El 3 de enero de 2026 marcó un hito indispensable en la memoria política de nuestra nación. Aquella jornada representó la ruptura definitiva de un ciclo de deterioro institucional que amplios sectores de la sociedad anhelaban desde el inicio del declive democrático. Sin embargo, para comprender la magnitud y profundidad de la crisis venezolana, es imperativo analizar sus causas remotas.
Lo que durante décadas se presentó bajo la apariencia de una convivencia democrática pacífica y próspera no fue más que una estructura estatal deficiente: un modelo incapacitado para cumplir sus promesas fundamentales y responsable del progresivo desmantelamiento del bienestar ciudadano.
Aquel «socialismo blando» o moderado portaba en su seno el germen de su propia descomposición. Como advirtió lúcidamente Friedrich A. von Hayek, toda socialdemocracia que expande desmedidamente las competencias del Estado transita, tarde o temprano, hacia un colectivismo autoritario e inoperante. En el caso venezolano, dicha pendiente resbaladiza derivó inexorablemente en el modelo castro-comunista.
II. La ilimitación del Estado y la falacia de la oposición complaciente
Los acontecimientos de enero pusieron de manifiesto el agotamiento del régimen, pero también expusieron las severas limitaciones de una dirigencia opositora tradicional que, al compartir la misma matriz ideológica estatista, se mostró incapaz de ofrecer una alternativa de ruptura real. Ante este vacío de conducción, la administración tutelar estadounidense debió asumir un rol determinante para implementar un plan temporal de estabilización, recuperación y transición.
No obstante, las tutelas externas y las fórmulas coyunturales son meros paliativos geopolíticos. Si la nación no aborda el problema de fondo, la naturaleza y los límites del poder público, estará condenada a perpetuar el diagnóstico histórico formulado por Simón Bolívar: más de dos siglos de «arar en el mar».
III. La propuesta devolucionaria: Autonomía local y República Federal
Para asegurar la paz, la justicia y la prosperidad en el marco de la civilización occidental, la nueva República debe erigirse fundacionalmente sobre la doctrina del Estado Estrictamente Limitado y la Devolución del Poder.
Las funciones del poder público central deben restringirse a sus competencias verdaderamente esenciales:
- Garantizar la seguridad interna y la integridad territorial.
- Administrar una justicia imparcial, independiente y expedita.
- Asegurar el marco legal para la libre contratación e infraestructura pública.
- Consagrar de forma irrestricta los derechos individuales: la propiedad privada, desde el subsuelo hasta el cielo que la cubre, la libertad de pensamiento, de expresión, de tránsito y de libre empresa. Todo ello bajo un esquema de seguridad jurídica donde el imperio de la ley impere sin privilegios ni excepciones, respetando rigurosamente los contratos privados, tanto tangibles como intangibles.
El verdadero motor de esta refundación institucional radica en la descentralización radical y la autonomía subnacional. Las provincias y los municipios deben recuperar de inmediato sus plenas facultades normativas, políticas, administrativas y fiscales.
La Devolución no es solo una técnica de gestión pública; es el reconocimiento de que la cooperación social y el desarrollo florecen únicamente cuando las instituciones respetan las tradiciones, identidades, costumbres y realidades de cada comunidad local. Solo mediante un orden constitucional que limite al Leviatán y devuelva la soberanía al individuo, a la familia y al municipio, garantizaremos que las futuras generaciones crezcan en una República Federal justa, próspera y verdaderamente libre.
