La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que ha demandado al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, por sus políticas migratorias, que considera que están protegiendo a los migrantes y discriminando a las fuerzas de seguridad.
La fiscal general, Pam Bondi, ha informado de que el Departamento de Justicia está demandando a la ciudad de Nueva York y a su alcalde «por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ‘ciudad santuario’».
«Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos», ha dicho en su perfil de X.
The Department of Justice is suing New York City and Mayor Eric Adams for continuing to obstruct law enforcement with sanctuary city policies.
If New York’s leaders won’t step up to protect their citizens, we will.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 24, 2025
Posteriormente, la cartera ministerial ha especificado que el caso se ha presentado en el distrito este de Nueva York con el objetivo de «combatir la obstrucción ilegal de la aplicación de las leyes federales migratorias».
Cabe señalar que, en los últimos meses, se han presentado demandas contra Los Ángeles, los estados de Nueva York, Colorado e Illinois, entre otros, por dicho motivo.
«Durante demasiado tiempo, la Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia en la interferencia con la aplicación de nuestras leyes de inmigración. Sus esfuerzos por frustrar la aplicación de la ley federal de inmigración terminan ahora», ha agregado el fiscal general adjunto, Brett Shumate.
Esta semana, la Plataforma Unitaria de Venezuela ha emitido un comunicado ante la farsa electoral del 27 de julio, en los que mencionan 7 puntos que, aunque son extensos y pretenden ser críticos, en realidad se muestran ambiguos, pues no ofrecen una postura clara sobre si la ciudadanía debe participar o no en las próximas elecciones.
En concreto, el comunicado no deja expreso en ningún momento si se debe o no ir a votar en la farsa electoral chavista, y mucho menos habla sobre los pasos firmes a seguir ante las circunstancias adversas en Venezuela.
#Comunicado: Desde la Plataforma Unitaria Democrática, de cara al 27 de julio, nos queremos dirigir al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, fijando nuestra posición ante el evento convocado para esa fecha con los siguientes 7 puntos: pic.twitter.com/Eov0iXcyet
Por esta razón, sumado al hecho de que pretenden ser líderes y carecen de la firmeza necesaria para hablar tajantemente en momentos cruciales de la historia contemporanea en Venezuela, mediados por la cobardía, al no asumir las consecuencias de una postura firme, pero, al mismo tiempo, preferir no guardar silencio —simulando hacer algo relevante—, la Plataforma Unitaria de Venezuela ha sido elegida como el Borrego de la Semana.
Esta semana, la «noticia del día» en el programa se centró en la pregunta directa de Johannes Kaiser, precandidata presidencial en Chile, a la candidata comunista Yanet Jara sobre qué acciones tomaría ante el asesinato del teniente Ronald Ojeda, en el cual las pruebas apuntan a la implicación de la narcotiranía que encabeza Nicolás Maduro, con complicidad de elementos policiales chilenos y la participación del Tren de Aragua.
Hernández y Colina destacaron la relevancia de esta pregunta, dada la trayectoria de Jara como miembro del Partido Comunista y sus vínculos con figuras del oficialismo chileno y el régimen de Nicolás Maduro. Se cuestionó si, en caso de llegar a la presidencia, Jara impulsaría la extradición de los responsables o si, por el contrario, buscaría ignorar los hallazgos de la Fiscalía chilena.
En este marco, se resalta que la situación de Ojeda, según expone el «terrorismo transnacional» y la «violación a la soberanía» por parte del régimen venezolano, haciendo que las preguntas de Kaiser sean «lógicas y de sentido común».
Asimismo, la polémica de la semana se centró en la participación de artistas venezolanos como Aroldo Betancourt, Tania Sarabia, Aquiles Nazoa, Javier Vidal y Julie Restifo, quienes han promovido el voto en las próximas elecciones, por lo cual quedan como unos «arrastrados», «colaboradores» y «mercenarios de la política».
Siguiendo con la sección «Desmantelando a la izquierda», se expone un caso reciente de la tiranía sanguinaria en Venezuela, a saber: la condena a 10 años de prisión para Génesis Pavón y Rocío Rodríguez por estampar camisetas con imágenes de la caída de estatuas de Chávez. Sin embargo, se destaca que el acto es «doblemente inmoral, inhumano y descarado», no solo por la desproporcionada sentencia, sino porque fue el resultado de una operación encubierta donde policías se hicieron pasar por clientes para incriminar a las jóvenes.
Con ello, queda claro que el régimen está compuesto por personas con las que hay que no se puede «ir a elecciones» o «entenderse en diálogos», pues el acto ignominioso es una muestra clara de que el régimen es una «dictadura que viola derechos humanos» y que «todo el mundo hace lo que mejor le conviene» en materia de abusos, pues su naturaleza es delincuencial.
Finalmente, el programa puso a Iván Hernández Dala como «El corrupto en la mira», al ser señalado por su presunta implicación como «autor intelectual y material» en el asesinato de Ronald Ojeda en Chile, junto a Diosdado Cabello.
Cabe mencionar que Iván es uno de los «esbirros más importantes de la tiranía», responsable de numerosos asesinatos, torturas y violaciones a los derechos humanos, lo que ha sido documentado en informes internacionales.
Más allá de su rol como «brazo armado de la revolución», Hernández Dala fue tildado de «tremendo inversionista» con «grandes negocios» en Venezuela y Miami, diversificando sus actividades criminales.
En este marco, se recuerda su ascenso a coronel de la Guardia Nacional por sus «grandes logros» en la revolución y expresaron que, el día que la tiranía caiga, Hernández Dala será uno de los principales individuos en «responder ante la justicia nacional e internacional», ya que «verdugo no pide clemencia».
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ratificado este jueves la ley que limita las capacidades de las dos agencias independientes contra la corrupción, apelando a la unidad del país, en medio de las críticas de sus socios europeos y de algunas organizaciones que advierten de los riesgos al Estado de derecho.
Zelenski ha firmado la ley aprobada por el Parlamento en una semana marcada por los registros a gran escala que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General llevaron a cabo en las sedes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
Sobre ambas agencias ha caído el peso de la sospecha por la supuesta injerencia rusa en las mismas, así como por el retraso que arrastran algunos procedimientos. Con la nueva norma, la Fiscalía podrá intervenir en las investigaciones, archivando o redirigiendo los casos, al tiempo que limita las funciones del jefe del SAPO.
Para Zelenski, esta nueva ley «garantiza el fortalecimiento real del orden público en Ucrania, la independencia de los organismos anticorrupción y otorga una protección fiable ante cualquier influencia o injerencia rusa».
«El texto es equilibrado», ha insistido, en medio del recelo que llega desde Europa. «Es importante que mantengamos la unidad. Es fundamental que mantengamos la independencia. Es crucial que respetemos la postura de todos los ucranianos y estemos agradecidos a todos los que apoyan a Ucrania», ha dicho en Telegram.
Asimismo, organizaciones con Human Rights Watch (HRW) han alertado de que con esta nueva ley ambas oficinas perderán su independencia y se pone en riesgo el Estado de derecho de Ucrania, que aspira a formar parte de foros como la UE.
«Socavar a los organismos independientes anticorrupción, especialmente durante la brutal guerra que Rusia libra contra Ucrania, amenaza con debilitar los cimientos democráticos de Ucrania y su futura integración con Europa», ha señalado Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central de HRW.
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. ha declarado «inconstitucional» y confirmado un bloqueo nacional a la orden ejecutiva del presidente del país, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes.
La decisión se ha producido a raíz de que el Tribunal Supremo ordenase a finales de junio que los juzgados inferiores reconsideraran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial.
Con todo, el tribunal de apelaciones de San Francisco ha decidido que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país no representaba una extralimitación judicial.
«El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en EE. UU., es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo.», ha escrito el juez del tribunal de apelaciones Ronald Gould.
En este sentido, esta corte ha concluido «que el tribunal de distrito (de Seattle) no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para brindar a los estados un alivio completo».
El juez Gould ha explicado que una orden judicial más restrictiva a nivel territorial —por ejemplo, una que afectase solo a los estados que no apelaron contra la orden— exigiría a los estados que impugnaron la ley que revisaran sus sistemas de verificación de elegibilidad para diversos programas de servicios sociales, causando «daños irreparables».
Cabe señalar que este se trata de la primera vez que un tribunal de apelaciones concluye plenamente que la orden de Trump es inconstitucional, aunque éste podría apelar directamente al Tribunal Supremo.
De todas formas, la medida está también bloqueada a nivel nacional a raíz de que un juez federal de Nueva Hampshire prohibiera su aplicación contra cualquier infante que se viera afectado por la política en una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. citará al Departamento de Justicia para que entregue los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que un subcomité haya votado a favor de la decisión este miércoles.
Cabe señalar que tres republicanos del Subcomité Federal de Aplicación de la Ley se han unido a los demócratas para aprobar por ocho votos a dos una moción para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con Epstein.
La citación «se emitirá en el futuro», según ha afirmado el portavoz del Comité a la cadena NBC News, y ha llegado horas después de que el propio organismo citase a Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein y quien está condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en el marco de la red de pedofilia liderada por Epstein.
Según el documento publicado en la web del Comité de Supervisión, su «declaración en la Institución Correccional Federal de Tallahassee el 11 de agosto de 2025», un proceso en el que «el Departamento de Justicia está cooperando y facilitará la declaración en la prisión».
«Mientras el Departamento de Justicia se esfuerza por descubrir y divulgar públicamente información adicional relacionada con su caso y el de Epstein, es imperativo que el Congreso supervise la aplicación de las leyes de trata de personas por parte del gobierno federal en general y, en particular, su gestión de la investigación y el enjuiciamiento de usted y de Epstein», señala a Maxwell el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, en la carta publicada por el organismo.
En este sentido, el Comité solicita el testimonio de la viuda de Epstein «para fundamentar la consideración de posibles soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir la trata de personas y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales», ha explicado Comer.
La Universidad de Columbia ha accedido a pagar USD$ 200 millones para restaurar los fondos federales que le fueron recortados por la Administración Trump por su —supuesta— violación de las leyes contra la discriminación, en relación con las protestas propalestinas que Washington tildó de antisemitas.
Para la prestigiosa universidad se trata de «un importante paso adelante después de un prolongado periodo de escrutinio federal e incertidumbre institucional», mientras que para el presidente, Donald Trump, es un «acuerdo histórico» que incluye además el fin de algunas «ridículas políticas» de Columbia.
Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Trump canceló USD$ 400 millones en subvenciones al considerar que estaba permitiendo dentro de sus instalaciones manifestaciones antisemitas y la persecución de estudiantes y docentes judíos e israelíes.
Tras ello, Columbia accedió a las demandas que le fueron impuestas a cambio de negociar la vuelta de unos fondos de los que dependían cientos de proyectos de investigación, como prohibir el uso de mascarillas en las protestas, o contratar a más personal de seguridad y a un nuevo vicerrector encargado de supervisar el departamento de Estudios sobre Oriente Próximo.
Estos 200 millones de dólares serán abonados el Gobierno Federal en concepto de multa durante los próximos tres años, además de otros USD$ 21 millones para resolver las investigaciones de la comisión de igualdad de oportunidades, que Trump fija como una indemnización a los «trabajadores judíos que fueron perseguidos».
Trump ha celebrado la decisión del centro y, lejos de dar por cerrado la campaña de presión sobre las universidades del país, ha advertido en Truth Social de que «se avecinan» otras muchas que «han perjudicado a tantos, han sido tan injustas y desiguales, y han gastado incorrectamente dinero federal.
El presidente estadounidense también ha celebrado que con este acuerdo la universidad haya dejado de lado «sus ridículas políticas» de diversidad y equidad y que a partir de ahora solo acepten estudiantes «basándose únicamente en el mérito».
Cabe señalar que varias universidades fueron centro de multitudinarias protestas contra la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, entre ellas Harvard, que no ha accedido a las presiones de Trump y denunció al Gobierno por amenazar con quitarle la financiación.
La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación sobre la elegibilidad de la Universidad de Harvard como patrocinador del programa de estudiantes de intercambio, en medio de la campaña del Gobierno estadounidense contra las instituciones educativas bajo el argumento de inacción ante el antisemitismo en sus campus.
«Todos los patrocinadores que participan en este programa deben cumplir plenamente con las regulaciones para visitantes de intercambio, ser transparentes en la presentación de informes, y demostrar su compromiso con el fomento de los principios de intercambio cultural y entendimiento mutuo que fundamentaron el programa», ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio.
A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que, «para mantener su privilegio de patrocinar visitantes de intercambio, deben cumplir con todas las regulaciones, incluyendo la realización de sus programas de una manera que no socave los objetivos de política exterior ni comprometa los intereses de seguridad nacional».
«El pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que sus universidades defiendan la seguridad nacional, cumplan con la ley y proporcionen entornos seguros para todos los estudiantes. La investigación garantizará que todos los programas del Departamento de Estado no sean contrarios a los intereses de nuestra nación», ha agregado Rubio.
En este contexto, Trump promulgó a principios de junio una proclamación con la que pretende impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes extranjeros, si bien sus aspiraciones han sido bloqueadas por el poder judicial.
La decisión de Trump obligaba a Harvard a rechazar a los estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026, obligándolos a trasladarse a otra universidad «o perder su estatus legal». En este contexto, añadía, para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard «debe proporcionar toda la información requerida».
El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva encaminada a que las herramientas de inteligencia artificial (IA) adquiridas por el Gobierno federal prioricen la «veracidad» y la «neutralidad ideológica».
De este modo, se busca limitar el uso de modelos extensos de lenguaje (LLM, en inglés) que estén en favor de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y alineados con la llamada agenda ‘woke’.
«Cuando se incorporan sesgos ideológicos o agendas sociales en los modelos de IA, pueden distorsionar la calidad y la precisión de los resultados […]. La DEI desplaza el compromiso con la verdad en favor de resultados preferentes y, como ilustra la historia reciente, representa una amenaza existencial para una IA fiable», señala el documento, titulado ‘Prevención de la IA ‘woke’ en el Gobierno federal’.
Cabe señalar que el nuevo decreto fue firmado al final de una cumbre sobre IA en Washington que se celebró el miércoles, donde Trump denunció la «locura marxista consciente en los modelos de IA».
«De una vez por todas, nos deshacemos de la mentalidad progresista», añadió el mandatario, asegurando que su predecesor, Joe Biden, había «establecido la ideología tóxica de diversidad, equidad e inclusión como principio rector del desarrollo de la IA en EE. UU.».
Es necesario recordar que la eliminación gradual de las iniciativas DEI, que abarcan diversas prácticas, políticas y estrategias, ha sido uno de los enfoques principales de la actual Administración.
Trump expresó en enero que en su gobierno se pondría fin a la «tiranía» de los programas de diversidad e inclusión y que el país «ya no será ‘woke’». Desde entonces, ha firmado varias órdenes ejecutivas en contra de tales proyectos.
Caracas. – Un trabajador fallecido y al menos cuatro heridos, fue el saldo que registró la explosión ocurrida durante la tarde este pasado martes, en la subestación eléctrica de Corpoelec El Mácaro, ubicada en el estado Aragua.
La versión aportada por el organismo, indica que el estallido se originó en la barra de 13,8kV de la subestación, mientras un equipo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizaba labores de mantenimiento.
La explosión cobró la vida de Richard Tejada, liniero de la división de Transmisión del ente eléctrico y tuvo lugar cerca de las 2:00 pm de este 22 de julio, dejando sin electricidad a al menos 80% del territorio aragüeño.
Los heridos fueron identificados como Carlos Camacho (supervisor), Luis Vergel, Norma Araque y Ángel Morgorda (linieros), quienes fueron trasladados al Centro Clínico Turmero.
Se pudo conocer que algunas zonas del estado Aragua continúan sin servicio eléctrico este miércoles, a raíz de este incidente. Cabe señalar que se desconocen las causas del hecho, pero ya Corpoelec ordenó llevar a cabo una investigación para determinar qué originó la explosión.
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