Caracas. – El narcorégimen chavista deportó este pasado miércoles, a tres periodistas del canal argentino C5N, quienes habían llegado al país en la madrugada para realizar una cobertura, pero las autoridades migratorias les comunicaron la inadmisión y les quitaron sus pasaportes.
El equipo periodístico fue interceptado en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Los afectados por la arbitraria medida fueron los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Sebastián Solís.
Tras quitarles los pasaportes, los funcionarios de la Narcotiranía de Nicolás Maduro decidieron enviarlos a Bolivia.
El episodio se da en momentos de tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno estadounidense de Donald Trump, luego de que aviones militares entraran en el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos en lo que fue una amenaza de intervención.
«En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo», detalló Salonia. «Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires», concluyó.
«Se dieron cuenta de que éramos periodistas, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas», contó también Salonia. Desde ese momento, el equipo se vio interceptado por las autoridades locales, que le hicieron una indagación.
Luego de dos horas de tensión, las autoridades le confirmaron al equipo periodístico que no podrían ingresar al país. «Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos», denunció el cronista.
El equipo periodístico aseguró haber explicado a los funcionarios chavistas, que solo pretendían grabar la cotidianidad de los venezolanos, sin mezclarlo con la política o con las tensiones que existen en estos momentos, entre el narcorégimen de Maduro y Estados Unidos. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes.
El expresidente de Bolivia Luis Arce ha sido detenido este miércoles en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía, ha informado la Fiscalía del país.
El fiscal general, Roger Mariaca, ha indicado en una rueda de prensa que el arresto del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se debe a «los indicios de participación en el hecho, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización que pueda haber por (su) parte en contra de los otros conimputados, o en contra del presente proceso penal».
El magistrado ha confirmado que a Arce se le imputan «presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», pero ha precisado que «no estamos hablando de hechos que pudieran haber pasado» mientras presidía el país. «Estamos hablando de supuestos hechos de corrupción (…) no sólo por el hoy aprendido (…), sino porque otras personas también habrían realizado la misma actividad», ha relatado.
Mariaca ha defendido que la detención de Arce «no se trata de persecución ni tampoco de un hecho político», sino que desde la Fiscalía «estamos realizando nuestro trabajo porque la Constitución dice que quien dirige una investigación es el Ministerio Público».
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha apuntado a que los cargos por los que se investiga a Arce «datan de cuando era ministro», cargo que ocupó de 2006 a 2017 y posteriormente entre enero y noviembre de 2019, durante el mandato de Evo Morales.
En declaraciones recogidas por el diario ‘El Deber’, el ministro ha detallado que los presuntos delitos atribuidos al exmandatario son enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Según éste, durante su mandato «se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas» financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
«Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos», ha asegurado, apuntando a un perjuicio de unos 360 millones de bolivianos —cerca de USD$ 52,14 millones—.
Oviedo ha destacado que «la orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz», sucesor de Arce tras la victoria electoral a finales de octubre, y ha prometido que «no vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país».
También se ha manifestado sobre la detención de Arce el actual vicepresidente, Edmand Lara, en un corto vídeo difundido en redes sociales en el que ha felicitado a los agentes que han cumplido con la orden de arresto.
«Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Que viva la patria y que mueran los corruptos», ha declarado.
La noticia ha trascendido cuando la que fuera ministra de la Presidencia con Arce, María Nela Prada, ha denunciado el «secuestro totalmente ilegal» del expresidente «por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz».
En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Prada ha explicado que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el ex jefe de Estado del país latinoamericano.
«En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal», ha expresado, insistiendo en que lo han retenido cuando «se encontraba solo».
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.”
María José Salinas
Acabo de terminar el nuevo libro de Gloria Álvarez, “Cómo defender la libertad y no suicidarte” en el intento, una obra que, en su recorrido por la defensa del individuo y la libertad, toca con honestidad temas que muchas veces se silencian: entre ellos, el costo emocional que pagan las mujeres por ocupar espacio público. Pocas horas después, un comentario en redes ilustró con brutal claridad el problema: que la portada “enseña demasiado”, que “parece para abrir un OnlyFans” o que quedaría “como póster en un taller mecánico”. No era una crítica al contenido; era una reducción instantánea de una autora con trayectoria a un objeto.
Lo notable no es solo el ataque: es la respuesta de Gloria. Ella no responde con insultos ni con victimismo; responde con ironía, argumentos y propuestas. Responde desde la dignidad intelectual. Esa forma de devolver la discusión al plano de las ideas es, en sí misma, una defensa de la libertad: no ceder el debate a la grosería ni a la trivialización.
Si bien, este fenómeno no se queda en los espacios académicos o políticos; llega con igual fuerza al entretenimiento. Mi amiga Sofía Rivera Torres, actriz y conductora, lo vive en carne propia. Después de convertirse en madre, ha recibido comentarios crueles sobre su cuerpo. A diferencia de otros, ella ha elegido no polemizar públicamente: sigue trabajando, saliendo en cámara y ejerciendo su oficio con profesionalismo. La admiro mucho por eso. Me duele la crueldad: ninguna mujer debería ser agredida por haber dado vida, ni por el proceso natural de su cuerpo.
Un ejemplo más: Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, conocida internacionalmente por su participación en RBD, ha denunciado la presión estética que enfrentan las mujeres tras la maternidad. Su caso lo confirma: la exposición y la agresión no distinguen popularidad ni éxito.
Y esto no son anécdotas sueltas. Los datos muestran que la violencia digital y el acoso por apariencia son fenómenos generalizados y con consecuencias reales. En México, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) reportó que 21% de la población usuaria de internet vivió alguna forma de ciberacoso en 2024; la desagregación por sexo mostró que 22.2% de las mujeres que usan internet reportaron haber sido víctimas frente a 19.6% de los hombres.
En el terreno académico, estudios recientes han documentado el impacto específico del ciberacoso relacionado con la apariencia (appearance-related cyberbullying) sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes: mayor insatisfacción corporal, riesgo de trastornos alimentarios y síntomas ansiosos o depresivos asociados. Un metaanálisis y revisiones sistemáticas conectan la victimización en línea con mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés entre víctimas, lo que nos recuerda que la violencia estética no es “solo comentarios” sino un riesgo real para la salud psicológica.
Además, hay evidencia de que el miedo a ser atacadas condiciona la participación pública femenina. Encuestas y análisis recientes muestran que las mujeres se sienten significativamente menos cómodas expresando opiniones políticas u opiniones en línea: en algunos estudios solo alrededor del 24% de las mujeres dijeron sentirse cómodas expresando posturas políticas en redes, frente a casi 40% de los hombres. Ese auto-silenciamiento es un problema democrático: si una parte de la población opta por callar por miedo, el debate público empobrece.
¿Por qué persiste esta violencia estética? Hay varios factores que se combinan: una cultura en la que todavía se sexualiza y vuelve un objeto el cuerpo femenino; el anonimato y la impunidad que ofrecen las plataformas digitales; y la normalización de estándares irreales de belleza impulsados por filtros, algoritmos y economías de la atención. A eso súmale que no solo existen ataques masculinos: muchas agresiones provienen de cuentas femeninas y de redes de acoso que reproducen los mismos estereotipos desde adentro. Esto vuelve el fenómeno más complejo y culturalmente enraizado.
El costo es alto: además de los efectos en salud mental, la violencia estética tiene consecuencias en la participación pública de las mujeres en su carrera, en su posibilidad de ser escuchadas, en la calidad del debate público y en la autoestima colectiva de generaciones que están creciendo creyendo que lo digital es la realidad. Si las jóvenes interiorizan que su valor es la apariencia y no la capacidad de pensar, persuadir o crear, estamos perdiendo capital humano y libertad.
Entonces, ¿Qué hacer? No busco aquí soluciones simplistas, pero sí urgentes:
Promover educación digital y afectiva que enseñe a distinguir crítica útil de humillación;
Responsabilizar a plataformas y a agentes públicos para reducir la impunidad (medidas de moderación y denuncia que funcionen);
Fomentar normas profesionales y periodísticas que no reduzcan a una persona a su cuerpo;
Crear redes de apoyo y protocolos para víctimas que atiendan salud mental y protección digital;
Y, desde la cultura, cambiar el estatus de la burla estética: que insultar por apariencia deje de ser “normal” .
Mujeres como Gloria, Sofía y Maite muestran distintos modos de resistir: responder con argumentos, mantener la rutina profesional o alzar la voz por la dignidad. Ninguna de estas respuestas es perfecta ni única; todas son válidas. Lo que sí es innegable es que la libertad esa que Gloria defiende con pasión no se limita a espacios institucionales: se juega también en el terreno de lo cotidiano, en la batalla por poder existir sin que el cuerpo sea la sentencia.
No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.
Cuando la sociedad deje de medir cuerpos y empiece a medir ideas, habremos ganado un pedazo de libertad.
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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)
Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos.
“(…) los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.”
Paola B. Condori Fernández
La búsqueda de la igualdad de género ha sido uno de los ejes más persistentes en la agenda global de desarrollo. Sin embargo, gran parte de las políticas implementadas en las últimas décadas se han centrado en la igualdad de resultados, priorizando cuotas, subsidios o mandatos regulatorios que, aunque bienintencionados, con frecuencia generan distorsiones económicas y reducen los incentivos al mérito.
Frente a este paradigma intervencionista, la evidencia empírica sugiere un patrón distinto: los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.
El Fraser Institute, a través del informe Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025, dirigido por Rosemarie Fike, demuestra que la libertad económica y la igualdad de género evolucionan conjuntamente. Las mujeres prosperan cuando el entorno institucional les permite acceder libremente a la propiedad, el crédito y el empleo, sin barreras legales ni discriminación institucional. Más adelante se analiza las variables utilizadas en este estudio con los actuales datos del índice de Libertad Económica 2025.
Índice de Disparidad de Género e Índice de Libertad Económica
El Índice de Disparidad de Género (GDI), elaborado por Fike (2025), evalúa si las mujeres pueden ejercer los mismos derechos que los hombres en 17 áreas, que van desde la libertad de movimiento hasta la propiedad privada. En 2022, 69 países lograron un puntaje perfecto de 1, lo que significa que hombres y mujeres gozan de plena igualdad legal en materia económica. En el extremo opuesto, 35 países, principalmente en Medio Oriente y África subsahariana, aún mantienen severas restricciones legales, como la obligación de autorización masculina para abrir cuentas bancarias o poseer propiedades —en Sudán, por ejemplo, el GDI apenas alcanza 0,35—.
La tendencia global, no obstante, es positiva. Entre 1970 y 2022, el promedio mundial del GDI ha aumentado de 0,68 a 0,87, lo que implica un avance sostenido hacia la igualdad jurídica. Este progreso se ha visto acompañado por un fuerte vínculo con la Libertad Económica, porque los países con un mayor índice de libertad presentan mayores ingresos, esperanza de vida más larga, menor mortalidad materna y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.
Según Fike y Hall (2024), la libertad económica genera condiciones para la inclusión femenina mediante tres canales:
Incentivos de mercado, que penalizan la discriminación y premian la productividad.
Seguridad jurídica, que permite a las mujeres acumular capital y participar formalmente en la economía.
Acceso a mercados abiertos, que amplía las oportunidades laborales y empresariales.
Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida femenina constituye un indicador sintético del bienestar económico y social. En los países más libres, las mujeres viven en promedio 82,6 años, mientras que en los menos libres apenas 69,5 años, según datos del Banco Mundial. Esta diferencia de 13 años refleja los beneficios indirectos de las instituciones de mercado: mayores ingresos per cápita, mejor acceso a servicios de salud y menor mortalidad materna.
Independencia Financiera
La autonomía financiera —medida por la proporción de mujeres con cuentas bancarias o acceso a medios de pago— es uno de los indicadores clave de libertad económica individual. Según datos del Fraser Institute y del Banco Mundial:
En las economías más libres, el 97,3% de las mujeres posee una cuenta bancaria.
En las menos libres, solo el 40% tiene acceso a servicios financieros básicos.
La brecha de casi 60 puntos porcentuales refleja el rol central del acceso al sistema financiero y del respeto a la propiedad privada, porque, sin capacidad para administrar sus propios recursos, la independencia económica femenina queda fuertemente limitada.
Como señalan Lawson, Miozzi y Tuszynski (2024), “los derechos de propiedad y el acceso al sistema financiero son prerrequisitos para la emancipación económica y la reducción de la desigualdad de género”.
Fuerza Laboral
En las economías menos libres, solo 40–45% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral. En las más libres, esta cifra aumenta a 75–80%, y la brecha con los hombres se reduce de 22,9% a 11,7% (Fike & Hall, 2024).
La calidad del empleo también mejora en entornos más libres:
76% de las trabajadoras tiene educación postsecundaria —frente al 61% en economías restrictivas—.
Los ingresos nacionales brutos per cápita de las mujeres son 7,3 veces mayores en el cuartil superior de libertad económica.
Esto muestra que la libertad institucional no solo aumenta la participación laboral femenina, sino que mejora la calidad del empleo, permitiendo que las mujeres compitan en sectores formales, innovadores y de mayor productividad.
El caso de Bolivia
En el Economic Freedom of the World Report 2025, Bolivia se ubica en el puesto 116 de 165, con un puntaje de 6,05/10, un retroceso respecto al año anterior (6,13), colocando al país en el tercer cuartil, junto a economías caracterizadas por altos niveles de intervención estatal y debilidad institucional. De este modo, aunque el marco jurídico boliviano reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, su aplicación práctica enfrenta importantes limitaciones, creando en buena medida un escenario de inseguridad jurídica, informalidad e inestabilidad normativa que restringen la libertad económica general y, en consecuencia, la autonomía femenina.
Algunos indicadores ilustran esta situación:
Esperanza de vida femenina: 71 años, muy por debajo del promedio del cuartil superior (82,6).
Acceso financiero: solo 53,4% de las mujeres posee una cuenta bancaria, 30% menos que en las economías más libres.
Fuerza laboral: alrededor del 80% participa en actividades económicas, pero el 85% lo hace en el sector informal, sin seguridad social ni estabilidad.
Conclusiones
Muchos países aún confunden igualdad legal con igualdad impuesta. Pretenden alcanzar la paridad mediante cuotas, subsidios o intervenciones que, en la práctica, distorsionan los incentivos económicos. Pero los datos muestran que los entornos más libres son los que generan la igualdad más genuina: aquella que surge del mérito y la libre elección.
Por ejemplo, Europa y Asia Central alcanzaron un GDI promedio de 0,94, mientras que América Latina y el Caribe llegan a 0,92. En contraste, la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) permanece rezagada con un 0,61, reflejando estructuras jurídicas que aún subordinan la libertad femenina a normas patriarcales. En definitiva, los datos del Fraser Institute ratifican lo que la teoría económica ya intuía: cuanta más libertad económica tiene una sociedad, más libres y prósperos son los individuos.
Bibliografía
Fike, R. (2024). Economic Freedom and Gender Norms. Fraser Institute.
Fike, R., & Hall, J. (2024). Economic Freedom vs. Gender Equality Mandates. Fraser Institute.
Fraser Institute. (2025). Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025.
Gwartney, J., Lawson, R., Mitchell, M., Feldmann, H., & Murphy, R. (2025). Economic Freedom of the World: Annual Report 2025. Fraser Institute.
Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. Southern Economic Journal.
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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)
Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP
“(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.”
Lourdes N. Romero L.
I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico
Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.
La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.
En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.
II. Crisis económica: urgencia y cautela
La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.
III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.
Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.
Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.
IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba
Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.
Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.
El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.
V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias
No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.
La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.
VI. Conclusión
Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.
La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.
La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con EE. UU., después de 17 años de ruptura marcados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
«Esa relación [con EE. UU.] se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad», ha explicado durante su primera conferencia de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.
Cuando asuma el gobierno, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de «absoluto fracaso» de gestión del MAS. «Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones», añadió.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó en la noche del domingo a Paz y ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos. También han felicitado a Paz mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile.
Caracas. – El nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dejó fuera de la lista de invitados a su toma de posesión al jefe del «Cartel de los Soles», Nicolás Maduro, mientras que al mismo tiempo estrechó alianzas con María Corina Machado, a quien si extendió una invitación para el acto previsto para el próximo 8 de noviembre.
En una entrevista con CNN, el nuevo mandatario boliviano marcó distancia con los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI, dejando ver un cambio radical en la política exterior del país tras dos décadas de vínculos estrechos con países alineados con la izquierda.
En este sentido, Paz sostuvo que no invitará a su toma de posesión al narcotirano de Venezuela, Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ni a Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, mandatarios afines al expresidente Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo, partido saliente del Gobierno.
“Nosotros somos un país democrático. Si bien hay relaciones diplomáticas que deben respetarse, nuestra condición de relacionamiento es sobre la base de la democracia”, afirmó el nuevo mandatario.
Igualmente, se refirió tanto al régimen chavista, como a los de Cuba y Nicaragua como «no democráticos». “Claramente, no democráticos, claramente”, respondió con énfasis, antes de añadir: “Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres”.
A la par, se reveló que sostuvo una llamada telefónica con Machado, quien tomó la iniciativa para felicitarlo por su triunfo en las urnas. En ello, Paz manifestó su voluntad de unirse a la «lucha» para «recuperar» la democracia en Venezuela, además de invitarla a su investidura el próximo 8 de noviembre.
El equipo de prensa de Paz difundió el video del diálogo que sostuvo con la dirigente venezolana, a la que reiteró sus felicitaciones por el Nobel que le fue conferido este año y que calificó como un «golazo de media cancha» que ha «dignificado» a «todos los sudamericanos y a la democracia mundial».
El nuevo presidente de Bolivia será el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, quien ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones con el 54,6% de los votos frente al expresidente del país, Jorge Tuto Quiroga, que ha aglutinado el 45,4% de los mismos.
De este modo, Paz ha logrado el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, superando a los casi 2,8 que han depositado el suyo en Tuto Quiroga con casi el 98% del escrutinio ya realizado, según los datos del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Superior Electoral de Bolivia.
Tras evaluar los resultados, el candidato del PDC se ha dirigido a militantes y simpatizantes y les ha agradecido su apoyo en un discurso en el que ha definido «Dios, la familia y la patria» como base de la visión de su Gobierno.
Paz ha dado también las gracias al Tribunal Supremo Electoral porque «tuvo momentos muy difíciles» durante las campañas de la primera y segunda vueltas, marcadas por intensas protestas y por bloqueos de carreteras, y cuya labor ha permitido «que hoy día Bolivia respire vientos de cambio, vientos de renovación, y tenga una esperanza para poder seguir adelante».
En este sentido, ha apuntado a una necesidad de fortalecer las instituciones, «porque cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más certidumbre, más tranquilidad en el pueblo boliviano y a su vez también más tranquilidad en el contexto internacional», y ha recalcado que «no se puede permitir» campañas electorales basadas en «el insulto y el odio» y en una «guerra sucia». «Bolivia no se merece dos meses de esta agonía», ha zanjado.
Caracas. – La selección boliviana de fútbol vivió un tenso momento en Venezuela este pasado sábado, al punto de llegar a denunciar su «secuestro» en Maturín, cuando autoridades del narcorégimen chavista les impidieron volar de regreso a su país.
Sin explicación oficial, jugadores y personal técnico del equipo fueron retenidos en el país durante varias horas. El vuelo de retorno solo pudo despegar hasta pasado el mediodía del sábado, cuando debían haber partido en la noche del mismo viernes.
La demora por cuestiones administrativas no gustó nada en Bolivia, llevando a suspicacias y exigiendo represalias, tal como lo hizo saber la selección boliviana y la federación de fútbol de ese país en varios mensajes que difundieron.
Aunque la Vinotinto venezolana logró imponerse por un resultado de 2-0, en este encuentro de las eliminatorias de cara al mundial de 2026, no fue la derrota lo que generó la controversia en la selección de Bolivia.
La polémica estalló post partido, ya que al momento de abordar al avión para regresar a Bolivia, la delegación recibió la información de que no había ningún vuelo autorizado para despegar.
Las autoridades del aeropuerto de Maturín alegaron que los escáneres de la terminal no funcionaban, y que además había mucho tráfico aéreo. El staff de La Verde optó por volver al hotel a pasar la noche, para partir el sábado.
Desde la delegación boliviana desconfiaron de la situación y creen que se trató de un «sabotaje» para que sus jugadores tengan menos descanso, teniendo en cuenta que Venezuela y Bolivia vienen parejos en la pelea camino al repechaje para la Copa del Mundo.
El director técnico de Bolivia, Oscar Villegas, subrayó en sus declaraciones la tensión e incertidumbre generadas por las acciones del narcorégimen chavista.
Mientras, el responsable de logística y seguridad, Harold Howard, denunció que la actitud de la Narcotiranía tuvo claros tintes de hostilidad y sabotaje: “Dicen que hay mucho tráfico aéreo, cuando solo había dos aviones aterrizando”, dijo.
La Policía de Bolivia ha detenido este lunes a la jueza Lilian Moreno, responsable de anular la semana pasada la imputación y la orden de arresto del expresidente Evo Morales por un delito de trata de seres humanos.
El Gobierno había presentado contra ella una denuncia por prevaricación y desobediencia judicial, después de que emitiera el pasado miércoles un fallo a favor de Morales, si bien quedó sin efecto días después por orden de otro juez.
Moreno ha sido detenida en el municipio de La Guardia sobre las 7:00, hora local, cuando se dirigía al Palacio de Justicia de Santa Cruz, y está previsto que en las próximas horas sea trasladada a la sede de Gobierno, en La Paz, informa ABI.
A la espera de conocer con más detalles los cargos por los que ha sido detenida, un familiar ha denunciado ante los cámaras de la cadena DTV que Moreno ha sido víctima de un «asalto» y que a pesar de hacer saber a los agentes de su «delicado» estado de salud tras operarse de un hombro, ha sido «tironeada».
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