Rehén político militar denunció en una carta las torturas sufridas a manos del DGCIM

Caracas. – El rehén político militar de la Narcotiranía interina, Darwin Antonio Solís Benítez, logró difundir esta semana una carta en la cual denunció las torturas sufridas bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde su detención en 2017.

En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la DGCIM, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».

En el texto describe golpizas, asfixia, agresiones físicas y otros presuntos tratos crueles sufridos tras su detención en Carabobo y posterior traslado a Caracas.

Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y la DGCIM en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».

Debido a su estado de salud lo trasladaron al Hospital Carabobo, donde recibió suturas. Luego lo llevaron a la sede del DGCIM en Boleíta. Allí, según denunció, lo recibieron con golpiza y lo obligaron a permanecer en cuclillas toda la noche.

Afirmó que el 8 de agosto lo obligaron a firmar documentos sin poder leerlos. Después fue trasladado en helicóptero a Fuerte Paramacay, donde el director de la DGCIM, Hernández Dala, y el coronel Quintero habrían ordenado un “trato especial”.

Ese «trato especial» fue descrito por el militar: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».

Luego, fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».

Solís también denunció episodios de tortura en Ramo Verde. Señaló hechos ocurridos en octubre de 2017, enero de 2018 y mayo de 2018, que incluyeron uso de gas pimienta, golpizas, descargas eléctricas y ataques con perros contra los detenidos.

Movilizaron 931 presos del Internado Judicial de Barinas tras el motín

Caracas. – Un total de 932 reos fueron trasladados desde Internado Judicial de Barinas (Injuba), hacia otros centros penitenciarios del país, luego del motín que se extendió por varios días en ese penal.

El balance ofrecido por las autoridades chavistas de la entidad llanera precisan que la movilización sumó a 818 hombres y 113 mujeres. El informe también reveló que se logró el restablecimiento del orden institucional dentro de las instalaciones del penal.

Las autoridades también confirmaron la designación de Sanin Omar Colmenares Cocho como nuevo director titular de Injuba, nombramiento realizado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario tras la salida de Macuare Guerrero en medio de las denuncias por abusos, torturas y requisas violentas dentro del recinto.

El funcionario perteneciente al ente del narcorégimen interino, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.

El motín en Injuba involucró a cerca de 1.200 privados de libertad, muchos de ellos sobre los techos y torres del recinto denunciando maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.

Un defensor público nacional fue también asignado para revisar los expedientes judiciales, acompañado por jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Barinas, con el objetivo de agilizar trámites procesales de la población reclusa que permanece en el penal.

Se espera que se dicten normativas para permitir nuevamente la restitución de visitas, el levantamiento de castigos en celdas de aislamiento, entrega de alimentos, paquetería, agua potable y medicinas.