “reflexión”, sin que hasta ahora se haya tenido contacto con ellos.

Igualmente, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.

“Se supone que ese lugar es para el diagnóstico de los presos antes de distribuirlos a otras áreas, pero funciona como un centro de aislamiento donde están expuestos a torturas por un periodo indefinido. Pueden pasar días, semanas o meses”, explicó Arteaga.

Mientras, Kennedy Fernando Tejeda, miembro de Foro Penal Carabobo, aclaró que el artículo 41 del Código Orgánico Penitenciario establece, que el ilegítimo ministerio penitenciario dispondrá secciones diferenciadas, en cada uno de los establecimientos penitenciarios destinadas a la observación.

Según esta normativa, los reclusos deben permanecer en esas áreas por un lapso máximo de 30 días, período durante el cual deben recibir evaluaciones psicológicas, físicas y clínicas. Pero esos procedimientos rara vez se cumplen, señaló Tejeda.

También, Tejeda, quien igualmente es un ex rehén del chavismo, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.

Finalmente, advirtió que a las víctimas trasladadas a Tocuyito “no se hacen los respectivos exámenes al momento del ingreso. A algunos se les hacía una entrevista, como protocolo burocrático, pero no eran revisados por médicos capacitados, indistintamente si la persona sufría de patologías”.

Pete Hegseth asegura que vendrán noticias desde Venezuela sobre lucha contra el narcotráfico

Caracas. – El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó este pasado miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.

Así lo aseguró el alto funcionario estadounidense durante una sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en su visita a la base de Guantánamo en Cuba. Hegseth arengó a las tropas y aseguró que los cárteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, «están tratando de encontrar nuevas rutas» para introducir drogas en EE. UU.

«Ahora estamos colaborando con los ⁠países en sus propios territorios para localizar dónde operan estos ​terroristas designados ​y dónde ​producen sus drogas», ‌explicó Hegseth a las tropas estadounidenses en Guantánamo.

«De hecho, muy ‌pronto habrá grandes ​noticias procedentes de ​Venezuela sobre ​ese tema, porque ahora ‌contamos con un socio ​allí, en ​Venezuela, dispuesto a colaborar con nosotros», aseveró.

El secretario de Guerra enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia que, según dijo, busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, EE. UU. impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

Asimismo, señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia EE. UU., lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad.

«Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE. UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos, en plena noche, dentro del recinto más fuertemente protegido de su base mejor fortificada en la capital. Y, ya saben, ni las defensas aéreas rusas ni los guardias cubanos fueron rival para ellos», sostuvo el jefe del Pentágono.

Rehén político en el Rodeo III es asesinado por el narcorrégimen chavista

Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.

Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.

Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.

“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.

Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.

Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.

Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.

Borrego de la semana 233: militantes de primero justicia

Hace poco, militantes del partido Primero Justicia difundieron un video de en redes sociales donde aparecen bailando mientras hacen un llamado a los ciudadanos para unirse a su facción política, invocando directamente los nombres de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.

Este tipo de propaganda es una muestra fehaciente de la alarmante falta de cerebro e ideas para hacer política en la Venezuela actual. Y es inaceptable recurrir a estas dinámicas frívolas en medio de una situación tan crítica para la nación, la cual atraviesa una transición sumamente compleja e inédita que no figura en ningún manual.

De hecho, este comportamiento resulta ofensivo frente al panorama real del territorio, caracterizado por la dolorosa realidad de los presos políticos todavía encerrados y el agudo sufrimiento de la población debido a que el dinero no les alcanza para subsistir.

En este marco, se ha de advertir con preocupación que casi 30 años de proceso revolucionario no solo afectaron el juicio de los sectores oficialistas, sino que terminaron dejando sin cerebro a gran parte de la población y de la dirigencia partidista, y si esto es lo mejor que las organizaciones políticas pueden producir en medio de tanta incertidumbre y crisis, el porvenir del país se encuentra en un escenario verdaderamente grave.

Programa 775: ¿Diosdado está en la mita de Trump? y María Corina le lava la cara a Lilian Tintori

Esta semana se analiza el impacto de las recientes declaraciones de Marshall Bringham, también referido como Willingham, exsubsecretario de financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro durante la primera administración de Donald Trump. Bringham afirmó en redes sociales que Diosdado Cabello, calificado como el hombre operativo de la revolución y líder del cartel de los soles, será el próximo objetivo capturado por la justicia de EE. UU.

Aunque este comentario generó un enorme revuelo, José Antonio Colina manifestó su escepticismo debido a que considera que Cabello negoció previamente con el gobierno estadounidense, lo que frenaría su captura inmediata. Por su parte, Esteban Hernández aclaró que, si bien Bringham no es un funcionario activo y suele buscar la viralidad con un tono sensacionalista, sus palabras ganan cierta credibilidad debido a que en el pasado anticipó con precisión los hechos ocurridos con Nicolás Maduro.

En la sección dedicada al Borrego de la semana, se exhibe un material audiovisual de 15 segundos protagonizado por militantes del partido Primera Justicia. En la grabación se observa a integrantes de dicha organización bailando mientras hacen un llamado a la ciudadanía para unirse a su facción política, invocando los nombres de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. En este sentido, se critica severamente este enfoque de hacer política, tildándolo de absurdo y falto de lucidez ante la crisis real que padece la nación. Asimismo, se recalca la total inoportunidad de realizar este tipo de propaganda en un contexto de profunda incertidumbre, caracterizado por una transición inédita, la existencia de numerosos presos políticos tras las rejas y las graves penurias económicas de la población.

En la sección en polémica centró su atención en el fuerte debate surgido en plataformas digitales tras la difusión de una fotografía de María Corina Machado junto a Lilian Tintori en el marco del Oslo Freedom Forum, un evento de derechos humanos vinculado a Leopoldo López. En este marco, se defiende la legitimidad de las críticas ciudadanas argumentando que el electorado venezolano no olvida el historial de engaños asociados a Tintori. Asimismo, diferenció que no es igual una foto tomada entre 2013 y 2015 cuando López estaba encarcelado, a capturar una imagen actual en 2026, luego de los escándalos de corrupción en Monómeros y el cuestionado desempeño del gobierno interino.

Avanzando en la agenda, el segmento desmantelando a la izquierda se enfocó de manera prioritaria en la situación de los presos políticos en Venezuela. Se reportó detalladamente la manifestación ocurrida el pasado 5 de junio, donde familiares de mujeres encarceladas por motivos políticos protestaron públicamente para exigir su inmediata liberación. Durante la protesta, se denunciaron condiciones infrahumanas y una ausencia total de cuidados médicos básicos para la salud femenina, reportando dolores abdominales severos sin asistencia y la prohibición de insumos elementales para la higiene menstrual. De igual manera, se enfatizó la gravedad de los abusos físicos, psicológicos y las violaciones sexuales perpetradas contra las detenidas. Ante este panorama, los allegados acudieron a la Embajada de EE. UU. en Venezuela para solicitar una intermediación directa ante las autoridades, criticando que los procesos de amnistía ejecutados hasta el momento han sido incompletos, selectivos y con cifras de liberación que jamás alcanzan los compromisos pactados.

Finalmente, el bloque de el corrupto en la mira señaló de forma directa a Diosdado Cabello, reafirmando que sobre él pesan severas acusaciones internacionales de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias, además de una recompensa vigente de USD$ 25 millones emitida por la justicia estadounidense. Asimismo, se subraya una preocupación por su cuota de poder en Venezuela, a pesar de su prontuario criminal, y se destaca que no existe ninguna posibilidad de transición democrática real mientras dicho delincuente continúe ejerciendo control dentro de las estructuras del Estado.

Al cierre del análisis, Hernández apuntó que la constante rotación de Cabello y Nicolás Maduro por múltiples cargos públicos —como vicepresidencias, ministerios y la presidencia de la Asamblea Nacional— evidencia el carácter hermético del sistema chavista y la absoluta carencia de una generación de relevo con liderazgo real, comparando la situación actual con el modelo de la tiranía cubana. Se advierte, por lo tanto, sobre el grave peligro de aceptar transiciones falsas como el histórico «chamorrazo» de Nicaragua, insistiendo en que el régimen debe ser neutralizado por completo para evitar un retorno con mayor fuerza represiva en el futuro.

CIDH ordena el cierre del Helicoide y acusa al narcoestado chavista por torturas a un preso político

Caracas. – Por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida este miércoles, el narcorégimen interino deberá cerrar el Helicoide, el mayor centro de torturas empleado por ese sistema criminal. La medida fue tomada por el organismo, al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al narcoestado chavista.

La CIDH determinó en su sentencia, que en ese sitio esbirros policiales torturaron a Jorge Riera Rojas, quien además fue ilegalmente detenido por su actividad política durante el período del fallecido Hugo Chávez en 2003.

Entre los derechos vulnerados a Rojas señaló la integridad física, la reunión pacífica, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos políticos y la libertad personal.

«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide'», indicó la medida.

La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además del cierre del Helicoide, la Corte ordenó a las autoridades venezolanas reabrir la investigación penal relacionada con los hechos denunciados, identificar a los responsables, adoptar medidas para prevenir nuevas violaciones y reparar los daños causados a las víctimas.

Cabe recordar que el Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

Continúa operación militar al sur de Bolívar con intensificación de efectivos en la zona

Caracas. – Las operaciones militares aéreas y terrestres que el narcorégimen chavista interino lleva a cabo en Las Claritas y el Kilómetro 88, poblaciones mineras al sur del estado Bolívar, continuaron este miércoles con el despliegue de un mayor número de efectivos en esas zonas.

Durante la tarde de este miércoles, se observó una intensa movilización de vehículos y efectivos militares con dirección al sur de ese estado, como parte de la continuidad de los operativos especiales ejecutados en las poblaciones mineras de esa entidad.

Habitantes de la zona dijeron a distintos medios, que la operación militar, que incluyó detonaciones y lo que parecían ser disparos, se ha ⁠concentrado en las áreas del antiguo proyecto Las Cristinas, impulsado por la transnacional Crystallex hasta su suspensión por parte del fallecido Hugo Chávez en 2008.

También, fuentes que prefirieron mantener sus nombres bajo reserva, aseveraron que las acciones militares se están realizando en las zonas donde “están las betas de oro y donde se van a implementar los proyectos auríferos de los inversionistas».

Asimismo, advirtieron que la situación ha generado incertidumbre entre los habitantes, comunidades indígenas y sindicatos que residen en el sur de Venezuela.

Entre los datos que se manejan en torno al mega operativo, se indica que este es coordinado y ejecutado por comisiones de organismos militares y de inteligencia provenientes, en su mayoría, de Caracas.

Igualmente, se dice que el objetivo estratégico es dar con el paradero de los principales cabecillas de la banda delictiva (conocida en la región como “sindicato”) que opera en el sector, entre ellos a los delincuentes alias Juancho, Petrica y Humbertico. Asimismo, las autoridades buscan a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

Desde este pasado martes, las autoridades del municipio Caroní restringieron la salida de unidades de transporte público hacia el sur de la región. Pero, en Santa Elena de Uairén si reactivaron este martes, el traslado de pasajeros desde el terminal terrestre.

También se han producido protestas este miércoles, cuando habitantes de Las Claritas cerraron la entrada del pueblo (Troncal 10) para exigir el cese del operativo, atropellos y violación de DD. HH.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado ni ofrecido un balance sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos, y desde el martes corre el “rumor” de tres fallecidos, entre ellos el líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. No obstante, aún no hay confirmación oficial al respecto.

Liberaron a 54 rehenes políticos militares

Caracas. – El narcorégimen interino chavista liberó, entre los pasados lunes y martes, a 54 rehenes políticos militares, vinculados con algunas presuntas conspiraciones contra la tiranía dirigida por Nicolás Maduro, especialmente una denominada «operación brazalete blanco».

Entre los liberados figuran tres mujeres, quienes salieron de las celdas que ocupaban en el INOF (MIranda). El resto de los 51 militares excarcelados salieron de la cárcel de Ramo Verde, también en Miranda, en un paso que según analistas y varias ONG, debe marcar el inicio definitivo de todos los uniformados secuestrados por motivos políticos.

Entre los liberados está el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso ‘espía americano’, en el que también fue aprehendido el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado por el Gobierno venezolano de realizar labores de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón.

Mientras, la directora de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, indicó que hasta el momento no tienen confirmación de si la liberación es plena o con medidas cautelares, pero que los militares salieron de las cárceles tras una revisión de sus casos.

De acuerdo con esta organización, 213 militares siguen detenidos en el país por motivos políticos. Entre los liberados se encuentran también, el sargento José Sánchez Chacón, preso por enviar un audio por WhatsApp en el cual se quejaba del deterioro de las unidades militares; y Karen Gómez, teniente acusada de estar vinculada a sabotajes en el servicio eléctrico.

“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas. De manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, afirmó Acosta.

Desde el domingo, un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela permanece a las afueras de la Embajada de EE. UU. en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.

En tanto, las excarcelaciones coinciden con un momento delicado para el interinato chavista de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos. En estas semanas se han sumado denuncias por abusos a los prisioneros y las duras condiciones carcelarias del régimen chavista, tanto para presos políticos como para presos comunes.