En Junio, la comunidad LGBT, a nivel mundial, celebra el «Mes del Orgullo» como una manera de expresarse libremente y mostrarle a la sociedad que sienten amor propio a pesar de su orientación sexual.
Sin embargo, algunas prácticas han sido altamente criticadas por los ciudadanos.
En algunos casos, resaltan que en las marchas del orgullo existen algunos comportamientos que no son aptos para menores de edad y aún así, los incluyen en estos eventos. En otros escenarios, las personas expresan su repudio a que se utilicen recursos públicos para promover a la comunidad LGBT, esto fue lo que sucedió en Bolivia.
En la Galería de Artes de Santacruz, se mostraron unas polémicas exposiciones que trajo como consecuencia las manifestaciones de rechazo por parte de un grupo de ciudadanos.
«Nosotros como padres de familias, envíamos a nuestros hijos al museo para que aprendan a ver la historia,» expresó una de las manifestantes, «Es una pena lo que han hecho con un museo que corresponde a Santacruz para este tipo de cosas.»
«Abominación,» «gente pro-aborto,» «gente satánica,» y degradación moral» fueron algunos de los calificativos que utilizaron los presentes para referirse a las exposiciones en el museo y a sus autore, quienes además le reclamaron a la alcaldía de la ciudad por permitir que este contenido sea mostrado en un espacio público que se financia con los impuestos de los contribuyentes.
El Gobierno boliviano determinó este miércoles suspender la exigencia del carné de vacunación para evitar “medidas innecesarias de violencia” ante las protestas de los grupos contrarios a la inmunización, que en gran medida son sectores afines al oficialismo.
“Se determina la suspensión de la presentación del carné de vacunación o prueba PCR negativa mientras dure la declaratoria de Emergencia Sanitaria”, anunció el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una comparecencia ante los medios en La Paz.
Auza señaló que se trata de una medida que asumió el Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria, integrado por once ministros de Estado, “precautelando la salud” de los grupos movilizados contra la vacunación y la “del pueblo boliviano”.
La determinación también dispone que “una vez finalizada la declaratoria de Emergencia Sanitaria se va nuevamente a pedir la presentación de ese carné” así como la prueba PCR negativa.
Sin embargo, la exigencia del documento no se aplicará para la atención en salud, educación, acceso a mercados y transporte interprovincial, tampoco para trámites en servicios de identificación, policiales, judiciales, financieros además del reclutamiento militar.
El Gobierno declaró Emergencia Sanitaria a finales del año pasado cuando la cuarta ola mostraba un ascenso de casos y dispuso que desde el 1 de enero el carné de vacunación era un requisito para la realización de trámites además del ingreso a sitios públicos y privados.
Esto causó las primeras protestas de algunos sectores sociales afines al oficialismo y otros religiosos que consideraron que la exigencia obligatoria del carné atentaba a su derecho a no vacunarse con aseveraciones que a su juicio validaban su postura.
Así, las autoridades de sanidad plantearon una primera postergación de la exigencia del carné, hasta el 26 de enero, bajo el argumento de evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación.
El ministro de Salud mencionó que la exigencia del documento “ha cumplido su objetivo” y que desde inicios de año “se han aplicado más de un millón de dosis de vacunas” puesto que se ha registrado un aumento del 160,5 % en las tareas de inmunización.
Sin embargo, en la víspera se produjeron fricciones entre los grupos sociales contrarios a la vacunación y la Policía en ciudades como El Alto, vecina de La Paz, y en el sur de Cochabamba, en la que inclusive las fuerzas de seguridad tuvieron que utilizar gases lacrimógenos.
Auza, que hasta hace poco se había mostrado firme contra esos grupos que incluso exigieron su renuncia, remarcó que la suspensión del carné es “para preservar la seguridad de la población frente a ciertos grupos que no aceptan vacunarse creando focos de contagio”.
Bolivia atraviesa por una cuarta ola de contagios que ha superado los registros históricos diarios de transmisiones llegando a superar los 14.000 casos aunque con una tasa de letalidad de 0,6 %.
El país acumula 20.377 decesos y 774.227 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras que 143.261 son los contagios que se mantienen activos.
Los contagios empezaron a incrementarse en las últimas semanas, ante lo cual el Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria y recientemente se confirmó la presencia de la variante ómicron en Bolivia.
La victoria de Gabriel Boric abrió la posibilidad de diseñar una política de integración en torno al mineral altamente demandado por la creciente industria tecnológica. Argentina también quiere sumar a Perú y cuenta con el aval de China.
Mientras la demanda de litio llega a un nuevo máximohistórico, debido a que este mineral es cada vez más requerido como componente en las baterías de los dispositivos electrónicos (incluidos los autos eléctricos) que ya son parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, en América Latina los gobiernos socialistas ya piensan cómo sacar provecho de esta situación.
La propuesta de estatizar la explotación del litio y cartelizarse regionalmente empezó con una propuesta de EvoMorales a AlbertoFernández durante su estadía en Buenos Aires, mientras el socialista diagramaba su vuelta al poder.
Sin embargo, fue la victoria del marxista Gabriel Boric en Chile lo que despejó cualquier duda sobre este plan y los tres líderes de la extrema izquierda ya trazan los primeros lineamientos para lanzar la “OPEP del litio”.
La OPEP es una organización internacional que carteliza a 13 países que tienen la producción de petróleo estatizada, y que en conjunto representan el 43% de la producción mundial de combustibles y más del 80% de las reservas.
Esta unión les da un enorme poder sobre el precio internacional de los hidrocarburos y en ya dos oportunidades lograron extorsionar políticamente a Estados Unidos modificando los precios; en 1978 con JimmyCarter y ahora en 2021 con JoeBiden.
Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo con 21 millones de toneladas, por encima de las 14,8 millones de toneladas de Argentina y las 8,3 millones de toneladas de Chile. Por fuera de la región, los países que más tienen el mineral son EstadosUnidos (6,8 millones), Australia (6,3 millones) y China (4,5 millones).
El litio vive un auge que llevó a denominarlo “el petróleo blanco“, y China es la principal pujante para asegurarse un barato suministro de este mineral. Esta “OPEP del litio” tendría también el apoyo del Partido Comunista Chino, y entre China, Bolivia, Argenitna y Chile tendrían el 65% de las reservas mundiales.
La demanda mundial de litio solo seguirá subiendo en las próximas décadas y se verá impulsada por el crecimiento de las instalaciones de fabricación de baterías, en particular en China, donde se prevé que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio aumente de unos 388,2 GWh en 2020 a 575,3 GWh en 2024.
En un artículo publicado en 2017, la revista Forbes calificó a Sudamérica como la nueva Arabia Saudita del “Petróleo Blanco”.
La dificultad la tendrán estos países pasando la explotación minera a manos estatales. Por ahora, ninguno de estos gobiernos tiene una empresa estatal que se encargue de buscar, invertir y explotar las minas de litio.
En Bolivia, Evo Morales tiene un masivo plan de nacionalizar este segmento del mercado, pero incluso con el poder absoluto en el Gobierno central ha tenido problemas para que sea aprobado, y todavía está cajoneado en el Congreso, que él mismo controla.
En Argentina la situación es incluso más compleja, y actualmente el kirchnerismo —que viene de perder una elección histórica el año pasado— no tiene la espalda política para llevarlo a cabo. En Chile directamente está prohibida la estatización por la Constitución, y esto deberá ser modificado en la Convención Constituyente que actualmente está reescribiendo la Carta Magna, si Boric quiere al menos intentar su nacionalización.
Perú es otro país de la región que ha encontrado importantes reservas de litio, unas 4 millones de toneladas en el yacimiento Falchani. Evo Morales también ha tenido acercamientos con el comunista Pedro Castillo para sumarlo, pero la Constitución peruana también previene al gobierno de turno estatizar un sector de la economía, y necesitaría 2/3 del Congreso para aprobarlo. Actualmente apenas si tiene la mitad más uno de los parlamentarios para mantenerse en el cargo.
Con la salida de Felipe Solá de la Cancillería argentina, en el entorno de Santiago Cafiero dicen “no estar en tema” pero quien tomó la posta en las negociaciones fue el ministerio de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Fuentes del equipo de Filmus confirmaron que a fines de enero habrá una reunión en Bolivia para avanzar en una agenda común para el litio.
Previo a esto hubo un encuentro en el que participaron Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF) e YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación) para la conformación del Centro Andino para la Cooperación en litio.
“Nosotros como país apostamos mucho a la transición energética. Hemos colocado como uno de nuestros ejes centrales de gestión, la construcción de baterías de litio, lo que va a permitir agregar valor a la extracción primaria y así generar alternativas de exportación“, sostienen en Ciencia y Tecnología.
La tensión política en Perú parece incrementarse cada día. El presidente del país, Pedro Castillo, ha tenido problemas desde que inició su mandato en la conformación de su gabinete y ha estado rodeado en varios escándalos de corrupción que han causado un desprecio hacia su gobierno por la mayoría de los peruanos.
Así mismo, la oposición está impulsando, a tan solo meses de su asunción como primer mandatario, la remoción de su cargo.
Sebastián Araya, periodista peruano, explicó de que trata este recurso, “La vacancia es un mecanismo constitucional que le permite al congreso destituir al presidente. Nació originalmente para destituir al presidente si se encontraba mentalmente incapacitado para poder ejercer el cargo. Ya no obedece a las intenciones con las que fue creado, ha sido mal usado para controlar al presidente”.
Sin embargo, el comunicador considera que en esta oportunidad si hay asidero jurídico para implementarla, “En este caso se está impulsando una vacancia a raíz de una gran lista de escándalos, bajo mi consideración si constituye un causal de vacancia”.
Así mismo, Araya detalló quienes son sus principales impulsores, “Los partidos que se han manifestado a favor de la vacancia son: Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, el resto tiene una posición bastante ambivalente”.
“La popularidad del presidente está por los suelos, a raíz de todos los escándalos, su imagen se ha deteriorado aún más,” señaló el periodista; no obstante, aseveró que la mayoría de los peruanos no está promoviendo esa iniciativa, “El tema de la vacancia, no me atrevería a decir que una gran mayoría lo apoya. El presidente tiene a sus operadores políticos en los medios de comunicación que se encargan de manipular la opinión pública para distraer a la gente de todo lo malo que está haciendo”.
Igualmente, Araya denunció que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha incrementado su presencia política en el país para impulsar sus agendas, “Evo Morales se ha convertido en una especie de sucesor de Hugo Chávez en el continente,” agregó, “Pocos días después del 6 de junio (día de las elecciones) visitó el Perú y se fue a comer en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital con Vladimir Cerrón, y en agosto participó en un evento que fue invitado por el partido del presidente, donde habló sobre como cambiar la constitución”.
El periodista continuó, “Por si no fuera poco, el partido MAS (de Evo Morales), abrió una sede en el Cuzco para continuar las actividades proselitistas en Perú y tiene a operadores políticos apoyando la campaña a favor de la constituyente en Perú”.
Finalmente, Araya celebró la reacción del congreso, “Ante la complacencia del gobierno, la comisión de relaciones exteriores del congreso lo declaró persona non-grata y le solicitó al ministro de interior que a estas personas no se les permita entrar,” concluyó, “Ya en el oficialismo están convulsionando porque esto es un acto de ‘colonización’ y que el congreso es ‘imperialista’”.
A pesar de haber expirado los 6 meses de prisión preventiva constitucional, la Justicia nuevamente denegó la libertad de Añéz, quien denuncia que es torturada en su celda de La Paz.
Ya han pasado 207 días desde que la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, fue aprehendida de forma ilegal por el régimen de Evo Morales y Luis Arce. Una detención plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y cargada de revanchismo de los masistas por no haber podido retener el poder en 2019.
El pasado 2 de octubre, el juzgado penal de La Paz denegó la acción de libertad a favor de Añez, la cual había sido pedida por sus abogados luego de haberse extendido por más de 20 días su detención preventiva inicial de 6 meses.
Su detención fue por supuestos delitos de Sedición y Terrorismo durante su gobierno, pero el periodo constitucional para tener a una persona detenida sin que inicie el juicio ya expiró. Por esto, la Justicia cómplice de la dictadura socialista presentó una medida cautelar para ampliar su detención por otros 5 meses, imputándola por otros delitos como Resoluciones Contrarias a la Constitución, Lesiones Graves y Lesiones Seguidas de Muerte, todas causas inventadas por el masismo.
La ex mandataria se encuentra involucrados entre ellos por las denominadas “masacres” de Sacaba y Senkata en 2019, donde es investigada por genocidio. Al mismo tiempo se procesan juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por presuntos delitos cometidos con el caso de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio (FUNDEMPRESA).
Durante el desarrollo de la audiencia en forma virtual, la ex autoridad tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra por primera vez desde su detención. Durante su alocución insistió en su inocencia y recordó la cadena de hechos que prueban la constitucionalidad de su mandato. Es importante notar que también denunció los abusos a los que es sometida en su estadía en la cárcel, la cual se ha convertido en un espacio de tortura para ella.
Alegó ser dañada física y psicológicamente por los policías del régimen, que las autoridades no le permiten acceder a su medicación, y que sus capacidades cognitivas han sido disminuidas por padecer una anorexia nerviosa, al punto de tener que anotar todo lo que desea expresar ante sus fallas de memoria.
Su hija, y ex encargada de gestión social de la presidencia de Bolivia, Carolina Ribera, puso en conocimiento público que posterior a la audiencia, encontró a su madre en su celda puesta en posición fetal y con tendencias a la inanición.
Según Ribera, el objetivo del régimen es acabar con la vida de su madre, y los responsabilizó si este hecho llega a consumarse. La familia denuncia que toda esta situación es un preludio para que “aparezca suicidada” en algún momento de los próximos meses, asesinada por el régimen.
Recordemos que la ex mandataria ha venido sufriendo en este tiempo un grave deterioro en su salud física acompañada de la negligencia gubernamental. Se le han negado traslados a centros médicos para que sea atendida por profesionales, no se ha considerado sus patologías de base como hipertensión, su antecedente de COVID-19, y sus degeneraciones cognitivas y psicológicas, que la han llevado a intentar quitarse la vida e insistir en los pensamientos suicidas.
Dentro de los múltiples procesos penales, que junto a los relacionados a las “masacres”, que no son más que ataques terroristas hechos por los mismos masistas, se la busca vincular con más de 75 presuntos hechos de corrupción sindicados contra ex ministros de su gabinete, con los cuales, el gobierno busca asegurarle una cadena perpetua si se consigue emitir sentencias por todas las causas que le aquejan.
Para este mismo objetivo, la justicia copada por el socialismo de Evo Morales, ha segmentado el caso de “Golpe de Estado” en tres etapas: una basada en los días previos a la renuncia de Morales y el motín policial, otra, en la llegada de Añez al poder, y una tercera contra quienes “conspiraron” para deponer a Evo de la presidencia.
Lo paradójico de este absurdo procesal es que la ex presidente Añez aparece en el conflicto recién el 11 de noviembre de 2019, posterior a la renuncia voluntaria y huida a México de Evo Morales y su séquito, cuando se considera la posibilidad para que asuma el mando en el senado y posteriormente la presidencia. Presidencia que fue reconocida por el Tribunal Constitucional de Bolivia.
Añez ha escrito en la pared de su celda en La Paz un mensaje para “la dictadura de Arce”, apuntando contra “jueces y fiscales al servicio del régimen” y recordándole al Tribunal Constitucional que ellos avalaron su mandato e inclusive fue invitada a la inauguración del año judicial 2020 por su presidente Paul Enrique Franco. Este mensaje fue luego replicado en las redes de Jeanine Añez, que están actualmente en posesión de su familia.
La organización Youth and Democracy in the Americas realizó su IV foro en la Universidad Internacional de la Florida en donde reunieron a un grupo de jóvenes y expertos de distintos países de la región para explicar el avance de las dictaduras, así como el deterioro de las democracias a propósito de la pandemia global que se vive actualmente.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidente de la Organización, Cecilia Navas, quien agradeció a los panelistas y asistentes al evento y recordó la importancia de hacer un trabajo conjunto para que el continente americano no siga cayendo bajo los abusos de regímenes totalitarios.
Las delegaciones de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, estuvieron representadas por Felix Llerena, Marcos Velazco, Adrián Rico y Carlos Paredes, respectivamente.
Llerena enfatizó que los regímenes totalitarios en América Latina son «una mafia criminal y organizada» por lo cual los mecanismos de lucha para removerlos del poder no pueden ser las vías democráticas, «Tratarlos a ellos como demócratas es un error fatal,» puntualizó.
Por su parte, Velazco reclamó la actuación de la oposición venezolano y criticó a quienes apoyan las elecciones en ese país, «¿Cómo sectores convalidad un proceso electoral bajo estas condiciones?,» cuestionó, «Hay una gran diferencia entre los que luchamos y los que simulan luchar; hay una gran diferencia entre los que nos oponemos a una estructura criminal y otros que prefieren ignorar la naturaleza criminal de lo que se vive en Venezuela.»
Rico prefirió mostrarse optimista ante el futuro de Latinoamérica, «Estos tiempos pueden ser una oportunidad. Hemos tocado fondo, solo puedes ir para arriba».
Mientras que Paredes, aprovechó su intervención para denunciar, de manera detallada, los abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
El evento también contó con la presencia de delegaciones provenientes de Paraguay, Ecuador y Estados Unidos; así como del reconocido abogado, Carlos Sánchez Berzaín y el expresidente de Ecuador, Lenin Moreno.
El reconocido abogado y activista por los Derechos Humanos, Carlos Sánchez Berzaín, criticó fuertemente a la oposición de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
En una intervención realizada en el IV foro de Youth and Democracy for the Americas, el abogado destacó que los sectores opositores de esos países son una «oposición funcional» hacia los regímenes que dicen enfrentar.
«¿Para qué les voy a hablar de los ejemplos venezolanos, ecuatorianos o nicaraguenses de oposición funcional? Sí les puedo hablar de Bolivia. Se vive un estado pleno de dictadura, la oposición está diciendo que hay un problema de administración de justicia porque no tiene el valor de denunciar a la dictadura como tal».
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la ex presidenta Jeanine Áñez intentó en la madrugada de hoy ocasionarse una “autolesión” al cortarse uno de sus brazos. “Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy; sin embargo, informamos que su salud es estable y que tiene unos pequeños rasguños en unos de sus brazos y no hay nada de qué preocuparse”, afirmó Del Castillo.
MInutos después, desde el entorno de la ex mandataria, dieron su versión, una más alarmante que la planteada por el gobierno. “Se trata de un intento de suicidio y se debe a un llamado de auxilio”, afirmó a Pagina 7 uno de sus abogados, Luis Guillén.
Guillén aseguró que esta medida desesperada se debe a los “abusos que se está sometiendo a la exmandataria”.
El abogado señaló que en los últimos cinco meses de detención, el Régimen Penitenciario le administró medicamentos de forma errónea, además de fármacos contraproducentes para su salud, lo que puede haber causado un marco de depresión y paranoia que la habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. “El día de ayer tuve la oportunidad de participar de la junta médica y escuché que Régimen Penitenciario había estado aplicando mal los medicamentos que se habrían recetado a la exmandataria, incluso medicamentos que serían contraproducentes para su salud y generarían en ella efectos adversos como una alta depresión o hasta un síndrome de paranoia”, aseguró.
Norka Cuéllar, otra de sus abogadas, dijo a El Deber que este hecho es un “grito de auxilio” por lo que está pasando la expresidenta. “Ella se siente muy acosada y le han tocado el punto más débil, que es el tema de su hija”. Por ahora, la situación de la exmandataria es crítico”, dijo la abogada, ya que la exautoridad está sufriendo un cuadro de depresión y de hipertensión arterial que no es atendido como se debe.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el viernes que había presentado un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
El grupo de la fracción parlamentaria Avanza País, introdujo ante el legislativo una propuesta para declarar persona non-grata en territorio nacional al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Morales ha sido invitado por el gobierno de Pedro Castillo a su asunción como presidente del país, y posterior a ello, afirmó haber sido contactado por distintas organizaciones sociales para llevar a cabo numerosas reuniones en lo que pareciera ser una apretada agenda.
El expresidente ha sido blanco de críticas pues, su estadía se está dando en los hoteles más caros de la nación y su visita ha estado llena de distintos lujos.
El parlamentario, Alejandro Cavero, publicó en sus redes sociales la intención de declarar persona non-grata a Morales a través del congreso, y, entre otras cosas, exigen que el exmandatario boliviano se abstenga de emitir opiniones políticas respecto a Perú.
En una nueva acusación la fiscalía de Bolivia ahora admite una investigación en contra de la ex -presidenta interina Jeanine Añez por supuestos delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas, esto por la muerte de varios manifestantes quienes perdieron la vida en medio de las protestas luego de la renuncia de Evo Morales debido a las acusaciones de fraude electoral en su contra.
La Fiscalía hizo pública la acusación en contra de Añez este lunes por las muertes de manifestantes en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, lugares en donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad policial y militares.
La Fiscalía de Bolivia controlada por aliados de Evo Morales que “confirma al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes”, se señala en la publicación de la entidad en Facebook que está acompañada por la notificación de “inicio de investigaciones”.
En el documento de la Fiscalía se acusa a la ex-presidenta Añez “por la presunta comisión” de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas.
Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre del 2019 durante una marcha en la que los manifestantes pedían el respeto a la supuesta victoria de Evo Morales en los comicios presidenciales, los cuales fueron cuestionados por diferentes irregularidades que apuntaban a un fraude electoral.
La acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación para que el Parlamento se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la ex-mandataria, quien lleva casi cuatro meses recluida en una cárcel de La Paz por otro proceso en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración.
Esas acusaciones son parte del caso llamado “golpe de Estado” por el que también se procesa a ex-ministros del Gobierno transitorio, además de ex-jefes policiales y militares por asumir el gobierno de Bolivia, luego de la renuncia de Evo Morales.
En el Parlamento boliviano también están otras proposiciones acusatorias contra Áñez por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, al igual que otros delitos de naturaleza política.
Esta nueva acción judicial contra la ex-mandataria se produce unos días después del anuncio de su defensa de pedir la cesación a su detención con base en decenas de nuevas evidencias que, a juicio de los abogados de Áñez, la liberan de toda participación en un supuesto “golpe de Estado”.
Luego de que el actual presidente de Bolivia Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) asumiera la presidencia del país, se emprendió en contra de la ex-presidenta interina una grave persecución en su contra en lo que se presume una represalia política del actual oficialismo y principalmente de Evo Morales con el fin de vengar sus planes de consolidar en Bolivia un fraude electoral que lo consolidaría en el poder de forma arbitraria.
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