Esta semana, el criminal que fungía como fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la encargada de la genocida dictadura que somete a Venezuela, Delcy Rodríguez, lo designó como Defensor del Pueblo encargado.
Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su más profundo rechazo a las movida de fichas del régimen, que reasigna puestos de poder a personajes de sus filas, algunos de ellos señalados como violador de DD. HH. igual que la cúpula chavista.
Además, hace un llamado al gobierno de EE. UU. para que «exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación», condicionando «cualquier proceso de normalización o apoyo a la transición democrática en Venezuela a que se coloquen en cargos clave de instituciones de derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo— a personas independientes, sin vínculos con la revolución chavista, sin historial de represión y con trayectoria probada en la defensa genuina de los derechos humanos.»
El comunicado en concreto expresa:
«La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su más enérgico rechazo a la designación temporal de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo de Venezuela, anunciada por la Asamblea Nacional el 25 de febrero de 2026.
Esta designación representa una burla flagrante a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y una maniobra más del régimen para perpetuar la impunidad y el control sobre instituciones que deberían proteger a la ciudadanía. Tarek William Saab, quien durante casi una década fungió como Fiscal General, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales de derechos humanos, opositores democráticos y exiliados políticos como uno de los principales operadores de la represión judicial contra disidentes, presos políticos y ciudadanos que han ejercido su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Su historial incluye el aval y la persecución de cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, lo que lo convierte en una figura incompatible con el rol de Defensor del Pueblo, cuya misión constitucional es precisamente velar por la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas de abusos de poder.
VEPPEX considera esta designación no solo como una provocación, sino como una continuidad del secuestro institucional que ha caracterizado al chavismo durante años. Nombrar a quien fue artífice de la persecución política para ahora «defender» al pueblo es un insulto a la memoria de las víctimas, a los presos políticos aún detenidos y a todos los venezolanos que han sufrido las consecuencias de un sistema judicial politizado.
Por ello, hacemos un llamado urgente a los Estados Unidos, principal garante de la presión internacional por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, a que exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación. Instamos al gobierno estadounidense a condicionar cualquier proceso de normalización o apoyo a la transición democrática en Venezuela a que se coloquen en cargos clave de instituciones de derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo— a personas independientes, sin vínculos con la revolución chavista, sin historial de represión y con trayectoria probada en la defensa genuina de los derechos humanos.
Solo con instituciones depuradas de operadores del antiguo régimen se podrá avanzar hacia una verdadera reconciliación, justicia transicional y restauración del Estado de Derecho en Venezuela.
Miami, Florida – 26 de febrero de 2026
Jose Antonio Colina,
Presidente de Veppex.
En Dios Confiamos.»
