Trump dice que ya solo negocia «a medias» con Irán mientras espera a que Teherán se desgaste por las sanciones

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha explicado este domingo, en medio de las atascadas conversaciones con Irán, que ahora mismo solo está «negociando a medias» con la República Islámica y su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones.

Trump ha concedido una breve entrevista al portal Axios después de que, este pasado sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipulara como condiciones ineludibles para firmar la paz el cese inmediato de las operaciones militares de EE. UU. e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano), levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz e indemnizaciones por daños de guerra; una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos durante las últimas semanas.

Ahora, Trump ha apelado a la «discreción» y a la paciencia. «Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero», ha manifestado el presidente estadounidense. «Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez», ha añadido.

Para terminar de confirmar el atasco diplomático, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con EE. UU. a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones.

Teherán ha acusado en innumerables ocasiones a Estados Unidos de violar los términos del documento principal para guiar las conversaciones, el memorándum de entendimiento firmado en junio.

«Hasta que EE. UU. no ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento y no subsane lo que ha violado, en nuestra opinión, no hay posibilidad de reanudar las negociaciones», ha explicado ante la prensa al ser preguntado por el estado de las negociaciones entre las partes.

Araqchi ha indicado además que algunos países intermediarios están intentando encontrar fórmulas para reanudar los contactos, si bien ha reiterado que Teherán no volverá a la mesa de negociaciones hasta que la Administración Trump corrija sus violaciones, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

El ICE equipará a todos sus agentes con cámaras corporales para agosto

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), David Venturella, ha anunciado que espera que todos los agentes estén equipados con cámaras corporales para finales de agosto en el marco de la nueva normativa de la agencia federal.

«Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y estamos proceso de equipar a todos los funcionarios y agentes en servicio con cámaras corporales para finales de agosto, antes de lo previsto», ha señalado en un comunicado.

La normativa de la agencia permite divulgar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes tras una lesión grave o el fallecimiento de una persona bajo custodia, si bien la agencia podrá retener dicho material si su difusión pudiera comprometer las investigaciones o la privacidad de los efectivos.

El despliegue se produce en un momento en que las grabaciones de teléfonos móviles y las cámaras de seguridad de los domicilios se están convirtiendo en pruebas clave en incidentes en los que intervienen agentes del ICE en un contexto de incremento de las operaciones antiinmigración en todo el país.

La entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el pasado mes de febrero que algunos agentes empezarían a llevar cámaras corporales y que esta normativa se ampliaría a nivel nacional en cuanto hubiese fondos disponibles tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en el estado de Minnesota.

De la Espriella ordena el traslado de 117 presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad

El Gobierno de Colombia ha ordenado el traslado de 117 presos considerados de alto perfil y vinculados a distintos procesos de negociación de paz a centros penitenciarios de alta seguridad ubicados en distintos puntos del país, en una de las primeras mediadas adoptadas por el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, para reforzar el control de las cárceles.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha ejecutado los traslados por orden directa del mandatario, según ha informado la Oficina de Prensa de la Presidencia colombiana en un comunicado compartido en redes sociales.

Concretamente, los reclusos han sido redistribuidos en establecimientos penitenciarios situados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, de acuerdo con la nota oficial.

El Ejecutivo ha apuntado que el objetivo de la operación es reforzar la seguridad de los centros penitenciarios y evitar que organizaciones criminales puedan utilizar las cárceles para conservar sus estructuras operativas, impartir órdenes o coordinar actividades delictivas desde el interior.

Desde Presidencia han presentado la medido como parte de una estrategia destinada a recuperar el control permanente de las prisiones y de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

«Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales», señala el comunicado.

El Gobierno de De la Espriella ha asegurado que la política penitenciaria de su Administración se desarrollará «dentro del marco constitucional» y con el objetivo de reforzar la autoridad el Estado en las prisiones.

El nuevo Ejecutivo colombiano ha lanzado además una advertencia a las organizaciones criminales ante cualquier intento de mantener estructuras dentro de los centros penitenciarios y ha asegurado que «quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley».

Este anuncio llega apenas unas horas después de la ceremonia de investidura de De la Espriella como nuevo presidente de Colombia y se encuadra en el marco de la nueva política de seguridad del Gobierno colombiano, que ha situado entre sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones penitenciarias y la reducción de la capacidad de actuación de las organizaciones criminales desde las cárceles.

Chile espera reabrir consulado en Venezuela este mismo mes

Caracas. – Para este mismo mes se espera que el consulado chileno en Venezuela vuelva a operar, según lo anunció este pasado viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país austral, Francisco Pérez, desde Colombia.

“Respecto de Venezuela, traemos buenas noticias. Ayer formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos a nuestro equipo en Caracas desplegado”, comenzó diciendo el canciller.

A lo anterior, agregó que el director general consultar ya está en suelo venezolano hace varias semanas. “Nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos estar operando con nuestro consulado en Venezuela”, dijo.

El Consulado General de Chile en Caracas no se encuentra operativo desde el 31 de enero de 2025, fecha en que el chavismo ordenó el cese de funciones de las representaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz.

Recordemos que la medida ocurrió en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Venezuela decidiera suspender los vínculos con Chile tras los cuestionamientos del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Desde esa fecha, las oficinas consulares chilenas en territorio venezolano dejaron de atender al público, afectando la realización de trámites y servicios para ciudadanos chilenos residentes en ese país.

Un policía y cuatro delincuentes muertos durante enfrentamiento en El Valle

Caracas. – Edwin Arguinzones, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada (Petare), fue asesinado a tiros, así como otros cuatro presuntos delincuentes, durante un procedimiento policial que tuvo lugar este sábado en la parroquia El Valle, en Caracas.

El tiroteo tuvo lugar en el sector Hueco Loco de la parroquia El Valle, una zona que conecta con la Carretera Panamericana. El hecho ocurrió cuando comisiones policiales realizaban labores de saturación de área e intervención en la zona.

De acuerdo con los reportes policiales, los funcionarios fueron sorprendidos por un ataque armado, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En la emboscada, los delincuentes además de disparar, lanzaron una granada contra los efectivos policiales.

Durante el enfrentamiento, el oficial Edwin Arguizones resultó gravemente herido. Pese a que recibió atención médica, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Arguizone estaba adscrito a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, específicamente a la División Contra la Delincuencia Organizada, con sede en Petare. El funcionario pertenecía a la tercera promoción de agentes de la institución.

La emboscada fue ejecutada por los integrantes de una banda delictiva del sector, lo cual motivó el envío de un fuerte contingente de uniformados para peinar la zona. En el sitio murieron cuatro presuntos delincuentes conocidos bajo los alias de «el Peye», «el Barrabás», «el Manuelito» y un cuarto que aún no ha sido identificado. En el mismo procedimiento, otro funcionario de la policía resultó herido.

Cabe señalar que con la muerte de Arguinzones suman dos los funcionarios asesinados en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) en dos semanas. El 28 de julio mataron al detective Wilson David Garrido Ortega, adscrito al CICPC, mientras se encontraba en una estación de servicio ubicada en La Urbina, municipio Sucre. Un hombre se le acercó, le disparó, huyó a pie y se adentró al río Guaire. 

Inicia segunda fase de demoliciones en Vargas: derribarán 35 edificaciones en alto riesgo

Caracas. – Una nueva fase de demoliciones de estructuras inhabitables inició en todo el estado Vargas, entidad en la cual han identificado, al menos, unas 35 edificaciones que están en alto riesgo tras los sismos del 24 de junio, y que deben ser derribadas de inmediato.

La nueva fase comenzó en la urbanización Playa Grande (parroquia Urimare), en el marco de la remoción de escombros que se realiza en toda esa entidad, con el derribo controlado de las residencias Samantha.

Tras la destrucción de la torre C del complejo OPP 36 (urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi) el pasado 30 de julio, los organismos procedieron este pasado viernes con la segunda implosión en ese sector, y fue en la torre B de Residencias Samantha, como parte de un plan que contempla derribar las citadas 35 estructuras afectadas.

La demolición controlada en Residencias Samantha, ubicada en la avenida principal de Playa Grande, estuvo custodiada por componentes de seguridad en toda la zona, tal como ocurrió el 30 de julio, lo cual generó malestar y protestas entre los residentes de la urbanización.

El procedimiento marca un precedente al ser la primera edificación residencial privada derribada bajo este mecanismo tras los movimientos telúricos de junio. Al mismo tiempo, es la segunda infraestructura en la entidad costera que se derrumba producto de una demolición controlada.

La otra parroquia donde se llevarán a cabo demoliciones controladas es en Caraballeda, en la cual se encuentran muchos de los 35 edificios inhabitables que deben ser demolidos. La Cámara de Construcción de La Guaira ya elaboró un protocolo para ejecutar las implosiones, el cual enfatiza la necesidad de una hoja de ruta que evite repetir los errores de la vaguada de 1999.

Según este manual, un paso fundamental es la aplicación de ingeniería forense y estudios patológicos en cada estructura. Se considera vital para determinar exactamente por qué fallaron las edificaciones, y aprender de estos errores para futuras construcciones.

Tercera jornada de negociaciones abordó temas del CNE, TSJ y respuesta ante terremotos

Caracas. – En la tercera jornada de negociaciones de este sábado 8 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, las delegaciones de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del narcorégimen interino, centraron su agenda en tres puntos clave: la estructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la respuesta a los daños provocados por los sismos.

La mesa de trabajo entre representantes continuó en el Hotel Meliá Caracas, donde también se desarrollaron las reuniones durante la jornada del pasado viernes.

Según las discusiones preliminares, se ha puesto sobre la mesa un cronograma que contempla la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de noviembre y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el mes de diciembre.

Este planteamiento sugiere una hoja de ruta que, de concretarse, situaría la realización de posibles elecciones nacionales para el año 2027. No obstante, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos plazos contrastan con los tiempos establecidos en la legislación venezolana, tales como la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la cual, bajo una aplicación estricta, permitiría completar los procedimientos necesarios en un lapso mucho menor, situando el posible arbitraje electoral incluso para el mes de octubre.

El tercer punto buscó abordar la respuesta a una tragedia que todavía mantiene a miles de familias afectadas. Los daños causados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio causaron gran impacto en el país, principalmente en el estado Vargas, entidad más golpeada, y donde miles de familias quedaron nuevamente sin hogar, tal como ocurrió durante el deslave de 1999.

Este pasado viernes, las discusiones se centraron directamente en el terreno de la reinstitucionalización del país, y la búsqueda de mecanismos para retomar la democracia en Venezuela.

Denunciaron ante la CIDH que el sistema represivo del chavismo continúa intacto

Caracas. – Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron el pasado jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Venezuela continúan vigentes estructuras del narcochavismo vinculadas a la represión y la impunidad, pese a los aparentes cambios que se anuncian a través de los medios.

Esta denuncia se realizó en el marco del 196.° Período de Sesiones de la CIDH, acto en el cual estuvieron presentes representantes de ONG como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.

La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.

“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.

Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.

También, en la sesión participaron familiares de víctimas de la represión, así como de los rehenes políticos que están aún en manos de la Narcotiranía chavista. Estos brindaron sus testimonios, para exigir ante la CIDH que se haga justicia en los casos, como ocurrió con el exconcejal Fernando Albán, asesinado al ser lanzado desde la sede del SEBIN, y cuya viuda, Meudy Osio, denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

Igualmente, los allegados de los rehenes políticos elevaron su voz, para expresar que existen personas con enfermedades graves, adultos mayores y ciudadanos que enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión.