Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

A partir del 3 de enero de 2026, Venezuela rompió, por virtud de una acción militar, su capacidad de apelar a los ciclos recurrentes de sucesión interna como bitácora de referencia. El malandro que se había enconchado en Miraflores fue capturado y extraído del país. Vendrán otros ciclos en el futuro. Primero hay que vivirlos.

En los años recientes, mientras el chavismo silenciaba la voz crítica de la opinión pública, inauguramos un ciclo de verdades inconvenientes que se volvieron prohibidas. Se las presumía inexistentes —actitud respaldada por el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia política— y, al no decirlas, se las trataba como irreales. Todo intento de devolver democracia y soberanía fracasó cuando las estrategias carecieron de todos los elementos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Ejemplo paradigmático: la presencia cubana. Tras los hechos de la embajada el 11 de abril de 2002, Cuba “no existió” —y sigue sin existir— en la memoria política tanto oficial como opositora. Cuba jamás nos “ocupó”. Todos sabemos, sin embargo, que estábamos invadidos. ¿Cómo se pretendía vencer al chavismo omitiendo a su principal soporte cogobernante durante casi de tres décadas?

Pero este no es el tema central de esta nota. El problema que nos ocupa es el vacío constitucional de Venezuela y su retorno a la legalidad plena sin impunidad.

Venezuela ha vivido fuera del marco jurídico durante 27 años. El mecanismo utilizado por la última Corte Suprema de Justicia presidida por Cecilia Gómez Sosa —consentir por fórceps la figura del referéndum dentro de la Constitución de 1961, que no la contemplaba— constituyó un golpe de Estado de facto. En una eventual comisión de la verdad, esa decisión deberá ser explicada y juzgada.

La Constitución de 1999, aunque usurpadora y anulable debido a los vicios habidos en su modo de creación, andamio justificante de los abusos para el poder que la impuso, fue derogada por la acción militar del 3 de enero. Seguir invocándola como marco vigente es un exabrupto jurídico y político.

¿Cuál es entonces la legitimidad de Delcy Rodríguez en este vacío? Su posición descansa en dos pilares: la continuidad institucional chavista —aunque no legitima— y el elemento de fuerza que hace imperium derivado de la nueva realidad de poder creada por EE. UU. El 3 de enero, el presidente Trump declaró —solo ese día— que “nosotros gobernamos a Venezuela ahora”. El hechizo de no repetirlo no borra la afirmación ni la situación de hecho imperante.

EE. UU. posee un abundante cuerpo de decisiones judiciales vinculantes —con fuerza de ley— conocidos como los Casos Insulares. En ellos se definen los límites constitucionales que rigen la relación tutelar entre EE. UU. y los territorios bajo su control. Recordemos que muchos fueron los territorios controlados en la historia de la primera potencia mundial. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Japón fueron considerados “no incorporados”, pero bajo control estadounidense.

Nosotros, Venezuela, somos hoy un territorio no incorporado. Es decir, no estamos completa ni formalmente establecidos como parte de la Unión. ¿Qué significa esto? Que la Constitución de los Estados Unidos de América rige para proteger a los ciudadanos venezolanos —aún no incorporados— en sus derechos básicos, pero no gozamos del resto de los derechos y deberes otorgados por la ciudadanía plena de un Estado norteamericano incorporado.

Si los venezolanos deciden asociarse a la Unión Americana, sería borrón y cuenta nueva. Podríamos darnos una constitución estadal autónoma y subordinada al control federal de la Unión, como la que tienen Tennessee o Texas. 

Si, por el contrario, optamos por preservar nuestro devenir independiente, el primer paso debe ser, una vez dadas las condiciones, promover la elección de un Congreso Constituyente Constituido con mandato claro: restablecer la vigencia de la Constitución de 1961 con las enmiendas que la realidad actual exige.

Ese Congreso tendría atribuciones constituyentes para crear una Comisión de la Verdad, órgano por ley orgánica especial, ente substanciador de los delitos y abusos ocurridos en Venezuela a partir del asalto al poder en 1999, y un Tribunal Nacional Especialísimo —plenipotenciario y creado por ley emanada del propio Congreso— que juzgue al chavismo, a sus responsables y asociados-Cero impunidad. El ejemplo de Argentina en 1985 sería la ruta.

Veremos qué ocurre. Preocupante es no ver la voluntad política para promoverlo. Lo que se discuta en contrario busca preservar el horror y blindar la impunidad. De permitirse, volveremos a fracasar.