Caracas. – Delcy Rodríguez, encargada de la Narcotiranía chavista interina, ejecutó una reconfiguración de su gabinete que afectó directamente a Freddy Ñáñez y Rosinés Chávez; Ñáñez fue removido del Ministerio para el Ecosocialismo e Inparques, siendo reemplazado por Nelson Rodríguez; y Rosinés dejó la presidencia de Inparques para asumir como la Gran Misión Venezuela Joven.
En cuanto a la destitución de Ñánez, Rodríguez justificó el cambio señalando que la nueva designación busca «desarrollar y fortalecer políticas públicas destinadas a la protección de nuestra Pachamama y a la atención integral del sector ambiental».
Cabe señalar que el relevo es el segundo movimiento de Ñáñez en el gabinete en menos de seis meses: el 16 de enero, Delcy Rodríguez lo había desplazado del Ministerio de Comunicación e Información —que ocupó durante años como uno de los principales operadores de propaganda del régimen chavista— y lo había reubicado al frente de Ecosocialismo.
En cuanto a Rosinés Chávez, se conoció que sustituirá a la diputada Génesis Garvett, al frente de la misión Venezuela Joven. El movimiento otorga un alto cargo ejecutivo a la cuarta y menor hija del fallecido Hugo Chávez, en medio de la reestructuración general del equipo de gestión, lo que marca su consolidación dentro de los cuadros operativos de la administración pública.
Chávez ahora asume una plataforma enfocada en educación, emprendimiento y organización popular, en un contexto de masiva migración juvenil y profunda precariedad en el sistema universitario nacional.
Nelson Rodríguez, quien también fue nombrado ministro de Ecosocialismo, será quien la reemplace al frente de Inparques.
Desde que asumió el mando del interinato luego del pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez viene aplicando cambios en su gabinete que han sido significativos, ya que ha desplazado a figuras consideradas claves durante la gestión ilegítima de Nicolás Maduro. Varios cargos importantes fueron relevados, y otros, como es el caso de Alex Saab, fueron extraditados tras ser destituidos.
Esta semana se analiza el impacto de las recientes declaraciones de Marshall Bringham, también referido como Willingham, exsubsecretario de financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro durante la primera administración de Donald Trump. Bringham afirmó en redes sociales que Diosdado Cabello, calificado como el hombre operativo de la revolución y líder del cartel de los soles, será el próximo objetivo capturado por la justicia de EE. UU.
Aunque este comentario generó un enorme revuelo, José Antonio Colina manifestó su escepticismo debido a que considera que Cabello negoció previamente con el gobierno estadounidense, lo que frenaría su captura inmediata. Por su parte, Esteban Hernández aclaró que, si bien Bringham no es un funcionario activo y suele buscar la viralidad con un tono sensacionalista, sus palabras ganan cierta credibilidad debido a que en el pasado anticipó con precisión los hechos ocurridos con Nicolás Maduro.
En la sección dedicada al Borrego de la semana, se exhibe un material audiovisual de 15 segundos protagonizado por militantes del partido Primera Justicia. En la grabación se observa a integrantes de dicha organización bailando mientras hacen un llamado a la ciudadanía para unirse a su facción política, invocando los nombres de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. En este sentido, se critica severamente este enfoque de hacer política, tildándolo de absurdo y falto de lucidez ante la crisis real que padece la nación. Asimismo, se recalca la total inoportunidad de realizar este tipo de propaganda en un contexto de profunda incertidumbre, caracterizado por una transición inédita, la existencia de numerosos presos políticos tras las rejas y las graves penurias económicas de la población.
En la sección en polémica centró su atención en el fuerte debate surgido en plataformas digitales tras la difusión de una fotografía de María Corina Machado junto a Lilian Tintori en el marco del Oslo Freedom Forum, un evento de derechos humanos vinculado a Leopoldo López. En este marco, se defiende la legitimidad de las críticas ciudadanas argumentando que el electorado venezolano no olvida el historial de engaños asociados a Tintori. Asimismo, diferenció que no es igual una foto tomada entre 2013 y 2015 cuando López estaba encarcelado, a capturar una imagen actual en 2026, luego de los escándalos de corrupción en Monómeros y el cuestionado desempeño del gobierno interino.
Avanzando en la agenda, el segmento desmantelando a la izquierda se enfocó de manera prioritaria en la situación de los presos políticos en Venezuela. Se reportó detalladamente la manifestación ocurrida el pasado 5 de junio, donde familiares de mujeres encarceladas por motivos políticos protestaron públicamente para exigir su inmediata liberación. Durante la protesta, se denunciaron condiciones infrahumanas y una ausencia total de cuidados médicos básicos para la salud femenina, reportando dolores abdominales severos sin asistencia y la prohibición de insumos elementales para la higiene menstrual. De igual manera, se enfatizó la gravedad de los abusos físicos, psicológicos y las violaciones sexuales perpetradas contra las detenidas. Ante este panorama, los allegados acudieron a la Embajada de EE. UU. en Venezuela para solicitar una intermediación directa ante las autoridades, criticando que los procesos de amnistía ejecutados hasta el momento han sido incompletos, selectivos y con cifras de liberación que jamás alcanzan los compromisos pactados.
Finalmente, el bloque de el corrupto en la mira señaló de forma directa a Diosdado Cabello, reafirmando que sobre él pesan severas acusaciones internacionales de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias, además de una recompensa vigente de USD$ 25 millones emitida por la justicia estadounidense. Asimismo, se subraya una preocupación por su cuota de poder en Venezuela, a pesar de su prontuario criminal, y se destaca que no existe ninguna posibilidad de transición democrática real mientras dicho delincuente continúe ejerciendo control dentro de las estructuras del Estado.
Al cierre del análisis, Hernández apuntó que la constante rotación de Cabello y Nicolás Maduro por múltiples cargos públicos —como vicepresidencias, ministerios y la presidencia de la Asamblea Nacional— evidencia el carácter hermético del sistema chavista y la absoluta carencia de una generación de relevo con liderazgo real, comparando la situación actual con el modelo de la tiranía cubana. Se advierte, por lo tanto, sobre el grave peligro de aceptar transiciones falsas como el histórico «chamorrazo» de Nicaragua, insistiendo en que el régimen debe ser neutralizado por completo para evitar un retorno con mayor fuerza represiva en el futuro.
Caracas. – Las operaciones militares aéreas y terrestres que el narcorégimen chavista interino lleva a cabo en Las Claritas y el Kilómetro 88, poblaciones mineras al sur del estado Bolívar, continuaron este miércoles con el despliegue de un mayor número de efectivos en esas zonas.
Durante la tarde de este miércoles, se observó una intensa movilización de vehículos y efectivos militares con dirección al sur de ese estado, como parte de la continuidad de los operativos especiales ejecutados en las poblaciones mineras de esa entidad.
Habitantes de la zona dijeron a distintos medios, que la operación militar, que incluyó detonaciones y lo que parecían ser disparos, se ha concentrado en las áreas del antiguo proyecto Las Cristinas, impulsado por la transnacional Crystallex hasta su suspensión por parte del fallecido Hugo Chávez en 2008.
También, fuentes que prefirieron mantener sus nombres bajo reserva, aseveraron que las acciones militares se están realizando en las zonas donde “están las betas de oro y donde se van a implementar los proyectos auríferos de los inversionistas».
Asimismo, advirtieron que la situación ha generado incertidumbre entre los habitantes, comunidades indígenas y sindicatos que residen en el sur de Venezuela.
Entre los datos que se manejan en torno al mega operativo, se indica que este es coordinado y ejecutado por comisiones de organismos militares y de inteligencia provenientes, en su mayoría, de Caracas.
Igualmente, se dice que el objetivo estratégico es dar con el paradero de los principales cabecillas de la banda delictiva (conocida en la región como “sindicato”) que opera en el sector, entre ellos a los delincuentes alias Juancho, Petrica y Humbertico. Asimismo, las autoridades buscan a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.
Desde este pasado martes, las autoridades del municipio Caroní restringieron la salida de unidades de transporte público hacia el sur de la región. Pero, en Santa Elena de Uairén si reactivaron este martes, el traslado de pasajeros desde el terminal terrestre.
También se han producido protestas este miércoles, cuando habitantes de Las Claritas cerraron la entrada del pueblo (Troncal 10) para exigir el cese del operativo, atropellos y violación de DD. HH.
Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado ni ofrecido un balance sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos, y desde el martes corre el “rumor” de tres fallecidos, entre ellos el líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. No obstante, aún no hay confirmación oficial al respecto.
#URGENTE | Reportan un despliegue masivo de vehículos y efectivos militares hacia el sur del estado Bolívar, en medio de nuevos operativos en zonas mineras de la región.
El objetivo sería desalojar campamentos de minería ilegal y capturar a presuntos integrantes de grupos… pic.twitter.com/CBG2USk08B
Caracas. – Ephraín Verdú Torrelles, coronel de la GNB chavista implicado en el asesinato de la joven estudiante Geraldine Moreno durante las protestas en 2014, se niega a ser extraditado desde España hacia Argentina, donde la justicia lo reclama para que enfrente su causa por este crimen de lesa humanidad.
En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina. Durante el acto judicial, el militar chavista fue notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, que solicitan su extradición por su presunta implicación en el citado homicidio.
“Durante este acto judicial sin precedentes, el exoficial es notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, instancia que solicita su extradición por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad”, informó la organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.
Ahora el caso pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que convocará una audiencia para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España.La solicitud de extradición fue emitida por tribunales argentinos en febrero de 2024, tras confirmar que Verdú se encontraba en territorio español.
El proceso es parte de una causa penal emprendida en el año 2023 por la Justicia argentina en contra del gobierno de Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Las denuncias tomadas en cuenta para este caso fueron recogidas por el Foro Argentino de Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación Clooney para la Justicia.
El coronel retirado en uno de los acusados por el asesinato de la estudiante Geraldín Moreno, ocurrido en febrero de 2014 en Naguanagua, estado Carabobo, a manos de varios efectivos de la Guardia Nacional mientras participaba en una manifestación. Entonces, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial por las protestas.
Caracas. – La concentración de efectivos especializados en operaciones especiales de la FANB, previstas para este martes y el próximo miércoles, podría estar relacionado con un posible contacto que las FANB bajo el interinato chavista, estarían pensando hacer con el Comando Sur y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, de acuerdo con las últimas informaciones manejadas por la periodista Maibort Petit.
La investigadora fue quien este pasado domingo alertó a través de sus redes sociales, sobre la difusión de un comunicado en la GNB —pero que al parecer se extiende al resto de los componentes militares— el cual exige reunir a los oficiales y tropas especializadas en acciones de comando, en la sede del CEOFANB.
Se trata de una orden inusual y la cual fue enviada con directrices específicas, prohibiéndoles a los efectivos a quienes se les hizo el llamado a trasladarse en horas nocturnas, mientras que a los oficiales se les pidió monitorear que la tropa seleccionada cumpliera la orden.
En una nueva publicación realizada este martes, Petit indica, que hasta los momentos se ha podido verificar que se ordenó a ese personal presentarse, a partir de las 4 pm en el CEOFANB, y se presume que será para «una concentración conjunta con las unidades de operaciones especiales de los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional».
No obstante, Petit indica también, que están por confirmarse el objetivo del encuentro, a lo cual una fuente extraoficial, que proviene de «un oficial retirado de fuerzas especiales», le indica que la naturaleza de este tipo de movimientos podría estar relacionada, con algún contacto que piensan hacer con fuerzas estadounidenses.
«(..) Manejan la hipótesis de que la concentración del miércoles en el CEOFANB tendría como objetivo establecer algún tipo de contacto o coordinación con el Comando Sur y sus fuerzas especiales. Esta información se mantiene bajo estricta reserva y en desarrollo», indica la periodista en su mensaje.
Finalmente, aporta un dato para comprender la magnitud e importancia de la convocatoria que se lleva a cabo en estos momentos en las FANB chavistas: «Para entender la magnitud: el Grupo de Acciones de Comando (GAC), ubicado en Macarao, es la unidad de operaciones especiales de la GNB. Se trata de la fuerza militar comando mejor entrenada, cohesionada y equipada de todo este componente», indicó.
🚨 ¡ATENCIÓN! | Movimientos de Operaciones Especiales en la FANB: Esto es lo que se sabe🚨 Se reportan movimientos de alto nivel dentro de los componentes militares en las últimas horas. Aquí el desglose de lo confirmado y lo que está por verificarse: 📌 LO CONFIRMADO: La… pic.twitter.com/ZLLL4nJyC9
Caracas. – De manera desafiante, el jerarca chavista y solicitado por narcotráfico en EE. UU., Diosdado Cabello, negó este lunes que se esté llevando una negociación con la «oposición» venezolana, y “menos” con la dirigente política y Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Durante la rueda de prensa semanal de la tolda oficialista, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello desestimó de forma tajante y altanera, la propuesta realizada por Machado y Edmundo González Urrutia, quienes solicitaron, en sendos mensajes, un proceso «serio, firme y responsable» con el acompañamiento de EE. UU.
Las negativas desafiantes de Cabello surgen como respuesta a las recientes exigencias de la ganadora del Nobel de la Paz 2025, que insistió en fungir como la interlocutora en un diálogo que conduzca a elecciones presidenciales en el país.
“Son camiones y camiones de paja. Ellos llegan, se montan su propio cuento: que se reunieron, que hubo encuentros. Pura paja. Eso no es grosería, son gramíneas. Es su imaginación trabajando”, dijo durante la rueda de prensa.
«No está planteado nada, y con ella menos», dijo, y agregó en tono amenazante: «No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo con ningún personaje parecido. Ellos no están en condiciones de poner condiciones en este país».
Igualmente, insistió que no se ha celebrado “ninguna reunión en ningún país” entre la encargada del narcochavismo interino, Delcy Rodríguez, y figuras cercanas a Machado: “Ellos se hacen su historia, se la cuentan y comienzan a repetirla”, acotó.
Caracas. – La sede de la Asociación de Vecinos El Llanito, en el estado Miranda, fue objeto de una invasión ilegal el pasado sábado por personas vinculadas a comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del narcochavismo.
La denuncia fue realizada por el periodista y exrehén político, Carlos Julio Rojas, quien alertó en sus redes sociales que se trató, de la toma ilegal de una propiedad privada situada en el citado sector adyacente a la parroquia Petare.
Según Rojas, Vecinos de la zona de El Llanito rechazaron de inmediato la acción y expresaron su temor ante lo que consideran el inicio de una nueva oleada de invasiones en la Gran Caracas.
“¡Muy grave! Miembros de comunas vinculados al Psuv invaden sede de la Asociación de Vecinos El Llanito, la cual es propiedad privada. Vecinos de El Llanito, municipio Sucre, rechazan esta acción y expresan su terror ante el inicio de una nueva oleada de invasiones en la gran Caracas”, alertó Rojas en una publicación donde adjunto una grabación al momento del ingreso arbitrario.
Ante los temores a causa de esta acción ilegítima y arbitraria, los vecinos solicitaron la actuación de las autoridades municipales y policiales para atender la situación. El incidente ha generado indignación entre los habitantes del sector y reactiva las denuncias sobre ocupaciones arbitrarias de propiedades privadas.
En días previos, la Asociación de Vecinos El Llanito ya había denunciado “el hostigamiento del que estamos siendo víctima por parte de grupos que, actuando al margen de la ley y avalados por autoridades locales, pretenden adueñarse de nuestra sede”.
Caracas. – Marshall Billingslea, exsubsecretario de Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de EE. UU., afirmó este viernes que el jerarca chavista Diosdado Cabello será «capturado muy pronto» por el país norteamericano.
Así lo manifestó durante una reciente participación en el podcast de Donald Trump Jr., hijo del presidente de EE. UU., en la cual intensificó sus críticas contra el narcorégimen chavista, que ahora controla Delcy Rodríguez.
En su intervención abordó el escenario político actual, la situación de Rodríguez frente al narcointerinato, y el futuro de Diosdado Cabello, sobre quien aún pesa una recompensa por su captura, emitida por la justicia estadounidense.
Billingslea abordó específicamente el rol de Diosdado Cabello en la estructura de poder de Venezuela. El exfuncionario estadounidense subrayó la urgencia de avanzar en las acciones legales correspondientes contra este dirigente del narcochavismo.
Afirmó que Cabello permanece en Venezuela y agregó una frase que no pasó desapercibida: “Diosdado sigue en Venezuela. Esperemos poder capturarlo pronto”.
Sus palabras reflejaron la creciente presión que ejerce el ala republicana, sobre los sectores que Washington identifica como responsables de actividades ilícitas y violaciones a la institucionalidad democrática.
No es la primera vez que Billingslea se pronuncia sobre Diosdado Cabello. En ocasiones anteriores ha realizado declaraciones relacionadas con la posibilidad de que enfrente acciones judiciales y ha mantenido una postura firme frente a las principales figuras del chavismo.
La conversación con Donald Trump Jr. también tocó temas transversales, como la cooperación internacional y las operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Billingslea ha mantenido una postura firme respecto a las redes que vinculan al régimen con el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.
Según el exsubsecretario, la inteligencia estadounidense continúa recopilando información crítica que vincula a diversas figuras del oficialismo con esquemas de corrupción a gran escala, los cuales habrían desviado recursos destinados originalmente al bienestar del pueblo venezolano hacia cuentas en jurisdicciones extranjeras, incluyendo Rusia.
A juicio de varios analistas que opinaron en redes sobre esta entrevista, mientras que el interinato de Rodríguez intenta consolidar su control interno y desestimar las acusaciones, las declaraciones de figuras clave como Billingslea sugieren que Washington mantendrá una postura de «cero tolerancia» frente a los jerarcas chavistas señalados por la justicia estadounidense, como es, justamente, el caso de Cabello.
Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que, con el fallecimiento de un preso en un penal del estado Zulia, el número de reos muertos bajo custodia del narcoestado chavista asciende ya a 19.
La cifra comprende desde el pasado mes de abril y principios de junio de este año y alertó que la cifra evidencia una severa crisis sanitaria y humanitaria en las cárceles, donde los reclusos fallecen en muchos casos por falta de atención médica oportuna.
El último caso corresponde a un preso en el Centro de Formación del Hombre Nuevo «Doctor Francisco Delgado», llamada anteriormente El Marite, ubicada en Zulia. La víctima fue identificada como Alberto Rafael Solarte Cabrera.
“La muerte de Cabrera vuelve a encender las alarmas sobre la salud de la población reclusa. En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado”, aseguró el OVP en una publicación en X.
Desde abril, se han documentado fallecimientos en centros como Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.
La ONG destacó que el «Estado» tiene la obligación de proporcionar protección, atención médica y condiciones de vida compatibles. Además, recordó que las Reglas Mandela establecen que la prestación de servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado y que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido a atención médica en casos urgentes.
Caracas. – Los abogados que representan a los acusados por el caso PDVSA-Cripto se pronunciaron este viernes, denunciando que el caso está marcado por una serie de irregularidades, exigir respeto al debido a proceso, y pedir que el juicio sea hecho público.
El grupo de representantes legales ofreció una rueda de prensa en las inmediaciones del Palacio de Justicia, para exponer ante los medios las exigencias que piden para la continuación del proceso legal, como exigir el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».
Los defensores, que suman más de 48 abogados privados juramentados para representar a alrededor de 60-64 imputados, rechazaron de manera unánime la posibilidad de continuar el juicio de forma telemática.
Entre los imputados figuran banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. El más connotado hasta los momentos es Tareck El Aissami, quien llegó a ser vicepresidente y ministro de petróleo dentro del narcorégimen chavista.
“Exigimos la presencia física de los acusados en la sala. No aceptamos un juicio virtual que viola las garantías constitucionales”, señalaron durante la atención a los medios.
Los abogados también exigieron que la jueza Alejandra Romero Castillo (Tribunal 3° de Juicio) se pronuncie sobre estas denuncias y garantice condiciones dignas para los imputados, entre los que se encuentran El Aissami, Hugbel Roa, Joselit Ramírez, Simón Zerpa y otros exfuncionarios.
De acuerdo con familiares y defensores, el juicio ha estado marcado por demoras procesales, restricciones a la defensa, obstáculos para acceder al expediente y limitaciones al principio de publicidad judicial.
Este proceso judicial se lleva a cabo sin ninguna información pública por parte del Ministerio Público (MP) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de los graves cargos que enfrentan los acusados, y las consecuencias que podrían acarrear las sentencias que les sean aplicadas.
No obstante, uno de los defensores durante la rueda de prensa dijo que “este no es un juicio, es una simulación con graves vicios de nulidad”.
Cabe señalar que el caso PDVSA-Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, involucra presuntos desfalcos millonarios a través de operaciones con criptoactivos.
Aunque inicialmente se señalaron cifras superiores a los USD$ 23.000 millones, la cifra oficial de la Fiscalía estima el daño en USD$ 5.551 millones. Pese a esto, estimaciones independientes sugieren que el daño patrimonial real podría superar los USD$ 16.900 millones.
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