El informe de la Corte Penal Internacional afirma que en Venezuela sí se cometieron crímenes de lesa humanidad (los cuales no prescriben) bajo la tiranía de Nicolás Maduro y aseguran que deben ser investigados.
La solicitud presentada por Tarek William Saab, que buscaba retrasar el proceso judicial, aunque fue desestimada, podrá presentar sus pruebas hasta el próximo 21 de julio
Caracas. – La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), desestimó este lunes la impugnación realizada por la narcotiranía, sobre las acusaciones que se le siguen por delitos de lesa humanidad, al tiempo que le dio a la Fiscalía de la CPI, plazo tope hasta el próximo 23 de julio, para presentar su decisión, en cuanto a investigar o no los delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela.
La decisión fue dada a conocer por la CPI en un comunicado difundido por la web, en la cual explica que tras haber analizado las pruebas presentadas por la fiscalía en manos de Tarek William Saab, decidió desestimar el recurso solicitado por este ente, el cual buscaba impugnar y retrasar el proceso que se le sigue al narco régimen de Maduro.
No obstante, la sala otorgó un chance a Saab, de presentar las pruebas que demostrarían el nuevo giro tomado supuestamente por el sistema judicial de la narcotiranía, hasta el 21 de julio.
Dos días después, vendrá la respuesta del nuevo fiscal Karim Khan, quien develará la posición adoptada por el despacho que dirige acerca del examen preliminar, paso en el cual se elige si continuar o no las averiguaciones.
En todo caso, la intención de Saab, en cuanto a retrasar el proceso y de impedir el pronunciamiento de Kan, fue rechazada.
El mecanismo iniciado por la CPI continuará su desarrollo, y aunque la fiscalía de Saab envié pruebas el 21 de julio, habrá una respuesta el 23 la cual podría ser definitiva.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional dirigida por Fatou Bensouda, emitió un informe en el cual asegura que de manera deliberada los organismos de seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad desde, por lo menos, el año 2017.
En el informe se destaca el uso de torturas, la privación ilegal de libertad, violación y otros crímenes cometidos por civiles y organismos de seguridad del estado. Se señala de manera directa a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
También se menciona a los colectivos como promotores de estos crímenes, y se les coloca bajo la categoría de “civiles” afectos al régimen de Nicolás Maduro.
Esta decisión por parte de la CPI se esperaba debido a las innumerables pruebas y denuncias que se han hecho en contra de la tiranía venezolana. Indudablemente, esta decisión limita aún más la movilidad de los miembros del régimen venezolano a nivel internacional y es un paso extra en la batalla a nivel global que se debe realizar en su contra.
