Caracas. – A nueve se elevaron este viernes el número de presos fallecidos en los penales, bajo custodia del narcorégimen interino de Delcy Rodríguez, al registrarse la muerte de Yelamo Zárraga, en el Centro Penitenciario de Tocuyito (Carabobo).
Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la muerte de Zárraga es la novena que se registra en cárceles venezolanas, en menos de una semana. La ONG alertó que el interno murió tras un deterioro progresivo sin atención médica, en cárceles marcadas por hacinamiento, insalubridad y enfermedades sin control.
“Con su muerte asciende a nueve el número de personas privadas de libertad que han fallecido en menos de una semana en cárceles del país, en medio de condiciones marcadas por el hacinamiento, la insalubridad y la falta de atención médica”, puntualizó la organización no gubernamental en sus redes sociales.
Previamente se reportó el fallecimiento de Rosqui Norberto Escalona, de 71 años, en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) en Lara, también debido a complicaciones de salud agravadas por condiciones de reclusión precarias.
Otros cinco reclusos murieron durante un motín ocurrido el lunes 21 de abril en la Cárcel de Yare III, estado Miranda.
OVP exigió una investigación exhaustiva sobre todas estas muertes, que se determinen las responsabilidades en cada una de ellas y se adopten, de manera urgente, una serie de medidas “que garanticen atención médica efectiva dentro de los centros penitenciarios”.
Caracas. – Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos, rechazaron de forma categórica el anuncio sobre el fin de la ley de amnistía, realizada por la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, calificando a la medida como un «atropello» y una «arbitrariedad».
ONG como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Espacio Público, se pronunciaron sobre la culminación de la citada ley, al advertir que la dictadura no tiene la facultad legal para derogar una ley que no establece fecha de caducidad.
Las ONG denuncian que esta decisión constituye un «atropello al Estado de derecho» y genera una grave inseguridad jurídica. Aseguran que el anuncio envía una señal alarmante a los tribunales, instruyéndolos de facto para desestimar solicitudes de libertad de los cientos de presos políticos que aún permanecen detenidos.
JEP calificó como un «grave atropello al Estado de Derecho» a la finalización de la Ley de Amnistía, argumentando que un instrumento de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurado por una decisión administrativa del Ejecutivo. Por su parte, Provea aseguró que la medida es «arbitraria» e «inconstitucional» y vulnera los principios del Estado de derecho en el país.
Igualmente, Espacio Público criticó el anuncio oficial sobre el fin de la ley de amnistía, enumerando varias irregularidades detectadas durante la vigencia del reglamento.
Entre las fallas figuraron las irregularidades en la juramentación de la defensa de confianza, la negativa de información a las víctimas de su estado procesal de la causa, así como los impedimentos de revisión de expedientes.
La ley, promulgada tras la salida de Nicolás Maduro del poder, buscó conceder amnistía general por hechos políticos ocurridos entre 1999 y febrero de 2026, con el fin declarado de promover la reconciliación y la convivencia democrática.
Según cifras oficiales, benefició a más de 8.600 personas con libertades plenas. No obstante, la norma no estableció una fecha de caducidad ni contempló su terminación unilateral por parte del Ejecutivo.
Caracas. – El congresista estadounidense Carlos Giménez advirtió este pasado jueves a Delcy Rodríguez, que si no cooperaba con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino similar al de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
A través de su cuenta de X el republicano envió un mensaje contundente, alertando que Rodríguez “terminará al lado de Nicolás Maduro en una cárcel federal”. También calificó a la encargada del narcorégimen chavista como una «sabandija».
«Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija. ¡Sabe que si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia en una cárcel federal!», escribió Giménez.
El representante republicano por Florida, uno de los legisladores más activos en el Congreso de EE. UU. en materia venezolana, ha sido una voz constante en favor de mantener la presión sobre el régimen chavista y en contra de cualquier normalización sin garantías democráticas reales.
Giménez ha estado bastante activo desde el año pasado en sus plataformas y se le vio en distintas entrevistas anticipando una operación militar en Caracas contra Maduro en caso de que este no acatara los mensajes del Gobierno Trump.
Dicha misión, la Operación Resolución Absoluta, tuvo lugar finalmente el pasado 3 de enero y resultó en la captura del dictador y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos desde territorio venezolano hasta Nueva York, donde enfrentan varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico.
La nueva publicación del congresista se da en medio de una alta incertidumbre en los venezolanos que, pese a que vieron la salida de Maduro del poder, rechazan a Rodríguez, quien fue vicepresidente del dictador.
Caracas. – La encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley de Amnistía, destinada a lograr la liberación de cientos de personas presas por motivos políticos, “llega a su fin”, asegurando que los casos pendientes podrán revisarse a través de otros mecanismos.
Rodríguez anunció la culminación de la aplicación de esa ley, bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.
La ley, aprobada en febrero, contemplaba la liberación de personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a hechos políticos durante los últimos 27 años.
Sin embargo, su alcance fue cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que señalaron exclusiones importantes, incluyendo a ciertos detenidos y casos relacionados con acciones armadas o eventos fuera de momentos específicos de crisis.
Según la encargada de la gestión interina chavista, los casos pendientes podrán ser revisados a través de otros mecanismos como el Programa de Convivencia Democrática y Paz y una nueva comisión para la reforma del sistema penal.
La ley también fue cuestionada por actores de la llamada «oposición» política venezolana. Figuras como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, político cercano a la líder y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla “excluyente”.
Mientras, juristas y defensores de derechos humanos aseguran que la finalización de esta ley es un proceso ilegal, al sostener que, en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.
Por ejemplo, el abogado Joel García, dijo que el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.
Caracas. – Este pasado jueves se llevó a cabo la liberación del primer rehén político militar del narcorégimen chavista, al ser excarcelado el coronel de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante (65), quien estuvo 14 años injustamente encarcelado.
El oficial se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico, en lo que se considera uno de los casos más alarmantes de violación al debido proceso y retardo procesal en la historia reciente de Venezuela.
Varios portales informativos han estado difundiendo desde hace tiempo que Gámez Bustamente figuraba como uno de los rehenes políticos que padecía graves problemas de salud. De hecho, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo para el momento que el militar padece de afecciones neurológicas y psiquiátricas.
Su caso se remonta a 2012, cuando el coronel fue detenido bajo acusaciones relacionadas con un supuesto plan para atentar contra el entonces presidente Hugo Chávez. Con el paso del tiempo, también fue señalado por presuntos actos de desestabilización.
Sin embargo, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la prolongación del proceso judicial sin una decisión firme. Durante su tiempo en custodia, Gámez pasó por varios centros de reclusión, entre ellos El Helicoide y la cárcel militar de Ramo Verde, antes de ser trasladado al penal en Guárico.
Familiares y ONG denunciaron en reiteradas oportunidades que el militar sufría diversas afecciones médicas, las cuales se agravaron debido a las condiciones de detención y la falta de atención oportuna.
También se sabe que, durante más de una década, el coronel nunca enfrentó un juicio formal que determinara su responsabilidad en los hechos imputados. Organizaciones defensoras de derechos humanos y sus familiares denunciaron de forma persistente que Gámez Bustamante se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, debido a sus graves problemas de salud.
Caracas. – Los familiares de los reos que se encuentran en el penal Yare III (Miranda) aseguran que la lista de fallecidos sobrepasa los cinco muertos anunciados oficialmente por las autoridades del narcochavismo.
De acuerdo con un reportaje del portal El Pitazo, estas personas aseguran que aún no les dan la lista oficial de muertos, y muchos de ellos no consiguen obtener una fe de vida de sus parientes internos en esa cárcel.
Las informaciones a las que han podido acceder quienes se mantienen día y noche, frente a la entrada de Yare III, hablan sobre una masacre desatada contra los reos por parte de las autoridades del lugar. Aseguran que la versión oficial sobre un presunto motín que enfrentó a dos bandos de presos está lejos de ser verdad.
Mientras que el chavismo habla de cinco fallecidos, las familias aseguran que los caídos pueden ser muchos más. De allí que el portal noticioso tituló su artículo «Aquí hubo una masacre».
Las personas consultadas por El Pitazo señalan que, debido a los controles rigurosos a los cuales son sometidos todos los días los visitantes, es imposible que alguien logre filtrar armas de fuego.
Sin embargo, durante la reyerta que hubo a inicios de semana, la gente escuchó detonaciones constantes, lo que quiere decir que si se emplearon armas. Las mujeres que hablaron con los reporteros indican que la violencia no fue producida por el motín, sino que alguien más la generó y fue contra los internos.
«Los funcionarios dispararon. Que digan qué arma usaron para desfigurarles el rostro a los presos. Que revisen los cadáveres y determinen con qué tipo de bala los atacaron. De esta forma se sabrá quiénes dispararon. También los golpearon hasta matarlos», señala uno de los testimonios recopilados por El Pitazo.
Las familias también contaron que el pasado miércoles salieron siete autobuses de Yare III hacia El Rodeo, y otro penal ubicado en Carabobo. Todavía desconocen a quienes trasladaron.
Mientras, las madres continúan en una tensa espera, sin recibir información sobre sus hijos, el estado en el cual se encuentran, o si aún siguen vivos. Todas exigen que la verdad sobre lo ocurrido en los últimos tres días, se haga público.
«En los alrededores de la cárcel de Yare la angustia sigue en la puerta. El silencio oficial es notorio y muchas preguntas continúan en el aire. La angustia de las madres es el único registro de una tragedia que todavía no tiene respuestas claras», sentencia finalmente el trabajo periodístico de El Pitazo.
En medio de la crisis petrolera que el mundo atraviesa por la situación en Medio Oriente, Estados Unidos se posicionó como un actor crucial en la cadena de suministro.
La guerra contra Irán y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz han desencadenado una de las mayores disrupciones energéticas de los últimos años, llevando a Estados Unidos a asumir un rol central como proveedor global de petróleo. En este contexto, la administración del presidente Donald Trump ha impulsado un fuerte aumento de las exportaciones de crudo y productos refinados, en un intento por amortiguar el impacto de la crisis sobre los mercados internacionales, especialmente en Asia.
Según datos de la inteligencia comercial, las exportaciones estadounidenses de crudo alcanzarán niveles récord en abril y mayo, con envíos superiores a los 5,4 millones de barriles diarios (bpd), muy por encima de los menos de 4 millones registrados a comienzos de año, antes del estallido del conflicto el 28 de febrero. Este incremento ha sido impulsado principalmente por la creciente demanda asiática, una región que dependía en gran medida del petróleo proveniente del Golfo Pérsico.
El cierre casi total del Estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del suministro mundial de crudo y combustibles, ha generado un déficit significativo en los mercados internacionales. En Asia, las importaciones marítimas de petróleo han caído en torno a 10 millones de barriles diarios respecto a los niveles previos a la guerra, una pérdida que ni siquiera el aumento de las exportaciones estadounidenses puede compensar por completo.
Aun así, los envíos de crudo desde Estados Unidos hacia Asia han experimentado un crecimiento notable. Para mayo, se proyecta que alcancen los 3,29 millones de bpd, triplicando los niveles de enero. Este flujo ha sido clave para aliviar, al menos parcialmente, la escasez en países altamente dependientes de las importaciones energéticas, como China, Corea del Sur y Japón.
La administración de Donald Trump lleva a cabo un fuerte crecimiento en la producción y las exportaciones de petróleo
En paralelo, las exportaciones estadounidenses de productos refinados también han aumentado, llegando a 3,59 millones de bpd en abril. Sin embargo, solo una fracción de ese volumen, alrededor de 386.000 bpd, se dirige a Asia, lo que limita su capacidad para compensar la caída de más de 1,5 millones de bpd en combustibles que anteriormente cruzaban el Estrecho de Ormuz hacia esa región.
Frente a este escenario, la política energética de la administración Trump ha sido interpretada por analistas como una estrategia orientada a reforzar el papel de Estados Unidos como proveedor global confiable. El propio presidente instó a los países importadores a »comprar petróleo estadounidense», subrayando la capacidad del país para aumentar su producción y exportaciones en momentos de crisis.
Como parte de estas medidas, el gobierno ha autorizado la liberación de más de 170 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), con el objetivo de estabilizar los mercados y contener el alza de precios. Esta decisión ha permitido incrementar la oferta disponible en el corto plazo, facilitando tanto el abastecimiento interno como las exportaciones.
Esta política también ha generado tensiones en el mercado doméstico. El aumento de las exportaciones, combinado con la disrupción global del suministro, ha contribuido a un alza significativa en los precios del combustible en Estados Unidos. El crudo West Texas Intermediate superó los 110 dólares por barril, mientras que los precios de la gasolina han superado los 4 dólares por galón, generando preocupación entre los consumidores.
Los productos refinados también vieron un gran aumento en sus niveles de producción y exportación
A pesar de estas presiones internas, la administración Trump ha evitado imponer restricciones a las exportaciones, argumentando que tales medidas podrían tener efectos contraproducentes. Analistas advierten que limitar las ventas al exterior podría desincentivar la producción, afectar a las refinerías y, en última instancia, agravar la situación energética tanto a nivel nacional como global.
En este sentido, expertos del sector destacan que Estados Unidos ha demostrado una capacidad única para responder rápidamente a crisis internacionales, gracias a la flexibilidad de su industria petrolera, especialmente en la producción de crudo ligero. Además, el aumento de las importaciones desde países como Venezuela ha permitido optimizar el sistema de refinación, liberando mayores volúmenes de petróleo doméstico para exportación.
El impacto geopolítico de esta situación también es significativo. Al posicionarse como un proveedor clave para Asia, Estados Unidos refuerza su influencia en una de las regiones más dinámicas del mundo, consolidando relaciones estratégicas en un momento de alta incertidumbre.
A pesar de algunas presiones por ciertos sectores, el presidente estadounidense se negó a aplicar limitaciones a las exportaciones
Caracas. – John Barrett, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, arribó este jueves a Caracas en sustitución de Laura Dogu, y afirmó que su misión será avanzar en la implementación del plan de tres fases impulsado por Washington.
«La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio», afirmó Barret, a su llegada al país este jueves para asumir su nuevo cargo
.También, el diplomático publicó un mensaje en la cuenta de Instagram de la Embajada estadounidense en el que señaló: “Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases (…) Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela”.
Barrett fue designado como el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela tras la salida de Laura Dogu.Tras el nombramiento, Barrett abandonará sus funciones como encargado de negocios de la sede diplomática estadounidense en Guatemala, cargo que ocupaba desde enero de 2026.De acuerdo a la información reseñada por la Embajada de EEUU, Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior.
Se había desempeñado recientemente como Ministro Consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023.Previamente, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de EEUU en Perú y, anteriormente, el de Cónsul General en el Consulado General en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.
Ejerció, además, funciones en Washington entre los años 2015 y 2017, como Alto funcionario del Departamento de Estado encargado de la relación bilateral con Filipinas, y cumplió misiones en El Salvador, China y Afganistán.
Caracas. – El empresario del narcochavismo, Raúl Gorrín, y dos socios suyos, Ronny Jak El Asmar Duarte y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, fueron denunciados este pasado miércoles, por haberse apropiado ilegalmente y por la fuerza, del Casino Grand CCCT, ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas.
La denuncia fue realizada por la legítima dueña del citado complejo, la señora Itamar Paraguacuto, quien en declaraciones a los medios explicó, que finalmente su grupo de abogados pudo interponer la denuncia contra estos tres empresarios «enchufados», por quitarle mediante maniobras ilegítimas el casino.
Paraguacuto los acusó de conformar «una organización criminal estructurada», la cual obró mediante «amenazas, abuso de poder, influencias políticas corruptas y una orden de aprehensión fundada en hechos falsos».
Según la denuncia, los tres señalados tomaron «posesión violenta del casino sin ser accionistas, sin estar en la junta directiva, sin aparecer en los estatutos y sin ningún derecho legal», y continúan explotándolo ilegalmente a través de una empresa constituida para ese fin: Atlanti C.A., cuya licencia de funcionamiento ante la Comisión Nacional de Casinos fue obtenida, según la denunciante, «de manera fraudulenta».
El caso apunta directamente a figuras que han sido señaladas anteriormente en investigaciones internacionales por lavado de dinero y corrupción.Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y el más connotado entre los tres implicados, ya enfrenta múltiples sanciones y cargos en Estados Unidos por tramas de corrupción vinculadas a la Tesorería Nacional. Esta nueva denuncia local añade una capa de presión judicial en suelo venezolano.
Este caso surge en un momento de «reinvención» institucional en Venezuela, donde la gestión interina del narcorégimen, encabezada por Delcy Rodríguez, proyecta buscar una imagen de mayor transparencia técnica ante la comunidad internacional.
Caracas. – El propagandista e ideólogo del narcorégimen chavista caído en desgracia, Mario Silva, insistió este pasado miércoles en su narrativa ofensiva contra Estados Unidos, llamando «loco de mierda» al presidente Donald Trump, y alertando sobre el desarme y desmantelamiento de la revolución.
En un video que difundió por sus redes sociales, Silva se rebeló contra Delcy Rodríguez de manera sugerente, porque a pesar de no nombrarla, hizo referencia directa a su persona y a la gestión interina que controla, acusándolos de «rendirse ante el imperio», es decir, ante Estados Unidos.
«El loco de mierda que está en la Casa Blanca se puede molestar, porque sabemos que la CIA ya hizo su trabajo y lo va a seguir haciendo. Nos enviaron a un tipo que va a tratar de cambiarnos nuestros poderes, públicos pues, los poderes del estado, y va a tratar de arrodillarnos y eso no puede seguir pasando», dijo en su mensaje.
En estas declaraciones se dirigió al nuevo encargado de negocios enviado por Estados Unidos a Venezuela, John Barrett, quien a juicio de Silva, tiene la misión de venir «con un objetivo, y el objetivo es desarmar a la revolución bolivariana, acabarla, imponer jueces en el Tribunal Supremo de Justicia, imponer nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral, imponer incluso una línea de trabajo en el Poder Legislativo, e imponerse por encima del Poder Ejecutivo».
También hizo un llamado a confrontar al gobierno estadounidense, intentando revivir al chavismo radical que ha sido debilitado por Rodríguez: «Estados Unidos ha estado haciendo con nosotros lo que le da la gana. Por eso yo, viendo que sale gente de decir, mira, nosotros no podemos enfrentarnos al imperialismo. No, yo sí creo que nosotros podemos enfrentarnos».
Silva, quien reveló su apoyo a Irán en el conflicto armado que sostiene actualmente contra EE.UU. , insistió en que Trump aparentemente estaría en declive, y amenaza con la idea de que los revolucionarios deben tomar las armas de nuevo: «¿Saben qué es lo más terrible? Saber que ese señor que está en la Casa Blanca, está en decadencia, y que nos pueda seguir pisoteando, cuando nosotros podemos poner sobre la mesa el tema de la defensa nacional. Esto es una revolución pacífica, pero no está desarmada».
Finalmente, asegura que el chavismo estaría en posición de desafiar al poderío estadounidense, gracias a la supuesta existencia de cuatro millones y medio de milicianos, aparente fuerza que le daría la posibilidad de enfrentar un despliegue de tropas en territorio venezolano.
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