Iusreologismo o derecho reológico: ¿Por qué no soy iusnaturalista, ni iuspositivista?

Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, lo demás no importa.

“(…) En este marco es que se erige el iusreologismo, como un sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de esa cosa que llamamos “Derecho”, y que en última instancia es una teoría crítica y dinámica del Derecho que, groso modo, postula que la realidad jurídica (…) es la integración evolutiva constante de tres dimensiones fundamentales: lo fáctico, (…) lo axiológico (…) y lo normativo. Además, el rasgo distintivo que se concibe es la Historicidad (…) como el marco estructural —u horizonte de sentido— que envuelve y media la convergencia dialéctica de las tres dimensiones.”

Roymer A. Rivas B.

En el presente texto pretendo dilucidar los errores y/o los límites de una de las creencias que prácticamente sostiene toda la estructura filosófica de lo que hoy es el libertarismo, en sus diferentes vertientes —se entiende que hay matices allí, pero a efectos prácticos se tomaran todos los diversos matices que separan entre sí a quienes se identifican en mayor o menor medida con la corriente libertaria y se tratarán como si fueran una misma cosa o línea de pensamiento—. El punto central a tratar es el iusnaturalismo, que supone la existencia de derechos trascendentes y anteriores a los que emite algún órgano director —Estado—. En adición, dado que la crítica común de mis queridos detractores liberales dogmáticos es la de señalarme una supuesta adherencia al iuspositivismo, entendido como el rechazo al vinculo que existe entra la moral y la norma, siendo ésta normalmente la que emite un poder centralizado para enmarcar la conducta humana en la cosmovisión de quienes emiten dichas leyes, independientemente de si son reprochables o no, me veo en la necesidad de ir contra dicha concepción, también.

Si bien, aclaro que esto es un manifiesto, por lo que no pretende ser un texto exhaustivo o riguroso. Entiendo perfectamente que el tema amerita dicha rigurosidad, pero eso requiere una extensión innecesaria para el fin que me propongo ahora, contando, además, de que el tema es apenas un inciso —profundo y extenso— en toda la estructura de lo que nosotros llamamos Creativismo Filosófico —destacando Ilxon Rojas, más que yo, al momento de tratar éstos temas en concreto—. Trabajamos en ello, y con el tiempo van a ir saliendo textos —han salido algunos, de hecho, aunque no de forma sistemática ni estructurada, y éste texto puede contar como uno más de ese conjunto—. Ergo, me reservaré citas —que comúnmente abundan en mis ensayos—. Pero, ¿Cuál es el fin? Pues, uno muy simple: cambiar las reglas del juego cuando se debaten temas de libertad, optimizando su defensa y, con ello, blindando de críticas que comúnmente —y correctamente, en buena medida— se le hacen cuando toca hablar de temas del Derecho, con D mayúscula, es decir, de Filosofía del Derecho, que es la base de comprensión de esas pautas que terminan por enmarcar la conducta humana. Siendo más específico, dejar sin argumentos a quienes pretenden encasillarme en doctrinas que mutilan la realidad, de las la gran mayoría, por no decir todos, son seguidores, para obligarlos a tratar las premisas con las que defiendo mi postura con razonamientos adecuados.

¿Significa lo anterior que yo no estoy equivocado? En lo absoluto. Puedo estarlo. Pero, en definitiva, los argumentos con los que pretender demostrar que lo estoy son absurdos que sólo reafirman mi posición. No somos nosotros los que tienen que demostrar que ustedes yerran, porque para eso no se necesita mucho rigor, más bien son ustedes los que han de demostrar que todo el entramado filosófico que groso modo trataré aquí está equivocado. Con total respeto, aunque esto constituye una declaración de guerra filosófica, yo los desafío a ello.

El iusnaturalismo y los liberales

Difícilmente encuentre un liberal que no fundamente su defensa de la libertad en los —supuestos— “derechos naturales”. La tradición desde Platón y Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, la escuela de Salamanca, la ilustración, la modernidad, y llegando hasta Juan Ramón Rallo, con sus diferentes matices, es que existen derechos inherentes en el ser humano, llegando algunos incluso a afirmar que hacen ser al humano lo que es: es decir, que el humano es humano en tanto y en cuanto tiene derechos intrínsecos. Esto se traduce en una mezcla entre el concepto de Derecho con la misma naturaleza humana.

Un inciso importante que se debe hacer es que, si bien es cierto que en el pasado se concebían los derechos naturales como unos concebidos por alguna divinidad, desde la llegada de Rothbard y su ética para la libertad, yendo en paralelo con Rand y su moral objetiva, y encontrando su más fuerte defensa en la ética de la argumentación de Hoppe, muchos han dado un giro para defender los derechos naturales como unos aprehendidos de alguna manera por la razón. Todo ello en contraposición del iuspositivismo, que es el enemigo natural de los liberales, en cuanto tienden a defender las normas del poder centralizado, y el liberalismo se opone a dicho poder[1].

En otras palabras, los liberales se apegan a una tradición que sostiene que las leyes no son creadas por ningún gobierno o autoridad, sino que derivan de la misma naturaleza humana y la razón, siendo, a priori: (i) universales, porque pertenecen a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar; (ii) inalienables, porque no pueden ser transferidos, vendidos[2] o arrebatados legítimamente; y (iii) anteriores y superiores al derecho positivo. ¿Cuáles son éstos derechos? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad —o a la vida, libertad y felicidad, dependiendo de a quien le pregunte, porque la propiedad tiende a verse como algo indisociable de la libertad, o incluso lo que hace posible todas las demás… tome el que más le guste, me es indiferente, porque todos están equivocados—.

Naturalmente, todo ello funge como un presupuesto filosófico para la doctrina del Estado limitado y la soberanía del individuo —e incluso otra aberración más como el constitucionalismo liberal, que de liberal tiene lo que yo tengo de astronauta, independientemente de su origen—. La existencia de derechos inalienables significa que el poder del Estado[3] no es absoluto y que éste sólo debe estar sometido a la defensa de los mismos, dando cuentas, además, a los individuos, a quienes no debe violentar su esfera privada. Si algún Estado incumple su misión fundamental de proteger los derechos naturales, o peor aún, los viola —que, a juicio de los anarquistas, es siempre—, los ciudadanos tienen derecho a desobedecer y, en última instancia, derrocarlos.

El iuspositivismo y los liberales

Partiendo de esta concepción, se entiende que los enemigos naturales sean los iuspositivistas, dado que defienden un sistema de normas jurídicas escritas y promulgadas que han sido —a su juicio— cálidamente creadas por una autoridad competente —parlamento, monarca, cuerpo judicial— dentro de una comunidad política —principalmente el Estado—. A diferencia del derecho natural, que se enfoca en leyes universales, el derecho positivo pretende ser: (i) fáctico y vigente, porque existe y tiene validez aquí y ahora, independientemente de si es considerado moralmente justo o injusto; e (ii) histórico y variable, porque su contenido cambia según el lugar, la época y las decisiones de la autoridad creadora. Si bien, señalo que “pretende serlo” porque, en realidad, con todos sus procedimientos formales —establecidos por el propio sistema— termina por cargarse con toda la historicidad y los hechos, bien entendidos, que hacen ser al Derecho lo que es.

Hacia un concepto de Derecho con sentido: tridimensionalismo jurídico crítico

No obstante, ambas tradiciones yerran al momento de abordar esa realidad que llamamos Derecho, por cuanto la reducen a los respectivos elementos que cada uno pretende analizar y vender como si fuera el absoluto del Derecho. A la luz de estos errores, llega el tridimensionalismo jurídico crítico —que no es, valga la redundancia, el tridimensionalismo jurídico tradicional sostenido en Miguel Reale y Carlos Fernandez Sessarego, un poco más en el primero que en el segundo, aunque ambos, evidentemente, son influencias directas—. Si bien, a mi me gusta más llamarlo: Derecho reológico[4], por lo cual sería un iusreologismo —o Realismo Jurídico Reológico[5]—.

Básicamente, lo que llegamos a decir es que el Derecho tiene tres dimensiones: lo factico —hechos, y que, en el caso de Sessarego, habla de “Vida”—, lo axiológico —valores—, y lo normativo —ley formal, lógica, racionalizada, expresado en lenguaje y plasmado en códigos—. En este sentido, se rescata el tridimensionalismo jurídico tradicional, pero nos distanciamos de ello por cuanto, unos u otros, priman la norma o la vida por sobre las demás dimensiones —como si acaso pudiesen desvincularse la una de la otra, o estructurarse jerárquicamente—, o incluso parten de un concepto de la naturaleza humana y la libertad bastante viciada. No conforme con estas distancias, a estás tres dimensiones en conjunto se les enmarca en la historicidad —evolución en el tiempo de la institución—, que es donde surgen los horizontes de sentido del Derecho —y, por consiguiente, de la comprensión humana sobre el tema—.

¿De qué trata cada dimensión y su respectivo marco? El hecho refiere a que el Derecho es un fenómeno histótico-cultural que ocurre en un tiempo y lugar determinado, es decir, se despliega en la interacción de la comunidad; el valor trata de los significados de las estimaciones que hacen los miembros de la comunidad a los hechos concretos en donde se desenvuelven —su entorno, interno y externo—, y tiene que ver con la moral; y lo normativo alude a la formalización de las leyes que surjan de lo anterior y que muchas veces es necesario expresar con palabras para tratar temas concretos —y es lo que da paso a la coacción legítima—. La historicidad media cada una de las dimensiones porque, a priori, sólo la interacción humana en el tiempo es lo que hace converger las dimensiones y las introduce en el campo del sentido para el ser humano, aprehendiéndolas por ensayo y error, moldeando su conducta. Es una dinámica evolutiva donde lo fáctivo se consolida y presiona para convertirse en norma —no siempre consiguiéndolo, y tampoco es necesario que siempre lo consiga—, lo axiológico inspira y orienta la creación de la norma, y ésta llega para probar en la realidad si es eficiente y/o justa para solucionar problemas concretos que surjan en la convivencia, con el objeto de mantener la confianza en las interacciones humanas.

Los errores del iusnaturalismo y el iuspositivismo

La constatación, aplicación, observancia y efectividad real del Derecho sólo llega en la conjunción de sus tres dimensiones. El iusnaturalismo falla al sobrevalorar la dimensión axiológica a expensas de las dimensiones fácticas y normativas, las cuales subordina a la primera. Por si fuera poco, siquiera parte de una comprensión cabal de los valores, porque para ellos es algo estático, aprehensible por la razón, y no algo dinámico que se debe a la misma naturaleza de las relaciones humanas, donde prima la relatividad de los valores —no en el sentido de escepticismo extremo, sino uno contextual y evolutivo que está mediado siempre por la intersubjetividad, que es, de facto, la característica prima facie de la dimensión axiológica—. Claro, esto la sumerge en dificultades para traducir de forma unívoca tales derechos en normas, porque desprecia la certeza jurídica en absoluto —ni el mismo Hayek, siendo, a mi juicio, el pensador más grande de la Escuela Austriaca hasta el momento, estaba de acuerdo con ello—. Adicionalmente, ignora que el Derecho tiene vigencia y efectividad en el mundo real —no metafísicas absurdas, sino una responsable científicamente— para ser considerado como tal: Derecho.

Asimismo, el iuspositivismo falla al relegar la dimensión fáctica al campo de la política, enfocándose sólo en la validez formal —norma—, sin reparar, aunque diga hacerlo, en los hechos que hacen posible y empujan a la creación de la norma, sostenida en la acción humana, mediada siempre por valores. Aunque se pueden rescatar ciertas cosas puntuales del iuspositivismo, en lo que compete a la norma, cometen el error garrafal de reducirlo a ello.

El iusreologismo: el sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de la cosa Derecho

En este marco es que se erige el iusreologismo, como un sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de esa cosa que llamamos “Derecho”, y que en última instancia es una teoría crítica y dinámica del Derecho que, groso modo, postula que la realidad jurídica no puede ser reducida a una única dimensión —ni axiológica, ni normativa—, sino que es la integración evolutiva constante de tres dimensiones fundamentales: lo fáctico —el hecho histórico-cultural y la interacción comunitaria—, lo axiológico —los valores y las estimaciones morales relativas y dinámicas de la comunidad— y lo normativo —la ley formal, lógica, racionalizada y codificada—. Además, el rasgo distintivo que se concibe es la Historicidad —evolución en el tiempo de la institución, el ensayo y error— no como una dimensión adicional, sino como el marco estructural —u horizonte de sentido— que envuelve y media la convergencia dialéctica de las tres dimensiones. Esto es: el proceso de tensión, conflicto y superación constante en la interacción de lo fáctico, lo axiológico y lo normativo hace ser, y al mismo tiempo impulsa su evolución, a un sistema con identidad propia que llamamos “Derecho” —las tres dimensiones y su marco no son una suma o yuxtaposición de partes, sino un todo—. En este marco, el Derecho se entiende como un sistema en flujo permanente cuya finalidad es moldear la conducta humana y mantener la confianza en las interacciones mediante un proceso de prueba y ajuste.

Un verdadero estudio del Derecho debe partir de la integración evolutiva de la norma, el hecho y el valor a lo largo del tiempo, porque el Derecho no es una realidad unidimensional, como lo pintan desde el iusnaturalismo y el iuspositivismo, sino que es multidimensional. Y sólo comprendiendo bien la naturaleza humana —sistema humano— y la naturaleza de la sociedad —sistema sociedad— es que se pueden abarcar estos temas cabalmente —o al menos hasta el cenit de lo que nos permite el conocimiento hoy—.

¿Quieren textos para, en mayor o menor medida, comprender el asunto? Por ahora, hasta que se publiquen los tratados del Creativismo Filosófico, en sus diferentes vertientes, pueden aproximarse leyendo lo siguiente:

  1. Lean sobre el tridimensionalismo jurídico: Carlos Reale y Carlos Fernández Sessarego —o sus estudiosos, pero ellos son la base—.
  2. Lean la teoría egológica del Derecho: Carlos Cossio, en donde se presenta el Derecho como “conducta en interferencia intersubjetiva”, siendo, no la norma, sino la conducta humana el objeto de estudio del derecho —algo que comparte con el tridimensionalismo jurídico tradicional, al menos por el lado de Sessarego—.
  3. Lean a los libertarios Bruce Benson —justicia sin estado— y Bruno Leoni.
  4. Lean a Hayek, los procesos espontáneos y su obra magna sobre el asunto aplicado al Derecho: Legislación y libertad. Y léanla bien —estúdienla—.
  5. Lean a César Martínez Meseguer y la teoría evolutiva de las instituciones sociales, que trasciende a Hayek sobre el tema, especialmente el método de estudio para abordar el estudio de las instituciones a lo largo del tiempo.
  6. Conversen con Ilxon Rojas, o, en su defecto, conmigo.
  7. Pero, sobre todo, pongan en tela de juicio sus dogmas. La ciencia y la defensa de la libertad nunca han avanzado con dogmas, más bien todo lo contrario. Y hoy el liberal, lamentablemente, se ha quedado rezagado con teorías de los siglos XVIII, XIX y XX que, aunque fueron funcionales en el momento, y se avanzó con el conocimiento que se tenía, en definitiva, no sirven para abordar los asuntos que competen a la libertad con rigurosidad. Empero, se necesita humildad intelectual para hacer todo ello.

[1] Un simple inciso que no compete al tema: aquí hablamos de poder político concentrado, pero también cabe el económico.

[2] Yo quisiera ver cómo van a evitar esos liberales que yo me entregue a la esclavitud de forma voluntaria, sin apelar a la coacción y sin intentar minusválidar mi voluntad. Allí se les acaba todo el discurso moralista entorno a la voluntad y la libertad.

[3] Estado, no gobierno, porque no son lo mismo, aunque muchos liberales lo usen indistintamente. Al respecto, puede ver: Roymer Rivas. 2023. Sobre la confusión entre las ideas de “Estado” y “Gobierno”. Publicado en ContraPoder News. En: https://contrapodernews.com/sobre-la-confusion-entre-las-ideas-de-estado-y-gobierno/ (Cit. 27/11/2025).

[4] Apelando a la terminología de la herramienta “Reología filosófica” que desarrolla el grupo de “Filosofía fundamental”, encabezado por el profesor Sierra-Lechuga. Si bien, que lo tengamos de referencia no significa que adhiramos a absolutamente todos sus postulados.

[5] Que no es el Realismo jurídico norteamericano.

La economía de la paz: tener vecinos más ricos es una excelente noticia

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

“(…) la humanidad progresa más cuando tiende la mano que cuando aprieta el puño. La economía de la paz nos dice que el vecino próspero no es una amenaza, sino una oportunidad. Aceptar esa realidad podría ser la clave para un futuro más seguro, justo y verdaderamente libre de la amenaza de la guerra.”

Oriana Aranguren

En el capítulo 3 de la obra “Paz, amor y libertad”[1], titulado: “La economía de la paz: por qué tener vecinos más ricos es una muy buena noticia”, el economista Emmanuel Martin presenta una reflexión potente sobre la relación entre la prosperidad económica y la paz, cuestionando la noción intuitiva —pero errónea— de que en la sociedad los ganadores solo pueden existir a costa de perdedores.

¿Es inevitable el conflicto en un mundo de recursos limitados? ¿O puede la cooperación económica convertir la aparente suma cero en un juego de suma positiva para todos? Este ensayo analiza las ideas clave del capítulo —apoyado en las palabras del propio autor— y desarrolla nuevas perspectivas desde enfoques económicos, filosóficos, históricos y éticos. Veremos cómo la interdependencia económica puede fungir como fundamento de la paz, sin dejar de considerar matices contemporáneos y dilemas que surgen en el complejo escenario internacional actual.

Ganancia mutua vs el mito de la suma cero

Una de las premisas centrales que Emmanuel Martin desmonta es la creencia de que la riqueza de unos proviene necesariamente de la pobreza de otros. Según esta visión simplista —heredera del pensamiento mercantilista clásico— la economía sería un pastel de tamaño fijo donde, si alguien toma una porción mayor, los demás recibirán menos. En este sentido, describe cómo muchas personas aún creen que por cada beneficio hay una pérdida equivalente para otro, lo que implicaría que el progreso de unos implica forzosamente el empobrecimiento de otros[2]. No obstante, con una lógica aplastante, destaca que, si este fuera el caso, el conflicto sería un destino ineludible. En sus palabras: “Si ese fuera el único modelo posible de prosperidad, el conflicto social sería omnipresente, y la guerra sería inevitable”[3], porque, en un mundo así, la desconfianza y la rivalidad estarían justificadas; la prosperidad ajena sería vista con recelo, incluso con hostilidad, pues se asumiría que cada ganador conlleva un perdedor.

Afortunadamente la realidad económica desmiente esa fatalidad. Existen formas de prosperidad que no implican la pérdida de otros, y ello queda demostrado con la experiencia histórica, donde se observa un “ganar-ganar” en diversos ámbitos: la riqueza global se ha multiplicado y, aunque —señala el autor— persisten desigualdades[4], más personas que nunca viven mejor que sus antepasados[5]. Esto muestra que muchos han podido prosperar simultáneamente, sin condenar a otros a la miseria. De hecho, el progreso tecnológico y el aumento de la productividad han hecho posible romper el techo de la escasez, porque hoy la humanidad en su conjunto produce mucho más de lo que jamás produjo, permitiendo elevar el nivel de vida medio en casi todas las regiones del mundo. Entonces, lejos de ser un juego de suma cero, la economía moderna puede ser un juego de suma positiva donde todos ganan[6].

Este reconocimiento económico tiene un correlato ético importante, a saber: elimina la presunción de que la única manera de enriquecerse es explotando o despojando al prójimo. Si aceptamos que es posible crear riqueza nueva mediante el ingenio, el trabajo y el intercambio libre, entonces la guerra y el saqueo dejan de ser herramientas “necesarias” para prosperar y se revelan como lo que realmente son: tragedias costosas e inmorales[7]. En palabras del economista clásico Jean-Baptiste Say, citado por Martin, “La guerra cuesta a una nación más que lo que efectivamente gasta; le cuesta, además, todo lo que hubiera ganado de no haber habido guerra”[8]. Es decir, el costo de la guerra no se limita al gasto militar, sino que también abarca toda la riqueza que se deja de crear debido al conflicto, por lo cual es en sí misma un juego de suma negativa por excelencia, en el que todos pierden recursos y oportunidades[9].

Producción, intercambio y enriquecimiento recíproco

Para proponer una alternativa al sombrío paradigma de suma cero, Martin rescata la visión de Jean-Baptiste Say sobre la naturaleza productiva y cooperativa del ser humano. En una economía de intercambio, todos somos simultáneamente productores y consumidores[10]. Say definía producir como “otorgar valor a las cosas dándoles utilidad”[11], y subrayaba el papel crucial del emprendimiento en este proceso creador de riqueza[12], ya que cada nuevo producto o mejora en la eficiencia libera recursos y abarata bienes, lo que a su vez incrementa el poder adquisitivo de la sociedad en general[13]. Así, innovación y ahorro van de la mano: producir más con menos costo permite que los recursos ahorrados se destinen a satisfacer otras necesidades, generando un círculo virtuoso de crecimiento[14]. Incluso actos sencillos —como reorganizar un proceso para hacerlo más rápido, o acercar un producto de donde abunda a donde escasea— crean valor para otros y expanden la riqueza total.

Esta lógica conduce a la célebre Ley de los Mercados de Say, que Martin explica como el fundamento teórico del desarrollo económico autosostenido[15]. Simplificando, la idea de Say es que toda producción genera ingresos equivalentes que se pueden gastar en otros productos. Citando a Say, “es la producción la que abre la demanda de productos”, de modo que “los productos se intercambian por productos”[16]. En otras palabras, cada productor, al enriquecer a otros con lo que ofrece, los convierte en potenciales compradores de la producción de los demás, creando así una especie de “efecto bola de nieve”, en el que el crecimiento de un sector o nación se traduce en más demanda para otros sectores o naciones[17]. Martin lo expresa con meridiana claridad: “Me hago más rico proporcionando más utilidad a mi vecino, y mi vecino se hace más rico proporcionándome más utilidad”[18]. Cuando ambos somos más ricos, cada uno puede ahora comprar más del otro, cerrando un círculo virtuoso.

Este juego de suma positiva del intercambio voluntario constituye el núcleo de la “economía de la paz” a la que alude Martin. En contraste con la lógica depredadora, aquí el éxito ajeno es buenas noticias para uno mismo. Como resume el autor: “En los intercambios voluntarios, el hecho de que mis clientes sean más ricos es una buena noticia para mí. Si, por el contrario, se empobrecen, no es una buena noticia en absoluto, sino mala”[19]. Dicho de otro modo, queremos socios prósperos, no socios arruinados. Esta afirmación, que parece casi contradictoria bajo la lente del nacionalismo económico o de la envidia, es en realidad profundamente racional, porque, por ejemplo, un panadero prospera si sus clientes tienen ingresos para comprar pan, o un ingeniero encuentra más proyectos si las empresas de su entorno crecen y requieren sus servicios.

En suma, la prosperidad es contagiosa en una economía interconectada. Ya para 1750 Montesquieu había observado que “el efecto natural del comercio es conducir a la paz”, pues crea incentivos para la cooperación mutua y suaviza las costumbres violentas[20]. En la misma línea, Kant sostenía que “el espíritu de comercio, tarde o temprano, se apodera de todos los pueblos y no puede coexistir con la guerra”[21]. La lógica es sencilla: si el bienestar de otros me beneficia a mí, buscaré mantener con ellos relaciones pacíficas y fructíferas, en lugar de hostiles.

He de destacar —antes de cualquier tipo de acusación de ello— que esto no se trata de un idealismo ingenuo, sino de un realismo bastante claro. La historia económica moderna ofrece múltiples ejemplos de esta interdependencia benéfica. Por ejemplo: tras la Segunda Guerra Mundial, Europa encontró en la integración económica —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero primero, y luego la Unión Europea— un antídoto contra la guerra, pues, al entrelazar las economías de Francia, Alemania y otros países previamente rivales, hacer la guerra dejó de ser “rentable”. Y más recientemente se popularizó la “Teoría de los Arcos Dorados” de Thomas Friedman, según la cual ningún país con un McDonald’s entraría en guerra con otro, ya que alcanzar cierto nivel de desarrollo y clase media volvería a la población reticente al conflicto[22]. Si bien es cierto que la invasión rusa de Ucrania en 2022 —ambos países con abundantes cadenas de comida rápida— contradijo esa regla simplista, el mensaje inicial queda claro. Además, el caso de Ucrania y Rusia en sí mismo refuerza la tesis de Martin, puesto que el ataque bélico trajo enormes pérdidas económicas tanto para Rusia como para Ucrania y sus vecinos, demostrando que la guerra destruye riqueza para todos. Basta con preguntar, sugiere Martin, a un suizo de Zúrich o a un sueco de Estocolmo a qué atribuyen la prosperidad de sus sociedades, y probablemente responderán que “no se destruyeron en dos guerras mundiales”[23], porque fue la paz lo que permitió la inversión, la planificación de largo plazo y la colaboración, mientras que la guerra los empuja a la aniquilación. La paz, en suma, “es la primera condición” del mutuo “enriquecimiento económico” entre naciones[24].

La prosperidad del vecino como beneficio propio

Una de las contribuciones más valiosas del texto de Martin es trasladar estas ideas al plano internacional. Si dentro de un país entendemos que la prosperidad de una región beneficia al conjunto, ¿Por qué a menudo no aplicamos la misma lógica entre países? Martin, apoyándose de nuevo en las enseñanzas de Say, rompe la falsa división entre economías “agrícolas”, “manufactureras” o “comerciales” para enfatizar su complementariedad[25], porque el éxito de un sector se traduce en más mercado para los demás. Citando a Say, “la posición de una nación con respecto a sus vecinos es análoga a la relación de una de sus provincias con las restantes; a una parte le conviene que la otra prospere, con la seguridad de que se beneficiará de su opulencia”[26]. En otras palabras, tener vecinos ricos es una excelente noticia, del mismo modo que para una provincia interior lo es tener una ciudad próspera en las cercanías, o para el campo es ventajoso que florezca un mercado urbano que demande sus productos.

Esta perspectiva desmonta prejuicios muy arraigados en la política internacional, en donde, históricamente, las naciones han desconfiado del crecimiento ajeno, temiendo que la riqueza de un vecino se traduzca en poder militar o influencia a su costa. Sin embargo, la economía de la paz sugiere lo contrario: cuanto más integrado está un país en redes de comercio, inversión y producción con sus vecinos, más gana con su prosperidad y más pierde si éstos colapsan. Bien decía, o así se le atribuye, Frédéric Bastiat: “When goods do not cross borders, soldiers Will”, es decir, si las mercancías no cruzan las fronteras, los soldados lo harán[27].

Un ejemplo contemporáneo de ello es la estrecha interdependencia entre las economías de China y Estados Unidos. A pesar de sus rivalidades geopolíticas, ambos países son mercados cruciales el uno para el otro, y millones de empleos y empresas dependen de que el flujo comercial continúe. Cuando en años recientes surgieron confrontaciones comerciales —aranceles y represalias proteccionistas— quedó en evidencia que ambas partes sufrían pérdidas: exportadores agrícolas estadounidenses perdieron mercados, fabricantes chinos enfrentaron caídas de demanda, los consumidores de ambos lados pagaron precios más altos, confirmando así las palabras de Say y Bastiat, quienes comprendieron que cerrar las puertas al comercio siembra enemistad y miseria, mientras que abrirlas crea amistades de conveniencia que, con el tiempo, pueden convertirse en amistades genuinas cimentadas en la confianza.

Es importante señalar, no obstante, que la interdependencia económica no garantiza automáticamente la armonía política, ya que existen factores extraeconómicos —ideologías, cuestiones de seguridad, ambiciones de poder— que pueden empujar a los gobiernos a la confrontación, incluso a costa de arruinar negocios prósperos. El citado caso de la guerra en Ucrania demuestra que un gobierno dispuesto a asumir costos descomunales puede romper la paz a pesar de los lazos comerciales. Pero, como ya mencioné, incluso en estos casos extremos, la explicación de Martin encuentra una vindicación irónica: el altísimo precio económico que Rusia está pagando por la invasión —sanciones internacionales, colapso de importaciones clave, fuga de inversiones, destrucción de valor humano y físico— podría verse como la confirmación ex post facto de que la guerra empobrece a todos, incluso a los supuestos vencedores.

En contraste, los países que históricamente han privilegiado el comercio y la diplomacia por sobre la conquista han cosechado dividendos de paz. Un ejemplo claro es Japón, que, tras ser devastado en la segunda guerra mundial, renunció a la agresión militar y se enfocó en el comercio global, convirtiéndose así —en pocas décadas— en la segunda economía del mundo, sin disparar un bala. Asimismo, Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres a una potencia industrial gracias a que se adoptaron políticas de comercio internacional[28], mientras su contraparte aislada, Corea del Norte, permanece en la miseria y la beligerancia. Estos contrastes éticos e históricos refuerzan la tesis de que la riqueza fundada en el intercambio pacífico es más sostenible y humana que la fundada en la coerción.

El espejismo del proteccionismo y las causas del conflicto

Ahora bien, si la interdependencia económica es tan beneficiosa, ¿Por qué persisten políticas que la obstaculizan? Martin explora en su capítulo cómo las barreras comerciales y el proteccionismo suelen justificarse con la misma mentalidad de suma cero que alimenta los conflictos. La idea de fondo del proteccionismo es: “no necesitamos a los extranjeros, podemos producir todo puertas adentro; si compramos bienes de fuera, ‘ellos’ ganan y ‘nosotros’ perdemos”. Pero esta visión de la autosuficiencia total no solo es económica y tecnológicamente inviable en el mundo moderno, sino que además es autodestructiva. Say ya ridiculizaba esa postura con la siguiente analogía: imponer aranceles a las importaciones para estimular la producción interna es como “si, en la puerta de cada casa, se impusieran derechos de importación a los abrigos y calzados con el loable propósito de forzar a los residentes a fabricarlos por sí mismos”[29]. El proteccionismo, en el fondo, equivale a hacernos la guerra a nosotros mismos, porque encarece los productos, limita la variedad, frena la innovación y genera ineficiencias.

A nivel internacional, el proteccionismo históricamente ha sido origen de tensiones que a veces derivaron en guerras abiertas. Martin señala que la obsesión con la “balanza comercial” —es decir: exportar mucho, importar poco— es una “herencia destructiva del pensamiento mercantilista” que “ha sido la causa de demasiadas guerras”[30]. En efecto, en siglos pasados, las potencias coloniales libraron guerras por mercados y recursos, creyendo que debían asegurarse un excedente comercial a cualquier costo, bajo la errónea premisa de que la riqueza mundial era estática. Y las llamadas “guerras comerciales” actuales —disputas arancelarias, sanciones económicas, vetos tecnológicos—, aunque no implican enfrentamiento armado directo, minan las bases de la confianza internacional y pueden ser antesala de conflictos mayores.

Martin advierte que a menudo estas políticas proteccionistas se emprenden “para proteger los intereses de unos pocos, que son lo suficientemente astutos para que el público confunda sus intereses especiales con los intereses de toda la nación”[31]. Aquí reluce un aspecto ético y político crucial, a saber: el nacionalismo económico puede ser manipulado por élites o grupos de presión que presentan sus ganancias privadas como si fueran el bien común —por ejemplo: un sector industrial ineficiente puede clamar por aranceles “para salvar empleos nacionales”, cuando en realidad busca mantener sus privilegios a costa de encarecer los bienes para todos—. Este “saqueo mutuo” —como lo llamaría Bastiat— genera resentimientos entre naciones y suele desencadenar represalias, cerrando un círculo vicioso de empobrecimiento; en cambio, el libre comercio unilateral que proponía Say —abrir nuestros mercados sin exigir concesiones a cambio— refleja una ética de tratamiento igualitario a todos los pueblos como potenciales amigos. Say desconfiaba incluso de los tratados comerciales exclusivos, porque crear clubes privilegiados implica discriminar a terceros, y eso siembra animosidad[32]. Por tanto, su postura era radical para su época —y quizás también para la nuestra—: abogar por la libertad comercial con todas las naciones, por convicción moral y pragmática de que así se cimenta una paz duradera y se desarrolla un país.

Por si fuera poco, el capítulo de Martin ilustra vívidamente el choque entre estas ideas liberales y la realpolitik imperial de su tiempo mediante la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón, cuyo afán de conquista sumió a Europa en continuas guerras, fue un férreo adversario del libre comercio. De hecho, cuando Jean-Baptiste Say publicó su tratado de economía política en 1803 defendiendo el libre mercado, Napoleón, ya entonces cónsul vitalicio, exigió que modificara sus conclusiones para apoyar el proteccionismo y la intervención estatal. Sin embargo, y como es de esperarse, Say se negó a traicionar sus ideas y pagó un precio personal la ser expulsado del órgano legislativo — Tribunat— y censurado; incluso su próspera fábrica textil en las afueras de París fue arruinada en 1812 por las políticas prohibitivas del emperador[33]. En carne propia, Say, sus trabajadores y sus familias “experimentaron las consecuencias prácticas de las malas ideas”[34].

Este episodio histórico refleja cómo el afán de poder de los gobernantes puede imponerse sobre las ganancias mutuas de los pueblos. En su momento, Napoleón veía en el comercio un juego de suma cero, y quería asfixiar la economía británica con su bloqueo continental, aunque ello empobreciera también a Europa continental, mientras que pensadores como Say veían el comercio como un vínculo de paz. La colisión entre ambos enfoques no pudo ser más dramática. Si bien, a largo plazo, la historia dio la razón a Say, porque Napoleón fue derrotado y su imperio se derrumbó, mientras que las ideas de cooperación económica, en mayor o menor grado, quizá con algunas reservas, sobreviven y forman la base del orden internacional del último siglo.

Paz, libre comercio y florecimiento humano

En última instancia, Emmanuel Martin nos invita a reconsiderar las bases económicas de la paz. Su argumento, respaldado por la teoría clásica y la evidencia histórica, es que la paz y el libre comercio se refuerzan mutuamente en un círculo virtuoso. La paz permite que el comercio y la creación de riqueza florezcan; a su vez, las relaciones comerciales densas hacen menos probable la guerra, por lo cual la prosperidad deja de verse como un arma de dominación y pasa a ser un bien compartido. Martin lo expresa de la siguiente manera: “La paz es, obviamente, la primera condición del mutuo enriquecimiento económico entre naciones. La guerra destruye, mutila y marchita vidas humanas; arrasa con la riqueza, genera hambre y desperdicia recursos escasos. Las guerras son juegos de suma negativa”[35].

Más allá del lenguaje económico, hay un mensaje ético claro: la guerra no solo siega vidas y propiedades, sino que viola la dignidad humana al retrotraernos a la ley del más fuerte, mientras que la cooperación en libertad dignifica a las personas como agentes creativos capaces de mejorar su condición sin perjudicar a otros. En palabras de Say, cuando las naciones caen en las garras de la beligerancia, las únicas “ventajas de la victoria” que pudieran aducirse “son por completo ilusorias”, reservadas apenas a los gobernantes, mientras “los ciudadanos en general no reciben beneficio alguno”[36]. Para la gente común, por el contrario, “el mayor beneficio posible es la libertad absoluta de intercambio, que difícilmente pueda disfrutarse si no hay paz”[37].

La afirmación anterior, escrita hace dos siglos, resuena hoy con fuerza, en la medida en que la libertad para intercambiar bienes, ideas y servicios se convierte en una condición indispensable para que las sociedades prosperen material y culturalmente. Y dicha libertad solo puede ejercerse plenamente en un entorno de paz y respeto mutuo.

Cabe aclarar, no obstante, que ver la interdependencia económica como fundamento de la paz no significa ignorar los otros pilares de una convivencia pacífica, como la diplomacia, el respeto a los derechos humanos o la existencia de instituciones justas. Pero la economía crea un terreno común de interés que trasciende diferencias culturales o ideológicas, porque todos quieren alimentarse, vestirse, progresar, y el comercio canaliza esos deseos universales en interacciones constructivas. Como recuerda Wendy McElroy, al comentar las Cartas filosóficas, Voltaire describe la bulliciosa Bolsa de Londres en el siglo XVIII como un espacio donde “judíos, musulmanes y cristianos realizan transacciones como si profesaran una misma religión: la de la búsqueda del beneficio mutuo”[38]. El comercio enseña a cooperar en la diversidad y, a largo plazo, tiende puentes incluso entre potenciales enemigos. Cuando esas conexiones económicas se rompen, suele aflorar la incomprensión y el recelo que alimentan conflictos. Por eso es tan importante preservar y ampliar los lazos comerciales internacionales bajo reglas equitativas. Al final de su capítulo, Martin reafirma con énfasis que la paz y la libertad económica se necesitan mutuamente para lograr, no solo crecimiento material, sino el auténtico florecimiento humano. “La paz y el libre comercio se reafirman mutuamente para producir no solo el desarrollo económico, sino también la riqueza genuina y el florecimiento del ser humano”[39], concluye. Esta idea enlaza la prosperidad con una noción más amplia de bienestar, porque ya no se trata sólo de acumular bienes, sino de crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en plenitud. La paz, cimentada en vínculos económicos saludables, permite dedicar energías y recursos a la educación, la ciencia, la cultura y la mejora social, en lugar de malgastarlos en destrucción. En una época donde nuevamente se escuchan cantos de sirena nacionalistas y proteccionistas en distintas latitudes, las lecciones de Emmanuel Martin, siguiendo la línea de clásicos como Say, son un oportuno recordatorio de que la humanidad progresa más cuando tiende la mano que cuando aprieta el puño. La economía de la paz nos dice que el vecino próspero no es una amenaza, sino una oportunidad. Aceptar esa realidad podría ser la clave para un futuro más seguro, justo y verdaderamente libre de la amenaza de la guerra.

[1] Tom G. Palmer. 2014. Paz, amor y libertad. Publicado por Atlas Network, Cato Institute y Students For Liberty.

[2] Ibidem., págs. 47-49.

[3] Ibidem.

[4] Aunque el autor lo señala en un sentido negativo, como si fuese algo a “corregir” o “solucionar”, lo cierto es que eso no representa un problema. Ya intelectuales como Enrique Ghersi, en Perú, y Roymer Rivas, en Venezuela, entre muchos otros, han destacado que la desigualdad no es un problema, en cuanto todas las personas son desiguales por naturaleza, y el debate no debe girar alrededor de “las causas de la pobreza”, sino en “¿Cuál es el marco institucional necesario para generar riqueza?”, ya que la pobreza no tiene causa, pero la riqueza sí. Al respecto, puede consultar: Roymer A. Rivas B. 2022. Las causas de la pobreza y la desigualdad, un debate sin sentido. Publicado en el portal de ContraPoder News. En: https://contrapodernews.com/las-causas-de-la-pobreza-y-la-desigualdad-un-debate-sin-sentido/ (Cit. 17/11/2025).

[5] Óp. Cit. Paz, amor y libertad., págs. 47-49.

[6] Uno más uno puede ser igual a tres, metafóricamente hablando.

[7] De hecho, ya Ludwig von Mises destaca en su obra “Liberalismo” es la cooperación entra las personas lo que hace grande a las sociedades, al permitir que cada individuo vea aumentada la probabilidad de éxito en la consecución de sus metas en la vida. Contrario a lo que señalan sus críticos, que recurren a la caricatura y parten de la incomprensión, si es que acaso lo han leído seriamente alguna vez, no es la “competencia” —visto como la guerra, el conflicto— lo que hace crecer a los países, sino la cooperación. En concreto, Mises dice: “Human society is an association of persons for cooperative action. As against the insolated action of individuals, cooperative action on the basis of the principle of the division of labor has the advantage og greater productivity.” (Ver: Ludwig von Mises. 1985. Liberalismus: in the classical tradition. Tercera edición en inglés. Publicado por The Foundation for Economic Education, Inc. Pág. 18.)

[8] Óp. Cit. Paz, amor y libertad., págs. 47-49.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem., págs. 49-50.

[11] En ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem., págs. 50-52.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Ver: Emilio Menéndez del Valle. 2022. ¿Garantiza el “dulce comercio” la paz?. Publicado en el portal de InfoLibre. En: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/garantiza-comercio-dulce-paz_129_1344131.html (Cit. 17/11/2025).

[21] Ver: María Gloria Báez. 2024. Immanuel Kant y el nacimiento del idealismo moderno (Parte III – última). Paraguay. Publicado en el portal de Última Hora. En: https://www.ultimahora.com/immanuel-kant-y-el-nacimiento-del-idealismo-moderno-parte-iii-ultima#:~:text=causa%20de%20la%20paz,cosmopolitismo%20necesario%20para%20la%20paz (Cit. 17/11/2025).

[22] Ver: Anne-Marie Slaughter, Ian Shapiro. 2022. Los arcos dorados van a la guerra. Publicado en el portal de Project Syndicate. En: https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-war-shows-more-than-commerce-needed-for-peace-by-anne-marie-slaughter-and-ian-shapiro-2022-07/spanish#:~:text=WASHINGTON%2C%20DC%2FNEW%20HAVEN%20%E2%80%93%20Despu%C3%A9s,desarrollo%20econ%C3%B3mico%20y%20la%20interconexi%C3%B3n (Cit. 17/11/2025).

[23] Óp. Cit. Paz, amor y libertad., págs. 56-57.

[24] Ibidem.

[25] Ibidem., págs. 52-54

[26] En ibidem.

[27] La frase común en español es: “Donde entra el comercio, no entran las balas”. Si bien no hay documentación sobre si Bastiat dijo tales palabras citadas, compagina perfectamente con su visión del comercio y la libertad. Al respecto, invito a ver el texto de Llewelyn H. Rockwell, titulado: “Guerra y comercio: Bastiat tenía razón”. Puede acceder en: https://www.libertaddigital.com/club/ilustracion-liberal/9/guerra-y-comercio-bastiat-tenia-razon-llewelyn-h-rockwell.html?utm_campaign=url_rewrite&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#:~:text=Bastiat%20manten%C3%ADa%20que%20cuando%20los,las%20tensiones%20y%20las%20guerras (Cit. 17/11/2025).

[28] Aunque no podríamos decir, estrictamente, que es “libre mercado”.

[29] Óp. Cit. Paz, amor y libertad., págs. 54-55.

[30] Ibidem.

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] Ibidem.

[35] Ibid., págs. 56-57.

[36] Ibidem.

[37] Ibidem.

[38] Wendy McElroy. 1998. The origin of religious tolerance. Publicado por la Foundation for Economic Education. En: https://fee.org/articles/the-origin-of-religious-tolerance/ (Cit. 17/11/2025).

[39] Óp. Cit. Paz, amor y libertad., págs. 56-57.

Bolivia 2025: la azarosa experiencia de la transición, entre la esperanza de libertad y los problemas antiguos

Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP

“(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.”

Lourdes N. Romero L.

I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico

Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.

La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.

En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.

II. Crisis económica: urgencia y cautela

La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.

III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.

Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.

Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.

IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba

Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.

Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.

El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.

V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias

No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.

La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.

VI. Conclusión

Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.

La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.

La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?

Los Estados religiosos como formas de autoritarismos

Por Mauricio Hernández, coordinador local de EsLibertad Venezuela.

Los Estados religiosos o teocracias, cuyo origen podemos rastrear hasta la antigua civilización de Mesopotamia, son regímenes de gobierno cimentados en normas divinas, donde sacerdotes y príncipes detentan el poder. Estos sistemas se caracterizan por dos cosas: (i) las leyes se fundamentan en doctrinas de fe y la autoridad clerical se fusiona con la estatal en una misma jurisdicción y (ii) los gobernantes no son mandatarios seleccionados por la regla del hombre (el voto), porque se establece que son la representación de los dioses, o un puente de comunicación entre ellos, por lo cual se les otorga un estatus intocable e incuestionable en sus decisiones. Por ello, la naturaleza dogmática de las teocracias abre un amplio abanico de posibilidades para generar autoritarismos y, con ello, la vulneración de los derechos humanos y la libre expresión, pues, al ser un sistema que aplica una directriz total a la sociedad, mediante la toma de control absoluto de los poderes del Estado, provoca una falta de pluralidad en religiones e ideologías políticas y éticas, llegando a un punto en el que el gobierno se vuelve irrevocable por vías democráticas.

A lo largo de su historia, ninguna Teocracia se ha implantado de manera democrática o espontánea, sino que se han establecido en el mundo a través de la evolución de sistemas religiosos preexistentes y revoluciones que han instaurado gobiernos basados en la interpretación de textos sagrados. Desde sus inicios, han demostrado ser sistemas burdos que solo responden a los intereses y creencias de un grupo limitado de individuos. En 1979, por ejemplo, durante la Revolución Islámica de Irán, se convocaron manifestaciones para derrocar al monarca Mohammad Reza Pahlaví, pero no pasó mucho tiempo para que se instaurara un autoritarismo fundamentalista en la nación, dirigido por Jomeini, quien estableció un consejo de clérigos e impuso la Sharia como base del marco legal del país, llevando a cabo una fuerte ola represiva contra quienes manifestaban opiniones contrarias.

Además, las teocracias proclaman un supuesto mensaje de salvación para, más tarde, convertirse en un sistema que atenta directamente contra la democracia y los derechos fundamentales de los seres humanos. Bas De Gaay Fortman, en su artículo «Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?», define que la democracia se fundamenta en los principios de universalidad, dignidad humana, igualdad, debido proceso y la sacralidad de la vida humana. Sin embargo, estos son valores ausentes desde el primer momento en este tipo de regímenes. Sirva como ejemplo lo que el mismo Fortman relata sobre el parlamento holandés: la cámara del parlamento se estaba debatiendo cambiar la constitución holandesa por una islámica y la preocupación ante una amenaza teocrática por la introducción de la Sharia, y de entre más del 7% de los miembros de la cámara de origen islámico, ninguno abogó por el cambio. La conciencia democrática de esos miembros era suficiente para saber que si se implementaba, estarían en peligro inminente la libertad de su nación.

Otro aspecto a considerar son los sistemas jurídicos en las teocracias. Al estar basados en los principios religiosos y las doctrinas de la fe dominante, abren la puerta a un sistema imbuido en una moral eclesiástica, la cual, si se aplica interpretando los textos sagrados de forma literal, termina por reprimir, censurar y controlar a los ciudadanos, sometiéndolos a un yugo dictatorial. Un ejemplo muy claro de un sistema así es el de Irán, donde la libertad de expresión está restringida por decisiones legislativas. Desde 1979, su constitución se ha mantenido, pero con muchos cambios, introduciendo la Sharia como base legal y el Consejo de Guardianes como un ente que la supervisa y protege su cumplimiento, llegando a ser el órgano gubernamental con más poder en Irán.

Asimismo, existen normas que restringen las libertades de asociación y la libre expresión, así como otras tan imprecisas que conducen a abusos. El código de procedimiento para tribunales se convierte en un medio clave para la violación de esos derechos. Como ejemplo, hay disposiciones legales que prohíben actividades relacionadas con el periodismo o el discurso público que no son reconocidas como delitos penales. Naturalmente, las leyes religiosas a menudo resultan discriminatorias e infringen las normas internacionales de los derechos humanos —es evidente que las leyes islámicas someten a las mujeres, rebajándolas a un estado de pertenencia—.

En este marco, tanto la fe cristiana como la islámica se autoproclaman como absolutas e infalibles, y atacan a quien esté dispuesto a refutarlas; ambas prohíben la manifestación de los ideales de libertad de todas las formas posibles; los evangélicos conservadores discriminan y agreden a las personas homosexuales, y en el Medio Oriente incluso son asesinadas. Por esta razón, no puede existir un Estado pacífico si la religión tiene una injerencia tan directa en él.

Una vez que se establecen en el gobierno, las teocracias manipulan la constitución y sobreponen su sistema de creencias y sus textos como base legal, y su la interpretación de estos textos sagrados es un factor de peligrosidad para una sociedad, ya que actúan como una guía absoluta de comportamientos que en su mayoría son discriminatorios e inhumanos, derivando en una dicotomía entre el bien y el mal, sin matices. Como ya expresé, esto desemboca en un control total del sistema judicial y procesal penal, abriendo la puerta a la toma de decisiones arbitrarias y a la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, la libre expresión y la libre asociación, privando de seguridad y resguardo a los ciudadanos y propiciando una inestabilidad política y social en los Estados donde se orquestan.

Estos casos de abusos son numerosos en todos los países que pertenecen a este círculo. Por ejemplo, el 9 de enero de 2024, el tribunal penal especializado de Arabia Saudita condenó a Manahel al-Otaibi, una influencer fitness y activista a favor de los derechos de las mujeres, a 11 años de prisión por cargos relacionados con su vestimenta y opiniones expresadas en internet —como pedir el fin de las tutorías masculinas en Arabia Saudita—. La condena se hizo pública semanas después de haber sido dictada la sentencia —algo inaceptable en un sistema judicial justo—.

En resumen, la interpretación y aplicación de estas doctrinas en la política son un factor de riesgo para las sociedades y la democracia. El fundamentalismo busca imponer a la fuerza sus ideales mediante la opresión y la imposición de normas restrictivas a la libertad de expresión y los derechos naturales de los seres humanos. Se hacen con el poder de forma abrupta a través de revoluciones y, una vez establecidos y asegurados de que su revocación sea casi imposible, comienzan el proceso de sumisión de la sociedad y las reformas religiosas para convertir la estructura del Estado a la imagen y semejanza de sus respectivos textos sagrados.

Si entendemos que los grupos religiosos son comunidades cuyo conocimiento se basa únicamente en fundamentalismos incuestionables, entonces podemos asumir que la religión no debería tener incidencia en la política más allá de ser vista como un conjunto de individuos que se reúnen para llevar a cabo actividades recreativas. Caso contrario, al validar a estos entes como parte importante de la política de un país, no solo se está atribuyendo prioridad a un colectivo en específico, sino que también se estaría abriendo un debate sobre lo que se supone que está bien o mal, y estos juicios sólo estarán fundamentados en una moral imbuida en intransigencia.

Referencias bibliográficas

Bas De Gaay Fortman. 2008. Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?. Utrecht, Holanda. Publicado por la Universidad de Utrecht. Puede acceder presionando aquí.

El límite del poder: ¿Cuándo la mano del Estado asfixia al mercado? Caso: Venezuela (Parte I)

Por Keidy Bolet, economista, miembro de Cedice Joven y Coordinadora Local de EsLibertad Venezuela.

En toda sociedad democrática, la influencia del Estado en la economía es una realidad ineludible y necesaria. Su participación se extiende a múltiples ámbitos cruciales, desde la política monetaria y cambiaria, hasta la regulación de precios y la configuración de estructuras de costos. Es el agente que establece las reglas de juego y sienta las bases de la convivencia económica. Sin embargo, en el corazón del debate sobre el modelo económico late una pregunta fundamental, de consecuencias históricas: ¿Cuál es el límite aceptable de la intervención estatal en una economía de mercado?

Este interrogante trasciende la teoría económica; es una línea crítica que, una vez cruzada, transforma los mecanismos de promoción económica en herramientas de control y asfixia. Para comprender la magnitud de este dilema, es esencial primero delimitar el papel legítimo del Estado y, luego, examinar cómo un caso emblemático, el de Venezuela, ilustra la erosión gradual y sistemática de ese límite, cuyo origen se remonta a mucho antes de la llegada de las políticas radicales del nuevo milenio.

El Estado interviene en la economía por diversas y cruciales razones. Su primera función es definir los derechos económicos de los ciudadanos, promover la competencia leal, resolver disputas y establecer el marco normativo imprescindible para la existencia misma de las transacciones. Esta función reguladora no es opcional; es fundamental para garantizar la eficiencia y la equidad en el mercado.

Si bien, para responder a la interrogante sobre la intervención, es esencial comprender el papel de los mecanismos de mercado como las reglas que rigen el libre intercambio en las economías. A pesar de su importancia cardinal, los mecanismos de mercado no son autónomos. Por el contrario, requieren indispensablemente de un marco legal establecido por el Estado. En otras palabras, la intervención estatal no es contraria a los principios del mercado, sino que es una condición necesaria para su correcto funcionamiento y supervivencia.

La justificación para una participación más profunda del Estado reside en la corrección de las fallas del mercado y la incesante búsqueda de mayor equidad. La regulación económica y la administración prestacional son los instrumentos estatales diseñados para corregir estas disfunciones —como externalidades negativas o el poder de los monopolios— y promover la justicia social.

Sin embargo, la teoría económica moderna establece una contención crucial: el principio de subsidiariedad. Este principio dicta que el Estado debe intervenir solo cuando la sociedad civil, con sus mecanismos de mercado y organizaciones, sea incapaz de satisfacer las necesidades colectivas. En consecuencia, la intervención estatal en la economía no debe, bajo ninguna circunstancia, desvirtuar el funcionamiento de la economía de mercado, sino complementarlo y fortalecerlo, respetando siempre la soberanía del consumidor y los mecanismos libres de precio.

Este es el ideal democrático: un Estado árbitro, no dueño. A continuación, analizaremos el quiebre dramático de este principio en la práctica venezolana.

Resultaría erróneo atribuir el inicio de la desestructuración de los mecanismos de mercado en Venezuela a un hecho puntual, como la implementación de controles en el año 2003. Este proceso, lento y corrosivo, fue mucho más gradual y se vio impulsado, fundamentalmente, por la creciente y asfixiante influencia del petróleo. El modelo rentista propició una expansión significativa de la intervención estatal en la economía. Con el Estado como el mayor propietario de capital y principal distribuidor de riqueza, la economía privada pasó a ser una mera extensión de la política fiscal.

Este proceso de erosión encontró un hito fundamental en la nacionalización de la industria petrolera. Al centralizar el motor económico del país y atarlo irremediablemente a la gestión pública, se socavó la percepción de la libertad económica como un derecho fundamental. Este derecho se redujo, en la práctica y en la retórica, a un conjunto de intereses moldeables a la discreción del Estado, según la coyuntura política. Esta interpretación fue respaldada, peligrosamente, tanto por la doctrina económica que justificaba el estatismo como por la jurisprudencia de la Corte de Justicia. El Estado se sintió legitimado para ser el actor dominante, no solo el regulador.

La marcada intervención estatal, financiada por la renta, contribuyó al inevitable deterioro del desempeño económico y a la intensificación de la crisis política y social a finales de la década de los ochenta. La dependencia de la renta, la corrupción estructural y la ineficiencia generaron un contexto de frustración masiva y declive institucional, creando el caldo de cultivo ideal para el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998, quien pudo capitalizar la desesperanza ciudadana. El nuevo gobierno heredó un Estado ya acostumbrado a la intromisión y un sistema debilitado por su dependencia crónica del petrodólar.

Tras la llegada de Chávez, y con particular énfasis durante su administración a partir del año 2003, se aceleró la aplicación de los controles centralizados, que pasarían a ser la marca distintiva del modelo económico. A partir de un riguroso arqueo bibliográfico se concluye que el auge, modificación y uso prolongado de estos controles puede atribuirse a una compleja interacción de factores:

  • El fortalecimiento del Poder Ejecutivo a costa de la debilitación sistemática de los otros poderes.
  • La adopción de una ideología de planificación económica centralizada vinculante.
  • La permanente dependencia del sector petrolero y la necesidad de proteger la economía de las fluctuaciones de dicho mercado.
  • La demanda social por acceso a bienes básicos.

El proceso constituyente de 1999 sentó las bases para la nueva era, al debilitar el Estado de derecho, concentrar el poder en la Presidencia y socavar la autonomía del Poder Judicial. Se estaba diseñando la arquitectura legal que permitiría el avance de los controles sin contrapeso.

Lo más dramático de la implementación de estos controles centralizados es que culminaron en un desconocimiento fáctico por parte del Estado de la economía de mercado, un sistema que estaba constitucionalmente reconocido en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación implicó una contradicción fundamental en el corazón del ordenamiento jurídico: el Estado no podía, legítimamente, socavar los mecanismos que estaba obligado a proteger.

Estos mecanismos de mercado se vieron debilitados o destruidos cuando se vulneraron derechos económicos cruciales, pilares de cualquier economía libre y segura: la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de contratación.

Venezuela: un caso de estudio sobre la educación libre como respuesta a la crisis institucional

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

“La precaria situación en Venezuela ha actuado como un catalizador involuntario para que emerja espontáneamente un orden de educación impulsado por la sociedad civil, redefiniendo el acceso, la calidad y el propósito del aprendizaje, especialmente para las poblaciones más vulnerables.”

Oriana Aranguren

Para nadie es un secreto la crisis institucional que se vive en Venezuela desde hace muchos años, empeorando cada vez más. Dicha crisis que se ve reflejada en cada aspecto de nuestra vida, pero una de las cosas que más resalta es la educación en el país, un sector donde el 54% de la infraestructura no está en condiciones de recibir a estudiantes en las aulas, el 72% de los maestros han desertado debido a salarios precarios y malas condiciones, y la matrícula escolar ha disminuido un 46%[1], por lo cual 2.5 millones de estudiantes se encuentran fuera del sistema escolar. Asimismo, la percepción de la calidad educativa refleja que la calidad es mala, o no se cumple la regularidad necesaria en asistencia a clases, o los profesores no están capacitados para enseñar, y quienes sí están capacitados son muchas veces intimidados por las autoridades escolares y representantes del Ministerio de Educación, matando los incentivos para hacer las cosas bien, entre muchas otras cosas[2].

Más allá de los datos, muchos son los testimonios de directores y maestros a lo largo del país que pintan un cuadro desolador: techos que se desploman con la lluvia, ausencia crónica de servicios básicos como agua potable y electricidad, y carencia total de mobiliario y material pedagógico. En Maracaibo, por ejemplo, se documentan casos de maestras que deben impartir clases bajo un árbol porque las aulas son inhabitables, utilizando pizarras agrietadas y sillas de plástico donadas[3]. Así, nos encontramos en un escenario donde no solo se impide el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que convierte a las escuelas en un entorno de riesgo físico para los pocos niños y docentes que aún asisten, más por amor al arte de enseñar —en el caso de muchos profesores— que por recibir beneficios monetarios por su gran trabajo y esfuerzo.

No conforme con esto, el Estado, que dice velar por el “derecho a la educación”, no proporciona a las instituciones los materiales pedagógicos, deportivos, utensilios de cocina ni mobiliario necesarios para un adecuado desarrollo del sistema educativo[4]. De hecho, cómo ya mencioné, elimina todos los incentivos para el buen desarrollo de la educación —el paupérrimo salario de los docentes, por ejemplo—. Sin embargo, esta es la tragedia, pero no toda la historia.

La educación venezolana al margen del sistema

Resulta que en este colapso sistémico del sistema educativo formal venezolano ha surgido un ecosistema de aprendizaje alternativo, descentralizado y de base comunitaria que abarca desde el homeschooling estructurado hasta, de manera más significativa, la proliferación de “microescuelas” o “casas de tareas dirigidas” en los sectores más empobrecidos, lo cual representa una respuesta de resiliencia social sin precedentes. Es decir, la precaria situación en Venezuela ha actuado como un catalizador involuntario para que emerja espontáneamente un orden de educación impulsado por la sociedad civil —familias que demandan educación y maestras que la ofrecen como un emprendimiento de subsistencia—, redefiniendo el acceso, la calidad y el propósito del aprendizaje, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Todo ello ha tenido un impacto inmediato profundamente positivo, a pesar de los desafíos monumentales en términos de regulación, equidad y reconocimiento.

La investigación del profesor Antonio Canova

El profesor Antonio Canova ha denominado a este proceso como un “orden espontaneo” en la educación[5], el mercado en su forma más pura, impulsado por la oferta y la demanda más fundamentales, a saber: padres desesperados por el futuro de sus hijos y la oferta de personas más o menos capacitadas que se niegan a dejar morir a su vocación, beneficiándose ambos lados mutuamente. Si bien es cierto que el fenómeno que emerge en el país no se ajusta nítidamente a métodos de estudios alternativos específicos —como Monntessori, Waldorf, ABP, entre otros—, que a menudo presuponen un nivel de recursos —tiempo parental, capital cultural y estabilidad económica— inaccesible para la vasta mayoría de la población afectada por la crisis humanitaria en el país, en las zonas populares venezolanas se puede observar un modelo híbrido, forjado por la necesidad y la pobreza, que se asemeja a una educación comunitaria de emergencia —más que a un movimiento pedagógico planificado— en el que maestros, habiendo abandonado el sistema público por salarios insostenibles, abren las puertas de sus modestas viviendas para atender a los niños de sus vecinos a cambio de una tarifa mínima, a menudo simbólica[6].

Algunas de estas microescuelas incluyen a los padres en el proceso de aprendizaje del niño, otras no, pero, a pesar de que podría considerarse una tercera vía[7], el punto en cuestión es que se observa una innovación social autóctona como respuesta orgánica al colapso del sistema educativo. Es decir, puede que alguien diga que no se trata de una elección proactiva, impulsada por convicciones filosóficas, pedagógicas o religiosas, sobre la educación fuera del sistema formal, orquestado por el Estado, y hasta cierto punto es cierto, ya que para muchos en Venezuela las microescuelas no son una elección entre una gran cantidad de opciones, sino una consecuencia ineludible, una respuesta reactiva y pragmática ante el vacío absoluto dejado por un sistema educativo que ha colapsado en todas sus dimensiones. Puede que no se trate de familias que rechazan la escuela por convicción, sino de familias a las que la escuela ha abandonado. Pero, a pesar de todo ello, es un avance en la cultura de las formas en que las personas pueden educarse y, sobre todo, una clara muestra de que no se necesita del Estado para satisfacer necesidades básicas, porque el mismo mercado —que son personas con necesidades que interactúan y se coordinan entre sí, es decir, personas como usted y como yo— se encarga de suplirlas[8].

Lo que debería hacer el Estado venezolano

Las microescuelas en Venezuela, por ahora, son un mecanismo de mitigación de daño, ofrecen resiliencia académica a través del aprendizaje personalizado, fomentando habilidades críticas para la supervivencia en un entorno de incertidumbre y proveyendo un refugio psicosocial frente a la descomposición del entorno escolar formal, pero puede extenderse y cambiar el paradigma, beneficiando aún más a las personas en extrema pobreza[9]. La ventaja más inmediata y tangible de estos modelos educativos, desde las microescuelas de Petare o Montalbán hasta el homeschooling estructurado, es su capacidad para ofrecer un aprendizaje personalizado. En un contexto donde los estudiantes arrastran años de escolaridad deficiente, la instrucción masificada y estandarizada es ineficaz, pero las alternativas permiten que el aprendizaje se adapte al ritmo y a las necesidades específicas de cada individuo, enfocándose en cerrar las lagunas fundamentales en lectura, escritura y matemáticas.

De hecho, no son pocos los estudios que muestran que el enfoque individualizado, o en pequeños grupos, mejora significativamente la comprensión, la retención del conocimiento y, crucialmente, la motivación del estudiante, ya que se centra en los intereses y habilidades del niño, haciendo que el aprendizaje, en lugar de experiencia de frustración, se convierta en un proceso de descubrimiento[10]. La educación fuera de las rígidas estructuras estatales fomenta, por su propia naturaleza, un conjunto de habilidades que son cruciales para la supervivencia y el progreso en un entorno de crisis e incertidumbre. Al no estar atados a un currículo obsoleto y a métodos de enseñanza pasivos, los estudiantes desarrollan mayor autonomía, responsabilidad y capacidad de autogestión, promoviendo así el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya que los estudiantes son constantemente desafiados a aplicar el conocimiento a situaciones del mundo real. Asimismo, los padres se ven empujados por el contexto, mucho o poco, a ser partícipe de la educación de su hijo, incentivando la cohesión social. Ante toda esta realidad, el Estado venezolano debería aceptar sus fallas y quitar todos los obstáculos burocráticos al sistema educativo para potenciar al máximo la creatividad innata en las personas que tienen soluciones a estos problemas concretos, más si son en entornos precarios y de mucha incertidumbre. Y, para empezar, sólo para empezar, una forma de hacerlo sería comenzar a reconocer formalmente esta preparación de los niños y jóvenes en los diferentes barrios populares.

[1] El Nacional. 2025. Crisis educativa en Venezuela: Fundaredes revela deserción masiva de docentes y estudiantes. Ver en: https://www.elnacional.com/2025/01/crisis-educativa-en-venezuela-fundaredes-revela-desercion-masiva-de-docentes-y-estudiantes/ (Cit. 19/09/2025).

[2] El País. 2025. El colapso del sistema educativo venezolano: anatomía de una caída. Ver en: https://elpais.com/america-futura/2025-07-23/el-colapso-del-sistema-educativo-venezolano-anatomia-de-una-caida.html (Cit. 19/09/2025).

[3] Ibidem.

[4] Fundaredes. 2024. Informe: Consulta nacional educativa 2024. Ver en: https://www.fundaredes.org/2024/12/17/informe-consulta-nacional-educativa-2024/ (Cit. 19/09/2025).

[5] Canal de YouTube: La Patilla. 2025. Cómo mejorar el sistema educativo en Venezuela con Antonio Canova. https://www.youtube.com/watch?v=iVlPc4PePZ8 (Cit. 19/09/2025).

[6] Tal Cual. 2020. La educación a distancia trajo de vuelta a la escuelita del barrio. Ver en: https://talcualdigital.com/la-educacion-a-distancia-trajo-de-vuelta-a-la-escuelita-del-barrio/ (Cit. 19/09/2025). Y ver: Nicole Kolster. 2022. Escuelas “alternativas” florecen en barrio de Venezuela ante fallas de educación pública y bajos salarios. En: https://www.vozdeamerica.com/a/escuelas-alternativas-florecen-en-barrio-de-venezuela-ante-fallas-de-educacion-publica-y-bajos-salarios/6598748.html (Cit. 19/09/2025).

[7] No es estrictamente homeschooling o unschooling, sino un modelo de microescuelas o casa de tareas dirigidas que fusiona elementos de ambos por pura pragmática de supervivencia. Aunque algunas de estás microescuelas cuentan con el apoyo y la participación de los representantes.

[8] Al respecto, revisar la intervención del profesor Antonio Canova en el Primer Encuentro de la Alianza Nacional Todos por la Educación, recogida por RunRunEs. Puede acceder en: https://runrun.es/el-megafono/449481/canova-es-una-necedad-seguir-planteando-que-sea-el-estado-el-que-nos-eduque/?tztc=1 (Cit. 19/09/2025). El profesor sostiene, con justa razón, fundamentado en sus propias investigaciones sobre el fenómeno en Venezuela, que es una necedad seguir planteando que el Estado debe ser el encargado de educar, cuando los hechos apuntan a todo lo contrario. En las investigaciones del profesor Canova, que no son meramente teóricas, sino empíricas, nos encontramos con que en Moltalbán, una zona pobre en el Estado Carabobo, Venezuela, el pueblo cuenta con 63 microescuelas espontaneas, siendo algo que se extiende a otras zonas del país. Según sus propias mediciones, alrededor del 30% de la población infantil de Venezuela ya estaría recibiendo su educación principal a través de estas escuelas informales. A partir de esta evidencia, el profesor Canova aboga por una conclusión radical: la solución a la crisis educativa no pasa por intentar reconstruir el monopolio estatal fallido, sino por liberar las fuerzas creativas de la sociedad.

[9] El modelo económico que sustenta estas microescuelas es una prueba contundente de la valoración que las familias más pobres otorgan a la educación. Contrario a los socialistas que salen con grandilocuencias para defender la “educación gratis” para favorecer a los más “desfavorecidos”, el caso venezolano muestra que, en un contexto de pobreza extrema, los padres realizan un esfuerzo significativo para pagar cuotas que oscilan entre 1 y 10 dólares semanales por niño, algunas veces pagando en especie, con alimentos u otros bienes. Este intercambio, aunque modesto, permite a las maestras-emprendedoras obtener un ingreso superior al que percibirían en el sistema público, creando un incentivo para permanecer en la labor educativa. De esta manera, el sistema de microescuelas no solo provee un servicio educativo donde antes no lo había, sino que también genera un micro-mercado que revaloriza la profesión docente desde la base.

[10] Gonzalo Velasco, Mónica Guerrero, et al. 2023. La educación personalizada: un enfoque efectivo para el aprendizaje. Publicado en la revista científica Ciencia Latina. En: https://www.researchgate.net/publication/370545019_La_Educacion_Personalizada_Un_Enfoque_Efectivo_Para_el_Aprendizaje (Cit. 19/09/2025).

Infancia, autonomía y Libertad: hacia una teoría liberal libertaria de la niñez (Parte I)

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

“la autoridad sobre el niño no debe ser vista como propiedad ni como mandato, sino como una custodia temporal orientada a cultivar la futura autonomía del menor, una que debe concebirse como una forma de custodia funcional y revocable, cuyo único fin es permitir que el niño alcance su autonomía lo antes y mejor posible”

Oriana Aranguren

Una de las contadas falencias de la teoría liberal y/o libertaria es que es una filosofía para adultos, en el sentido en el que pretende resolver problemas o conflictos de personas que tengan sus facultades de juicio bien desarrolladas, o la madurez que solo se alcanza con el tiempo, dejando poco o nada de teoría para solucionar asuntos que competen a los infantes. En este marco, entonces, me propongo en este ensayo crear una especie de guía para una teoría libertaria sobre la infancia y la libertad, dejando en claro que, puesto que es un tema que podría dar para un libro entero —quizá lo haga en un futuro, porque es de los temas que personalmente me interesa mucho—, esto no pretende ser una teoría irrefutable, absoluta, sino más bien una guía que puede permitir a otros abordar el asunto de forma robusta, teniendo una brújula y un mapa que les sirva en el camino al desarrollo teórico.

Asimismo, para no hacer esto muy largo y fácil de leer, dividiré el tema en 5 partes, las cuales permitirán construir una teoría coherente sobre la infancia, en la que la autoridad sobre los niños sea compatible con los principios de libertad individual, propiedad de sí, y derechos negativos. La primera parte abordaré el tema sobre el vacío del liberalismo sobre la infancia y la libertad; en la segunda parte, tocaré el tema de la ética del cuidado y los límites morales de la autoridad parental; en la tercera, daré las bases, groso modo, para una teoría jurídica de los derechos del niño; luego, en la cuarta parte, hablaré de las implicaciones para la educación y la formación del juicio crítico; y termino por hacer una propuesta institucional para una pedagogía libertaria y emancipadora —este último ligado un poco a la educación, porque, a mi juicio, tiene mucho que ver en este tema—.

Con esto en mente, comencemos la primera parte.

El gran vacío teórico del liberalismo sobre la infancia

En el liberalismo clásico y el libertarismo, el individuo es visto como un ser racional, autónomo y propietario de sí mismo —podemos verlo desde Locke hasta Rothbard, quienes ven la libertad como la no interferencia en las decisiones del individuo, y la legitimidad del poder se supedita al consentimiento explícito o implícito de quien lo recibe, en donde el sujeto político siempre aparece como un adulto racional, capaz de tomar decisiones por sí mismo—. Sin embargo, esta concepción —a veces un tanto mítica— tropieza con una figura incómoda, casi olvidada, que desafía todos sus supuestos: el niño, en la medida en que estos no son plenamente racionales, no pueden consentir válidamente, no poseen autonomía funcional, y no obstante son sujetos sobre los cuales se ejerce autoridad legítima.

Así, entonces, el liberalismo puede que esté partiendo de una ficción metodológica —el individuo ya formado—, o al menos incompleta, para hacer sus propuestas. Si bien puede que la misma sea útil para construir modelos normativos, está desconociendo —u oscureciendo, no mostrando— la realidad biográfica y psicológica de los seres humanos, que es el hecho de que todos nacemos dependientes y vulnerables. Por tanto, la infancia representa un problema teórico de primer orden para el liberalismo, porque, ¿Cómo se justifica la autoridad parental, la educación obligatoria o la exclusión del niño de los pactos sociales, sin traicionar sus principios fundamentales sobre el “individuo”? Desde nuestro espectro ideológico, en su mayoría, no se ha explicado cómo se pasa de la infancia a la ciudadanía plena —aunque algunos se han centrado en la educación libre, no obligatoria, como necesaria para el buen desarrollo del niño y el individuo, no lo han hecho con intención de tratar el asunto directamente, si no, nuevamente, por temas de moralidad y el respeto al proyecto de vida de adultos, o de padres hacia sus hijos, olvidándose de estos últimos, en cuanto ser individual—. No se ha formulado con claridad quién tiene autoridad sobre los niños, por qué, hasta cuándo, y con qué límites, dejando asa zona a la tradición, a la costumbre, o al Estado —si es que cabe en ello—, generando muchas veces polémicas[1] o contradicciones que aún no ha resuelto.

La autonomía, el consentimiento y la fragilidad de la infancia

Para comenzar con las bases, estimo necesario aclarar que la autonomía no es un código binario de sís y nos —sí/no—, sino un continuo, por lo que la pregunta no debería ser si los niños son autónomos, sino cuánto, cuándo, en qué ámbitos y con qué condiciones empiezan mostrarse más maduros. Es decir, ¿Qué criterios definen la madurez? ¿Quién los evalúa? ¿Cómo evitar que esa excepción se convierta en excusa para la dominación arbitraria de, por ejemplo, por ser los más directos, los padres? Estas preguntas son importantes si recordamos que desde el libertarismo se defiende que se ha de respetar la capacidad de dirigir la propia vida de cada individuo sin coacción externa, por lo cual cabe preguntarse, ¿En qué nivel el infante o adolescente puede dirigir su vida y, en consecuencia, en qué grado ha de respetarse dicha condición?

Otro punto a tener en cuenta es que los niños no pueden consentir válidamente muchas de las cosas que los adultos sí pueden: contratos, relaciones sexuales, votaciones, transacciones económicas, lo cual genera una paradoja: nosotros defendemos que la imposición sin consentimiento es ilegítima, pero al mismo tiempo se avala múltiples formas de autoridad sobre seres que no pueden consentir aún —y si el consentimiento es el mecanismo que legitima el poder, entonces puede que estemos hablando, partiendo de estas premisas, de poderes ilegítimos—[2]. Por tanto, sin una teoría libertaria del desarrollo del niño, la tutela puede fácilmente derivar en dominación, e incluso justificar abusos físicos, psicológicos o epistémicos bajo el pretexto de “protección” o “educación”.

La autoridad como custodia

A este respecto, creo que podríamos comenzar a dilucidar la cuestión si partimos de la idea de que la autoridad sobre el niño no debe ser vista como propiedad ni como mandato, sino como una custodia temporal orientada a cultivar la futura autonomía del menor, una que debe concebirse como una forma de custodia funcional y revocable, cuyo único fin es permitir que el niño alcance su autonomía lo antes y mejor posible. En este sentido, dicha custodia no sería un derecho absoluto, sino una delegación derivada del derecho del niño a alcanzar su plena libertad, implicando lo siguiente: (1) la autoridad parental queda justificada por la incapacidad temporal del niño, no por tradición ni biología; (2) el niño es un sujeto de derechos desde el nacimiento —o desde la concepción; ya eso es un debate para otro día y no compete a este texto—, aunque no tenga aún plena agencia; (3) todo ejercicio de poder sobre el niño debe estar orientado a su empoderamiento progresivo, no a su domesticación; y (4) en lugar de ver al niño como un “no-ciudadano”, lo vemos como un ciudadano en desarrollo, cuyo cuerpo y mente deben ser respetados como semillas de una libertad futura que ya tiene valor moral en sí misma.

De este modo, al redefinir la relación entre adultos y niños bajo el concepto de una custodia orientada a la emancipación, logramos resolver la aparente paradoja que la infancia presenta al liberalismo, porque la autoridad sobre el infante ya no se fundamenta en una ficción de propiedad o en una tradición arbitraria, sino en el deber de cultivar la libertad futura de un individuo —el poder está puesto al servicio de su desarrollo—.

Asimismo, la autoridad parental queda legitimada por la fidelidad al mandato de los representantes por empoderar al infante hasta que pueda consentir por sí mismo, como un ciudadano libre y soberano, por lo cual no depende del consentimiento del infante, sino de su fidelidad al mandato de empoderarlo hasta que pueda consentir por sí mismo, como un ciudadano libre y soberano.

Continuará…

[1] Tan solo vean el caso de Rothbard hablando de los derechos del niño y la posibilidad de que los padres puedan comerciar con ellos, en su obra: “La ética de la libertad”, capítulo 14.

[2] En su momento, Rothbard sostuvo que los niños son personas con derechos negativos, y que los padres no los poseen como propiedad, sino que tienen un contrato implícito de tutela hasta que el niño sea capaz de ejercer su autogobierno[2]. Pero en ningún momento desarrolla con claridad el cómo medir esa capacidad, ni qué límites tiene la autoridad paterna sobre el niño, cayendo nuevamente en el vacío.

Ayn Rand y el libertarismo: ¿Por qué las premisas de Rand pueden encapsularse en la corriente libertaria?

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

“Una de las cosas que tiene el libertarismo es que no existe el pensamiento único, sino que son las discrepancias sobre el tratamiento adecuado a ciertos temas lo que la enriquece, siempre en vista de defender una sociedad libre”

Oriana Aranguren

Muchos seguidores de Ayn Rand se resienten cuando se habla de ella como un personaje “libertario”, pues indican —correctamente— que la autora fue, en sus días, una feroz crítica y opositora al movimiento libertario, reusándose incluso a pertenecer al Partido Libertario —hablamos de la década de los 1960, 1970—, y llegándolos a catalogar como “hippies” que transmitían ideas contradictorias e irresponsables[1]. No obstante, más allá de la postura de Rand, parecen ignorar la teoría —esa que tanto les gusta reivindicar— y los vínculos que existen entre los postulados del objetivismo y los del libertarismo del ala rothbardiana, fundamentada también en la racionalidad. Que ambas posturas no concilien del todo, no necesariamente significa que una deba considerarse libertaria y la otra no, ya que el movimiento ha evolucionado y, de hecho, muchas son las criticas que se les pueden hacer, sin eliminar el hecho de que hay puntos esenciales en común, en donde se sostienen todas las demás conclusiones de cuales sean las vertientes que de allí surjan.

Una de las cosas que tiene el libertarismo es que no existe el pensamiento único, sino que son las discrepancias sobre el tratamiento adecuado a ciertos temas lo que la enriquece, siempre en vista de defender una sociedad libre, donde el ser humano pueda desarrollarse en el tiempo de manera sostenida, alcanzando su bienestar. En este marco, los aportes de Rand al libertarismo no son pocos, y, como ya mencioné, converge en su esencia con ese movimiento libertario que originó Murray Rothbard. Pero en este texto no pretende hablar de la validez o no de sus posturas y sus acciones en el pasado, sino simplemente destacar dichas convergencias y, por tal motivo, dejar en claro que no debe existir ningún desprecio o prejuicio para aceptar que Rand es una libertaria —al menos con una visión actualizada—.

La convergencia en los derechos naturales

Las premisas del movimiento libertario del ala de Rothbard, parten de la idea de que el ser humano tiene la capacidad de comprender el mundo que le rodea a través de la razón, con el objetivo de sobrevivir[2]. Esto es algo con lo que Rand estaría de acuerdo, puesto que, a su juicio, lo que hace ser al humano es esa capacidad superior de comprender la realidad, con el fin de tomar decisiones racionales que le permitan sobrevivir[3]. Tal postura lleva a ambos, aunque partiendo de pensamientos distintos, y con objetivos distintos, a concluir lo mismo, a saber: que se tienen derechos naturales y que estos son vida, libertad y propiedad —o, en el caso de Rand, vida, libertad y búsqueda de la felicidad[4], pero esto es irrelevante en cuanto ella misma destaca el papel de la propiedad como mediador de la vida, la libertad y la felicidad[5]—.

Puede que alguno salga diciendo que Rand resentía del iusnaturalismo, pero tal postura ignoraría el hecho de que solo lo hacía al considerar que éstos partían de premisas religiosas, que no tenían fundamento al constatarlas con la realidad. Sin embargo, la visión randiana sobre el origen de los derechos, a saber: que tienen una explicación racional sostenida en la observación de los hechos, que dan origen a una “ley moral” que a su vez deriva de la naturaleza del ser humano, por lo cual se convierten en derechos que pueden ser comprobados por la lógica, no toma distancia de esa postura racionalista que toma Rothbard cuando habla del origen de los derechos, pues es la misma: la razón, la objetividad. Esta es precisamente la génesis del iusnaturalismo racional, en el que el human llega al mundo para comprenderlo, tomar decisiones racionales, y tiene valor en sí mismo, porque no debe ser el medio para fines ajenos, estableciéndose metas en el camino que procurará alcanzar —por lo cual se hacen necesarios tales derechos mencionados—.

La convergencia en el Principio de No Agresión

No conforme con esto, las mismas premisas que parten de la razón, de la observación de la realidad, y de la naturaleza humana, que llevan a los derechos naturales em ambos autores, también desembocan en la defensa del Principio de No Agresión. En Rothbard, para respetar la naturaleza humana, y las leyes axiomáticas que —a su juicio— salen de ella[6], se hace necesario el principio de no agresión, el cual describe como, parafraseando, que ninguna persona puede iniciar el uso —o amenaza de uso— de la violencia física contra otra, o su propiedad[7]. Rand habla de exactamente lo mismo, al referir del tema, pues dice que “ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro”, y solo justifica el uso de la fuerza “en represalia cuando se los ataca, y únicamente contra aquellos que inician su uso.”[8].

El error en criticar el libertarismo como únicamente anarquista

Aun con estas similitudes, muchos objetivistas tienen la osadía de decir que no se puede encapsular a Rand dentro del espectro libertario porque éste defiende el anarquismo —fue lo que hizo Rand en su momento—. Sin embargo, tal postura ignora que dentro del libertarismo no todos son necesariamente anarquistas, y aún se debaten sobre el rol del Estado en la sociedad. Por tanto, entrar en la premisa: (i) “los libertarios son anarquistas”, (ii) los objetivistas no son anarquistas, por lo que (iii) los objetivistas no son libertarios, es caer en el reduccionismo y no reconocer la amplia teoría sobre el rol del Estado en la sociedad, que han surgido dentro del mismo seno del libertarismo. Allí tenemos, por solo mencionar un ejemplo, a Robert Nozick, quien se auto-considera anarquista, pero aun así escribió un libro sobre cómo podría surgir el Estado en la sociedad y defender los derechos naturales[9].

A juicio de algunos objetivistas, la idea de que “la única función apropiada del gobierno es proteger los derechos individuales” no puede encapsularse con quienes desprecian al Estado, y, en consecuencia, se constituye anarquista. En este sentido, llegan incluso a decir que “si alguien quiere persuadirnos para que clasifiquemos conjuntamente a Objetivistas y a anarquistas —incluyendo a von Mises, Nozick y otros— como “libertarios”, primero necesita justificar seriamente cómo la opinión de que el gobierno tiene una función concreta válida puede ser incluida en la opinión que el gobierno, como tal, es inmoral y debe eliminarse.”[10]

Pues, aquí respondo directamente a ello: para empezar, tal postura comete el error señalado en el párrafo anterior, esto es: se parte de una definición imprecisa del término “libertario”, restringiéndolo solo a la idea de la eliminación total del Estado. Nuevamente, se ignora que el término “libertario” es un paraguas amplio que engloba diversas filosofías políticas que priorizan la libertad individual y la propiedad privada, dada la naturaleza del ser humano. Ese es el origen. Que de allí puedan derivar diversas vertientes que consideren la existencia o no del Estado como necesaria para la defensa de los derechos individuales y el respeto a la misma naturaleza humana, ya eso es otra historia. En pocas palabras, se parte de una dicotomía artificial, forzada, donde no la hay, porque el punto en común, esencial, que permite la clasificación de ambas posiciones bajo la etiqueta “libertario” es la restricción drástica del poder estatal y la primacía de la libertad individual, independientemente de si esa restricción lleva a la eliminación total o a un gobierno mínimo.

Por otro lado, otro error que cometen los objetivistas es no diferenciar entre “Estado” y “Gobierno”[11]. Los anarquistas, o al menos no los sensatos, no defienden la eliminación de todo gobierno, sino del Estado, que no es lo mismo. Ellos comprenden que se necesitan de regulaciones a la conducta humana para que la sociedad no entre en caos, pero parten de la idea de que dichas restricciones emanarán de las instituciones que se han demostrado ser buenas para la coexistencia entre seres humanos, en el tiempo. Nadie que se tome en serio la teoría libertaria del ala anarquista defiende una sociedad sin ley, sin instituciones, sin gobierno, pero sí defienden una sociedad sin Estado.

Con estos dos puntos, los objetivistas pueden darse por refutados y, en especial Greg Salmiri, puede dar por resuelta su falsa dicotomía, que parte del producto final derivado de las mismas premisas esenciales, y no del punto inicial común —las premisas esenciales— que, por lógica, y como queda evidenciado, puede dar para derivar en distintos finales lógicos, debatibles todos entre sí. De hecho, querer separar a Rand y la idea de “un gobierno que defienda la libertad”, como que esta es la única plausible y que no merece ser “contaminada” con las ideas anarquistas, solo recuerda por qué se les tilda de sectarios, porque no reparan en argumentos, sino en el dogma de lo que dijo Rand hace 50 o 60 años atrás, sin tomarse en serio el estudio de la teoría, que no va de falsas dicotomías, ni de reduccionismos.

Rand incluso llegó a decir que “los libertarios” la plagiaron sus ideas con el principio de no agresión y que “lo tratan como un absoluto revelado y fuera de contexto”, pero eso carece de sustento, a todas luces. Lo que no carece de sustento es que ella jamás leyó o entendió a Kant, y aun así lo criticó; jamás leyó o entendió la Biblia, y aun así la criticó; y, con este historial, muy probablemente no leyó y/o comprendió los postulados de los libertarios anarquistas, o al menos no su amplia gama, porque literatura abunda, y aún así los criticó. No obstante, eso es otra historia. El fin de este texto era demostrar la convergencia en el origen entre la postura randiana y la libertaria, y quedó demostrado.

[1] Al respecto, ver: Alberto Mansueti. 2022. Lo que los libertarios no te dicen de Ayn Rand. En: https://liberalismoclasico.com/lo-que-los-libertarios-no-te-dicen-de-ayn-rand/ (Cit. 21/07/2025).

[2] Murray Rothbard. 2006. Por una nueva libertad: el manifiesto libertario. Edición en español de Editorial Grito Sagrado. Pág. 44. Y ver: Murray Rothbard. 2009. La ética de la libertad. Segunda edición en español de Unión Editorial. Capítulo 1.

[3] Ayn Rand. 2006. La virtud del egoísmo. Editorial Grito Sagrado. Capítulo 1, págs. 29, 30.

[4] Ibid. Págs. 12-26, 33-36, 135-144.

[5] Ibid. Págs. 136.

[6] Refiero al axioma del derecho a la propiedad y el axioma del derecho a la colonización, que da paso al axioma de no agresión. Al respecto, ver: óp. Cit. Por una nueva libertad: el manifiesto libertario. Pág. 61.

[7] Ibid. Pág. 39.

[8] Óp. Cit. La virtud del egoísmo. Pág. 47.

[9] Ver: Robert Nozick. 1991. Anarquía, Estado y utopía. Edición en español publicado por el Fondo de Cultura Económica, S. A.

[10] Greg Salmieri. 2016. El problema con el concepto “libertario”. Publicado en el portal de Objetivismo.org. En: https://objetivismo.org/el-problema-con-el-concepto-libertario/ (Cit. 21/07/2025).

[11] Al respecto, ver: Roymer Rivas. 2023. Sobre la confusión entre las ideas de “Estado” y “Gobierno”. Publicado en el portal de ContraPoder News. En: https://contrapodernews.com/sobre-la-confusion-entre-las-ideas-de-estado-y-gobierno/ (Cit. 21/07/2025).

El costo invisible de las licencias profesionales: un privilegio otorgado por el Estado

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

“(…) en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad”

Oriana Aranguren

Es una creencia común en las sociedades occidentales de que la movilidad social y la prosperidad económica de una persona se fundamenta en el trabajo duro, la innovación y la libre empresa. Y en buena medida es cierto. Pero muchas veces se pretende defender ello en un marco en el que no se critica un obstáculo cada vez más formidable y, a menudo, subestimado, que se interpone en el camino de millones de aspirantes a emprendedores y trabajadores, a saber: el laberinto de las licencias ocupacionales —impuestas por el Estado bajo el estandarte de la “protección del consumidor”, en el que el mismo pretende acreditar alguna profesión, exigiendo que los individuos obtengan un permiso gubernamental para ejercerla—.

Para algunos, la justificación estatal de las licencias profesionales que emite parece loable, por lo cual no lo critican, o incluso lo exigen, pero un análisis riguroso revela una realidad que contradice dicha postura, ya que, lejos de ser un escudo para el público, ese sistema de licencias profesionales se ha convertido en una herramienta de proteccionismo que limita la competencia, infla los precios y, lo más preocupante, erige una barrera sistémica que restringe el acceso a oportunidades laborales, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos y a los emprendedores. De esta manera, se convierte en una especie de “costo invisible” que frena el dinamismo económico y socava el principio fundamental del derecho a ganarse la vida.

La lógica estatal detrás de las licencias profesionales es simple y seductora: garantizar que las personas que quieren ejercer algún trabajo posean un nivel mínimo de competencia y ética, protegiendo así a los consumidores de daños físicos o fraudes financieros. Y es seductora porque, a simple vista, nadie discutiría la necesidad de licencias rigurosas para profesiones médicos, pilotos de aerolíneas o ingenieros nucleares, donde el riesgo de un error es catastrófico y la asimetría de información entre el proveedor y el cliente es bastante grande. No obstante, es necesario señalar que el problema no reside en la existencia de la licencia en sí, sino en su expansión descontrolada y a menudo ilógica a un espectro cada vez más amplio de ocupaciones de bajo riesgo. De hecho, en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad, abarcando oficios tan dispares como floristas, decoradores de interiores, guías turísticos, maquilladores y trenzadores de cabello[1].

Es en esta expansión donde la justificación de la “protección del consumidor” comienza a desmoronarse, pues resulta difícil argumentar de manera creíble que un arreglo floral mal ejecutado o una elección de cortinas poco estética representen un peligro significativo para la salud y la seguridad pública. Así, se muestra como los requisitos para obtener estas licencias a menudo parecen arbitrarios y desproporcionados con respecto a cualquier riesgo plausible; por ejemplo, en varios estados de EE. UU., los trenzadores de cabello africano, una técnica ancestral con riesgos mínimos, han tenido que completar cientos, y a veces miles, de horas de formación en cosmetología general —la mayor parte de las cuales son irrelevantes para su oficio— y pagar miles de dólares en matrículas y tasas de examen[2]. Lo cual nos hace inferir que estos requisitos no protegen a los clientes, más bien protegen a las escuelas de cosmetología y a los cosmetólogos con licencia de la competencia de un servicio especializado y a menudo más asequible.

De hecho, el estudio citado explica como muchas veces las regulaciones han surgido por un grupo de profesionales que los exige para limitar la competencia, lo cual es a su vez aceptado por los políticos para asegurarse ciertos impuestos de dichos grupos[3]. De este modo, aseguran ganancias extraordinarias, en la medida en que son superiores en comparación a las de un mercado libre, en donde las personas tienen menos limites de entradas y es la oferta y la demanda, mediada por la competencia, quienes se encargan de regular a los trabajadores, desechando a quienes no presten un servicio de calidad a un buen precio.

Este fenómeno es un ejemplo clásico de lo que los economistas denominan “captura regulatoria”, que refiere a cuando los grupos de interés de una industria —en este caso, los profesionales ya establecidos— influyen en los organismos reguladores y en los legisladores para que creen normativas que les beneficien directamente. Al presionar por requisitos de licencia onerosos, los titulares del mercado logran un objetivo primordial: limitar la oferta de nuevos competidores, erigiendo, como ya se mencionó, barreras de entrada costosas y que consumen mucho tiempo, crean un cartel sancionado por el gobierno, mientras que dichos profesionales existentes pueden disfrutar de salarios más altos y una base de clientes más segura, no necesariamente por ser más competentes, sino porque el gobierno ha eliminado artificialmente a sus potenciales rivales. Entonces, la supuesta “protección del consumidor” se convierte, en la práctica, en una “protección del productor” —así es como se crean los monopolios que tanto critican, de hecho, por lo cual su discurso es doble moral—, porque se tienen productos más caros, no necesariamente mejores, y se limitan de opciones al consumidor[4].

Empero, más allá de la inflación de precios, estas barreras de entrada sofocan la innovación y el dinamismo empresarial. Si partimos de la idea de que los emprendedores son, por naturaleza, agentes de cambio que introducen nuevos modelos de negocio, tecnologías y métodos más eficientes, al existir un régimen de licencias rígido se petrifica una industria en sus prácticas existentes —se vuelve estático—. Y es que, si las regulaciones dictan con precisión cómo se debe realizar un servicio o qué herramientas se pueden utilizar, basados en los métodos de hace décadas, o de ahora, un innovador con un enfoque disruptivo y más eficiente puede encontrarse legalmente excluido del mercado, puesto que choca frontalmente con estas regulaciones en su campo de trabajo.

No conforme con lo anterior, los efectos económicos negativos, el sistema de licencias profesionales ataca directamente la raíz de la movilidad social, porque para las personas de bajos ingresos, esas profesiones que a menudo requieren licencias —oficios manuales, servicios personales, cosmética, entre otros— representan tradicionalmente sus primeros peldaños para escalar en su situación financiera, ya que son trabajos que no siempre exigen un título universitario de cuatro años, pero que ofrecen un camino hacia la autosuficiencia y la creación de un pequeño negocio. Pero las licencias convierten estos peldaños en muros, en procesos costosos en tiempo y dinero, que son recursos con los que muchas veces no cuentan, por lo cual, en la práctica, se les prohíbe salir de su situación.

En esta línea, probablemente los más afectados sean los inmigrantes, ya que a menudo llegan con habilidades y experiencia valiosas de sus países de origen, pero se encuentran con que sus credenciales no son reconocidas, viéndose obligados a volver a capacitarse desde cero, a un costo enorme, para poder ejercer el mismo oficio en el que ya son competentes. También, ¿Qué decir de las licencias que son emitidas en un estado y no son reconocidas en otros, aún dentro del mismo país? En este sentido, encontramos, por ejemplo, que una licencia de cosmetóloga o enfermera obtenida en Texas puede no ser válida en California, lo cual limita sus opciones y/o obliga a la persona a volver a pasar por todo un proceso costosos de recertificación con cada mudanza, creando lagunas de desempleo y una pérdida significativa de ingresos.

Frente a este panorama, es imperativo reconsiderar el enfoque regulatorio, no con la intención de eliminar totalmente el régimen de licencias, sino para que se adopte un principio de regulación menos restrictiva con actividades que no lo requieran, porque el mercado siempre ofrecerá alternativas más inteligentes y menos gravosas que pueden proteger a los consumidores sin aniquilar las oportunidades económicas. De hecho, siguiendo esta misma idea, sería bueno preguntarse: ¿Es necesaria, estrictamente, la regulación estatal en cuanto a las licencias profesionales, o podría dejar de preocuparse por ello y que sea el mismo mercado que cree un sistema de acreditación de competencias a quienes lo requieran? Puede que esta segunda opción no presente los mismos problemas que cuando el Estado interviene. Podría apelarse a un sistema en el que, a diferencia de las licencias otorgadas por el Estado, que son obligatorias para ejercer legalmente, la certificación sea voluntaria, permitiendo a los profesionales demostrar su competencia a través de un examen o una evaluación por parte de una entidad reconocida —gubernamental o privada—, obteniendo así un sello de aprobación que pueden publicitar. Lo dejo a mera reflexión[5].

Otra opción podría ser un registro simple, en el que los profesionales simplemente informan al Estado de su nombre e información de contacto, sin necesidad de cumplir requisitos previos de formación o examen —lo cual permitiría al Estado mantener una lista de proveedores a la que los consumidores pueden recurrir en caso de fraude, facilitando la acción legal, pero sin impedir que nadie entre en el campo—, o simplemente se podría apelar a un sistema de reputación al estilo de plataformas de reseñas como Yelp, Google Reviews o Angie’s List, que han demostrado ser una herramienta de protección al consumidor extraordinariamente potente, ya que la reputación se convierte en el activo más valioso de un profesional.

En suma, el punto a destacar es que el entramado de licencias ocupacionales, aunque nacido de una intención protectora —o al menos eso dicen, porque podemos dudar de sus intenciones—, se ha transformado en una de las barreras más significativas y sigilosas para la movilidad social y la prosperidad económica en la era moderna, en cuanto impone costos invisibles que se manifiestan en precios más altos para todos, una menor innovación y, lo más trágico, en puertas cerradas para aquellos que más necesitan de esa oportunidad de abrirse camino en mejorar sus finanzas.

Con esto en mente, podríamos decir que desmantelar las licencias innecesarias y sustituirlas por alternativas más inteligentes y menos restrictivas, más que una propuesta radical de desregulación, se convierte en un imperativo de justicia, porque, en el fondo, se trata de devolver el equilibrio, de asegurar que la protección del consumidor no sea un pretexto para el proteccionismo de la industria, que el acceso al mercado sea fácil y no un privilegio otorgado por el Estado a unos pocos, y, en suma, de que se reafirme el derecho de cada persona a ganarse la vida y a perseguir un futuro mejor para sí y los suyos.

[1] Ver el estudio —en inglés— realizado por Nicholas A. Carollo, et al. 2025. The origins and evolution of occupational licensing in The United States. Publicado por Nacional Bureau of Economic Research. En: https://www.nber.org/papers/w33580 (Cit. 30/06/2025). Pág. 3. En el texto se explica que este crecimiento se debe tanto a la creación de nuevas leyes para más ocupaciones como a los cambios en la composición del empleo hacia sectores más regulados. Históricamente, las licencias comenzaron en profesiones como la medicina y el derecho, pero durante el siglo XX se expandieron a casi todos los demás sectores, desde servicios personales hasta la construcción (pág. 17).

[2] Ibidem. Págs. 5, 39.

[3] Ibidem. Págs. 3, 5-7, 11, 13, 33. Muchas veces, se pide la licencia para aumentar los costos de entrada —disminuyendo la oferta de trabajadores— y aumentar la demanda de los consumidores si perciben que garantiza una mayor calidad o seguridad, aumentando así las ganancias de las personas que cuentan con las licencias profesionales.

[4] Estudios de instituciones como el Brookings Institution y el Institute for Justice han demostrado consistentemente que las ocupaciones con licencias más onerosas tienen un crecimiento laboral más lento y salarios más altos para los titulares, pero a costa de precios más elevados para los consumidores. Por lo tanto, el sistema de licencias actúa como un impuesto regresivo oculto, porque las familias de ingresos medios y bajos, que son las más sensibles a los aumentos de precios, terminan pagando más por servicios básicos —corte de cabello, fontanería, entre otros—. Nuevamente, como ya se mencionó, el sistema diseñado para “protegerlos” termina por mermar su poder adquisitivo. Al respecto, ver: C. Jarrett Dieterle y Shoshana Weissmann. The licensing logjam. Publicado en Nacional Affairs. En: https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-licensing-logjam (Cit. 30/06/2025).

[5] Un ejemplo que podemos encontrar de ello son los mecánicos de automóviles certificados por la Automotive Service Excellence (ASE), en donde los consumidores son libres de elegir a un mecánico no certificado legalmente —de cara al Estado—, pero la certificación dada por el sistema les proporciona una señal de calidad fiable, permitiendo que el mercado, y no el gobierno, recompense la competencia. Puede encontrar el sistema en: https://es.ase.com/drivers (Cit. 30/06/2025).

Las reformas de Milei han funcionado y hacen que la pobreza en Argentina baje un 20%, ubicandose en 31,70%

El Gobierno de Argentina ha asegurado este jueves que en los tres primeros meses de 2025 la pobreza ha bajado más de 20 puntos porcentuales respecto al mismo período del pasado año, hasta situarse en el 31,70%.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X en el que ha indicado que la «indigencia bajó 12,9 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de» 2024.

Las cifras se han extraído de un trabajo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), adscrito a la cartera ministerial, quien señala que son informaciones con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y en particular de su «Informe de Distribución del Ingreso» publicado este mismo jueves.

«Esta estimación del 31,7% representa una baja interanual de 23,1 puntos porcentuales (PP) con relación al primer trimestre de 2024, cuando se registró el pico más alto de pobreza con una proyección de 54,8%», ha señalado el Gobierno argentino.

Por su parte, el presidente del país, Javier Milei, ha destacado que, de acuerdo al INDEC, la pobreza bajó del 52,9% al 38,1% entre el primer y el segundo semestre de 2024, teniendo en cuenta que comenzó su mandato a finales de 2023.

Asimismo, ha sacado pecho de que «la indigencia» ha descendido del 20,2% en el primer trimestre de 2024 al 7,3% en el mismo período de este año, lo que representa una baja interanual de casi 13 puntos porcentuales.

Cabe destacar que estos logros se han atribuido «a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía», celebrando que «la pobreza continúa descendiendo en» el país.