Maduro activa ley de comandos y reta con una «lucha armada» a EE. UU.

Caracas. – El líder del cartel narcoterrorista del chavismo, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles activar inmediatamente una ley de «Comando para la Defensa Integral», una red conformada por instituciones públicas, FANB, milicias, colectivos y demás organismos represivos, con la finalidad de llevar a cabo una «lucha armada» contra una posible intervención militar estadounidense.

En paralelo, los militares afectos al narcorégimen activaron un despliegue «masivo» en todos los estados del país, con la supuesta finalidad de responder a un ataque militar del Comando Sur desplegado en aguas del mar Caribe.

Al firmar la ley para activar al citado mecanismo militar, Maduro amenazó con dar una respuesta contundente ante lo que se teme será una acción militar inevitable dentro del territorio venezolana, con la finalidad de combatir a las redes del narcotráfico lideradas por Maduro.

La medida coincide con el anuncio de la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, al radio de acción del Comando Sur, el cual lleva a cabo un despliegue aeronaval en el Caribe.

“Si nos tocara como República, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estaremos listos para ganar y para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía”, manifestó el líder chavista.

Con esta declaración, Maduro no solo desafía al poderío militar estadounidense, sino que también intenta transmitir optimismo y determinación a sus seguidores, reforzando la narrativa de resistencia y defensa frente a amenazas externas, en este caso proveniente de la Casa Blanca.

Durante el acto televisado para promulgar la ley de comandos, Maduro señaló que, en estas últimas «catorce semanas de locura criminal imperial» y de «guerra psicológica permanente», Venezuela —supuestamente— ha «dado paso» en el ámbito militar y en el institucional.

Los países nórdicos y bálticos gastan USD$ 500 millones en armamento estadounidense para Ucrania

Los países nórdicos y bálticos han acordado comprar armamento estadounidense para Ucrania valorado en USD$ 500 millones, una muestra de apoyo «fundamental para la seguridad europea», según han defendido estas ocho naciones en su reunión de este jueves en Helsinki, la capital de Islandia.

Esta cantidad se destinará a la compra de «equipo de defensa esencial» que viene incluido en la conocida como Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL), una iniciativa para agilizar la compra de material bélico de fabricación, como misiles Patriot, en coordinación con la OTAN y con base en las demandas de Kiev.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, crucial para la seguridad europea», han remarcado los ministerios de Defensa de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, así como la cartera de Asuntos Exteriores de Islandia, en un comunicado conjunto.

Para estos ocho países, la guerra de Rusia «constituye una amenaza a largo plazo» para Europa, la OTAN y el orden internacional basado en normas, por lo que resulta fundamental que Moscú «no tenga éxito». «La seguridad de Ucrania está directamente ligada» a la europea, ha incidido.

Cabe señalar que la iniciativa PURL fue acordada en el mes de agosto, con el liderazgo de Alemania, que valora que Washington ponga a disposición de Ucrania una serie de armamento que llega a través de adquisiciones de los aliados europeos, que han pasado a liderar el apoyo a Ucrania en el contexto de la invasión rusa.

EE. UU. reclama cortar el suministro de armas a las RSF sudanesas, quienes «aceptan cosas y nunca cumplen»

El Gobierno estadounidense ha reclamado este miércoles detener el envío de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en inglés) en medio de sus avances en el conflicto en curso en Sudán, y ha acusado al grupo paramilitar de aceptar cosas que luego «nunca cumple».

«Hay que hacer algo para detener el suministro de armas y el apoyo que recibe las RSF mientras continúa sus avances», ha declarado el secretario de Estado, Marco Rubio, desde la localidad canadiense de Niágara, donde se ha reunido con sus homólogos del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado estar «muy preocupado» al concluir, tras las tres reuniones mantenidas con los otros países del Cuarteto —Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto— que «el problema fundamental es que las RSF aceptan cosas y luego nunca las cumplen».

En esta línea, ha aseverado que el grupo armado «no tiene intención de respetar» la tregua humanitaria alcanzada hace días y ha afeado que, en relación con las «atrocidades» que se les atribuyen, «se escudan en que se trata de elementos aislados (mientras que) lo hacen de forma sistemática».

Rubio, quien ha lamentado la situación «espantosa» que enfrentan los sudaneses, ha señalado que Washington está «haciendo todo lo posible para que los países implicados se sienten a la mesa de negociaciones y se ponga fin a esto». «Tiene que acabar», ha reclamado.

Pese a ello, ha rechazado que la solución al conflicto desatado hace ya más de dos años pase por «librar una guerra donde los civiles son víctimas de violación, violencia sexual y asesinato».

Preguntado por el apoyo de las autoridades emiratíes a las RSF, Rubio ha afirmado: «sabemos» quiénes son los actores implicados en la guerra entre las paramilitares y el Ejército de Sudán y ha asegurado que se está ejerciendo presión sobre los mismos «al más alto nivel de nuestro Gobierno».

«Es evidente que (las RSF) están recibiendo asistencia externa (…) y esa asistencia no proviene solo de un país que la financia, sino también de países que permiten que su territorio se utilice para el envío y transporte de estos drones», ha agregado, si bien se ha negado a «señalar» al Gobierno emiratí, alegando que «lo que buscamos es un buen resultado».

Con todo, ha asegurado que no va a permitir que las conversaciones del Cuarteto «se conviertan en un escudo tras el cual la gente diga: estamos intentando resolverlo». «Necesitamos resultados concretos y tienen que llegar muy rápido. De lo contrario, lo que ya es una farsa va a empeorar mucho más», ha advertido.

Cabe recordar que la guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y espeta a la UE: «No puede determinar» cómo se defiende EE. UU.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha defendido este miércoles los ataques ejecutados contra embarcaciones en aguas del Caribe alegando que están en «su hemisferio» y ha señalado que la Unión Europea (UE) no puede interferir en la política estadounidense.

«No creo que la UE pueda determinar qué es el Derecho Internacional. Desde luego, no puede determinar cómo defiende EE. UU. su seguridad nacional», ha declarado a la prensa antes de reiterar el argumento de la Casa Blanca de que el presidente, Donald Trump, está actuando «en defensa» de un país que «está siendo atacado por narcoterroristas organizados en (su) hemisferio».

Rubio ha afeado que «todos estos países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles ‘Tomahawk’ con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. envía portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema», lo que le «parece interesante».

Rubio ha hecho estas declaraciones desde la localidad canadiense de Niágara, que acoge la cumbre de ministros de Exteriores del G7. En este sentido, ha negado que en la reunión con sus homólogos se hayan abordado las operaciones militares del Ejército estadounidense en el Caribe y el Pacífico: «A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy», ha asegurado.

El secretario de Estado ha vuelto a defender que se trata de una operación contra el narcotráfico, aseverando que «podría detenerse mañana mismo (si) dejan de enviar barcos con droga», antes de volver a tachar al Gobierno de Venezuela de «régimen narcoterrista».

Al ser preguntado por el despliegue de —los supuestos— 200.000 militares anunciado por el genocida dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha limitado a afirmar que «no tienen gobierno (y) no respondo a sus declaraciones», antes de recordar que «muchos de los países representados aquí en el G7 no reconocen al régimen de Maduro como un gobierno legítimo».

Rubio ha asegurado que la dictadura venezolana «coopera abiertamente con el envío de estas drogas hacia EE. UU. y Europa», por lo que ha sugerido que los países europeos «deberían agradecer» las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe.

Cabe señalar que las declaraciones del estadounidense llegan un día después de que su par francés, Jean-Noël Barrot expresara su «preocupación» por estos ataques que «ignoran el Derecho Internacional», recalcando la necesidad de evitar la «inestabilidad causada por posibles escaladas» tras el mencionado —supuesto— despliegue militar de Caracas y el envío de un nuevo portaaviones por parte de Washington en plenas tensiones en la región.

De forma similar se ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al afirmar que desde el organismo multilateral siguen «muy preocupados y cada vez más inquietos» las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas y pidiendo, en este sentido, que «se rebaje la tensión mediante un mayor diálogo diplomático».

De forma similar se ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al afirmar que desde el organismo multilateral siguen «muy preocupados y cada vez más inquietos» las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas y pidiendo que «se rebaje la tensión mediante un mayor diálogo diplomático».

Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal tras un récord de más de seis semanas cerrado

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado en las últimas horas de este jueves la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y este miércoles, poco antes de la rúbrica presidencial, en la Cámara de Representantes.

«Con mi firma, el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública (…) y hacer a EE. UU. asequible de nuevo para todos los estadounidenses», ha declarado Trump en el acto de promulgación.

Trump se ha referido a las últimas seis semanas como «el cierre demócrata» y ha acusado a la oposición de haber «infligido un daño masivo» al país, citando, entre otros argumentos, «20.000 vuelos cancelados o retrasados», ante la carencia de controladores aéreos.

Además, ha lamentado que los demócratas «han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados», alegaciones que ha instado a la población a «no olvidar» de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

Poco antes, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado hace dos días para poner fin a un cierre de gobierno que ha provocado, entre otras cosas, la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) al que ha aludido Trump y del que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor —entre ellos, los de seis representantes demócratas— y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026.

Además, incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.

Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros de este partido a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.

Cabe recordar que el Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.

Un grupo de senadores demócratas acordó con los republicanos aprobar la iniciativa a cambio de una futura votación sobre la extensión de las ayudas sanitarias, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.

EE. UU. ofrece USD$ 5 millones por los autores del ataque contra un helicóptero con 13 muertos en Colombia

Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles una recompensa de hasta USD$ 5 millones a cambio de información que permita dar con los responsables del atentado efectuado a mediados de agosto contra un helicóptero en el noroeste de Colombia que dejó trece policías muertos.

«¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), de las disidencias de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo)? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación», ha señalado la Embajada estadounidense en Bogotá en su cuenta de la red social X, indicando el monto máximo que está dispuesta a pagar por ello.

La legación diplomática ha recordado que el helicóptero siniestrado era «un Black Hawk perteneciente a EE. UU.», que transportaba a un equipo de la Policía Nacional de Colombia que «realizaba un operativo de erradicación de hojas de coca en la región del Bajo Cauca», cuando fue víctima de un explosivo lanzado por un dron a su paso por Amalfi, en el departamento de Antioquia. Como consecuencia, murieron trece efectivos y otros cuatro resultaron heridos, además de que la aeronave quedó completamente destruida.

Cabe señalar que Colombia vivió entonces una jornada de gran conmoción, puesto que otro ataque —también atribuido a disidencias de las FARC— dejó al menos ocho muertos y cerca de 80 heridos fruto de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartel del Ejército en Cali, en el Valle del Cauca.

El Frente 36 señalado por EE. UU. es una estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, que forma parte del EMBF y que surgió como una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, después de que el primero se mostrara partidario de seguir negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

En octubre de 2024, el Ejecutivo colombiano prorrogó el alto el fuego con el EMBF mientras avanzaba el diálogo, pero una emboscada en abril de este año que se saldó con siete militares muertos echó al traste la tregua.

Lejos de ser dos grupos perfectamente cohesionados bajo un mando único, el EMBF y EMC cuentan con diversos bloques y frentes que operan con cierta autonomía, erigiéndose como herederas de las FARC, cuyos dirigentes históricos o bien están muertos o desmovilizados tras los acuerdos de 2016 de La Habana.

EE. UU. sanciona a 5 personas y 3 entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet

Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra 5 personas y 3 entidades ubicadas en Birmania y Tailandia, alegando su participación en estafas por Internet, advirtiendo de que solo las redes criminales de este tipo en el Sudeste asiático provocaron pérdidas de al menos USD$ 10.000 millones entre los usuarios estadounidenses en 2024.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha indicado que se trata del Ejército Democrático Benévolo de los Karen (DKBA) —un grupo insurgente birmano— y cuatro de sus altos cargos, sancionados por «apoyar centros de estafas cibernéticas en Birmania que tienen como objetivo a estadounidenses mediante esquemas de inversión fraudulentos».

«Estas mismas redes trafican con personas y contribuyen a alimentar la brutal guerra civil de Birmania. El Gobierno seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para perseguir a estos ciberdelincuentes, dondequiera que operen, y para proteger a las familias estadounidenses de su explotación», ha declarado en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

El organismo ha impuesto estas medidas, además, a un ciudadano y dos compañías tailandesas por «vínculos con el crimen organizado chino», acusándolos de haber «colaborado con el DKBA y otros grupos armados para desarrollar estos centros de estafa».

«Los ingresos generados por los trabajadores de estos centros —quienes a menudo son víctimas de trata de personas— financian al crimen organizado y permiten al DKBA seguir financiando sus actividades delictivas», ha recogido en su escrito.

El Tesoro ha enmarcado estas sanciones en su preocupación por las crecientes estafas a ciudadanos estadounidenses perpetradas desde el Sudeste asiático, ordenando a sus agentes y fiscales que pongan especial atención a Birmania, Camboya y Laos en sus investigaciones sobre este tipo de redes criminales.

Cabe señalar que el Gobierno estadounidense ha estimado que las pérdidas provocadas por estafas originadas en esta región supusieron en 2024 al menos USD$ 10.000 millones, representando un 66% más que el año anterior.

EE. UU. exime a Hungría de las sanciones energéticas rusas por un año

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que Washington otorgó a Hungría una exención por un año de sus sanciones relacionadas con los hidrocarburos rusos.

«Sería profundamente traumático para su economía cortarlos de inmediato», afirmó el alto cargo durante una rueda de prensa. De acuerdo con sus palabras, se trata de «una parte muy pequeña de lo que vende Rusia», pero «sería profundamente desestabilizador para Hungría perder el acceso a esos recursos energéticos».

Además, Rubio comentó la cuestión de la central nuclear Paks-2, diseñada por la corporación rusa Rosatom, que está en construcción en Hungría. Confirmó que las sanciones estadounidenses no se aplican a la instalación.

«Ya está en construcción y necesitan terminarla», dijo. «Queremos que sean capaces de completarla porque queremos que sean independientes energéticamente», subrayó.

Cabe señalar que, la semana pasada, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, anunció que su país obtuvo «la exención total de sanciones para el gasoducto Turkish Stream y el oleoducto Druzhba».

Este anuncio llegó tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Si bien, de acuerdo con sus palabras de entonces, se trata de una exención «ilimitada».

EE. UU. sanciona a varias empresas a las que acusa de ayudar a la producción armamentística de Irán

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles que ha impuesto sanciones a más de una treintena de personas y compañías, algunas de ellas europeas, a las que ha acusado de ayudar a la producción armamentística de Irán, en medio de las tensiones entre ambos países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, ha indicado que se trata de una red multinacional de adquisiciones centrada en una empresa conjunta de tres personas conocida como la Asociación MVM que, desde 2023, ha coordinado la entrega de elementos de misiles balísticos desde China.

También ha sancionado a un hombre residente en Emiratos Árabes Unidos, Marco Klinge, y a sus empresas Farmlane, con sede en India, y EVA, en Alemania. Klinge es el punto de contacto con la empresa MVM Amice y ha organizado la entrada de elementos de origen chino para su uso en Irán, según reza un comunicado de la cartera ministerial.

Otro de los designados es Vahid Qayumi, con sede en Irán y Turquía, así como las compañías de las que forma parte: Zagros Shimi Fars y Fuqan Novin Pars, y VGGW, a la que acusa de haber enviado productos de China a Irán.

Por otro lado, la OFAC ha impuesto sanciones contra varias personas vinculadas a la compañía KIPAS, con sede en Irán, por haber trabajado con la Guardia Revolucionaria en su programa de vehículos aéreos no tripulados; y contra una persona y once entidades —la mayoría chinas y turcas— involucradas en una red de adquisiciones que apoya a la empresa iraní Mado, que produce motores de drones.

Por último, ha apuntado contra una red que apoya a la compañía estatal de producción aérea de Irán, filial del Ministerio de Defensa iraní que produce aeronaves iraníes y drones, y que habría utilizado empresas pantalla ucranianas —GK Imperativ y Ekofera— para adquirir y suministrar materiales aeroespaciales.

«En todo el mundo, Irán explota los sistemas financieros para blanquear dinero, hacerse con componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y su apoyo a sus aliados terroristas», ha declarado el secretario adjunto del Tesoro par Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Así, ha explicado que, bajo las órdenes de Trump, Washington «está poniendo la máxima presión a Irán para acabar con su amenaza nuclear». «EE. UU. también espera que la comunidad internacional implemente completamente las sanciones de la ONU para cortar su acceso al sistema financiero global», ha agregado Hurley.

Trump habla sobre una posible demandar a la cadena BBC por «tergiversar» sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho creer que tiene la «obligación» de demandar a la cadena de televisión británica BBC por «tergiversar» su discurso poco antes del asalto perpetrado por una turba contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. «Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo», ha dicho en referencia a una posible demanda durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Cabe señalar que esta es la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de USD$ 1.000 millones y con la que el magnate busca una disculpa y una compensación.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ya ha pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo un «error». Sin embargo, los abogados de Trump han dado hasta el viernes de plazo para lograr una «indemnización apropiada» por los «daños causados» por aquel reportaje.

Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una «culpabilidad directa» por parte de Trump a la hora de «instar a la acción violenta» en declaraciones realizadas justo antes del asalto.

Trump, sin embargo, ha defendido que la cadena «cambió el discurso», que «era bonito y calmado». «Hicieron que sonara radical», ha apuntado, al tiempo que ha tildado de «increíbles» estas acciones. «Tengo la obligación de demandar porque no hay que dejar que la gente haga esto», ha dicho.