Los principales indicadores del mercado laboral chileno muestran claras señales de agotamiento, pero el oficialismo insiste con reformas que endurecen las rigideces legales para la contratación formal.
El Gobierno de Gabriel Boric enfrenta una doble crisis para la cual no da respuestas: la caída sostenida en el nivel de la actividad económica (medida por el IMACEC) y el deterioro de los principales indicadores para el mercado laboral. La tasa de desocupación alcanzó el 8,5% de la población económicamente activa (PEA) en mayo de 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadística de Chile.
Corrigiendo por la estacionalidad propia de este período del año, la desocupación habría representado el 8,2% de la PEA en mayo, y todavía persiste en niveles muy superiores a los que había antes de la pandemia.
En lo que va de la administración de Boric la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó del 7,7% al 8,2%, mientras que la serie original del indicador saltó del 7,75% al 8,5% en el mismo período. El impacto de la recesión se refleja en el lento ritmo en la creación de puestos de trabajo, que solo alcanzó un aumento interanual en torno al 2% en mayo, y no logró compensar la suba del 2,8% sobre la cantidad de personas incorporadas a la fuerza laboral para el mismo período.
La situación salarial tampoco es prometedora. El índice general de remuneraciones de Chile deflactado por IPC acumuló una fuerte caída del 1,2% en términos reales en lo que va de la presidencia de Boric, observando la serie desestacionalizada (y por lo tanto comparable) del indicador.
Sin lugar a dudas una de las herencias más sobresalientes del llamado “modelo chileno” fue el alza sostenida de los salarios reales entre 1975 y 2021, un crecimiento solamente interrumpido por la crisis del año 1982.
A partir de 2021 los salarios reales dejaron de crecer por primera vez en 39 años, ya que las remuneraciones nominales no pudieron compensar el alza generalizada de los precios.
La desocupación aumenta, y los salarios reales pierden el dinamismo alcista de las últimas cuatro décadas. Las medidas desplegadas por el Gobierno de Boric sólo contribuyeron a entorpecer todavía más la recuperación laboral, añadiendo rigideces adicionales para la contratación formal.
El oficialismo aprobó la reducción de la jornada laboral legal de 45 a 40 horas semanales, una reforma programada para aplicarse gradualmente. A partir del 1 de mayo la jornada legal se redujo a las 44 horas semanales, y seguirá bajando paulatinamente hasta concretar la transición en el año 2027.
La reducción de las jornadas legales es algo cada vez más común en muchos países europeos, ya que sus tasas de capitalización y sus altos niveles de productividad permiten que ya en la práctica (y por mecanismos de mercado) las personas trabajen cada vez menos para producir una misma cantidad de bienes y servicios. En este sentido, la reducción “legal” de la jornada laboral funciona simplemente como una formalidad, y no tiene mayor impacto real.
Sin embargo, el caso chileno (así como el de otros países latinoamericanos) es diametralmente opuesto, ya que el país no cuenta con los mismos estándares de productividad que tienen las economías de Europa y las medidas solo alientan la contratación informal, la desocupación abierta y también entorpecen la productividad de los factores.
