Los líderes el Partido Demócrata de EE. UU. en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y en el Senado, Chuck Schumer, han enviado este miércoles una lista detallada de las diez demandas de sus bancadas acerca del Departamento de Seguridad Nacional, cuya financiación pende de que republicanos y demócratas alcancen un acuerdo en las dos cámaras del Congreso sin el cual se quedará sin fondos el próximo viernes 13 de febrero.
Las medidas, remitidas al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, incluyen la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional muestren información que los identifique y que verbalicen su número de identificación y apellido si se les solicita.
Otra de las reivindicaciones es la promulgación de una «política de uso razonable de la fuerza», exigiendo que los agentes estén capacitados y certificados y que sean «retirados del servicio» en caso de incidente, un grupo de medidas especialmente sensible a la luz de la muerte de dos estadounidenses tiroteados por agentes federales desplegados en la operación antimigratoria desarrollada en Minnesota. A este respecto, el documento también recoge que las administraciones estatales y locales preserven las competencias para investigar casos de uso excesivo de fuerza.
En líneas similares, los líderes demócratas en el Congreso reclaman que los agentes usen cámaras corporales, así como la regularización de uniformes y equipamientos a fin de evitar una «policía paramilitar».
Al hilo, las bancadas opositoras también han solicitado en el referido documento que los agentes federales no puedan entrar en propiedades privadas sin una orden judicial y que tampoco puedan operar en «lugares sensibles» como centros médicos, colegios, guarderías, iglesias o tribunales.
Asimismo, han exigido que todos los centros de detención cumplan con las normas básicas, como «el acceso inmediato a un abogado». El incumplimiento de estas normas podría ser perseguido, además, por los estados.
Por otra parte, la carta de Jeffries y Schumer también pide «detener la discriminación racial», de tal modo que los miembros de las distintas agencias involucradas no puedan realizar «detenciones, interrogatorios y registros basados en la presencia de una persona en determinados lugares, su trabajo, su idioma hablado y acento o su raza y etnia».
Paralelamente, han subrayado que no se lleven a cabo más «arrestos indiscriminados», la «verificación de que una persona no es ciudadana estadounidense» antes de mantenerla en centros de detención para migrantes y una mejora en los procedimientos referidos a órdenes judiciales, tras los reiterados retrasos de las autoridades federales en el cumplimiento de fallos como los que requieren el retorno de personas detenidas ilegalmente.
Con todo —y pese a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya anunció que todos los agentes llevarían cámaras corporales—, un acuerdo bipartidista que afiance el presupuesto de la cartera a largo plazo en base a las citadas reclamaciones demócratas podría presentar dificultades, dado que el presidente de la Cámara de Representantes ha descartado ya dos de las demandas demócratas, según ha recogido CNN: detener los registros sin orden judicial y prohibir que los agentes del ICE porten máscaras.
El proceso negociador, que goza de poco más de una semana de margen antes de que se termine la última adjudicación de fondos aprobada, llega un día después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmara el proyecto de ley presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes que ha permitido la reapertura del Gobierno federal, tras un cierre parcial de tres días fruto de la falta de consenso bipartidista con respecto a la partida presupuestaria de Seguridad Nacional, especialmente por la actuación de sus agentes en Minnesota.
