Decreto 5503: De la ilusión de la subvención al capitalismo de emergencia en Bolivia

Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP

“(…) No deseamos clubes que se suban en la escala social con favores, pero tampoco queremos clubes dignos de limosnas. Buscamos reconocimiento. Capitalismo, excelencia, libertad. Regresar al segundo carro. ¡Despierta Sudamérica! El fútbol requiere que lo liberen otra vez, que vuelva a ser brasileño en los años 80.”

Lourdes N. Romero L.

En la práctica, el Decreto Supremo 5503 es una mini reforma económica por decreto que afecta a los precios de los combustibles, el régimen de inversiones, el Banco Central, los impuestos, el comercio exterior, la agricultura, la repatriación de capitales, las contrataciones públicas y las empresas estatales e incluso al sistema financiero. Esa amplitud explica que no es suficiente con referirse al «gasolinazo»; se debe leer su articulado como una rápida y extraordinaria reestructuración de la economía, en la que se combinan progresos evidentes en libertad económica con un marcado predominio del Ejecutivo.

Recursos energéticos, combustibles y compañías estatales

Más allá de la modificación de los precios, los productos relacionados con hidrocarburos y energía también han transformado la forma en que se proveen y venden los combustibles en el país, así como las restricciones que se levantan, los nuevos sistemas de fijación de precios e incluso habilitar mecanismos de acceso a la infraestructura (ej. ductos y almacenamiento) para reducir el costo fiscal de su anterior modelo y facilitar el abastecimiento. A la misma vez, se confiere poderes a particulares para modificar empresas estatales del sector, examinar contratos, participar en la administración de los mismos y fijar marcos excepcionales para compras y contrataciones «estratégicas». Más que una reforma empresarial profunda, se opta por una adecuación administrativa centrada en el Ejecutivo, que puede fusionar, ordenar y reorientar empresas estatales sin un control exhaustivo del Parlamento.

Sistema financiero, Banco Central y tipos de cambio

Se potencia bastante en distintos artículos la atribución para el Banco Central a fin de la eventual existencia de una situación de «emergencia»: podrá actuar por la vía de las líneas de liquidez, swaps de monedas o emisiones de instrumentos financieros, tales como convenios con organismos internacionales, entre otros. En el escenario de reservas bajas y bajo tensión en el mercado cambiario, la declaración del objetivo es afirmar la balanza de pagos así como también la estabilidad del sistema financiero.

Al tiempo, se acentúan ciertos deberes del registro y de reportes; se incorporan mecanismos para el manejo de divisas que provengan de inversiones estratégicas o exportaciones mediante esquemas de incentivos (se cuenta con un tratamiento preferencial para quienes liquiden divisas dentro del país). Así el Estado consolida su papel como el principal administrador de la escasez de dólares: suelta algunas válvulas, pero mantiene la administración central del flujo de divisas.

Inversión, arbitraje y contratos: artículos de “apertura controlada”.

El bloque de artículos que trata sobre el Régimen Extraordinario de Inversiones especifica lo siguiente:

  • Cuáles sectores se consideran estratégicos (como por ejemplo la minería, los hidrocarburos, la manufactura exportadora, la energía, la logística y la agroindustria).
  • Qué condiciones otorgan: estabilidad normativa en la normativa durante un tiempo determinado, garantías de estabilidad ante alteraciones que produzcan normas de, procedimiento de arbitraje y conciliación, niveles internacionales según Ley 708.

Los mismos artículos disponen que los «Contratos de Inversión» serán realizados por Decreto Supremo, poseen «efecto normativo» y se tramitarán por un procedimiento sobre el que no hay trámites de ventanilla única. Como resultado: un subsistema jurídico específico más predecible y favorable a la inversión, pero que únicamente tiene acceso proyectos de gran tamaño que reciben la refrenda del Ejecutivo. Los otros son sometidos al régimen ordinario, que tiene trámites lentos, un sistema de tributos complicado y escasa seguridad jurídica y/o legal.

Repatriación con regularización

Los preceptos de las regularizaciones de los capitales regulan: qué tipo de recursos pueden admitirse a regularizar (dinero o capital, inversiones, capitales exteriorizados non reportados); qué beneficios se otorgan (inmunidad por infracción formal, reserva reforzada, alícuotas reducidas o nulas siempre que se mantenga o se reinvierte, en Bolivia, con un plazo mínimo de tiempo); y regulan también plazos de vigencia del régimen, procedimientos para someterse al mismo, obligaciones de las entidades financieras y límites explícitos (no se amparan capitales de las que provienen de la actividad delictiva grave, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata, etc.).

De este modo, se intenta formalmente captar liquidez, atraer, traer de nuevo, parte de los capitales ocultos; en la práctica, se abre una ventana que beneficia —en especial— a quienes, durante su vida económica, hayan tenido la capacidad de sacar o de ocultar capitales, y no se benefician quienes son —por la fuerza de la economía— los cautivos de la economía formal.

Tributación: artículos finos que cambian incentivos

El paquete de normas tributarias ocupa varios artículos y disposiciones adicionales, precisando:

  • Depreciación acelerada para los activos adquiridos dentro de un período determinado, lo que permite unas disminuciones de la base imponible del IUE más rápidas.
  • Flexibilidad en el uso de crédito fiscal IVA (por ejemplo, la ampliación del alcance para los trabajadores independientes o para las compras de producción nacional).
  • Reconocimiento de ciertos principios (neutralidad, no confiscatoriedad) límites en el tratamiento de incobrables, aportes patronales y gastos deducibles.

En cuanto al SIETE RG, en cambio, se definen umbrales de ventas, cuotas impositivas, obligaciones de facturación, plazos de permanencia y la automatización del cambio hacia Régimen General después de límites determinados.

Es un intento de ordenar y simplificar la vida formal de pequeños negocios por vía de un monotributo, siguiendo la lógica de otros países de la región, pero aún sin tocar el corazón del sistema tributario general que sigue siendo un tema pesado y complejo.

Comercio exterior, agro y producción: desmontaje parcial del intervencionismo

El conjunto de artículos sobre comercio y producción dispone de tres aspectos centrales:

  • Deslegitimar o simplemente declarar deshechas las autorizaciones previas de importación (sobre todo las asociadas con el SENAVEX) para un número importante de bienes de consumo y de capital.
  • Eliminar el viejo régimen del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito para la exportación de maíz, sorgo, azúcar, carne y otros productos (restaurándose así la libertad de exportación mediante una figura de monitoreo y no de control de precios).
  • Disponer que las entidades regulatorias deben adecuar sus disposiciones a este nuevo principio de libertad con controles “light”, disminuyendo sensiblemente la discrecionalidad que antes se usaba para bloquear embarques o castigar sectores incómodos al poder.

Para el agro, esto significa que los productores de maíz dejarían de depender de que una oficina en La Paz les dijera sí o no sobre su exportación, aunque el margen para ajustes en nombre del “abastecimiento interno” si el Ejecutivo así lo desea todavía existe. Es un avance claro, pero también es casi un avance de carácter volátil.

Contratación pública, empresas públicas y régimen de excepción

Varios artículos habilitan regímenes especiales de contratación para proyectos estratégicos, empresas públicas y asociaciones público-privadas que se alinean en la cobertura del decreto. Se acortan plazos, se desdibuja el marco de sujeciones y se permite el uso de procedimientos más rápidos y menos formales que los de la normativa de compras públicas típica.

En términos liberales, la simplificación está bien, pero siempre que venga acompañada de transparencia, competencia y de límites estrictos a la discrecionalidad. El riesgo, si eso no se cumple, es obvio: se pueden acabar combinando menos controles ex ante con más potencial de corrupción o favoritismo, justo en los sectores donde se moverán los mayores volúmenes de inversión.

Una economía partida en dos velocidades

El DS 5503 construye una economía a dos velocidades:

  • Una “rápida”, con fast track, estabilidad, arbitraje y beneficios tributarios, para las inversiones grandes, los capitales que se regularicen y los sectores que el Estado califique como estratégicos.
  • Y otra “lenta”, donde la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos, las PYMES, se enfrentan todavía a una burocracia pesada, impuestos complejos y que además ahora, combustibles más caros.

A ello hay que sumar el dato político central: todo se hace en estado de emergencia y se hace por decreto, no por la vía de reformas generales y permanentes discutidas en la sede de la legislación. La apertura existe, pero es selectiva y está condicionada; el ajuste existe, pero el golpe, en primer lugar, lo reciben los más vulnerables; y el poder que hizo que el modelo anterior acabe sale de esta crisis con más herramientas, no con más límites. Ese es, al cabo, el gran contraste que deja el DS 5503 cuando se revisa todo su articulado: se manda al limbo el espejismo de la subvención masiva, pero no se acepta todavía una libertad económica completa y pareja para todos, sino un capitalismo de emergencia, administrativo desde el centro del poder político.

Al menos cinco detenidos y seis policías heridos en las protestas en Bolivia contra el fin del subsidio al diésel

Al menos ocho personas han sido detenidas en las protestas que han tenido lugar este martes en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel.

La Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, que ya ha anunciado que continuarán las protestas después de que no haya prosperado las primeras conversaciones con el Gobierno.

Los momentos más tensos de la jornada de protestas del martes han tenido lugar cuando un grupo de manifestantes intentó entrar en la acordonada Plaza Murillo, donde se encuentra la del sede del Gobierno, y para ello detonaron pequeños dispositivos de dinamita, hiriendo a varios agentes.

Horas después de estos enfrentamientos, representantes de la COB se reunieron con el presidente Paz y otros miembros con el Gobierno, sin que se produjeran avances de ningún tipo en la principal demanda, la derogación de Decreto 5503, que incluye el fin de las ayudas al diésel junto a otro centenar de disposiciones.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ha contado al salir de la reunión que el Gobierno les ha hecho saber que no hay intención alguna de acceder a estas demandas. Posteriormente, el sindicato ha anunciado que continuarán con las medidas presión porque el decreto es «totalmente neoliberal» y «pasará factura».

El aguinaldo en tiempos de crisis económica en Bolivia: desafíos y perspectivas

Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos

“El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.”

Paola B. Condori Fernández

Recientemente, el Ministerio de Trabajo de Bolivia publicó el instructivo sobre las fechas límite para el pago del aguinaldo, tanto para instituciones públicas como para entidades privadas. Esto nos lleva a replantearnos qué significa este gasto, que tal vez respecto al total de un periodo no es tan alto, pero en contextos de crisis como la economía boliviana, puede significar mucho.

El gasto público por concepto de aguinaldo, que en 2024 fue de 3.300 millones de bolivianos, fue implementado con el fin de «dinamizar la demanda interna». Sin embargo, desde el rigor del análisis económico, no debemos confundir la expansión nominal de la liquidez con el aumento de la capacidad adquisitiva de la gente.

En la situación actual macroeconómica de Bolivia, este aumento en la liquidez masiva no es inocuo; el pago del aguinaldo, especialmente en el sector público, y la presión que ejerce sobre el sector privado, nos obligan a examinar los fundamentos de la sostenibilidad fiscal y la restricción presupuestaria.

Para entender el impacto en el sector público de esta cantidad de bolivianos, primero debemos diseccionar su origen y su destino, porque en economía todo recurso tiene un costo de oportunidad:

  1. El Sector Público y la Emisión Monetaria:

Dado que el Estado boliviano opera con un déficit fiscal profundo —superando consistentemente el 8% del PIB en los últimos años— y sin acceso a mercados de deuda internacionales a tasas razonables, la pregunta es: ¿Cómo se financia el aguinaldo de los servidores públicos? Si el Tesoro General de la Nación (TGN) no dispone de ahorro real previo, el financiamiento podría provenir del Banco Central de Bolivia (BCB). Esto es, técnicamente, una expansión de la base monetaria sin contrapartida en la producción de bienes y servicios transables.

  • El Sector Privado

Para el empresariado, que enfrenta restricciones para importar insumos y una caída en la demanda real, el aguinaldo se convierte en una transferencia forzosa de capital de trabajo a consumo corriente. En un entorno de incertidumbre jurídica y económica, esto desincentiva la reinversión y fomenta la informalidad como mecanismo de supervivencia.

Demanda Agregada

El argumento keynesiano, en resumen, sugiere que poner dinero en el bolsillo de la gente reactiva la economía. No obstante, en el contexto actual de Bolivia, dicha lógica falla al ignorar las expectativas racionales de los agentes y la restricción presupuestaria intertemporal, pues, al aumentar esta cantidad de dinero al mercado en diciembre, enfrentamos dos escenarios de ajuste vía precios y tipo de cambio:

  • La Ilusión Monetaria y el Impuesto Inflacionario

Si la oferta de bienes no crece, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes resulta inevitablemente en inflación. El trabajador recibe su aguinaldo nominal, pero su poder adquisitivo real se ve erosionado. El Estado, al financiar su gasto con emisión, está cobrando un impuesto inflacionario no legislado. Lo que el gobierno te da con una mano vía aguinaldo financiado con déficit, te lo quita con la otra vía pérdida de poder adquisitivo.

  • Reacción racional de protección del ahorro

Al recibir el aguinaldo, una parte significativa de los agentes económicos buscará refugio de valor. Dado que el boliviano ha perdido su función de reserva de valor, el aguinaldo no se atesorará en moneda nacional; se podría volcar a la compra de dólares —o USDT—. Cabe recalcar que probablemente no genere un gran impacto en este mercado de divisas, ya que el consumo aumenta —y no se destina tanto a ahorro—  por el dinamismo generado por fechas festivas, pero eso también nos lleva al punto anterior.

Conclusión

El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.

No nos olvidemos de que el dinero es un medio de intercambio que manda señales para tomar decisiones basándonos en cómo están funcionando los diferentes mercados, por lo que cualquier tipo de bono o subsidio nos lleva a señales equivocadas.

Al forzar la liquidez, se distorsionan los precios relativos, que complica un poco más el reajuste necesario de la economía, y no solo eso, sino que es contraproducente con el objetivo inicial por el que son creados este tipo de beneficios laborales, ya que eleva el costo laboral de contratar, volviendo cada vez más complicado a las personas conseguir empleo y desplazándolas a sectores informales.

Narcorégimen chavista expulsó a periodistas argentinos de izquierda y les quitó los pasaportes

Caracas. – El narcorégimen chavista deportó este pasado miércoles, a tres periodistas del canal argentino C5N, quienes habían llegado al país en la madrugada para realizar una cobertura, pero las autoridades migratorias les comunicaron la inadmisión y les quitaron sus pasaportes.

El equipo periodístico fue interceptado en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Los afectados por la arbitraria medida fueron los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Sebastián Solís.

Tras quitarles los pasaportes, los funcionarios de la Narcotiranía de Nicolás Maduro decidieron enviarlos a Bolivia.

El episodio se da en momentos de tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno estadounidense de Donald Trump, luego de que aviones militares entraran en el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos en lo que fue una amenaza de intervención.

«En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo», detalló Salonia. «Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires», concluyó.

«Se dieron cuenta de que éramos periodistas, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas», contó también Salonia. Desde ese momento, el equipo se vio interceptado por las autoridades locales, que le hicieron una indagación.

Luego de dos horas de tensión, las autoridades le confirmaron al equipo periodístico que no podrían ingresar al país. «Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos», denunció el cronista.

El equipo periodístico aseguró haber explicado a los funcionarios chavistas, que solo pretendían grabar la cotidianidad de los venezolanos, sin mezclarlo con la política o con las tensiones que existen en estos momentos, entre el narcorégimen de Maduro y Estados Unidos. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes.

Detenido el expresidente de Bolivia Luis Arce por presunto desvío de capitales

El expresidente de Bolivia Luis Arce ha sido detenido este miércoles en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía, ha informado la Fiscalía del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, ha indicado en una rueda de prensa que el arresto del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se debe a «los indicios de participación en el hecho, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización que pueda haber por (su) parte en contra de los otros conimputados, o en contra del presente proceso penal».

El magistrado ha confirmado que a Arce se le imputan «presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», pero ha precisado que «no estamos hablando de hechos que pudieran haber pasado» mientras presidía el país. «Estamos hablando de supuestos hechos de corrupción (…) no sólo por el hoy aprendido (…), sino porque otras personas también habrían realizado la misma actividad», ha relatado.

Mariaca ha defendido que la detención de Arce «no se trata de persecución ni tampoco de un hecho político», sino que desde la Fiscalía «estamos realizando nuestro trabajo porque la Constitución dice que quien dirige una investigación es el Ministerio Público».

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha apuntado a que los cargos por los que se investiga a Arce «datan de cuando era ministro», cargo que ocupó de 2006 a 2017 y posteriormente entre enero y noviembre de 2019, durante el mandato de Evo Morales.

En declaraciones recogidas por el diario ‘El Deber’, el ministro ha detallado que los presuntos delitos atribuidos al exmandatario son enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Según éste, durante su mandato «se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas» financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

«Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos», ha asegurado, apuntando a un perjuicio de unos 360 millones de bolivianos —cerca de USD$ 52,14 millones—.

Oviedo ha destacado que «la orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz», sucesor de Arce tras la victoria electoral a finales de octubre, y ha prometido que «no vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país».

También se ha manifestado sobre la detención de Arce el actual vicepresidente, Edmand Lara, en un corto vídeo difundido en redes sociales en el que ha felicitado a los agentes que han cumplido con la orden de arresto.

«Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Que viva la patria y que mueran los corruptos», ha declarado.

La noticia ha trascendido cuando la que fuera ministra de la Presidencia con Arce, María Nela Prada, ha denunciado el «secuestro totalmente ilegal» del expresidente «por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz».

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Prada ha explicado que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el ex jefe de Estado del país latinoamericano.

«En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal», ha expresado, insistiendo en que lo han retenido cuando «se encontraba solo».

El cuerpo femenino: territorio donde todos creen tener opinión

María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)

“No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.”

María José Salinas

Acabo de terminar el nuevo libro de Gloria Álvarez, “Cómo defender la libertad y no suicidarte” en el intento, una obra que, en su recorrido por la defensa del individuo y la libertad, toca con honestidad temas que muchas veces se silencian: entre ellos, el costo emocional que pagan las mujeres por ocupar espacio público. Pocas horas después, un comentario en redes ilustró con brutal claridad el problema: que la portada “enseña demasiado”, que “parece para abrir un OnlyFans” o que quedaría “como póster en un taller mecánico”. No era una crítica al contenido; era una reducción instantánea de una autora con trayectoria a un objeto.

Lo notable no es solo el ataque: es la respuesta de Gloria. Ella no responde con insultos ni con victimismo; responde con ironía, argumentos y propuestas. Responde desde la dignidad intelectual. Esa forma de devolver la discusión al plano de las ideas es, en sí misma, una defensa de la libertad: no ceder el debate a la grosería ni a la trivialización.

Si bien, este fenómeno no se queda en los espacios académicos o políticos; llega con igual fuerza al entretenimiento. Mi amiga Sofía Rivera Torres, actriz y conductora, lo vive en carne propia. Después de convertirse en madre, ha recibido comentarios crueles sobre su cuerpo. A diferencia de otros, ella ha elegido no polemizar públicamente: sigue trabajando, saliendo en cámara y ejerciendo su oficio con profesionalismo. La admiro mucho por eso. Me duele la crueldad: ninguna mujer debería ser agredida por haber dado vida, ni por el proceso natural de su cuerpo.

Un ejemplo más: Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, conocida internacionalmente por su participación en RBD, ha denunciado la presión estética que enfrentan las mujeres tras la maternidad. Su caso lo confirma: la exposición y la agresión no distinguen popularidad ni éxito.

Y esto no son anécdotas sueltas. Los datos muestran que la violencia digital y el acoso por apariencia son fenómenos generalizados y con consecuencias reales. En México, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) reportó que 21% de la población usuaria de internet vivió alguna forma de ciberacoso en 2024; la desagregación por sexo mostró que 22.2% de las mujeres que usan internet reportaron haber sido víctimas frente a 19.6% de los hombres.

En el terreno académico, estudios recientes han documentado el impacto específico del ciberacoso relacionado con la apariencia (appearance-related cyberbullying) sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes: mayor insatisfacción corporal, riesgo de trastornos alimentarios y síntomas ansiosos o depresivos asociados. Un metaanálisis y revisiones sistemáticas conectan la victimización en línea con mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés entre víctimas, lo que nos recuerda que la violencia estética no es “solo comentarios” sino un riesgo real para la salud psicológica.

Además, hay evidencia de que el miedo a ser atacadas condiciona la participación pública femenina. Encuestas y análisis recientes muestran que las mujeres se sienten significativamente menos cómodas expresando opiniones políticas u opiniones en línea: en algunos estudios solo alrededor del 24% de las mujeres dijeron sentirse cómodas expresando posturas políticas en redes, frente a casi 40% de los hombres. Ese auto-silenciamiento es un problema democrático: si una parte de la población opta por callar por miedo, el debate público empobrece.

¿Por qué persiste esta violencia estética? Hay varios factores que se combinan: una cultura en la que todavía se sexualiza y vuelve un objeto el cuerpo femenino; el anonimato y la impunidad que ofrecen las plataformas digitales; y la normalización de estándares irreales de belleza impulsados por filtros, algoritmos y economías de la atención. A eso súmale que no solo existen ataques masculinos: muchas agresiones provienen de cuentas femeninas y de redes de acoso que reproducen los mismos estereotipos desde adentro. Esto vuelve el fenómeno más complejo y culturalmente enraizado.

El costo es alto: además de los efectos en salud mental, la violencia estética tiene consecuencias en la participación pública de las mujeres en su carrera, en su posibilidad de ser escuchadas, en la calidad del debate público y en la autoestima colectiva de generaciones que están creciendo creyendo que lo digital es la realidad. Si las jóvenes interiorizan que su valor es la apariencia y no la capacidad de pensar, persuadir o crear, estamos perdiendo capital humano y libertad.

Entonces, ¿Qué hacer? No busco aquí soluciones simplistas, pero sí urgentes:

  • Promover educación digital y afectiva que enseñe a distinguir crítica útil de humillación;
  • Responsabilizar a plataformas y a agentes públicos para reducir la impunidad (medidas de moderación y denuncia que funcionen);
  • Fomentar normas profesionales y periodísticas que no reduzcan a una persona a su cuerpo;
  • Crear redes de apoyo y protocolos para víctimas que atiendan salud mental y protección digital;
  • Y, desde la cultura, cambiar el estatus de la burla estética: que insultar por apariencia deje de ser “normal” .

Mujeres como Gloria, Sofía y Maite muestran distintos modos de resistir: responder con argumentos, mantener la rutina profesional o alzar la voz por la dignidad. Ninguna de estas respuestas es perfecta ni única; todas son válidas. Lo que sí es innegable es que la libertad esa que Gloria defiende con pasión no se limita a espacios institucionales: se juega también en el terreno de lo cotidiano, en la batalla por poder existir sin que el cuerpo sea la sentencia.

No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.

Cuando la sociedad deje de medir cuerpos y empiece a medir ideas, habremos ganado un pedazo de libertad.

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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)

Más libres, más prósperas: cómo la libertad económica impulsa el progreso de las mujeres

Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos.

“(…) los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.”

Paola B. Condori Fernández

La búsqueda de la igualdad de género ha sido uno de los ejes más persistentes en la agenda global de desarrollo. Sin embargo, gran parte de las políticas implementadas en las últimas décadas se han centrado en la igualdad de resultados, priorizando cuotas, subsidios o mandatos regulatorios que, aunque bienintencionados, con frecuencia generan distorsiones económicas y reducen los incentivos al mérito.

Frente a este paradigma intervencionista, la evidencia empírica sugiere un patrón distinto: los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.

El Fraser Institute, a través del informe Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025, dirigido por Rosemarie Fike, demuestra que la libertad económica y la igualdad de género evolucionan conjuntamente. Las mujeres prosperan cuando el entorno institucional les permite acceder libremente a la propiedad, el crédito y el empleo, sin barreras legales ni discriminación institucional. Más adelante se analiza las variables utilizadas en este estudio con los actuales datos del índice de Libertad Económica 2025.

Índice de Disparidad de Género e Índice de Libertad Económica

El Índice de Disparidad de Género (GDI), elaborado por Fike (2025), evalúa si las mujeres pueden ejercer los mismos derechos que los hombres en 17 áreas, que van desde la libertad de movimiento hasta la propiedad privada. En 2022, 69 países lograron un puntaje perfecto de 1, lo que significa que hombres y mujeres gozan de plena igualdad legal en materia económica. En el extremo opuesto, 35 países, principalmente en Medio Oriente y África subsahariana, aún mantienen severas restricciones legales, como la obligación de autorización masculina para abrir cuentas bancarias o poseer propiedades —en Sudán, por ejemplo, el GDI apenas alcanza 0,35—.

La tendencia global, no obstante, es positiva. Entre 1970 y 2022, el promedio mundial del GDI ha aumentado de 0,68 a 0,87, lo que implica un avance sostenido hacia la igualdad jurídica. Este progreso se ha visto acompañado por un fuerte vínculo con la Libertad Económica, porque los países con un mayor índice de libertad presentan mayores ingresos, esperanza de vida más larga, menor mortalidad materna y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Según Fike y Hall (2024), la libertad económica genera condiciones para la inclusión femenina mediante tres canales:

  • Incentivos de mercado, que penalizan la discriminación y premian la productividad.
  • Seguridad jurídica, que permite a las mujeres acumular capital y participar formalmente en la economía.
  • Acceso a mercados abiertos, que amplía las oportunidades laborales y empresariales.

Esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida femenina constituye un indicador sintético del bienestar económico y social. En los países más libres, las mujeres viven en promedio 82,6 años, mientras que en los menos libres apenas 69,5 años, según datos del Banco Mundial. Esta diferencia de 13 años refleja los beneficios indirectos de las instituciones de mercado: mayores ingresos per cápita, mejor acceso a servicios de salud y menor mortalidad materna.

Independencia Financiera

La autonomía financiera —medida por la proporción de mujeres con cuentas bancarias o acceso a medios de pago— es uno de los indicadores clave de libertad económica individual. Según datos del Fraser Institute y del Banco Mundial:

  • En las economías más libres, el 97,3% de las mujeres posee una cuenta bancaria.
  • En las menos libres, solo el 40% tiene acceso a servicios financieros básicos.

La brecha de casi 60 puntos porcentuales refleja el rol central del acceso al sistema financiero y del respeto a la propiedad privada, porque, sin capacidad para administrar sus propios recursos, la independencia económica femenina queda fuertemente limitada.

Como señalan Lawson, Miozzi y Tuszynski (2024), “los derechos de propiedad y el acceso al sistema financiero son prerrequisitos para la emancipación económica y la reducción de la desigualdad de género”.

Fuerza Laboral

En las economías menos libres, solo 40–45% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral. En las más libres, esta cifra aumenta a 75–80%, y la brecha con los hombres se reduce de 22,9% a 11,7% (Fike & Hall, 2024).

La calidad del empleo también mejora en entornos más libres:

  • 76% de las trabajadoras tiene educación postsecundaria —frente al 61% en economías restrictivas—.
  • Los ingresos nacionales brutos per cápita de las mujeres son 7,3 veces mayores en el cuartil superior de libertad económica.

Esto muestra que la libertad institucional no solo aumenta la participación laboral femenina, sino que mejora la calidad del empleo, permitiendo que las mujeres compitan en sectores formales, innovadores y de mayor productividad.

El caso de Bolivia

En el Economic Freedom of the World Report 2025, Bolivia se ubica en el puesto 116 de 165, con un puntaje de 6,05/10, un retroceso respecto al año anterior (6,13), colocando al país en el tercer cuartil, junto a economías caracterizadas por altos niveles de intervención estatal y debilidad institucional. De este modo, aunque el marco jurídico boliviano reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, su aplicación práctica enfrenta importantes limitaciones, creando en buena medida un escenario de inseguridad jurídica, informalidad e inestabilidad normativa que restringen la libertad económica general y, en consecuencia, la autonomía femenina.

Algunos indicadores ilustran esta situación:

  • Esperanza de vida femenina: 71 años, muy por debajo del promedio del cuartil superior (82,6).
  • Acceso financiero: solo 53,4% de las mujeres posee una cuenta bancaria, 30% menos que en las economías más libres.
  • Fuerza laboral: alrededor del 80% participa en actividades económicas, pero el 85% lo hace en el sector informal, sin seguridad social ni estabilidad.

Conclusiones

Muchos países aún confunden igualdad legal con igualdad impuesta. Pretenden alcanzar la paridad mediante cuotas, subsidios o intervenciones que, en la práctica, distorsionan los incentivos económicos. Pero los datos muestran que los entornos más libres son los que generan la igualdad más genuina: aquella que surge del mérito y la libre elección.

Por ejemplo, Europa y Asia Central alcanzaron un GDI promedio de 0,94, mientras que América Latina y el Caribe llegan a 0,92. En contraste, la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) permanece rezagada con un 0,61, reflejando estructuras jurídicas que aún subordinan la libertad femenina a normas patriarcales. En definitiva, los datos del Fraser Institute ratifican lo que la teoría económica ya intuía: cuanta más libertad económica tiene una sociedad, más libres y prósperos son los individuos.

Bibliografía

Fike, R. (2024). Economic Freedom and Gender Norms. Fraser Institute.

Fike, R., & Hall, J. (2024). Economic Freedom vs. Gender Equality Mandates. Fraser Institute.

Fraser Institute. (2025). Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025.

Gwartney, J., Lawson, R., Mitchell, M., Feldmann, H., & Murphy, R. (2025). Economic Freedom of the World: Annual Report 2025. Fraser Institute.

Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. Southern Economic Journal.

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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)

Bolivia 2025: la azarosa experiencia de la transición, entre la esperanza de libertad y los problemas antiguos

Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP

“(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.”

Lourdes N. Romero L.

I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico

Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.

La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.

En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.

II. Crisis económica: urgencia y cautela

La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.

III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.

Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.

Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.

IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba

Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.

Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.

El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.

V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias

No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.

La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.

VI. Conclusión

Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.

La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.

La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?

El presidente electo de Bolivia anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EE. UU.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con EE. UU., después de 17 años de ruptura marcados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Esa relación [con EE. UU.] se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad», ha explicado durante su primera conferencia de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.

Cuando asuma el gobierno, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de «absoluto fracaso» de gestión del MAS. «Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones», añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó en la noche del domingo a Paz y ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos. También han felicitado a Paz mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile.

Nuevo presidente de Bolivia marginó a Maduro y estrechó lazos con María Corina Machado

Caracas. – El nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dejó fuera de la lista de invitados a su toma de posesión al jefe del «Cartel de los Soles», Nicolás Maduro, mientras que al mismo tiempo estrechó alianzas con María Corina Machado, a quien si extendió una invitación para el acto previsto para el próximo 8 de noviembre.

En una entrevista con CNN, el nuevo mandatario boliviano marcó distancia con los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI, dejando ver un cambio radical en la política exterior del país tras dos décadas de vínculos estrechos con países alineados con la izquierda.

En este sentido, Paz sostuvo que no invitará a su toma de posesión al narcotirano de Venezuela, Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ni a Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, mandatarios afines al expresidente Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo, partido saliente del Gobierno.

“Nosotros somos un país democrático. Si bien hay relaciones diplomáticas que deben respetarse, nuestra condición de relacionamiento es sobre la base de la democracia”, afirmó el nuevo mandatario.

Igualmente, se refirió tanto al régimen chavista, como a los de Cuba y Nicaragua como «no democráticos». “Claramente, no democráticos, claramente”, respondió con énfasis, antes de añadir: “Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres”.

A la par, se reveló que sostuvo una llamada telefónica con Machado, quien tomó la iniciativa para felicitarlo por su triunfo en las urnas. En ello, Paz manifestó su voluntad de unirse a la «lucha» para «recuperar» la democracia en Venezuela, además de invitarla a su investidura el próximo 8 de noviembre.

El equipo de prensa de Paz difundió el video del diálogo que sostuvo con la dirigente venezolana, a la que reiteró sus felicitaciones por el Nobel que le fue conferido este año y que calificó como un «golazo de media cancha» que ha «dignificado» a «todos los sudamericanos y a la democracia mundial».