El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.
«Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima'», ha publicado Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado y con auriculares y un aparato que le impide la visión.
En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de EE. UU. (la DEA) en el uniforme.
Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos
“El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.”
Paola B. Condori Fernández
Recientemente, el Ministerio de Trabajo de Bolivia publicó el instructivo sobre las fechas límite para el pago del aguinaldo, tanto para instituciones públicas como para entidades privadas. Esto nos lleva a replantearnos qué significa este gasto, que tal vez respecto al total de un periodo no es tan alto, pero en contextos de crisis como la economía boliviana, puede significar mucho.
El gasto público por concepto de aguinaldo, que en 2024 fue de 3.300 millones de bolivianos, fue implementado con el fin de «dinamizar la demanda interna». Sin embargo, desde el rigor del análisis económico, no debemos confundir la expansión nominal de la liquidez con el aumento de la capacidad adquisitiva de la gente.
En la situación actual macroeconómica de Bolivia, este aumento en la liquidez masiva no es inocuo; el pago del aguinaldo, especialmente en el sector público, y la presión que ejerce sobre el sector privado, nos obligan a examinar los fundamentos de la sostenibilidad fiscal y la restricción presupuestaria.
Para entender el impacto en el sector público de esta cantidad de bolivianos, primero debemos diseccionar su origen y su destino, porque en economía todo recurso tiene un costo de oportunidad:
El Sector Público y la Emisión Monetaria:
Dado que el Estado boliviano opera con un déficit fiscal profundo —superando consistentemente el 8% del PIB en los últimos años— y sin acceso a mercados de deuda internacionales a tasas razonables, la pregunta es: ¿Cómo se financia el aguinaldo de los servidores públicos? Si el Tesoro General de la Nación (TGN) no dispone de ahorro real previo, el financiamiento podría provenir del Banco Central de Bolivia (BCB). Esto es, técnicamente, una expansión de la base monetaria sin contrapartida en la producción de bienes y servicios transables.
El Sector Privado
Para el empresariado, que enfrenta restricciones para importar insumos y una caída en la demanda real, el aguinaldo se convierte en una transferencia forzosa de capital de trabajo a consumo corriente. En un entorno de incertidumbre jurídica y económica, esto desincentiva la reinversión y fomenta la informalidad como mecanismo de supervivencia.
Demanda Agregada
El argumento keynesiano, en resumen, sugiere que poner dinero en el bolsillo de la gente reactiva la economía. No obstante, en el contexto actual de Bolivia, dicha lógica falla al ignorar las expectativas racionales de los agentes y la restricción presupuestaria intertemporal, pues, al aumentar esta cantidad de dinero al mercado en diciembre, enfrentamos dos escenarios de ajuste vía precios y tipo de cambio:
La Ilusión Monetaria y el Impuesto Inflacionario
Si la oferta de bienes no crece, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes resulta inevitablemente en inflación. El trabajador recibe su aguinaldo nominal, pero su poder adquisitivo real se ve erosionado. El Estado, al financiar su gasto con emisión, está cobrando un impuesto inflacionario no legislado. Lo que el gobierno te da con una mano vía aguinaldo financiado con déficit, te lo quita con la otra vía pérdida de poder adquisitivo.
Reacción racional de protección del ahorro
Al recibir el aguinaldo, una parte significativa de los agentes económicos buscará refugio de valor. Dado que el boliviano ha perdido su función de reserva de valor, el aguinaldo no se atesorará en moneda nacional; se podría volcar a la compra de dólares —o USDT—. Cabe recalcar que probablemente no genere un gran impacto en este mercado de divisas, ya que el consumo aumenta —y no se destina tanto a ahorro— por el dinamismo generado por fechas festivas, pero eso también nos lleva al punto anterior.
Conclusión
El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.
No nos olvidemos de que el dinero es un medio de intercambio que manda señales para tomar decisiones basándonos en cómo están funcionando los diferentes mercados, por lo que cualquier tipo de bono o subsidio nos lleva a señales equivocadas.
Al forzar la liquidez, se distorsionan los precios relativos, que complica un poco más el reajuste necesario de la economía, y no solo eso, sino que es contraproducente con el objetivo inicial por el que son creados este tipo de beneficios laborales, ya que eleva el costo laboral de contratar, volviendo cada vez más complicado a las personas conseguir empleo y desplazándolas a sectores informales.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
“Las sociedades humanas son el resultado de la acumulación histórica de, digámoslo ya, técnicas de organización, y como tal, se infiere que las ‘jaulas’ en las que vivimos no son naturales ni eternas, sino construcciones históricas surgidas de la lucha por el poder. Ergo, el futuro de la sociedad humana dependerá de nuestra capacidad para reorganizar estas redes superpuestas antes de que sus fricciones nos lleven, una vez más, al desastre.”
Oriana Aranguren
La sociología histórica, en sus momentos más ambiciosos, intenta responder a una pregunta que parece sencilla, pero que esconde mucha complejidad, a saber: ¿Qué es lo que mantiene unidas a las sociedades humanas y qué es lo que las hace cambiar? Durante mucho tiempo, las respuestas oscilaron entre la rigidez del marxismo, que veía en la economía el motor último de la historia, y el funcionalismo o el idealismo, que buscaban la cohesión en los valores o el consenso. Sin embargo, si nos adentramos en los dos volúmenes de Las fuentes del poder social de Michael Mann, uno se encuentra con una refutación monumental de la simplicidad, porque nos muestra que hay que aceptar el “desorden pautado” de la historia humana, siendo una especie de “teoría del todo” un tanto —valga la redundancia— desordenada, mediada por el caos, pero que, paradójicamente, termina en coordinación social.
A través de un recorrido que va desde los orígenes del Neolítico hasta los albores de la Primera Guerra Mundial, Mann sostiene en su obra que la sociedad no es un sistema unitario, cerrado ni evolucionista —no es un “cuerpo”, ni un “edificio”, es decir, no es rígido, estático, unicausado—, sino que las sociedades están constituidas por “múltiples redes socioespaciales de poder que se superponen y se interceptan”[1]. Entender estas conexiones o entrelazamientos de “poder” es la clave para descifrar la historia del poder mismo y de la civilización humana. Adentrémonos en ello.
La muerte de la “Sociedad” y el nacimiento de las redes
El primer golpe intelectual que asesta Mann, y que resuena a lo largo de ambos volúmenes, es el rechazo al concepto tradicional de “sociedad”, pues, tal como arguye, estamos acostumbrados a pensar en “la sociedad francesa” o “la sociedad romana” como una especie de entidades discretas, como bolas de billar que chocan unas con otras, es decir, tenemos una visión “unitaria”[2]. Para él, las sociedades no son totalidades, no tienen una estructura única ni un solo motor evolutivo[3]. De hecho, esto le lleva a afirmar que ni siquiera sistemas[4] —allí cabría un extenso y profundo debate, así que sólo me limito a mencionar su postura—. En su lugar, propone el modelo IEMP, esto es: Ideológico, Económico, Militar y Político, cada una de ellas un “poder” que hace ser a la sociedad. Éstas no son “dimensiones” de un todo, sino cuatro fuentes distintas de poder social, cada una con su propia logística, su propia capacidad de organización y su propio ritmo de desarrollo. En sus palabras:
La mejor forma de hacer una relación general de las sociedades, su estructura y su historia es en términos de las interrelaciones de lo que denominaré las cuatro fuentes del poder social: las relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas (IEMP). Son: 1) redes superpuestas de interacción social, no dimensiones, niveles ni factores de una sola totalidad social. Eso se desprende de mi primera afirmación. Son también: 2) organizaciones, medios institucionales de alcanzar objetivos humanos. Su primacía no procede de la intensidad de los deseos humanos de satisfacción ideológica, económica, militar o política, sino de los medios de organización concretos que posea cada una para alcanzar los objetivos humanos, cualesquiera que sean éstos[5].
Es decir, Mann argumenta que, para comprender la sociedad y su historia, debemos analizar cómo las organizaciones de Poder Ideológico, Económico, Militar y Político interactúan y se superponen, siendo éstas las estructuras organizativas más poderosas que los humanos han creado para perseguir colectivamente sus fines. Si acaso llega a imponerse una sobre otra, eso no es por una especie de ley histórica, sino un accidente del momento, porque el poder no deriva de la intensidad con la que los humanos desean algo, sino de la capacidad organizativa para lograrlo[6].
Este enfoque es importante, porque nos libera de la creencia de que siempre hay que buscar una “causa última” de las cosas, ya que, tal como muestra Mann, la historia no es un proceso evolutivo lineal donde una etapa sucede lógicamente a la anterior. La prehistoria, por ejemplo, se caracterizó por la capacidad de los pueblos para eludir el poder, no para buscarlo[7]. La civilización, el Estado y la estratificación, a su juicio, no fueron pasos inevitables del progreso humano, sino resultados anormales y raros, surgidos de circunstancias ecológicas y sociales muy específicas que atraparon a la humanidad en una “jaula social”[8]. Si bien, para comprender el mensaje de Mann, es vital desglosar cómo estas cuatro fuentes de poder interactúan sin fundirse jamás por completo.
Las cuatro organizaciones del poder
Según Mann, el Poder Ideológico ofrece significado, normas y rituales. Es una fuente de poder porque los humanos no pueden entender el mundo solo a través de los sentidos; necesitan conceptos y categorías[9]. Mann explica cómo las religiones universales trascendieron fronteras políticas y militares, creando redes de interacción extensivas que ningún ejército podía igualar[10]. Sin embargo, hablando de la actualidad —o su actualidad, que es extrapolable al presente—, Mann observa un debilitamiento relativo de este poder, pues las ideologías se han vuelto más “inmanentes”, reforzando la cohesión de clases y naciones en lugar de trascenderlas[11].
El Poder Económico, por su parte, nacido de la necesidad de satisfacer la subsistencia, crea circuitos de praxis: producción, distribución e intercambio[12]. Mann rechaza la visión marxista de que éste poder determina todo lo demás en la vida social; si bien es cierto que el capitalismo transformó Occidente, argumenta que el mercado capitalista no funciona en el vacío, sino que requiere de la regulación política y, a menudo, de la protección militar[13].
Asimismo, el Poder Militar es quizás la reivindicación más fuerte de Mann frente a la sociología clásica, que a menudo lo ignora o lo subsume bajo el Estado. Para Mann, la organización de la fuerza física, la defensa y la agresión tienen su propia lógica, y, en la historia, la mayoría de los Estados no poseían el monopolio de la fuerza militar[14]. El poder militar, prima facie, puede ser “concentrado-coercitivo”, vital para proyectos intensivos como la esclavitud o la construcción de imperios, pero también tiene un alcance negativo y terrorista[15] para la misma sociedad.
Finalmente, el Poder Político se refiere a la regulación centralizada y territorializada[16], pues, a diferencia de las otras fuentes que pueden ser promiscuas y atravesar fronteras, el poder político se aferra al territorio; en suma, es el poder del Estado. Avanzando en la historia, Mann muestra cómo este poder cobra un protagonismo inusitado con el surgimiento del Estado-nación moderno, una entidad que busca “enjaular” o limitar a las demás redes de poder dentro de sus fronteras[17], supeditando todos los demás poderes a sí mismo.
Del azar a la jaula estatal
Éste último punto es, para los fines de esta obra, el más importante, porque la lectura conjunta de las dos obras de Mann indica una transformación de la fluidez a la rigidez. Por ejemplo, la historia hasta 1760, se presenta como una serie de accidentes y “surgimientos intersticiales”, ya que los actores humanos, persiguiendo sus objetivos individuales, dieron paso a la creación de redes que a menudo escaparon de su control[18]. En este sentido, la civilización europea misma no fue un destino manifiesto, sino el resultado de una serie de factores contingentes: una ecología fragmentada, la herencia del cristianismo —que es una red ideológica extensiva— y la competencia multipolar de estados débiles[19]. Sin embargo, al entrar en el siglo XIX, en el tiempo de 1760-1914, la textura de la historia cambia, porque el proceso se endurece, se hace rígido, por cuanto la Revolución Industrial y la Revolución Militar transformaron la capacidad logística del poder. De repente, el poder se volvió más “intensivo” y “extensivo” simultáneamente[20]. Aquí reside, precisamente, una de las tesis centrales del segundo tomo: el ascenso de las clases[21] y de los Estados nacionales no fueron procesos opuestos, sino entrelazados. Convencionalmente, pensamos que el capitalismo —donde hay clases, poder desigual entre quienes controlan los medios de producción, distribución e intercambio— es internacional y el Estado es nacional, pero Mann demuestra que esto es falso, pues, las clases modernas se formaron dentro de lo que él llama la “jaula” del Estado-nación[22]. La lucha por el poder político, por la ciudadanía y por la representación obligó a las clases a organizarse nacionalmente, por lo cual el Estado no fue un mero instrumento del capital —como diría Marx— ni un árbitro neutral —como dirían los pluralistas—, sino un actor con su propia lógica, que “cristalizó” de diferentes formas —capitalista, militarista, representativa— según las presiones históricas[23] —que no son estrictamente deliberadas—.
El mito de la revolución única
En este orden de ideas, Mann ataca a las teorías de la “revolución singular”, por cuanto, tanto liberales como marxistas, tienden a buscar una especie de “big bang” histórico: la Revolución Industrial o la Revolución Francesa como el momento en que todo cambió, porque, a juicio de Mann, la transformación económica no fue única ni sistémica[24]. Por ejemplo, el capitalismo ya estaba muy avanzado en Gran Bretaña antes de la industria, y la Revolución Industrial fue una revolución del poder colectivo —nuestra capacidad para transformar la naturaleza—, pero no cambió inmediatamente las relaciones de poder distributivo —quién manda sobre quién—[25]. De hecho, Mann señala una ironía dolorosa: los regímenes del antiguo régimen demostraron una capacidad de adaptación asombrosa, porque, lejos de ser barridos por la burguesía, se fusionaron con ella. La aristocracia terrateniente y el nuevo capital industrial a menudo encontraron acomodo dentro de las estructuras del Estado, perpetuando viejas jerarquías bajo nuevas máscaras[26].
La reflexión sobre el poder y sus consecuencias involuntarias
Tener esto presente es muy relevante, porque, si hay un hilo conductor moral en la obra de Mann, es la advertencia sobre las consecuencias involuntarias del poder. Los actores sociales —ya sean sacerdotes sumerios, nobles feudales o burgueses victorianos— persiguen objetivos racionales dentro de sus propias redes, pero, al hacerlo, activan fuerzas que no comprenden, y que terminan cambiando la estructura de la sociedad que conforman[27]. El ejemplo más dramático se encuentra en el análisis de las causas de la Primera Guerra Mundial, donde Mann rechaza las explicaciones simplistas que culpan únicamente al imperialismo capitalista o a la agresividad alemana y, en su lugar, describe una “espiral descendente” provocada por el entrelazamiento de redes de poder polimorfas[28]. La diplomacia geopolítica, las estructuras militares osificadas, las tensiones de clase internas y el nacionalismo agresivo crearon una situación donde la guerra se volvió racional para los actores individuales, aunque fuera objetivamente irracional para la civilización.
Este desenlace trágico subraya, siguiendo la visión de Mann sobre el tema, que la sociedad no es un sistema autorregulado que busca el equilibrio, sino un campo de batalla desordenado donde las distintas fuentes de poder pueden entrar en colisión catastrófica. De este modo se hizo posible la “cristalización” del Estado en formas militaristas y nacionales, combinada con un capitalismo internacional pero competitivo, que creó una máquina de guerra que nadie controlaba del todo —y que se mantiene hasta nuestros días—[29].
Sobre la vigilancia de la libertad, las instituciones sociales y el poder —social—
Todo lo descrito anteriormente nos recuerda que la sociedad se mantiene unida por un “desorden pautado”, una coordinación siempre inestable que emana de la superposición de —a juicio de Mann— las cuatro redes IEMP —Ideológica, Económica, Militar y Política—, que a su vez se deben a la acción humana. A mi juicio, la sociedad no es un sistema unitario, cerrado y orgánico, y aunque Mann rechace explícitamente la etiqueta de “sistema” para evitar la rigidez funcionalista, irónicamente, su modelo de redes socioespaciales múltiples y entrecruzadas ofrece una visión de una complejidad tal que podría entenderse como un sistema abierto y caótico en el sentido de la teoría de sistemas contemporánea[30], que llega para indicar que las interacciones humanas —para Mann, que se encuentran en las organizaciones IEMP— crean un patrón que no es teleológico, sino evolutivo y contingente, donde las consecuencias involuntarias de las acciones humanas son el verdadero motor del cambio histórico.
En lo que compete al Estado-nación, el recorrido por la historia, desde los orígenes del Neolítico —donde carecía de la estructura moderna— hasta la “jaula” actual, es una advertencia constante sobre el poder: su logística, su capacidad para trascender fronteras —como el poder ideológico o económico que ahora controla, o eso pretende— o su tendencia a territorializarse y “cristalizar” la organización social —el poder político—. La civilización, tal y como la conocemos hoy, no fue un destino inevitable, sino un “accidente del momento” generado por la capacidad humana para crear estructuras que, eventualmente, la limitan —para bien y/o para mal—.
Es en este escenario donde reside la importancia de la libertad en la creación de lo que podemos llamar “instituciones”, porque las complejas estructuras de la sociedad son, en gran medida, los resultados no intencionados de la acción descentralizada y libre de los individuos persiguiendo sus fines —un punto de conexión notable con la Escuela Austriaca—. La sociedad se articula y desarrolla en esos “surgimientos intersticiales” donde la organización dominante no llega. Sin embargo, Mann nos obliga a mantener una vigilancia perpetua, porque la historia del siglo XIX, con el entrelazamiento de las clases y el Estado-nación, demuestra que la misma libertad para organizarse —económica, social o políticamente— puede llevarnos a la rigidez y a callejones sin salida catastróficos, como la espiral descendente que culminó en la Primera Guerra Mundial, o el socavamiento de las libertades en la actualidad, más en una era digital donde los Estados nos vigilan e irrumpen en lo que debería ser privado, porque tienen la estructura para ello.
En definitiva, Las fuentes del poder social nos enseña que no hay un motor único ni una causa última. Lo que mantiene unida a la sociedad es un equilibrio de fuerzas dinámico, caótico y siempre al borde de la colisión, donde la clave para entender la historia es desglosar la capacidad organizativa, logística, de infraestructura, y, a mi juicio, reconocer que la libertad es la condición necesaria, pero no suficiente, para evitar que el poder nos atrape en una jaula que construimos como sociedad. Las sociedades humanas son el resultado de la acumulación histórica de, digámoslo ya, técnicas de organización[31], y como tal, se infiere que las “jaulas” en las que vivimos no son naturales ni eternas, sino construcciones históricas surgidas de la lucha por el poder. Ergo, el futuro de la sociedad humana dependerá de nuestra capacidad para reorganizar estas redes superpuestas antes de que sus fricciones nos lleven, una vez más, al desastre.
[1] Michael Mann. 1991. Las fuentes del poder social I: una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d. C. Madrid, España. Versión española de Fernando Santos Fontela. Publicado por Alianza Editorial S. A. Pág. 14.
[8]Ibidem., pág. 65. A este respecto, convendría a algún anarquista, o estudioso de la política y la sociedad, revisar y comparar dicha postura con el origen del Estado según F. Oppenheimer. En: Franz Oppenheimer. 2014. El Estado, su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. Traducción de Juan Manuel Baquero Vázquez. Publicado por Unión Editorial S. A.
[11] Michael Mann. 1997. Las fuentes del poder social II: el desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914. Madrid, España. Versión española de Pepa Linares. Publicado por Alianza Editorial S. A. Pág. 16-17
[12] Óp. Cit. Las fuentes del poder social I., pág. 45.
[17] Óp. Cit. Las fuentes del poder social II., págs. 40-41.
[18] Óp. Cit. Las fuentes del poder social I., pág. 34. Al usar la expresión “surgimientos intersticiales”, Mann refiere al hecho de que las estructuras sociales complejas, como el Estado o el capitalismo, no emergen necesariamente de resultados deseados o como partes de un plan maestro, sino que éstas nuevas formas de organización, como cualquier otra, ocurren en los “intersticios” de las estructuras de poder ya existentes, es decir, en los huecos, las periferias o las lagunas de la organización dominante —por eso están fuera de su control, al menos del control absoluto—. Puede comprender esto mejor si repara en el hecho de que un “intersticio” alude a un espacio o hendidura que se encuentra entre dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo, por lo cual puede describir el intervalo o la distancia entre dos momentos o lugares, o, en lo que aquí respecta, de absolutamente todo lo que compete a la sociedad y es producto de la interacción de los miembros que la conforman.
[26]Ibidem., págs. 33-41. Esto es, de hecho, parte de la tesis de Herbert Marcuse en “El hombre unidimensional”, con sus matices. Al respecto, ver: Herbert Marcuse. 1972. El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Barcelona, España. Publicado por Editorial Seix Barral S. A.
[27] En gran medida, los teóricos de la Escuela Austriaca de Economía estarían de acuerdo con ello, siguiendo a autores como Carl Menger, quien en “Principios de economía política” habla de los resultados no intencionados de la acción humana, que son instituciones complejas que rigen la misma acción humana —siendo una de ellas el dinero—; Ludwig von Mises, en su Tratado sobre la Acción Humana; o a su máximo exponente, al menos en lo que a esto respecta, Friedrich Hayek, quien habla del conocimiento disperso y las instituciones evolutivas. Al respecto, puede encontrar una síntesis de estas ideas en: César M. Meseguer. 2013. La teoría evolutiva de las instituciones: la perspectiva austriaca. Madrid, España. Segunda edición. Publicado por Unión Editorial S. A.
[28]Ibidem., págs. 21-22, donde menciona la tesis del capítulo 7, que se replica en los capítulos 10, 11, 14 y 20.
[29] Cuando Mann habla de “cristalización”, refiere al proceso por el cual las redes de poder —IEMP— se solidifican y se vuelven permanentes, estables y limitantes dentro de una estructura organizacional, que es típicamente el Estado-nación. Es precisamente por esto que se habla de “rigidez”, y del paso de una historia “abierta” a una “limitada”.
[30] Agradezco a Roymer A. Rivas B., teórico del Creativismo Filosófico, esta luz sobre el tema.
[31] Michael Foucault estaría totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque, en última instancia, la técnica de organización impone disciplina.
Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos.
“(…) los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.”
Paola B. Condori Fernández
La búsqueda de la igualdad de género ha sido uno de los ejes más persistentes en la agenda global de desarrollo. Sin embargo, gran parte de las políticas implementadas en las últimas décadas se han centrado en la igualdad de resultados, priorizando cuotas, subsidios o mandatos regulatorios que, aunque bienintencionados, con frecuencia generan distorsiones económicas y reducen los incentivos al mérito.
Frente a este paradigma intervencionista, la evidencia empírica sugiere un patrón distinto: los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.
El Fraser Institute, a través del informe Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025, dirigido por Rosemarie Fike, demuestra que la libertad económica y la igualdad de género evolucionan conjuntamente. Las mujeres prosperan cuando el entorno institucional les permite acceder libremente a la propiedad, el crédito y el empleo, sin barreras legales ni discriminación institucional. Más adelante se analiza las variables utilizadas en este estudio con los actuales datos del índice de Libertad Económica 2025.
Índice de Disparidad de Género e Índice de Libertad Económica
El Índice de Disparidad de Género (GDI), elaborado por Fike (2025), evalúa si las mujeres pueden ejercer los mismos derechos que los hombres en 17 áreas, que van desde la libertad de movimiento hasta la propiedad privada. En 2022, 69 países lograron un puntaje perfecto de 1, lo que significa que hombres y mujeres gozan de plena igualdad legal en materia económica. En el extremo opuesto, 35 países, principalmente en Medio Oriente y África subsahariana, aún mantienen severas restricciones legales, como la obligación de autorización masculina para abrir cuentas bancarias o poseer propiedades —en Sudán, por ejemplo, el GDI apenas alcanza 0,35—.
La tendencia global, no obstante, es positiva. Entre 1970 y 2022, el promedio mundial del GDI ha aumentado de 0,68 a 0,87, lo que implica un avance sostenido hacia la igualdad jurídica. Este progreso se ha visto acompañado por un fuerte vínculo con la Libertad Económica, porque los países con un mayor índice de libertad presentan mayores ingresos, esperanza de vida más larga, menor mortalidad materna y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.
Según Fike y Hall (2024), la libertad económica genera condiciones para la inclusión femenina mediante tres canales:
Incentivos de mercado, que penalizan la discriminación y premian la productividad.
Seguridad jurídica, que permite a las mujeres acumular capital y participar formalmente en la economía.
Acceso a mercados abiertos, que amplía las oportunidades laborales y empresariales.
Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida femenina constituye un indicador sintético del bienestar económico y social. En los países más libres, las mujeres viven en promedio 82,6 años, mientras que en los menos libres apenas 69,5 años, según datos del Banco Mundial. Esta diferencia de 13 años refleja los beneficios indirectos de las instituciones de mercado: mayores ingresos per cápita, mejor acceso a servicios de salud y menor mortalidad materna.
Independencia Financiera
La autonomía financiera —medida por la proporción de mujeres con cuentas bancarias o acceso a medios de pago— es uno de los indicadores clave de libertad económica individual. Según datos del Fraser Institute y del Banco Mundial:
En las economías más libres, el 97,3% de las mujeres posee una cuenta bancaria.
En las menos libres, solo el 40% tiene acceso a servicios financieros básicos.
La brecha de casi 60 puntos porcentuales refleja el rol central del acceso al sistema financiero y del respeto a la propiedad privada, porque, sin capacidad para administrar sus propios recursos, la independencia económica femenina queda fuertemente limitada.
Como señalan Lawson, Miozzi y Tuszynski (2024), “los derechos de propiedad y el acceso al sistema financiero son prerrequisitos para la emancipación económica y la reducción de la desigualdad de género”.
Fuerza Laboral
En las economías menos libres, solo 40–45% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral. En las más libres, esta cifra aumenta a 75–80%, y la brecha con los hombres se reduce de 22,9% a 11,7% (Fike & Hall, 2024).
La calidad del empleo también mejora en entornos más libres:
76% de las trabajadoras tiene educación postsecundaria —frente al 61% en economías restrictivas—.
Los ingresos nacionales brutos per cápita de las mujeres son 7,3 veces mayores en el cuartil superior de libertad económica.
Esto muestra que la libertad institucional no solo aumenta la participación laboral femenina, sino que mejora la calidad del empleo, permitiendo que las mujeres compitan en sectores formales, innovadores y de mayor productividad.
El caso de Bolivia
En el Economic Freedom of the World Report 2025, Bolivia se ubica en el puesto 116 de 165, con un puntaje de 6,05/10, un retroceso respecto al año anterior (6,13), colocando al país en el tercer cuartil, junto a economías caracterizadas por altos niveles de intervención estatal y debilidad institucional. De este modo, aunque el marco jurídico boliviano reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, su aplicación práctica enfrenta importantes limitaciones, creando en buena medida un escenario de inseguridad jurídica, informalidad e inestabilidad normativa que restringen la libertad económica general y, en consecuencia, la autonomía femenina.
Algunos indicadores ilustran esta situación:
Esperanza de vida femenina: 71 años, muy por debajo del promedio del cuartil superior (82,6).
Acceso financiero: solo 53,4% de las mujeres posee una cuenta bancaria, 30% menos que en las economías más libres.
Fuerza laboral: alrededor del 80% participa en actividades económicas, pero el 85% lo hace en el sector informal, sin seguridad social ni estabilidad.
Conclusiones
Muchos países aún confunden igualdad legal con igualdad impuesta. Pretenden alcanzar la paridad mediante cuotas, subsidios o intervenciones que, en la práctica, distorsionan los incentivos económicos. Pero los datos muestran que los entornos más libres son los que generan la igualdad más genuina: aquella que surge del mérito y la libre elección.
Por ejemplo, Europa y Asia Central alcanzaron un GDI promedio de 0,94, mientras que América Latina y el Caribe llegan a 0,92. En contraste, la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) permanece rezagada con un 0,61, reflejando estructuras jurídicas que aún subordinan la libertad femenina a normas patriarcales. En definitiva, los datos del Fraser Institute ratifican lo que la teoría económica ya intuía: cuanta más libertad económica tiene una sociedad, más libres y prósperos son los individuos.
Bibliografía
Fike, R. (2024). Economic Freedom and Gender Norms. Fraser Institute.
Fike, R., & Hall, J. (2024). Economic Freedom vs. Gender Equality Mandates. Fraser Institute.
Fraser Institute. (2025). Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025.
Gwartney, J., Lawson, R., Mitchell, M., Feldmann, H., & Murphy, R. (2025). Economic Freedom of the World: Annual Report 2025. Fraser Institute.
Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. Southern Economic Journal.
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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
“La educación, en lugar de ser un espacio para el descubrimiento y la expresión genuina, se ha convertido en un molde que hace uniforme el pensamiento, en muchos casos yendo por el camino del adoctrinamiento, consciente o inconscientemente, porque presenta una visión unilateral del mundo, evitando el debate abierto sobre temas controvertidos o imponiendo una ideología particular”
Oriana Aranguren
Vivimos en una época marcada por la transformación tecnológica y mucha complejidad al momento de abordar problemas sociales. Sin embargo, a mi juicio, la educación se erige como uno de los principales que se debe abordar, ya que repercute directamente en el desarrollo humano en libertad. El debate sobre su propósito y metodología es más pertinente que nunca, porque muchas veces es aprovechado por los poderosos, no para “cultivar el alma”, esa concepción sobre “educare” que se tenía de la educación, sino para instrumentalizar y adoctrinar a las personas, con el objetivo de que sean más fáciles de gobernar.
En este contexto, es bueno preguntarse: ¿Debe la educación limitarse a ser un mero instrumento de capacitación para el mercado laboral, o debe aspirar a algo más profundo, al cultivo integral del ser, a la nutrición del alma? En este ensayo defenderé la tesis de que sólo la libertad puede servir como cimiento para una educación auténtica, una que fomente el pensamiento crítico, desate la creatividad innata y permita el florecimiento del espíritu, en contraposición a un sistema educativo que, con demasiada frecuencia, instrumentaliza, coarta la originalidad y, en última instancia, deriva en el adoctrinamiento —orquestado por el Estado para su beneficio, como es de esperarse—.
La crisis de la educación contemporánea
El panorama educativo actual, en muchos contextos, parece haber extraviado su brújula humanista. La presión por resultados medibles, la estandarización de los currículos, y la visión de la educación primordialmente como una herramienta para la empleabilidad, han conducido a una creciente instrumentalización del proceso de aprendizaje, en cuanto se prioriza la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos específicos, a menudo en detrimento del desarrollo del pensamiento profundo, la capacidad de reflexión y la exploración autónoma del saber. Como bien se intuye en las críticas a los sistemas tradicionales que impulsaron los movimientos de una “pedagogía libertaria” en el siglo XIX y XX[1], el modelo de “ordeno y mando” y la enseñanza enfocada en la mera transmisión de información generan autómatas en lugar de individuos pensantes.
Asimismo, deriva en una limitación de la creatividad muy peligrosa, porque el énfasis se pone en la respuesta correcta, en la memorización de datos y en la conformidad con métodos preestablecidos, sofocando la curiosidad natural de las personas, sobre todo de los niños, y su capacidad para explorar soluciones novedosas. Así, surge el “miedo al error”, que es inherente a los sistemas evaluativos rígidos que inhiben la experimentación y la asunción de riesgos intelectuales, componentes esenciales del acto creativo.
De este modo, la educación, en lugar de ser un espacio para el descubrimiento y la expresión genuina, se ha convertido en un molde que hace uniforme el pensamiento, en muchos casos yendo por el camino del adoctrinamiento, consciente o inconscientemente, porque presenta una visión unilateral del mundo, evitando el debate abierto sobre temas controvertidos o imponiendo una ideología particular. De hecho, me atrevo a decir que, muy probablemente, muchos de los problemas de las democracias actuales se deban a la sumisión acrítica al orden establecido y a la masificación que anula la persona, que son resultados de una educación que no cultiva el pensamiento crítico.
Un faro de esperanza basado en la Libertad: una pedagogía libertaria
Frente a este panorama, la pedagogía libertaria, aunque a menudo malinterpretada y asociada con el desorden, ofrece una alternativa radical y profundamente humanista, ya que su núcleo reside en una confianza inquebrantable en la naturaleza intrínsecamente curiosa y creativa de las personas —principalmente niños— y en la convicción de que el aprendizaje más significativo florece en un ambiente de libertad.
Partiendo de las experiencias concretas de algunos educadores, la historia de la pedagogía libertaria es un testimonio del poder de la libertad en la formación —fungiendo como un precedente para los diversos modelos educativos en libertad que hay hoy en día, por cierto—. En este sentido, podemos mencionar a los “maestros-compañeros” de Hamburgo en los años veinte, quienes llevaron esta idea a la práctica al permitir que la actividad escolar fuera regida por la voluntad de los alumnos, sin coacción alguna para aprender. Al principio, aunque se condujo a un “caos necesario” del que emergería algo nuevo, su objetivo era vivir fraternalmente con los niños, reconociéndolos como personas completas cuya personalidad debía desarrollarse respetando al máximo su libertad. Para ellos, el único programa era el propio niño, con sus intereses y su visión del mundo.
Alexander Sutherland Neill, con su célebre escuela Summerhill, representa quizás un equilibrio dentro de esta corriente. Aunque Neill no se definía como anarquista, su escuela se fundamentaba en la libertad y en la creencia en la bondad infantil. Con este pensamiento, en Summerhill las lecciones eran optativas y los niños podían elegir no asistir durante años si así lo deseaban, porque no existía una vigilancia opresiva: los niños se vestían como querían y se les permitía vivir sin la constante interferencia adulta que, según Neill, solo produce “una generación de autómatas”[2]. La clave estaba en la autorregulación: la disciplina no era impuesta por los profesores, sino elaborada y gestionada por la propia comunidad de alumnos y maestros.
Más tarde, este espíritu encontraría eco en el movimiento de las “escuelas libres” en Estados Unidos, que experimentó un crecimiento notable a finales de los años sesenta y principios de los setenta. En estas escuelas, a menudo fundadas por padres, profesores y alumnos con planteamientos liberales o radicales, buscaban una reforma educativa radical, apartándose de la disciplina tradicional, los horarios rígidos, los exámenes constantes y los planes de estudio inflexibles, desembocando en que, en algunas de estas escuelas, el poder llegara a estar en manos de los estudiantes, quienes contrataban profesores y formulaban la filosofía del centro, demostrando una confianza absoluta en la capacidad y el deseo de aprender de los jóvenes.
Figuras como Ellen Key llevaron la idea de la libertad infantil a sus consecuencias más extremas, llegando a afirmar que “el gran misterio de la educación consiste en no educar”. Más allá de si estamos o no de acuerdo con su postura —que puede parecer exagerada—, lo cierto es que subraya un profundo respeto por la autonomía del niño y su capacidad para auto-dirigir su desarrollo. En esta misma línea encontramos a Ferrer Guardia, en España, con su Escuela Moderna, quien intentó sustraer a los hijos del pueblo de una educación tradicional que generaba servidumbre, buscando la emancipación del niño a través del contacto con la naturaleza y el desarrollo espontáneo.
La Libertad como marco para cultivar el pensamiento crítico y la creatividad
Las experiencias de la pedagogía libertaria, con sus éxitos y con sus fracasos o desafíos, ilustran una verdad fundamental: no se trata de que libertad sea simplemente la ausencia de restricciones, sino en lo que esto se traduce, a saber, en la condición necesaria para el cultivo del alma. Cuando un niño se siente libre para explorar sus intereses, para cuestionar, para cometer errores sin temor al castigo, y para participar activamente en la construcción de su propio aprendizaje, se sientan las bases para un pensamiento verdaderamente profundo. No por nada, como ya mencioné antes, han surgido varios estilos de educación en distintas partes del mundo que han optado por este tipo de enseñanzas, aunque con metodología —fundamentada en la libertad, no limitándola—.
No es de extrañar que en un ambiente de libertad la curiosidad se convierta en el motor del aprendizaje, porque éstos no aprenden porque se les obliga, sino porque desean comprender el mundo que les rodea —son curiosos por fuerza natural, por eso viven preguntando cada momento: ¿Por qué?, ¿Y por qué?, ¿Y por qué?, y después le sigue otro ¿Por qué?—. Esta motivación intrínseca es mucho más poderosa y duradera que cualquier incentivo externo. Es decir, la libertad permite que el aprendizaje sea un acto de descubrimiento personal, donde el conocimiento se integra de manera significativa en la estructura cognitiva del individuo, en lugar de ser una colección de datos memorizados superficialmente —que luego se olvidan, porque no hay aprendizaje real, porque si lo hubiera, no se olvidara. En circunstancias normales, nadie aprende a manejar una bicicleta y luego lo olvida, por ejemplo.—. La creatividad, esa capacidad tan valorada pero tan a menudo reprimida, encuentra en la libertad su terreno más fértil.
Un niño que no está constreñido por la rigidez de un currículo único o por la expectativa de una única respuesta correcta, se atreve a imaginar, a experimentar con ideas divergentes, a combinar conceptos de formas novedosas. Si se elimina la presión de los exámenes estandarizados y las calificaciones constantes, se puede crear un espacio seguro para la exploración creativa, donde incluso el juego, la experimentación y la libre expresión artística y manual se conviertan en herramientas para el crecimiento.
Además, por si fuera poco, la educación en libertad fomenta la responsabilidad y la autonomía, ya que los niños participan en la toma de decisiones sobre su aprendizaje y la vida de su comunidad escolar, desarrollando un sentido de pertenencia y un compromiso activo. ¡Aprenden a gobernarse a sí mismos, a negociar, a resolver conflictos y a asumir las consecuencias de sus elecciones! Es más, esta es una preparación mucho más efectiva para una vida adulta plena y participativa que la sumisión pasiva a la autoridad.
Desafíos de una educación en libertad: quizá una utopía necesaria
Es innegable que la implementación de una pedagogía basada en la libertad presenta desafíos, pues requiere educadores profundamente comprometidos, con una gran confianza en los niños y una capacidad para guiar sin imponer; exige también un cambio de mentalidad en la sociedad y en los propios padres, muchos de los cuales han sido formados en sistemas autoritarios y pueden sentir desconfianza ante la ausencia de estructuras rígidas. Asimismo, las experiencias de Hamburgo, por ejemplo, enfrentaron dificultades económicas, falta de maestros competentes y errores pedagógicos, lo que sugiere que una revolución pedagógica quizás deba ir de la mano de una transformación social más amplia; y en la actualidad, recurrir a modelos educativos con metodologías requiere de un nivel de recursos que muchos no poseen.
Sin embargo, las dificultades no invalidan el ideal. Es posible que, si las personas se hacen conscientes de la necesidad de la libertad en el proceso educativo, en todos los niveles, pero principalmente en las primeras etapas de la vida humana, y se comience a exigir por ello, con el tiempo la libertad sea admitida en las aulas de clases —si es que siguen existiendo aulas—. Esa, sin duda, aunque pueda parecer lejana, es una meta necesaria si aspiramos a formar seres humanos completos, críticos y creativos, capaces de construir un futuro mejor, porque si no, la alternativa es perpetuar un sistema que lleva a la mutilación del espíritu del niño y a la formación de individuos sin pasión, sumisos, indiferentes y sin pensamiento crítico. El trabajo, entonces, no lo tiene el Estado, sino, principalmente, los padres, y los ciudadanos que nos interesamos por una sociedad mejor.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
“La precaria situación en Venezuela ha actuado como un catalizador involuntario para que emerja espontáneamente un orden de educación impulsado por la sociedad civil, redefiniendo el acceso, la calidad y el propósito del aprendizaje, especialmente para las poblaciones más vulnerables.”
Oriana Aranguren
Para nadie es un secreto la crisis institucional que se vive en Venezuela desde hace muchos años, empeorando cada vez más. Dicha crisis que se ve reflejada en cada aspecto de nuestra vida, pero una de las cosas que más resalta es la educación en el país, un sector donde el 54% de la infraestructura no está en condiciones de recibir a estudiantes en las aulas, el 72% de los maestros han desertado debido a salarios precarios y malas condiciones, y la matrícula escolar ha disminuido un 46%[1], por lo cual 2.5 millones de estudiantes se encuentran fuera del sistema escolar. Asimismo, la percepción de la calidad educativa refleja que la calidad es mala, o no se cumple la regularidad necesaria en asistencia a clases, o los profesores no están capacitados para enseñar, y quienes sí están capacitados son muchas veces intimidados por las autoridades escolares y representantes del Ministerio de Educación, matando los incentivos para hacer las cosas bien, entre muchas otras cosas[2].
Más allá de los datos, muchos son los testimonios de directores y maestros a lo largo del país que pintan un cuadro desolador: techos que se desploman con la lluvia, ausencia crónica de servicios básicos como agua potable y electricidad, y carencia total de mobiliario y material pedagógico. En Maracaibo, por ejemplo, se documentan casos de maestras que deben impartir clases bajo un árbol porque las aulas son inhabitables, utilizando pizarras agrietadas y sillas de plástico donadas[3]. Así, nos encontramos en un escenario donde no solo se impide el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que convierte a las escuelas en un entorno de riesgo físico para los pocos niños y docentes que aún asisten, más por amor al arte de enseñar —en el caso de muchos profesores— que por recibir beneficios monetarios por su gran trabajo y esfuerzo.
No conforme con esto, el Estado, que dice velar por el “derecho a la educación”, no proporciona a las instituciones los materiales pedagógicos, deportivos, utensilios de cocina ni mobiliario necesarios para un adecuado desarrollo del sistema educativo[4]. De hecho, cómo ya mencioné, elimina todos los incentivos para el buen desarrollo de la educación —el paupérrimo salario de los docentes, por ejemplo—. Sin embargo, esta es la tragedia, pero no toda la historia.
La educación venezolana al margen del sistema
Resulta que en este colapso sistémico del sistema educativo formal venezolano ha surgido un ecosistema de aprendizaje alternativo, descentralizado y de base comunitaria que abarca desde el homeschooling estructurado hasta, de manera más significativa, la proliferación de “microescuelas” o “casas de tareas dirigidas” en los sectores más empobrecidos, lo cual representa una respuesta de resiliencia social sin precedentes. Es decir, la precaria situación en Venezuela ha actuado como un catalizador involuntario para que emerja espontáneamente un orden de educación impulsado por la sociedad civil —familias que demandan educación y maestras que la ofrecen como un emprendimiento de subsistencia—, redefiniendo el acceso, la calidad y el propósito del aprendizaje, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Todo ello ha tenido un impacto inmediato profundamente positivo, a pesar de los desafíos monumentales en términos de regulación, equidad y reconocimiento.
La investigación del profesor Antonio Canova
El profesor Antonio Canova ha denominado a este proceso como un “orden espontaneo” en la educación[5], el mercado en su forma más pura, impulsado por la oferta y la demanda más fundamentales, a saber: padres desesperados por el futuro de sus hijos y la oferta de personas más o menos capacitadas que se niegan a dejar morir a su vocación, beneficiándose ambos lados mutuamente. Si bien es cierto que el fenómeno que emerge en el país no se ajusta nítidamente a métodos de estudios alternativos específicos —como Monntessori, Waldorf, ABP, entre otros—, que a menudo presuponen un nivel de recursos —tiempo parental, capital cultural y estabilidad económica— inaccesible para la vasta mayoría de la población afectada por la crisis humanitaria en el país, en las zonas populares venezolanas se puede observar un modelo híbrido, forjado por la necesidad y la pobreza, que se asemeja a una educación comunitaria de emergencia —más que a un movimiento pedagógico planificado— en el que maestros, habiendo abandonado el sistema público por salarios insostenibles, abren las puertas de sus modestas viviendas para atender a los niños de sus vecinos a cambio de una tarifa mínima, a menudo simbólica[6].
Algunas de estas microescuelas incluyen a los padres en el proceso de aprendizaje del niño, otras no, pero, a pesar de que podría considerarse una tercera vía[7], el punto en cuestión es que se observa una innovación social autóctona como respuesta orgánica al colapso del sistema educativo. Es decir, puede que alguien diga que no se trata de una elección proactiva, impulsada por convicciones filosóficas, pedagógicas o religiosas, sobre la educación fuera del sistema formal, orquestado por el Estado, y hasta cierto punto es cierto, ya que para muchos en Venezuela las microescuelas no son una elección entre una gran cantidad de opciones, sino una consecuencia ineludible, una respuesta reactiva y pragmática ante el vacío absoluto dejado por un sistema educativo que ha colapsado en todas sus dimensiones. Puede que no se trate de familias que rechazan la escuela por convicción, sino de familias a las que la escuela ha abandonado. Pero, a pesar de todo ello, es un avance en la cultura de las formas en que las personas pueden educarse y, sobre todo, una clara muestra de que no se necesita del Estado para satisfacer necesidades básicas, porque el mismo mercado —que son personas con necesidades que interactúan y se coordinan entre sí, es decir, personas como usted y como yo— se encarga de suplirlas[8].
Lo que debería hacer el Estado venezolano
Las microescuelas en Venezuela, por ahora, son un mecanismo de mitigación de daño, ofrecen resiliencia académica a través del aprendizaje personalizado, fomentando habilidades críticas para la supervivencia en un entorno de incertidumbre y proveyendo un refugio psicosocial frente a la descomposición del entorno escolar formal, pero puede extenderse y cambiar el paradigma, beneficiando aún más a las personas en extrema pobreza[9]. La ventaja más inmediata y tangible de estos modelos educativos, desde las microescuelas de Petare o Montalbán hasta el homeschooling estructurado, es su capacidad para ofrecer un aprendizaje personalizado. En un contexto donde los estudiantes arrastran años de escolaridad deficiente, la instrucción masificada y estandarizada es ineficaz, pero las alternativas permiten que el aprendizaje se adapte al ritmo y a las necesidades específicas de cada individuo, enfocándose en cerrar las lagunas fundamentales en lectura, escritura y matemáticas.
De hecho, no son pocos los estudios que muestran que el enfoque individualizado, o en pequeños grupos, mejora significativamente la comprensión, la retención del conocimiento y, crucialmente, la motivación del estudiante, ya que se centra en los intereses y habilidades del niño, haciendo que el aprendizaje, en lugar de experiencia de frustración, se convierta en un proceso de descubrimiento[10]. La educación fuera de las rígidas estructuras estatales fomenta, por su propia naturaleza, un conjunto de habilidades que son cruciales para la supervivencia y el progreso en un entorno de crisis e incertidumbre. Al no estar atados a un currículo obsoleto y a métodos de enseñanza pasivos, los estudiantes desarrollan mayor autonomía, responsabilidad y capacidad de autogestión, promoviendo así el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya que los estudiantes son constantemente desafiados a aplicar el conocimiento a situaciones del mundo real. Asimismo, los padres se ven empujados por el contexto, mucho o poco, a ser partícipe de la educación de su hijo, incentivando la cohesión social. Ante toda esta realidad, el Estado venezolano debería aceptar sus fallas y quitar todos los obstáculos burocráticos al sistema educativo para potenciar al máximo la creatividad innata en las personas que tienen soluciones a estos problemas concretos, más si son en entornos precarios y de mucha incertidumbre. Y, para empezar, sólo para empezar, una forma de hacerlo sería comenzar a reconocer formalmente esta preparación de los niños y jóvenes en los diferentes barrios populares.
[7] No es estrictamente homeschooling o unschooling, sino un modelo de microescuelas o casa de tareas dirigidas que fusiona elementos de ambos por pura pragmática de supervivencia. Aunque algunas de estás microescuelas cuentan con el apoyo y la participación de los representantes.
[8] Al respecto, revisar la intervención del profesor Antonio Canova en el Primer Encuentro de la Alianza Nacional Todos por la Educación, recogida por RunRunEs. Puede acceder en: https://runrun.es/el-megafono/449481/canova-es-una-necedad-seguir-planteando-que-sea-el-estado-el-que-nos-eduque/?tztc=1 (Cit. 19/09/2025). El profesor sostiene, con justa razón, fundamentado en sus propias investigaciones sobre el fenómeno en Venezuela, que es una necedad seguir planteando que el Estado debe ser el encargado de educar, cuando los hechos apuntan a todo lo contrario. En las investigaciones del profesor Canova, que no son meramente teóricas, sino empíricas, nos encontramos con que en Moltalbán, una zona pobre en el Estado Carabobo, Venezuela, el pueblo cuenta con 63 microescuelas espontaneas, siendo algo que se extiende a otras zonas del país. Según sus propias mediciones, alrededor del 30% de la población infantil de Venezuela ya estaría recibiendo su educación principal a través de estas escuelas informales. A partir de esta evidencia, el profesor Canova aboga por una conclusión radical: la solución a la crisis educativa no pasa por intentar reconstruir el monopolio estatal fallido, sino por liberar las fuerzas creativas de la sociedad.
[9] El modelo económico que sustenta estas microescuelas es una prueba contundente de la valoración que las familias más pobres otorgan a la educación. Contrario a los socialistas que salen con grandilocuencias para defender la “educación gratis” para favorecer a los más “desfavorecidos”, el caso venezolano muestra que, en un contexto de pobreza extrema, los padres realizan un esfuerzo significativo para pagar cuotas que oscilan entre 1 y 10 dólares semanales por niño, algunas veces pagando en especie, con alimentos u otros bienes. Este intercambio, aunque modesto, permite a las maestras-emprendedoras obtener un ingreso superior al que percibirían en el sistema público, creando un incentivo para permanecer en la labor educativa. De esta manera, el sistema de microescuelas no solo provee un servicio educativo donde antes no lo había, sino que también genera un micro-mercado que revaloriza la profesión docente desde la base.
Valentina Gómez es economista (UCAB), fundadora Impulsa Tu Economía, y coordinadora local senior de EsLibertad Venezuela. En todos sus espacios, aprovecha cada oportunidad para reflexionar sobre las ideas de la libertad y empoderar a quienes le rodean.
“La educación formal nos da las herramientas para ser más racionales, críticos y competentes. Nos enseña a resolver problemas, analizar y entender lo que nos rodea. Sin embargo, no siempre nos enseña a desarrollar la empatía, la compasión o la solidaridad.”
Valentina Gómez
Hace poco leí una frase que me hizo reflexionar: “ La violencia no es algo aleatorio, es una respuesta desesperada a un sistema de desigualdades que ha fallado”. En este artículo analizaremos los motivos que han impulsado la violencia como recurso ante las diferencias, mi punto de vista y una posible solución. Resulta inquietante pensar en el futuro de una sociedad que continúe así.
Kirk era activista; realmente no importa su ideología. Lo que realmente importa es que su única arma era un micrófono y fue asesinado por miedo a su capacidad de influir. ¿A cuántos de nosotros nos gusta opinar? ¿Cuántos de nosotros ha tenido una opinión distinta a la de un grupo de personas? La opinión es un derecho, al perderse se pierde la libertad. Atacar la libertad de expresión es atacar la libertad de pensamiento, atentar contra la democracia y, poco a poco, eliminar rastro de oposición con el fin de adoctrinar a la población. De continuar de esta manera se normalizará esta opción para silenciar a los demás.
Al igual que Kirk, Miguel Uribe Turbay también fue silenciado. Ambos compartían la misma arma. Nadie debería ser atacado en un momento de exposición pública, es como disparar por la espalda, tu oponente no está alerta, mucho menos preparado o en igualdad de posición. Es desgarrador que esto ocurra y que hablar se convierta en un acto de rebeldía.
Miguel Uribe, excandidato presidencial asesinado en Colombia
¿Qué que motiva a las personas al uso de la violencia?
Como dice Corey Robin en su libro: “El miedo: historia de una idea política”, el miedo no es solo algo que existe en las personas, sino que es un instrumento para mantener el statu quo y perpetuar el dominio de las élites sobre el resto de la sociedad.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch concuerdan en que el objetivo es evitar que se difundan ideas que promueven la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas.
En resumen, uno de los motivos principales y más importante de estos actos es el miedo a las ideas del activista o político, se utiliza como control social. Suele ocurrir que estos actos son realizados por personas extremistas y manipuladas por una figura de autoridad o una creencia que les dice que violencia es la única respuesta. Una persona así está desvinculado a la creencia de que Dios existe, una persona que cree en el Dios católico, no mataría.
Ahora, hay un escritor que realizó uno de los mejores libros que he leído en mi vida, Yuval Noah Harari escribió: “Sapiens: De animales a dioses”. En este explica la creación de la creencia de que Dios existe, por qué es importante que creamos en un ser superior y cómo esta creencia nos ha formado como mejores seres humanos, alejándonos de nuestros instintos más primitivos.
Recordemos que los seres humanos somos animales. Lo que nos diferencia de otros animales es nuestra capacidad de razonar, discernir entre lo bueno y lo malo y poder tomar decisiones que nos den un mejor resultado en la vida. Creer en Dios es importante para temerle a algo más grande y poderoso que nosotros, por décadas nos ha salvado de conflictos y alejado de antiguas normas sociales.
Una de esas normas que se ha ido eliminando es la poligamia. Cuando un hombre tiene varias mujeres, su vida se vuelve caótica y genera conflictos en su entorno. Al tener una sola pareja, su atención puede enfocarse en cuidar a su familia, ser un mejor padre y un mejor ser humano. En pocas palabras, la creencia en Dios ha sido un factor crucial para ordenar la sociedad. Ha permitido que vivamos de una manera más organizada y menos primitiva.
Harari lo explica en su libro con algo como: «Dios no existe, pero no se lo digas a mi jardinero, porque me mataría». La frase del «jardinero» ilustra que, aunque una creencia sea una ficción, el miedo a las consecuencias de esa creencia es muy real. El jardinero no mataría a su jefe porque exista un dios, sino porque cree en las reglas, las leyes o los castigos que esa creencia impone. Es el miedo a la ira divina, o a la condena social, lo que lo mantiene obediente.
Aunque no creas en Dios, es necesario promover los valores que la religión ha inculcado en la sociedad, como el respeto, la tolerancia y la cooperación, ya que la educación por sí sola no es suficiente.
La educación formal nos da las herramientas para ser más racionales, críticos y competentes. Nos enseña a resolver problemas, analizar y entender lo que nos rodea. Sin embargo, no siempre nos enseña a desarrollar la empatía, la compasión o la solidaridad. Un asesino, por ejemplo, puede ser una persona muy educada, pero sus actos demuestran una total falta de valores morales. En cambio, la religión nos enseña a sentir, a ponernos en el lugar del otro y a actuar con empatía y compasión.
Hoy en día, cada vez más personas se identifican como no religiosas. Si bien es cierto que la idea de un solo camino a la verdad puede llevar a la intolerancia y a la violencia, la forma en que se interprete y se aplique esa creencia es crucial. Si aplicamos el entendimiento, podremos mejorar esta creencia y, con ella, a nuestra sociedad.
¿Estás de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer para mejorar la sociedad?
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
“(…) en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad”
Oriana Aranguren
Es una creencia común en las sociedades occidentales de que la movilidad social y la prosperidad económica de una persona se fundamenta en el trabajo duro, la innovación y la libre empresa. Y en buena medida es cierto. Pero muchas veces se pretende defender ello en un marco en el que no se critica un obstáculo cada vez más formidable y, a menudo, subestimado, que se interpone en el camino de millones de aspirantes a emprendedores y trabajadores, a saber: el laberinto de las licencias ocupacionales —impuestas por el Estado bajo el estandarte de la “protección del consumidor”, en el que el mismo pretende acreditar alguna profesión, exigiendo que los individuos obtengan un permiso gubernamental para ejercerla—.
Para algunos, la justificación estatal de las licencias profesionales que emite parece loable, por lo cual no lo critican, o incluso lo exigen, pero un análisis riguroso revela una realidad que contradice dicha postura, ya que, lejos de ser un escudo para el público, ese sistema de licencias profesionales se ha convertido en una herramienta de proteccionismo que limita la competencia, infla los precios y, lo más preocupante, erige una barrera sistémica que restringe el acceso a oportunidades laborales, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos y a los emprendedores. De esta manera, se convierte en una especie de “costo invisible” que frena el dinamismo económico y socava el principio fundamental del derecho a ganarse la vida.
La lógica estatal detrás de las licencias profesionales es simple y seductora: garantizar que las personas que quieren ejercer algún trabajo posean un nivel mínimo de competencia y ética, protegiendo así a los consumidores de daños físicos o fraudes financieros. Y es seductora porque, a simple vista, nadie discutiría la necesidad de licencias rigurosas para profesiones médicos, pilotos de aerolíneas o ingenieros nucleares, donde el riesgo de un error es catastrófico y la asimetría de información entre el proveedor y el cliente es bastante grande. No obstante, es necesario señalar que el problema no reside en la existencia de la licencia en sí, sino en su expansión descontrolada y a menudo ilógica a un espectro cada vez más amplio de ocupaciones de bajo riesgo. De hecho, en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad, abarcando oficios tan dispares como floristas, decoradores de interiores, guías turísticos, maquilladores y trenzadores de cabello[1].
Es en esta expansión donde la justificación de la “protección del consumidor” comienza a desmoronarse, pues resulta difícil argumentar de manera creíble que un arreglo floral mal ejecutado o una elección de cortinas poco estética representen un peligro significativo para la salud y la seguridad pública. Así, se muestra como los requisitos para obtener estas licencias a menudo parecen arbitrarios y desproporcionados con respecto a cualquier riesgo plausible; por ejemplo, en varios estados de EE. UU., los trenzadores de cabello africano, una técnica ancestral con riesgos mínimos, han tenido que completar cientos, y a veces miles, de horas de formación en cosmetología general —la mayor parte de las cuales son irrelevantes para su oficio— y pagar miles de dólares en matrículas y tasas de examen[2]. Lo cual nos hace inferir que estos requisitos no protegen a los clientes, más bien protegen a las escuelas de cosmetología y a los cosmetólogos con licencia de la competencia de un servicio especializado y a menudo más asequible.
De hecho, el estudio citado explica como muchas veces las regulaciones han surgido por un grupo de profesionales que los exige para limitar la competencia, lo cual es a su vez aceptado por los políticos para asegurarse ciertos impuestos de dichos grupos[3]. De este modo, aseguran ganancias extraordinarias, en la medida en que son superiores en comparación a las de un mercado libre, en donde las personas tienen menos limites de entradas y es la oferta y la demanda, mediada por la competencia, quienes se encargan de regular a los trabajadores, desechando a quienes no presten un servicio de calidad a un buen precio.
Este fenómeno es un ejemplo clásico de lo que los economistas denominan “captura regulatoria”, que refiere a cuando los grupos de interés de una industria —en este caso, los profesionales ya establecidos— influyen en los organismos reguladores y en los legisladores para que creen normativas que les beneficien directamente. Al presionar por requisitos de licencia onerosos, los titulares del mercado logran un objetivo primordial: limitar la oferta de nuevos competidores, erigiendo, como ya se mencionó, barreras de entrada costosas y que consumen mucho tiempo, crean un cartel sancionado por el gobierno, mientras que dichos profesionales existentes pueden disfrutar de salarios más altos y una base de clientes más segura, no necesariamente por ser más competentes, sino porque el gobierno ha eliminado artificialmente a sus potenciales rivales. Entonces, la supuesta “protección del consumidor” se convierte, en la práctica, en una “protección del productor” —así es como se crean los monopolios que tanto critican, de hecho, por lo cual su discurso es doble moral—, porque se tienen productos más caros, no necesariamente mejores, y se limitan de opciones al consumidor[4].
Empero, más allá de la inflación de precios, estas barreras de entrada sofocan la innovación y el dinamismo empresarial. Si partimos de la idea de que los emprendedores son, por naturaleza, agentes de cambio que introducen nuevos modelos de negocio, tecnologías y métodos más eficientes, al existir un régimen de licencias rígido se petrifica una industria en sus prácticas existentes —se vuelve estático—. Y es que, si las regulaciones dictan con precisión cómo se debe realizar un servicio o qué herramientas se pueden utilizar, basados en los métodos de hace décadas, o de ahora, un innovador con un enfoque disruptivo y más eficiente puede encontrarse legalmente excluido del mercado, puesto que choca frontalmente con estas regulaciones en su campo de trabajo.
No conforme con lo anterior, los efectos económicos negativos, el sistema de licencias profesionales ataca directamente la raíz de la movilidad social, porque para las personas de bajos ingresos, esas profesiones que a menudo requieren licencias —oficios manuales, servicios personales, cosmética, entre otros— representan tradicionalmente sus primeros peldaños para escalar en su situación financiera, ya que son trabajos que no siempre exigen un título universitario de cuatro años, pero que ofrecen un camino hacia la autosuficiencia y la creación de un pequeño negocio. Pero las licencias convierten estos peldaños en muros, en procesos costosos en tiempo y dinero, que son recursos con los que muchas veces no cuentan, por lo cual, en la práctica, se les prohíbe salir de su situación.
En esta línea, probablemente los más afectados sean los inmigrantes, ya que a menudo llegan con habilidades y experiencia valiosas de sus países de origen, pero se encuentran con que sus credenciales no son reconocidas, viéndose obligados a volver a capacitarse desde cero, a un costo enorme, para poder ejercer el mismo oficio en el que ya son competentes. También, ¿Qué decir de las licencias que son emitidas en un estado y no son reconocidas en otros, aún dentro del mismo país? En este sentido, encontramos, por ejemplo, que una licencia de cosmetóloga o enfermera obtenida en Texas puede no ser válida en California, lo cual limita sus opciones y/o obliga a la persona a volver a pasar por todo un proceso costosos de recertificación con cada mudanza, creando lagunas de desempleo y una pérdida significativa de ingresos.
Frente a este panorama, es imperativo reconsiderar el enfoque regulatorio, no con la intención de eliminar totalmente el régimen de licencias, sino para que se adopte un principio de regulación menos restrictiva con actividades que no lo requieran, porque el mercado siempre ofrecerá alternativas más inteligentes y menos gravosas que pueden proteger a los consumidores sin aniquilar las oportunidades económicas. De hecho, siguiendo esta misma idea, sería bueno preguntarse: ¿Es necesaria, estrictamente, la regulación estatal en cuanto a las licencias profesionales, o podría dejar de preocuparse por ello y que sea el mismo mercado que cree un sistema de acreditación de competencias a quienes lo requieran? Puede que esta segunda opción no presente los mismos problemas que cuando el Estado interviene. Podría apelarse a un sistema en el que, a diferencia de las licencias otorgadas por el Estado, que son obligatorias para ejercer legalmente, la certificación sea voluntaria, permitiendo a los profesionales demostrar su competencia a través de un examen o una evaluación por parte de una entidad reconocida —gubernamental o privada—, obteniendo así un sello de aprobación que pueden publicitar. Lo dejo a mera reflexión[5].
Otra opción podría ser un registro simple, en el que los profesionales simplemente informan al Estado de su nombre e información de contacto, sin necesidad de cumplir requisitos previos de formación o examen —lo cual permitiría al Estado mantener una lista de proveedores a la que los consumidores pueden recurrir en caso de fraude, facilitando la acción legal, pero sin impedir que nadie entre en el campo—, o simplemente se podría apelar a un sistema de reputación al estilo de plataformas de reseñas como Yelp, Google Reviews o Angie’s List, que han demostrado ser una herramienta de protección al consumidor extraordinariamente potente, ya que la reputación se convierte en el activo más valioso de un profesional.
En suma, el punto a destacar es que el entramado de licencias ocupacionales, aunque nacido de una intención protectora —o al menos eso dicen, porque podemos dudar de sus intenciones—, se ha transformado en una de las barreras más significativas y sigilosas para la movilidad social y la prosperidad económica en la era moderna, en cuanto impone costos invisibles que se manifiestan en precios más altos para todos, una menor innovación y, lo más trágico, en puertas cerradas para aquellos que más necesitan de esa oportunidad de abrirse camino en mejorar sus finanzas.
Con esto en mente, podríamos decir que desmantelar las licencias innecesarias y sustituirlas por alternativas más inteligentes y menos restrictivas, más que una propuesta radical de desregulación, se convierte en un imperativo de justicia, porque, en el fondo, se trata de devolver el equilibrio, de asegurar que la protección del consumidor no sea un pretexto para el proteccionismo de la industria, que el acceso al mercado sea fácil y no un privilegio otorgado por el Estado a unos pocos, y, en suma, de que se reafirme el derecho de cada persona a ganarse la vida y a perseguir un futuro mejor para sí y los suyos.
[1] Ver el estudio —en inglés— realizado por Nicholas A. Carollo, et al. 2025. The origins and evolution of occupational licensing in The United States. Publicado por Nacional Bureau of Economic Research. En: https://www.nber.org/papers/w33580 (Cit. 30/06/2025). Pág. 3. En el texto se explica que este crecimiento se debe tanto a la creación de nuevas leyes para más ocupaciones como a los cambios en la composición del empleo hacia sectores más regulados. Históricamente, las licencias comenzaron en profesiones como la medicina y el derecho, pero durante el siglo XX se expandieron a casi todos los demás sectores, desde servicios personales hasta la construcción (pág. 17).
[3]Ibidem. Págs. 3, 5-7, 11, 13, 33. Muchas veces, se pide la licencia para aumentar los costos de entrada —disminuyendo la oferta de trabajadores— y aumentar la demanda de los consumidores si perciben que garantiza una mayor calidad o seguridad, aumentando así las ganancias de las personas que cuentan con las licencias profesionales.
[4] Estudios de instituciones como el Brookings Institution y el Institute for Justice han demostrado consistentemente que las ocupaciones con licencias más onerosas tienen un crecimiento laboral más lento y salarios más altos para los titulares, pero a costa de precios más elevados para los consumidores. Por lo tanto, el sistema de licencias actúa como un impuesto regresivo oculto, porque las familias de ingresos medios y bajos, que son las más sensibles a los aumentos de precios, terminan pagando más por servicios básicos —corte de cabello, fontanería, entre otros—. Nuevamente, como ya se mencionó, el sistema diseñado para “protegerlos” termina por mermar su poder adquisitivo. Al respecto, ver: C. Jarrett Dieterle y Shoshana Weissmann. The licensing logjam. Publicado en Nacional Affairs. En: https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-licensing-logjam (Cit. 30/06/2025).
[5] Un ejemplo que podemos encontrar de ello son los mecánicos de automóviles certificados por la Automotive Service Excellence (ASE), en donde los consumidores son libres de elegir a un mecánico no certificado legalmente —de cara al Estado—, pero la certificación dada por el sistema les proporciona una señal de calidad fiable, permitiendo que el mercado, y no el gobierno, recompense la competencia. Puede encontrar el sistema en: https://es.ase.com/drivers (Cit. 30/06/2025).
El Gobierno de Argentina ha asegurado este jueves que en los tres primeros meses de 2025 la pobreza ha bajado más de 20 puntos porcentuales respecto al mismo período del pasado año, hasta situarse en el 31,70%.
Así lo ha anunciado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X en el que ha indicado que la «indigencia bajó 12,9 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de» 2024.
La pobreza en la Argentina se ubicó en 31,7% durante el primer trimestre de 2025, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basada en datos del @indecargentina, marcando una baja de 23,1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre 2024.… pic.twitter.com/rFR1KDKf8I
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 26, 2025
Las cifras se han extraído de un trabajo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), adscrito a la cartera ministerial, quien señala que son informaciones con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y en particular de su «Informe de Distribución del Ingreso» publicado este mismo jueves.
«Esta estimación del 31,7% representa una baja interanual de 23,1 puntos porcentuales (PP) con relación al primer trimestre de 2024, cuando se registró el pico más alto de pobreza con una proyección de 54,8%», ha señalado el Gobierno argentino.
Por su parte, el presidente del país, Javier Milei, ha destacado que, de acuerdo al INDEC, la pobreza bajó del 52,9% al 38,1% entre el primer y el segundo semestre de 2024, teniendo en cuenta que comenzó su mandato a finales de 2023.
Asimismo, ha sacado pecho de que «la indigencia» ha descendido del 20,2% en el primer trimestre de 2024 al 7,3% en el mismo período de este año, lo que representa una baja interanual de casi 13 puntos porcentuales.
Cabe destacar que estos logros se han atribuido «a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía», celebrando que «la pobreza continúa descendiendo en» el país.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
«(…) En un sistema descentralizado, las minorías ideológicas o de estilo de vida pueden encontrar refugio en jurisdicciones que se adapten a sus valores, yendo hacia ellas si así lo consideran mejor.«
Oriana Aranguren
La filosofía política se centra, en última instancia, en el modo en que se debe organizar la sociedad y, desde tiempos modernos, la tensión entre el individuo y el poder del Estado, donde la libertad ha sido, en esencia, la búsqueda de límites a la coacción arbitraria del poder. En este sentido, en nuestro tiempo este debate encuentra un nuevo paradigma que merece consideración en el debate público, a saber: la competencia entre jurisdicciones locales, que, básicamente, son confederaciones —aún más radical y local que las federaciones—. Y ésta merece considerarse precisamente por alejarse de la narrativa de la soberanía nacional y mostrarse como un escenario que expande la libertad individual, en la medida en que la idea ciudades y municipios que compiten entre sí por atraer residentes y capital mediante la reducción de impuestos, la desregulación y la provisión eficiente de servicios, actúan como un bastión contra la uniformidad impuesta por los gobiernos centralizados.
Lo cierto es que el régimen de confederaciones podría ser un mecanismo observable y robusto para fomentar el bienestar y la autodeterminación de las localidades, y es precisamente sobre ello que pretendo hablar en este texto, argumentando que el confederalismo, delineado por la competencia jurisdiccional, manifestaría políticas fiscales más atractivas, una desregulación inteligente y, de ameritarlo el caso, una provisión eficiente de los servicios públicos, fungiendo como mecanismo para disciplinar al Estado, llevándolo a la mínima expresión —o servir de camino para eliminarlo por completo, si gusta a los libertarios más radicales—, y fomentar la innovación, maximizando la libertad y, con ello, empoderando al ciudadano. Vamos a ello.
Breve paso por los fundamentos teóricos: el voto con los pies y la disciplina del mercado político
Para empezar, he de señalar que el andamiaje intelectual que sostiene este argumento fue articulado de manera seminal por el economista Charles Tiebout en su ensayo de 1956, “Una teoría pura de los gastos locales”, en la que el autor propone un modelo revolucionario en el que el ciudadano no es un mero sujeto pasivo de las decisiones gubernamentales, sino un “consumidor-votante”, es decir, alguien con “consume” en una localidad y puede incidir con sus elecciones en ella a través del “voto”. Partiendo de ello, sostiene que en un sistema con múltiples jurisdicciones locales, cada una ofreciendo una especie de “paquete” distinto de bienes públicos —seguridad, educación, parques— a un “precio” determinado —que serían los impuestos locales—, los individuos pueden “votar con los pies”, es decir, revelan sus preferencias y maximizan su utilidad eligiendo la comunidad que mejor se alinea con sus deseos.
En su momento, Tiebout observó una diferencia fundamental entre los bienes privados y los bienes públicos, encontrando que en el mercado los individuos revelan sus preferencias directamente a través de sus compras, por lo que, si prefieren un producto sobre otro, lo compran, enviando una señal clara a los productores —a través del sistema de precios, como indica la Escuela Austriaca de Economía—; sin embargo, con los bienes públicos proporcionados por un gobierno central —seguridad, justicia, política monetaria, salud, educación, entre otros— la revelación de preferencias es casi imposible, porque el ciudadano se ve obligado a aceptar el “paquete” completo de políticas, le guste o no.
Por otro lado, hemos de considerar a la escuela de la Elección Pública (Public Choice), que es una corriente que aplica el análisis económico a la política, desmitificando la noción del “interés público” y tratando a los políticos y burócratas como lo que son: actores racionales que, al igual que los individuos en el mercado, buscan maximizar sus propios intereses —poder, presupuesto, prestigio—, lo cual se integra perfectamente con el concepto de Tiebout y nos lleva a la conclusión de que, en un sistema centralizado y monolítico, estos actores enfrentan pocos incentivos para ser eficientes o responder a las necesidades ciudadanas, dado que el coste de la “salida” —emigrar del país— es extremadamente alto, si acaso no imposible, y la “voz” —el voto— es a menudo demasiado difusa para generar cambios significativos.
De lo abstracto a lo concreto: la lógica del mercado en la política
Con esto en mente, e integrando las ideas, podemos comprender por qué, entonces, el régimen de confederaciones es mejor para sus ciudadanos: porque se adapta más fácil a sus necesidades y está mediado por la competencia, el mercado. Así, si una ciudad impone una carga fiscal excesiva para los servicios que ofrece, o si sus regulaciones ahogan la iniciativa personal, sus residentes más móviles —y con ellos, su base impositiva— simplemente se mudarán a una jurisdicción vecina más atractiva, lo cual, siguiendo la lógica de “mercado” —mercado político institucional—, crearía un contrapeso o unos incentivos que llevarían a las jurisdicciones locales a mantener sus servicios y sus precios atractivos para los ciudadanos, incentivando, a su vez, la empresarialidad de cada uno.
Así, la lógica del mercado se traslada al modo en cómo se organizan las jurisdicciones locales y que cada persona, en libertad, decide entre las opciones que tiene —más opciones—, siendo en sí mismo un acto de elección transforma la relación entre el ciudadano y el gobierno, porque éste deja de ser un monopolista ineludible para convertirse en un proveedor de servicios en un mercado competitivo —es aquí donde se introduce una disciplina de mercado en la esfera política porque transforma la relación entre el ciudadano y el gobierno local en algo más parecido a la relación entre un cliente y una empresa, siendo el gobierno local el que debe ganarse a sus ciudadanos cada día, y no al contrario, y mucho menos esperando la cantidad de tiempo que pretenden imponérseles en estos Estados modernos “democráticos”, donde se pretende alcanzar un cambio solo en época de elecciones—.
En este marco, si una administración municipal se vuelve ineficiente, corrupta o impone una carga fiscal desproporcionada en relación con los servicios que ofrece, arriesga un éxodo de sus “clientes” más valiosos: los contribuyentes y las empresas. Y todo ello es gracias a que las localidades se verían en la obligación de competir entre sí en el campo fiscal —alto o bajos impuestos, qué tipo de impuestos, por qué y para qué—, regulatorio —si son onerosas, si hay mucha burocracia, si son arbitrarias, entre otras cosas a considerar, y en la eficiencia para la provisión de servicios —en los que incluso se puede demandar que sean suministradas por empresas privadas, o que el sector público compita con el privado en un plano de “igualdad”—.
Para ilustrar el punto: imagine una persona que valora enormemente los parques y las bibliotecas, pero le importa menos el pago de impuestos, pues, él podría mudarse a una ciudad que tribute más a cambio de los excelentes servicios que le gustan; o piense en un joven emprendedor que prioriza mantener la mayor parte posible de sus ingresos para reinvertir en su negocio, éste podría elegir un municipio con impuestos mínimos, aceptando a cambio un nivel más básico de servicios públicos.
Si bien, para apreciar plenamente los beneficios de la competencia local, es útil contrastarla con el modelo de gobierno centralizado.
En contraposición al poder concentrado
Un Estado central, por su propia naturaleza, es monopólico, concentra todo el poder e impone una uniformidad a todo el territorio: mismas leyes, mismos impuestos, mismas regulaciones —o con más o menores cambios para ciertas localidades, pero para nada adaptativo, dinámico, a la rapidez en que sí lo haría el régimen de confederaciones— para poblaciones muy diversas, como si se intentara poner una misma talla de zapato a toda la población. Este hecho, ignora una de las ideas más profundas del pensamiento económico popularizada por Friedrich Hayek: el problema del conocimiento, es decir, el hecho de que ningún planificador central puede poseer en todo momento, en todo lugar, a cada instante, el conocimiento disperso y tácito sobre las necesidades, preferencias y condiciones específicas de cada comunidad local.
Asimismo, dicha uniformidad impuesta ahoga la experimentación, el aprendizaje por ensayo y error, y mata la capacidad de adaptación de la sociedad entera, puesto que, por ejemplo, si una nueva política resulta ser un fracaso, sus consecuencias negativas se extienden por toda la nación. En contraste, si contamos con un régimen de gobierno descentralizado, que funciona como una especie de red de “laboratorios de políticas” —por decirlo de alguna manera—, el mal solo se extendería a la localidad, y los mismos tendrían mecanismos para solucionarlo de forma rápida y efectiva. Así, aquellos experimentos exitosos pueden ser emulados por otras ciudades, mientras que los fracasos quedan contenidos localmente y sirven de lección para los demás —lo cual constituye un proceso evolutivo de ensayo y error que es fundamental para el progreso social y es, de hecho, lo que dio paso a la civilización y al progreso a lo largo de la historia del ser humano—. Todo ello es y sería imposible bajo un régimen centralizado
Se soluciona el problema de volumen de la Democracia
En adición, la consecuencia más profunda de este modelo competitivo es la expansión del ámbito de la libertad individual a través de la multiplicación de las opciones de vida, que se contrapone a la lógica de la sociedad uniforme, impuesta por un gobierno centralizado, que es inherentemente liberticida en cuanto asume que una única solución es adecuada para millones de personas con valores, preferencias y aspiraciones diversas.
En primer lugar, la confederación protege contra la “tiranía de la mayoría”: en una democracia nacional, una mayoría del 50% más 1 puede imponer sus preferencias culturales, morales y económicas a todo el país. En un sistema descentralizado, las minorías ideológicas o de estilo de vida pueden encontrar refugio en jurisdicciones que se adapten a sus valores, yendo hacia ellas si así lo consideran mejor; pero en un sistema centralizado, se disminuyen esas opciones y, si cabe la observación, costaría más a las personas alinearse con aquellas que considere mejor. En definitiva, un sistema de comunidades que compiten entre sí hace que se pueda apreciar un mosaico de comunidades, en donde, por lógica, cada una sentiría más sentido de pertenencia por lo suyo, llevando, incluso, a proteger mejor su entorno.
Además, las comunidades, al ser más pequeñas y estar próximas a sus problemas, podrían elegir mejor a sus lideres para solucionarlos, organizarse y afrontarlo juntos, autodeterminándose como localidad, y sin esperar que alguien sentado en el palacio de gobierno, a quienes probablemente ni conocen, ni conocerán en persona, decida por su futuro. En este sentido, las políticas públicas serían más manejables, responderían a casos concretos, según la necesidad local, por lo cual nos encontraríamos con algo paradójico: no habría nada más democrático que el régimen de confederaciones.
Respondiendo a posibles objeciones que rozan lo absurdo
Ahora bien, en este punto alguno podría decir que el modelo no está exento de críticas, aludiendo a, por ejemplo, la idea de que la competencia fiscal obligaría a las ciudades a recortar drásticamente el gasto social, las protecciones medioambientales y los servicios esenciales para atraer capital, perjudicando a los más vulnerables. Sin embargo, aun suponiendo que tal riesgo exista, se estaría subestimando la complejidad de las preferencias de los ciudadanos y del mismo proceso social para dar solución a ello, en la medida en que se ignoraría que las empresas de alto valor y los trabajadores cualificados no se sienten atraídos por páramos contaminados con servicios públicos inexistentes, altas tasas de criminalidad y baja calidad en el talento humano; al contrario, buscan calidad de vida, seguridad, un buen ambiente, ocio y buenos talentos —la competencia, por tanto, no es simplemente por ser el más barato, sino por ofrecer el paquete de valor más atractivo—. Además, parecen olvidar que cuando hay lazos fuertes en la comunidad, la misma tiende a ser generosa para con sus miembros, por lo cual, aun si se elimina por completo los planes sociales, queda en entredicho que sean cosas que solo pueda suministrar el sector público.
Una segunda crítica que se podría recibir es que existe el potencial de agravar la desigualdad y la segregación, argumentando que los ricos se concentrarán en enclaves exclusivos con servicios de primera calidad y bajos impuestos, mientras que los pobres quedarán atrapados en municipios con una base fiscal erosionada e incapaces de proveer servicios básicos. No obstante, nuevamente, se ignora la complejidad del proceso social. En principio, ¿La solución debería pasar por eliminar la competencia? ¿Acaso no tenemos muchos de esos problemas bajo el régimen actual, pero vistos en muchos más campos? Quien haga esa critica debería criticar el mismo sistema centralizado que pretende defender. Si bien, reparando un poco en la posible objeción, se podría establecer un marco adecuado para que ciertas funciones locales, como una red de seguridad social básica o la garantía de ciertos derechos fundamentales, que pueden seguir enmarcadas por la competencia y no necesitarían de un nivel superior de gobierno —estatal o federal— para llevarlas a cabo.
El objetivo de la confederación no es la atomización total, sino un sistema robusto donde cada nivel de gobierno se especializa en lo que hace mejor, retroalimentándose y compitiendo entre sí. A la larga, todos esos problemas tenderían a desaparecer, o a tratarse de una mejor forma, tal y como la misma historia humana ha mostrado en cómo el proceso de mercado da solución, más temprano que tarde, e dichos problemas. De hecho, para los menos radicales —que no es mi caso—, se podría considerar que la competencia local coexista con mecanismos de redistribución fiscal a un nivel superior que pretendan garantizar un suelo mínimo de servicios para todas las comunidades, sin anular los incentivos para la buena gestión local —aunque, dejando que me gane mi radicalización, eso mismo podría coexistir con mecanismos de aportes voluntarios a nivel nacional en el que el sector privado se encargue de administrarlo para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles; podría, incluso, haber competencia entre esas administraciones privadas. Todo ello solo necesitaría de un marco legal respetuoso con la libertad, de sentido común, para regular sus actividades, buscando siempre que todas las partes salgan beneficiadas.—.
Conclusiones: la libertad y el régimen de confederaciones
Si bien es cierto que la competencia entre ciudades podría no ser la panacea para la libertad que algunos persiguen —¿Qué lo es?—, también es cierto, sin duda alguna, que sí es un mecanismo extraordinariamente eficaz y a menudo subestimado para promover la libertad individual y el bienestar de la colectividad, pues transforma al ciudadano de un súbdito pasivo en un consumidor-votante con la capacidad real de elegir el entorno político y social que mejor le convenga, en asociación con su comunidad, por lo cual se invierte la dinámica de poder tradicional. Asimismo, el gobierno se ve forzado a servir al individuo, y no al revés, porque la presión de la competencia fiscal limita el afán recaudatorio del Estado, la competencia regulatoria libera la energía creativa del emprendimiento y la competencia en servicios fomenta una administración pública eficiente e innovadora.
En contraste con esa uniformidad asfixiante y la ineficiencia inherente de los gobiernos centrales, en donde prima la corrupción y se tiende a tratar a los ciudadanos como piezas intercambiables en un gran plan nacional, la multiplicidad de jurisdicciones que compitan entre sí ofrece un camino hacia una sociedad más libre, diversa y próspera, permitiendo la coexistan de múltiples visiones sobre la vida, y empoderando a los individuos para que elijan la suya.
De hecho, el fortalecer la autonomía local y fomentar la competencia entre nuestras ciudades se vuelve un imperativo moral para cualquiera que valore la libertad humana, puesto que estamos en una sociedad en donde la intervención estatal parece haber fatigado la democracia y la misma participación ciudadana, y eliminando junto con ello el sentido de pertenencia de los miembros de la sociedad, que esperan que sea el ente regulador quien venga a solucionar sus problemas, en lugar de convertirse en sujetos proactivos comunitarios para hacer lo propio[1]. Por ello, la reinvención del concepto de organización social, partiendo de la lógica de mercado —mercado comunidades—, donde prima la diversidad en cada aspecto de la vida en sociedad, es, en última instancia, una de las manifestaciones más tangibles de la soberanía del individuo en el siglo XXI.
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