Caracas. – La relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, advirtió que la Ley Bolívar aprobada por el chavismo recientemente será empleada para perseguir tanto a los opositores al régimen en general, como a todos los activistas por la paz y los Derechos Humanos.

La funcionaria explicó, a través de un mensaje publicado en la red social X, que la ley contempla castigos penales y administrativos, como es el caso del artículo 23, contra personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros que pidan o apoyen sanciones contra Venezuela.

“El artículo crea un ‘registro con carácter nacional’ para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche ‘estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado’, e impone ‘medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo’ para mitigar el ‘perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población’”, señaló Romero en su publicación.

También, alertó que «este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil».

Cabe señalar que la Ley Bolívar aprobada por la ilegítima AN chavista establece, entre otras medidas, cárcel de 25 a 30 años; inhabilitaciones políticas hasta 60 años y juicios en ausencia. Además, plantea un “castigo” para los medios de comunicación que difundan mensajes «de apoyo» a sanciones.

En este sentido, «establece que los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de sanciones serán multados con la revocatoria de la concesión y un monto en bolívares equivalente a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela».

Caracas. – Un informe de Amnistía Internacional (AI) revela como los niños y adolescentes secuestrados durante las protestas postelectorales han intentado quitarse la vida, debido a los horrores que han sufrido tras las rejas.

Así lo reveló este martes Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de AI, quien, en una entrevista ofrecida al medio VPITv, expuso los datos que corroboran la existencia de menores de edad injustamente apresados por el narcorégimen venezolano.

“Los testimonios que también recabamos fueron de los familiares, y nos contaron como sus niños y niñas no quieren continuar con su vida debido a la grave violencia que han sufrido en su detención”, explicó la directora de la organización.

Advirtió que «estamos hablando de un daño prácticamente de por vida, en lo psicológico y lo emocional, y esto no es algo fácil de reparar. Sin embargo, el Estado y la comunidad internacional están en la obligación de poner atención sobre esto».

También, el informe demuestra que estos menores de edad injustamente apresados son obligados por los funcionarios del sistema judicial chavista, a aceptar ser culpados por delitos que en realidad nunca cometieron.

“Hemos documentado el patrón de que son sometidos en gravísima violencia y exigen grabar para autoincriminarse o incriminar a otras personas. Hemos documentado que estando en el tribunal se les sugiere que admitan culpabilidad para de alguna forma rebajar la pena”, explicó.

En el informe se «contabilizaron al menos 198 niños y niñas detenidos, de los cuales, en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25».

No obstante, Ballesta advierte que aun permanecen 69 menores de edad tras las rejas, los cuales deben ser liberados de inmediato.

Caracas. – El fiscal de la CPI, Karim Khan, exigió este lunes al narcorégimen liberar a los presos políticos postelectorales, principalmente a los niños. Sin embargo, persiste todavía en que la tiranía coopere con las averiguaciones que terminarán por delatar a los verdugos que le pertenecen.

Durante su intervención en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, Khan leyó un comunicado en el cual se refirió al caso de Venezuela y las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que enfrenta la Narcotiranía de Nicolás Maduro.

Si bien realizó advertencias, aun el fiscal sigue insistiendo en que el régimen de Maduro muestre señales de «buena voluntad», y ayude con el progreso del caso que pretende concluir, su propia responsabilidad en numerosos hechos criminales que no tienen prescripción.

«Después de las elecciones de este año insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos humanos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos, o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente…», dijo el fiscal en su alocución.

No obstante, agregó que los organismos de la tiranía «deben informar a la oficina del alto comisionado de derechos humanos, eso me fue prometido previamente por escrito, y deben cooperar con mi oficina».

Khan expresó además su preocupación por la falta de implementación de reformas legales en Venezuela y destacó la urgencia de acelerar los esfuerzos de justicia en el país.

En este sentido, advirtió que “la complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”.

Asimismo, recordó que durante su visita a Caracas en abril pasado insistió a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de un “progreso real” en las investigaciones internas y en la cooperación con su oficina. Aunque admitió sentir frustración ante la falta de avances significativos, dijo que su oficina, aparte de proseguir con las averiguaciones, está tomando decisiones.

Caracas. – La delicada situación de salud por la que atraviesan tres presos políticos postelectorales tras las rejas, fue denunciada y advertida este pasado domingo por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Estos secuestrados por la Narcotiranía presentan delicados cuadros de salud, por lo que requieren atención médica urgente. La ONG alerta que, de no tomarse las medidas pertinentes, cualquiera de ellos podría perecer en prisión y lejos de sus familiares, tal como ocurrió con Jesús Martínez a mediados de noviembre.

Justicia, Encuentro y Perdón expuso los casos a través de su cuenta en la red social X. Uno de los casos trata sobre Arianna Pinto (20), quien «desde el 12 de agosto está internada con una condición de salud grave en el hospital Joaquina de Rotondaro, del municipio Tinaquillo, estado Cojedes, y está a la espera de una medida humanitaria. La joven, que se dedicaba a labores del campo, sufre insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial y además convulsiona casi a diario».

Le sigue la delicada situación de José Bellorín Lárez, raptado por el régimen en Carúpano (Sucre) y quien «permanece hospitalizado desde el 4 de agosto cuando fue trasladado de emergencia al Hospital Santos Aníbal Dominici de esa localidad, por presentar una crisis hipertensiva que se complicó al punto de causarle una especie de accidente cerebrovascular (en estudio). Actualmente, necesita exámenes especiales de alto costo y de rutina para el control a fin de definir el tratamiento adecuado».

El tercer caso corresponde a Terris Méndez, encarcelado injustamente en el penal Tocuyito (Carabobo), y quien «tuvo un ACV el pasado miércoles 27 de noviembre que lo dejó inmovilizado y sin poder hablar. Su madre, Rosa Escobar, denuncia que fue notificada tres días después del hecho y que pese a su estado delicado, no ha sido trasladado a un centro asistencial, pues los custodios alegan que deben esperar orden de traslado».

Finalmente, la ONG aseveró que «el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de garantizar el bienestar y la vida de estas personas y de todas las que permanecen detenidas por motivos políticos. Exhortamos a las autoridades a actuar con prontitud para que Arianna Pinto, José Bellorín Lárez y Terris Méndez reciban la atención médica inmediata y especializada que requieren, así como medidas humanitarias de libertad que les permitan restablecer su salud al lado de sus familias».