El cáncer de la corrupción: una consecuencia de las restricciones a la libre acción humana

Por Roymer Rivas, Coordinador Local de EsLibertad Venezuela y Teórico del Creativismo Filosófico.

Hoy día se escucha hablar mucho sobre la corrupción; dudo que una persona, más si se encuentra en Venezuela, sea ajena a este fenómeno. Esto es así porque la corrupción es un mal generalizado, un cáncer en metástasis. Pero ¿Por qué la corrupción es un cáncer? Para responder esta pregunta y encontrar las similitudes entre el fenómeno social y la mortal enfermedad, primero hay que saber qué es y/o significa corrupción, qué es el cáncer y cuáles son sus causas.

El término “corrupción” proviene de las palabras latinas corruptio y corrumpere; la primera hace alusión a la acción de alterar o destruir por putrefacción, por lo que, en palabras simples, es la acción de pervertir y/o dañar; mientras que la segunda significa arruinar, echar a perder, quebrar, hacer estallar; con esto en mente, se puede entender por qué el termino está relacionado con suciedad, inmoralidad, decadencia, ilegalidad y degeneración.

En este sentido, la corrupción es, pues, una alteración del orden establecido, un quiebre del proceso, una perversión de lo que debería ser; y esto puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el público, siendo esta última en donde más se presenta. Cuando un funcionario usa los medios, funciones o recursos públicos para beneficio propio, no está haciendo más que alterar el orden mediante la perversión de sus funciones y, en consecuencia, dañar a la sociedad.

La corrupción no es nueva, corre paralelo con la historia de la humanidad; apelando a la Biblia, por ejemplo, ya hace por lo menos unos tres mil quinientos años que la ley de Moisés condenó el soborno, que eran las dádivas con la que se conseguía que la autoridad hiciera algo en favor de una persona (Éxodo 23:8; Deuteronomio 10:17, 19). En ese entonces ya se tenía claro que los actos de corrupción socavan la estructura de la sociedad pues “cegaba los ojos de los sabios y torcía la palabra de los justos”. El Rey Salomón escribió al respecto que “con justicia, el rey le da estabilidad al país, pero el hombre que acepta sobornos la lleva a la ruina” (Proverbios 29:4); es decir, según la Biblia, mientras que la justicia afianza el país, la corrupción las destroza.

Por otra parte, el cáncer hace referencia a cantidad de enfermedades varias que se caracterizan por el desarrollo y división descontrolada de células anómalas. La enfermedad es causada por mutaciones en el código genético (ADN) de las células, es decir, por una alteración de las instrucciones que debería de cumplir cada gen individual que conforma el ADN. Estas alteraciones hacen que la unidad no ejerza su función normal y se convierta en una célula cancerosa.

Pero ¿Cuáles son las causas de las mutaciones genéticas? Por lo menos dos posibles, la primera, aunque se trate de un porcentaje de casos extremadamente pequeño, es que se herede de los padres una mutación genética —nacer con la mutación—, la segunda, que es lo que mayormente ocurre, es que la mutación genética sea ocasionada por diversos factores que no hacen más que alterar el orden establecido, tales como el tabaco, la radiación, algún virus o químico, obesidad, entre otros[1]. Por lo tanto, se puede decir entonces que la corrupción es un cáncer, no solo por la enfermedad en sí y sus consecuencias, sino también por las causas que la generan.

Del mismo modo en que toda célula es propensa a ser cancerosa, todas las personas son propensas a corromperse —sino Dios no hubiera tenido que condenar la corrupción—; este podría ser el componente “heredado”, un gen, por así decirlo, que todos llevamos dentro. Entendiendo esto, a priori, se concluye que cada individuo decide si realizar un acto corrupto, o no, en un momento determinado.

Ahora bien, también es cierto que las circunstancias que rodean a una persona hacen que sea más o menos propensa a corromperse. El cáncer de la corrupción es producto de una sucia modificación de las circunstancias, una alteración anómala o deterioro/perversión de las instituciones sociales que lleva a las personas a apelar a la viveza como una respuesta de supervivencia al contexto en el que se desenvuelve; es por ello que la causal del fenómeno se encuentra íntimamente relacionada con el concepto de acción, por los efectos que las acciones pueden tener sobre las personas y, por extensión, las instituciones.

Axel Capriles lo resume muy bien al decir que “el pícaro —el vivo— es, de hecho, una psicología de supervivencia”[2]; al ser el humano una especie adaptativa, éste desarrolla aspectos en su personalidad para enfrentarse al mundo que les rodea, aspectos que definirán las acciones a realizar en pos de alcanzar sus fines. Por lo que las instituciones, la cultura y, en suma, la estructura social, ejercen una fuerte influencia en las decisiones que toma una persona en su día a día.

Dicho de otro modo, la perversión de las instituciones que permiten la vida en sociedad constituye ese factor que altera el orden social, influyendo en las personas de tal manera que estas se ven obligadas, o por lo menos son más propensas, a realizar acciones que en otras circunstancias no hubieran realizado por no tener los incentivos para hacerlo. Una vez que las instituciones son socavadas, estas dan lugar a “ciertas conductas y estilos de comportamientos” que se transmiten de forma pasiva a la sociedad, a la vez que son “sumamente difíciles de detener” por su inercia y “sólo se apaciguan con el desgaste y el correr del tiempo o con el desarrollo de tendencias contrarias con fuerza suficiente para servir de contrapeso”[3].

La razón por la que las instituciones —jurídicas, mercado, dinero, entre otras—, que son “comportamientos pautados propios y ajenos”[4], modelos repetitivos o patrones de conducta que se llevan a cabo en la sociedad y que surgen de forma espontánea —no deliberada— como resultado de un proceso evolutivo en el que todos los actores sociales interactúan entre sí e intercambian información del tipo practica —tacita e inarticulable—[5], se pervierten, es por intentar organizar ex-profeso a la sociedad; lo que se traduce en restricciones a la libre acción de los individuos.

Para comprender esto es necesario entender que una realidad humana es que cada ser es singular y hace las cosas movido por sus propios deseos internos y no por motivos o deseos ajenos, incluso cuando parece que una persona realiza ciertas acciones motivadas por deseos de un tercero, la fuerza subyacente que empuja a realizar dichas acciones es en realidad su voluntad, sus anhelos. En pos de satisfacer sus deseos, el individuo, que posee un componente empresarial innato, busca, descubre y aprovecha la información que percibe del contexto en el que se desenvuelve para emprender una serie de acciones que terminaran por crear nueva información ex-nihilo que será aprovechada por los demás actores; en consecuencia, la sociedad se coordina y comienza a ajustarse en base a esa nueva información. Todo de forma espontánea.

Así pues, en este proceso, el individuo realiza un cálculo económico subjetivo que le permitirá tomar decisiones con respecto a cuál cree él es la mejor manera de usar los medios a su alcance para lograr sus fines.

Cuando se intenta controlar los campos de acción en los que los actores sociales se desenvuelven, en realidad lo que se está haciendo es tratar de controlar/limitar el libre ejercicio de su empresarialidad innata para valerse de los medios a su alcance que, a su vez, les permitirá alcanzar sus objetivos de la mejor manera posible; el efecto ineludible de este control —coacción— es el estancamiento social y, en casos extremos, la involución.

Como es imposible ir contra la naturaleza humana sin obtener funestas consecuencias, esto no hace más que activar el lado picaresco de las personas como una medida de supervivencia, ya que, dada las circunstancias, es lo único que les permitirá la consecución de sus fines con el menor costo en tiempo, información y/o hasta monetariamente; si bien no en todos los casos, el valor que le asigne cada individuo a los medios y fines dependerá de cada persona —subjetividad— de acuerdo a su contexto.

En efecto, de la misma manera en cómo la corrupción es inherente a la condición humana —un posible acto de corrupción siempre tendrá espacio en el previo cálculo económico subjetivo que realizan las personas para decidir qué acciones emprender con la finalidad de alcanzar sus objetivos—[6], también es cierto que esa condición, ese componente hereditario, no es un cáncer en sí mismo; es decir, la mutación genética heredada predispone a la persona al cáncer —la corrupción—, pero eso no implica con certeza que la persona, y, por extensión, la sociedad, padezca de cáncer. La mutación genética solo lo hace susceptible de padecer la enfermedad —incurrir en un acto de corrupción— si se ve expuesto a determinadas circunstancias —las condiciones del entorno, las instituciones— que, mezcladas, si provocan la mortal enfermedad.

Por tanto, la estructura institucional juega un papel importante a la hora de incentivar la corrupción o, por el contrario, servir de contrapeso a esa condición humana y desincentivar los actos corruptos en la sociedad.

Si una persona al realizar su cálculo económico se fija que el costo de obedecer las instituciones establecidas, el costo de acatar la norma, es superior a los beneficios obtenidos por acatarla, entonces tiene el incentivo para quebrar el orden establecido, saltar el proceso e incurrir en un acto de corrupción, no porque la persona en si misma este enferma y por ello realice un acto de corrupción, sino porque el contexto generó una serie de mutaciones en su ser que le hicieron despertar su viveza con tal de aprovechar de la mejor manera —en base a su cálculo subjetivo— los medios a su alcance para la consecución de sus fines. Por ello, si las personas deciden ejercer acciones al margen de la norma, si una sociedad en general —no casos aislados— es caracterizada por ser corrupta, entonces, a priori, las normas por las que se rigen son ineficientes porque el costo de acatarla es superior a sus beneficios. Todo se resume en ese cálculo económico —valoración de medios y fines— que permite a los actores tomar una decisión que mejor se adapte a sus deseos.

Con todo lo expresado hasta ahora se puede observar como las causas de la corrupción radican en la débil institucionalidad causada por las restricciones a lo único capaz de crear instituciones fuertes y, en consecuencia, una sociedad feraz sostenida en el tiempo, a saber, la libre interacción humana en el ámbito de la propiedad privada.

Esta teoría queda ilustrada con la evidencia empírica cuando se observa la correlación que existe entre libertad[7]  y corrupción; a mayor libertad, menor corrupción, y viceversa[8].

Ahora bien, como todo cáncer, las repercusiones que tiene el fenómeno de la corrupción en la sociedad son nefastas; de hecho, puede causar la muerte del pleno progreso social en caso de no hacer las correcciones que permitan crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una sólida estructura institucional.

Para empezar, existen muchos tipos de corrupción y no todas tienen las mismas repercusiones negativas. Sí, la corrupción se presenta cuando quien está en una posición de poder abusa del mismo para beneficios particulares y siempre en perjuicio de la sociedad, pero no todos los actos vierten directamente en los mismos resultados; un soborno para que el parlamento decida aprobar una ley que limite la competencia en el mercado no tendrá las mismas repercusiones que un soborno para omitir una infracción de tránsito; la primera permitirá a cierto grupo de interés crear un monopolio u oligopolio que se traducirá, muy probablemente, en dar a la sociedad productos de baja calidad a un alto precio[9]; la segunda no trasciende de forma activa y material, pues solo queda como un gravamen a la persona que decidió pagar el soborno.

Sin embargo, ambos hechos son perjudiciales; en el primer caso, la sociedad debe conformarse a los malos bienes y/o servicios; en el segundo, si bien no perjudica a otros de forma directa —material—, junto al primero, transciende de forma pasiva, es decir, comienza a transmitirse la información de que con un soborno puedes evitar los altos costos de someterse a la ley —en este caso, derogar el monto que la misma exige; ahorrando de esta manera el tiempo y esfuerzo que requiere su cumplimiento—.

Por esta razón, el costo que paga la sociedad por la existencia de hechos de corrupción, más allá de la mala inversión, de la redistribución de la riqueza, de los efectos negativos en las finanzas públicas que se traduce en pérdida de confianza en el Estado y, a su vez, repercute en baja calidad de vida para quienes dependen de una u otra manera de él[10], o de la baja rentabilidad y eficiencia de las empresas en donde el fenómeno se presenta en altos niveles —mayormente en las empresas estatales—, entre otros problemas; más allá de eso, el costo de la estructura del sistema corrupto —y corruptor— es que perjudica a los más desfavorecidos y afianza la pobreza, ya que ciertos agentes son los más beneficiados por recibir ventajas comparativa sobre aquellos que no pueden incurrir en el mismo hecho por circunstancias cuales sean —o lo pueden hacer pero a un costo mucho mayor—. Al final, “la corrupción no es más que una forma de opresión”[11].

En la misma línea, da la casualidad que quienes se encuentran en el primer escalón de la pirámide de poder, los políticos, son quienes aprovechan sus posiciones para seguir creando condiciones que les permitan obtener más ganancias, y el instrumento que usan para ello son las instituciones jurídicas. No es que la corrupción hace que el Estado cree leyes ineficientes, es que primero se crean las leyes ineficientes y, más tarde, están darán fuerza al lado picaresco de los actores sociales.

Una vez inicia ese proceso, comienza a “multiplicarse la mutación genética”, es decir, el cáncer comienza a extenderse —metástasis—; los políticos se dan cuenta que pueden sacar grandes beneficios de los actos de corrupción y, en consecuencia, comienzan a crear leyes que pretenden hiperregular cada una de las acciones de los individuos para que estos se vean obligados a incurrir en actos corruptos, o, por otro lado, bajo supina ignorancia de la realidad, comienzan a intentar atacar el fenómeno creando discrecionalmente más leyes para controlar a la sociedad pensando que esto ayudara a disminuir la corrupción cuando no hace más que auspiciarla; es como si se tratara de curar el cáncer de mama con más mutaciones genéticas en otras partes del cuerpo, esto es, crear más cáncer. En resumen, sea como sea, los resultados son los mismos.

Por otra parte, el fundamento que sostiene la estructura de la corrupción es aún peor; esto es, que el costo por excelencia que paga la sociedad es su desmoralización y degeneración. Un sistema corrupto inhibe el desarrollo social, erosiona los valores morales a tal punto que, si no se detiene a tiempo, pasa de ser un caso aislado que causa asombro a convertirse en algo normal y necesario para poder sobrevivir —poder desarrollar las actividades económicas—[12].

En ese escenario, los agentes coaccionados “descubren empresarialmente que tienen más posibilidades de lograr sus fines si, en vez de tratar de descubrir y coordinar los desajustes sociales aprovechando las correspondientes oportunidades de ganancia que los mismos generan, dedican su tiempo, actividad e ingenio humano a influir sobre los mecanismos de toma de decisiones del órgano director [Estado]. De manera que un volumen impresionante de ingenio humano —y mayor conforme más intenso sea el socialismo [intervencionismo].— se dedicará constantemente a idear nuevas y más efectivas formas de influir sobre el órgano director con la esperanza real o imaginaria de conseguir ventajas de tipo particular”[13]. En otras palabras, la corrupción llega, crece y se impone en el inconsciente colectivo, los actores sociales comienzan a desear alcanzar un cargo público para comenzar a sacar ventaja personal de ello. De esta manera, ya las personas no comienzan a disciplinar sus acciones en función de los demás, “sino que tratan de hacerse con el poder o capacidad de influir sobre el órgano director, con la finalidad de utilizar sus mandatos coactivos para imponer por la fuerza a los demás ventajas de tipo particular”[14]. La famosa frase de Germán Valdés (Tin-Tan) resume este fenómeno al decir: “yo siempre le pido a Dios que no me dé, sino que me ponga donde haya”.

En resumen, el sistema político tiene los incentivos necesarios para que las personas que se encuentran sumergidas en él se corrompan y comiencen a valerse de sus poderes y funciones para crear el marco institucional/social en el que ellos puedan recibir beneficios particulares. En esta etapa se pervierte la justicia y, en suma, en todas partes inicia un proceso de mutación de las instituciones que termina por hacerlas débiles y arruinarlas[15], la sociedad comienza a decaer.

Si es la libre acción humana, el ejercicio de la empresarialidad, la que permite en un periodo de tiempo crear y fortalecer las instituciones que, a su vez, terminarán por regir las acciones emprendidas por los mismos, que posteriormente dará paso al avance de la civilización, el limitar/restringir esas acciones lo único que hace es condenar a todos a una destructiva espiral descendente rumbo hacia la destrucción. Al desmoralizarse la sociedad, las acciones que los individuos emprendan no serán en función de otros, por lo que no se crea la información necesaria para coordinar a todos los actores sociales, decaen todas las instituciones, dirigiendo así a la misma por un camino rumbo a la más míseras condiciones que se puedan imaginar[16].

Por último, llegados a este punto, es necesario dar respuesta directa a una pregunta: ¿Cómo puede evitarse la corrupción?

Fundamentalmente, eliminando las condiciones que dan fuerza a la corrupción. La arquitectura política, económica, legislativa, cultural y, en definitiva, institucional, de la sociedad debe ser sólida; y, para lograr eso, es necesario respetar la libertad y la propiedad privada de todos los actores sociales.

Solo respetando el proyecto de vida de todos los actores que conforman la societatis, lo cual compromete a establecer límites claros entre la propiedad privada y la pública, se puede evitar la corrupción generalizada y convertir los actos corruptos en hechos anómalos, aislados. La institución legislativa toma fuerza en esta parte puesto que será la encargada de modificar las condiciones presentes que permitirá, al transcurrir un periodo considerable de tiempo, el desarrollo de tendencias contrarias que servirán de contrapeso, abriendo camino hacia la armonía social.

En este orden, el trabajo de la institución jurídica —el derecho— no debe ser crear normas por crearlas, dando paso a la hiperregulación, volviendo al ciclo y alimentando así la enfermedad, sino establecer conceptos claros, no sujetos a interpretación, sobre la propiedad privada que permitan el libre ejercicio de la función empresarial —empresarialidad— de los individuos; es decir, crear el marco en el cual los agentes realicen acciones racionales en base a sus cálculos económicos. Esto se traduce en leyes sencillas, eliminación de procedimientos innecesarios –burocracia—, en más libertad.

En base a esto, se puede inferir que el rol del Estado en la economía será nulo[17]; que el desarrollo social resultante de la libre acción de los individuos llevara a desincentivar la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, por reconocer y aceptar tácitamente que los beneficios de acatar la norma sobrepasan los costos de acatarla; también, que la libre prensa será un contrapeso importante para este cáncer ya que ayudara a que los fenómenos —mutaciones— externos no se mezclen con la alteración interna —corrupción inherente a la condición humana— o influyan de tal manera que haga despertar al pícaro que todos llevamos dentro[18]; y que la mayoría de los procesos, sino todos, serán transparentes, ya que nadie podrá crear discrecionalmente leyes ni tendrá el poder monopólico de servicios como, por ejemplo, los permisos, subsidios, licencias, entre otros.

Con respecto a la transparencia, la misma legislación basada en propiedad privada sirve de guía a los actores sociales, sobre todo los que trabajan en el sector público, para que estos tengan que rendir cuentas de sus acciones y otros puedan ver/revisar lo que la persona está haciendo.

A modo de conclusión, un resumen:

Los seres humanos poseemos un componente empresarial innato que nos permite aprovechar creativamente los medios a nuestro alrededor para alcanzar los fines que subjetivamente valoramos. Las acciones que realizamos para lograr nuestros objetivos se basan en decisiones racionales que, a su vez, son resultado de un previo cálculo económico en el que se valoran los medios para inferir cuáles serán las acciones concretas a ejecutar que permitirán alcanzar los objetivos planteados.

En este proceso se coordina la sociedad y fortalecen las instituciones que servirán de contrapeso al lado picaresco innato de los actores sociales que les hace propensos a incurrir en actos de corrupción; lado que surge y/o cobra fuerza cuando la libre acción es restringida y, en consecuencia, se dificulta o hasta imposibilita alcanzar los fines bajo elevados principios morales.

En este orden de ideas, cuando se alteran las instrucciones de las instituciones surgidas por un proceso evolutivo en el que interactúan todos los individuos que dan pie a comportamientos pautados y repetitivos entre los miembros de la sociedad y éste comienza a ejercer acciones anómalas, entonces despierta la viveza de las personas como un mecanismo de supervivencia que permitirá alcanzar ciertos fines por medios amorales, es allí cuando mutan, tanto las instituciones como las personas individualmente, y surge el cáncer de la corrupción. Condenando así a la sociedad a una espiral descendente en donde se retroalimentan la pobre institucionalidad y las acciones corruptas en las que incurren los actores, haciendo que cada vez es más normal incurrir en actos de corrupción.

Las consecuencias son nefastas, pues las acciones que antes, en un ambiente libre, se ejercían en función de los demás, dando paso al desarrollo social pleno, ahora comienzan a perder sinergia; lo cual tiene como resultado ineludible la depauperación moral y descoordinación social.

Para evitar esto, entonces, es necesario que las instituciones sean fuertes; y lo único capaz de crear instituciones fuertes es la libre interacción entre las personas en el ámbito de la propiedad privada.

De tal manera que es imprescindible que el marco institucional delimite la propiedad privada, cree las condiciones para respetarla —para el libre ejercicio de la empresarialidad de los individuos—, y sirva de guía a los mismos para la ejecución de sus acciones. A modo de ilustración, las institución jurídica es como el armero que carga con las herramientas que necesita el guerrero en sus batallas, éste no lucha la batalla por él, sino que le sirve de apoyo y base para las decisiones que tome el guerrero en el campo; dicho de otro modo, es guía y apoyo, no conductor; el marco legislativo debe ayudar a los actores sociales a adquirir conocimiento mediante el aprendizaje y el esfuerzo, no regir cada uno de los campos de acción de los mismos.

Para finalizar, cito nuevamente las palabras que se encuentran en la portada del presente escrito: “si el vaso no está limpio, lo que derrames sobre él se corromperá”. Si se pervierte y ensucia la arquitectura social, es decir, la estructura institucional, entonces todas las acciones que en ese marco se realicen serán putrefactas, dañinas, corruptas, y el producto resultante será la pérdida progresiva de la armonía/sinergia de las acciones individuales de cada una de las personas y, junto con eso, el desarrollo social, sustituyéndola por el estancamiento o, en el peor de los casos, la involución social.[*]

[1] Las obras que me ayudaron a entender la mecánica del cáncer fueron las de Gerardo Castorena Rojí titulada “El Libro del Cáncer de Mama”, destaca especialmente el Capítulo I, y el libro de Joseph Márcola titulado “Contra el Cáncer” donde el autor presenta datos interesantes sobre el tema y cómo combatirlo, destacando la introducción y la primera parte del libro (capítulos I-V). A su vez, consulte los “síntomas y causas” en el área de información médica, sección “enfermedades y afecciones”, de la Mayo Clinic en su página oficial; puede ingresar a través de: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cancer/symptoms-causes/syc-20370588.

[2] Capriles, Axel. (2008). La picardía del venezolano o el triunfo del Tío conejo. Caracas, Venezuela. Editorial Alfa. Prefacio, pág. 23.

[3] Ibíd., pág. 79. Capítulo titulado “El significado de la picaresca para América”, subtitulo “El truhan como polizón” (párr. 1). Estas palabras ya vislumbran cuales son los medicamentos necesarios para atacar el cáncer de la corrupción, a saber, desarrollar el marco institucional lo suficientemente sólido como para generar una tendencia contraria a la que causó o dio fuerza a los actores sociales para que incurrieran en actos de corrupción.

[4] Huerta de Soto, Jesús. (2005). Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial. Madrid, España. Tercera edición. Publicado por Unión Editorial. Pág. 46.

[5] Ibíd., pág. 69.

[6] Recuerda, al igual que las mutaciones heredadas que pueden dar origen al cáncer, la corrupción es un componente genético hereditario.

[7] Libertad, libertad económica —empresarial, laboral, monetaria, comercial, etc.—, libertad de expresión y fuentes alternativas de información, libertad de prensa, entre otros.

[8] Por citar ejemplos, para el año 2019 el ranking del Índice de Libertad Económica mundial posicionó a Singapur, Nueva Zelanda y Australia entre los 5 países más libres, mientras que, al mismo tiempo, el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional los posicionó entre los países en donde se percibe menos actos corruptos; esto contrasta con Venezuela, República del Congo y Eritrea que se encuentran entre los 5 países con menos libertad económica y entre los países con más actos de corrupción en el mundo. Este ejercicio puede compararse con los demás índices de libertades (ver nota 7) en donde se encuentras resultados similares.

[9] Puede ocurrir también que la empresa sea extorsionada, lo que lleva a encarecer los productos/servicios que ella comercializa.

[10] Desvío de fondos que originalmente serían destinados a planes sociales.

[11] En Atalaya, edición de estudio (2000), ¿Por qué hay tanta corrupción? (pág. 3). Publicado por la WatchTower Bible and Tract Society. El articulo puede consultarse en línea: https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/w20000501/Por-qu%C3%A9-hay-tanta-corrupci%C3%B3n/

[12] Huerta de Soto, en op. cit., pág. 119. describe que, como consecuencia de la hiperregulación legislativa, del excesivo control que ejerce el Estado —herramientas que se encuentran entre las características de su concepto de Socialismo—, los seres humanos “pierden el hábito de comportarse moralmente (es decir, siguiendo principios o normas pautadas y repetitivas de acción), modificando paulatinamente su personalidad y forma de actuar que cada vez se muestra más amoral (es decir, menos sometida a principios) y agresiva”.

[13] Ibíd.

[14] Ibíd.

[15] Del mismo modo en cómo la alteración de las instrucciones del código genético de las células hace surgir el cáncer, las mutaciones en las instituciones hace que las “instrucciones” por las que surgió en un principio sean alteradas y no comience a funcionar como debería.

[16] Las consecuencias que derivan de esto son, por ejemplo, distorsiones en los mercados, el florecimiento de la delincuencia organizada —siendo, en muchos casos, los políticos parte de ella— y, debido a la poca confianza en las instituciones y el gobierno de la región, desaliento de inversión. En conclusión, es el mísero camino hacia la decadencia.

[17] En la medida en que cada acción que realizan los individuos se fundamenta en decisiones que, a su vez, fueron precedidas por cálculos económicos subjetivos sobre los medios a su alcance para lograr determinados fines, toda acción humana es económica. Por tanto, si el Estado no controlara la vida privada de cada actor social, sus acciones, entonces, en conclusión, el rol del mismo en la economía será nulo.

[18] En un ambiente libre, uno de los altos costos de incurrir en actos de corrupción seria la exposición pública.

[*] Con este ensayo, el autor participó y obtuvo el segundo lugar del concurso «El costo de la corrupción» llevado a cabo por Cedice Libertad, en alianza con otras organizaciones, en Venezuela en el año 2020.

Argentina: la Justicia acepta revisar una causa en la que Cristina Fernández había sido sobreseída

La Justicia de Argentina revisará el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como ‘ruta del dinero K’, en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero y evasión fiscal, según informó el diario Página/12.

Cabe mencionar que el sobreseimiento es una resolución que dicta un juez para suspender de manera definitiva o temporal un proceso penal basándose en un motivo de derecho o por insuficiencia de pruebas. Por tanto, constituye una forma de terminación anormal de un procedimiento penal distinta a la emisión de sentencia.

En este sentido, la exmandataria había sido exculpada del caso el pasado 5 de junio por falta de pruebas, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan. «No habiendo acusación, no hay proceso penal posible», consideró el juez Sebastián Casanello en su fallo absolutorio.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña aceptó el pedido de Bases Republicanas, una asociación civil integrada por exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri, para ser querellante en la causa.

De esta manera, la Cámara aceptó el recurso de queja de la asociación, declaró «mal denegado» el rechazo de una apelación anterior y la concedió.

Cane recordar que, en el expediente, el empresario Báez, apuntado como presunto testaferro de la familia Kirchner, fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera llamada ‘La Rosadita’.

Marijuan consideró que, si bien la relación entre Báez y Fernández de Kirchner está probada, no se hallaron evidencias de que el dinero le perteneciera, y apuntó además que el dinero lavado por Báez no proviene de la obra pública sino de su evasión fiscal, lo que también desvincula a la exmandataria de las maniobras.

En su dictamen del 24 de mayo, Marijuan señala que se buscaron cuentas en el exterior, sociedades ocultas o bienes no declarados de la vicepresidenta, pero no se encontró nada. Incluso ordenó y encabezó operativos con excavadoras en la provincia de Santa Cruz, donde la expresidenta tiene domicilio, ante la versión nunca constatada de que había dinero de la «corrupción ‘K'» escondido en pozos.

Además, la causa ‘ruta del dinero K’ es considerada por el kirchnerismo y sus aliados parte del la persecusión judicial contra la líder peronista, originado en un informe del programa televisivo Periodismo para todos, del periodista Jorge Lanata, en abril de 2013.

Allí, un financista de nombre Leonardo Fariña se presentó como testigo ‘arrepentido’ y relató que Fernández de Kirchner estaba al tanto y que incluso coordinaba las maniobras de lavado de Báez, según le habría contado este mismo. Así, Fariña fue condenado en abril de 2021 a cinco años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero, aunque nunca imputaron a Cristina F. Kirchner.

Red de jóvenes anticorrupción alza su voz en el Día Internacional de la Juventud

En las últimas semanas, Transparencia Venezuela, con apoyo de la Unión Europea (UE), ha llevado a cabo un programa formativo dirigido a la juventud venezolana sobre hechos de corrupción, para comprender mejor el fenomeno y saber cómo hacerle frente.

Esta iniciativa lleva por nombre: «Jóvenes Anticorrupción», quienes ahora cuentan con herramientas que les ayudaran a identificar actos de corrupcion en Venezuela, hacer seguimiento y denunciarlos, además de ayudar a establecer las instituciones necesaria para evitar este tipo de actos.

A pocos días de finalizar el programa, pautado para el lunes 14 de agosto y del cual saldrán proyectos de impacto publico sobre concientización del fenómeno de la corrupción, esta red de jóvenes ha emitido un comunicado donde responsabilizan al Estado venezolano de crear el escenario perfecto para que saquearon las arcas del país, exigiendo más transparencia en sus procesos para facilitar la contraloría social.

El comunicado cuenta con la suscripción de Maduro de 50 organizaciones, la mayoría de la sociedad civil, aunque también se encuentran algunas que hacen vida en la política institucional, y con más de 110 jóvenes venezolanos que rechazan la Gran Corrupción sistema en el país.

La Red de Jóvenes Anticorrupción mencionan que la corrupción en Venezuela ha «arrebatado el presente y pretende robar el futuro» de todos en el país, destacando que «es deber de todo venezolano conocer» todo lo que compete a los procesos que realiza el Estado, sobretodo cuando se trata de investigaciones de hechos de corrupción, cuya opacidad es ignominiosa —haciendo alusión a los recientes actos de corrupción anunciados por la fiscalia y de los que no se tienen casi ningún detalle—.

En este sentido, indican que la crisis humanitaria en Venezuela responde más a este tipo de hechos que a otra cosa, constituyendo así la corrupción como una fuente de violación de derechos humanos.

Puede acceder al comunicado aquí adelante:

Comunicado-Red-de-Jóvenes-Anticorrupción-alza-su-voz-1Descarga

Perú: Fiscalía presenta una nueva denuncia contra el expresidente Pedro Castillo

La Fiscalía de Perú ha presentado una nueva denuncia constitucional contra el expresidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de Defensa, Walter Ayala, por el caso denominado «ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú».

El Ministerio Público ha detallado en su cuenta de Twitter —ahora X— que «se les imputa por ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros.

Esto responde a la denuncia que realizó el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, sobre presiones desde el Gobierno para el ascenso de dos oficiales cercanos al exmandatario, según ha informado el periódico peruano ‘El Comercio’.

También el excomandante general de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), Jorge Chaparro, demostró injerencias parecidas para la promoción de otros tres oficiales.

Según las pesquisas de la Fiscalía, el excomandante de la Policía, Javier Gallardo, habría sido el presunto cabecilla del esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos y al que se le imputan delitos de organización criminal y cohecho.

En total, alegan que nueve generales que estaban en activo habrían pagado hasta 40.000 dólares (unos 36.000 euros) para ascender.

Hijo de Gustavo Petro asegura que su padre no sabía del dinero ilegal que entró a la campaña presidencial

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, afirmó este sábado que ni su papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían del dinero ilegal que él y su exesposa Daysuris Vásquez recibieron durante la campaña presidencial.

«Que se sepa la verdad. Bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de [Samuel] Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca», expuso Petro Burgos en una entrevista con la revista colombiana Semana.

«Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña», agregó, destacando la importancia de esa aclaración.

Cabw recordar que el hijo de Petro confesó el jueves que «sí recibió altas sumas de dinero» de parte de Lopesierra, un narcotraficante conocido como el ‘Hombre Marlboro’; de Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, así como de Óscar Camacho, «empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta».

Así, también aseguró que «el país necesita» que Petro pueda continuar, ya que es necesario que las promesas que su padre hizo en campaña «se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social».

«No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este Gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por Gobiernos pasados», dijo.

Petro desmiente a su hijo y asegura que su campaña no recibió financiación ilegal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este sábado las acusaciones vertidas esta semana por su primogénito Nicolás, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, quien aseguró que la campaña presidencial de su padre había sido financiada de manera ilegal.

«La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito», ha asegurado Petro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ahora X, poco después de que tanto su hijo como la exesposa de este último, Daysuris Vásquez, hayan recibido la libertad condicional.

En este escenario, el mandatario, que encargó en marzo una investigación contra su hijo, ha asegurado nuevamente que no presionará «como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetado», ha añadido.

El presidente, asimismo, ha indicado que solo tuvo conocimiento de las presuntas actividades delictivas de su hijo por una reunión con la exmujer de su primogénito «hace apenas unos meses» cuando encargó la investigación.

Petro terminó su mensaje expresando que lo sucedido con su hijo es terrible para él. «Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos», ha indicado, resaltando que «aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluidos Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos».

Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro, acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

En este escenario, la Fiscalía también ha solicitado la captura de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por lavado de capitales y violación de datos personales.

«La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 6.00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos (…) y Daysuris del Carmen Vásquez Castro (…) por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha», señaló la entidad a través de un comunicado.

Petro y Vásquez serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios.

En respuesta a esta detención, el presidente colombiano ha publicado un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que reconoce que «me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel».

En cualquier caso, asegura que la Fiscalía tendrá «todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley». «Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso», ha subrayado.

«A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores», ha indicado el mandatario colombiano.

Cabe destacar que Petro ya solicitó a la Fiscalía en marzo de este año que investigara si su hijo mayor y su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, ofrecieron a grupos de narcotraficantes beneficios sobre las políticas de paz a cambio de dinero.

Panamá: declaran culpable al expresidente Ricardo Martinelli por caso de blanqueo de capitales

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue condenado este martes a 10 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de blanqueo de fondos en calidad de autor para adquirir acciones de la empresa Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010.

La sentencia fue dictada por la juez penal Baloisa Marquínez, quien además impuso a Martinelli una multa cercana a los 20 millones de dólares y ordenó la disolución de dos sociedades vinculadas a Epasa, decomisar todas las acciones de la casa editorial y ponerlas a favor del Estado panameño, que administrará los bienes muebles e inmuebles de esa empresa.

El Órgano Judicial de Panamá detalló que Martinelli fue hallado culpable «del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales».

Cabe destacar que por este caso también fueron sentenciados otras cuatro personas vinculadas a las empresas contratistas que perpetraron el crimen y a quienes se les inhabilitó para el ejercicio del comercio por el mismo tiempo que pasarán privados de libertad.

De acuerdo con medios locales, los otros cuatro condenados fueron: Daniel Ochy, a 96 meses de prisión; Janeth Vásquez, 60 meses; Iván Arrocha a 70 meses; y Valentín Martínez Vásquez a 80 meses.

La justicia panameña indicó que fueron absueltas 10 personas que se encontraban imputadas, a quienes se les levantaron «las medidas cautelares y reales» en su contra.

Sin embargo, si a estas personas se les encuentra algún vínculo con otros procesados que aún no tienen definida su situación situación jurídica, la medida podría cambiar.

Tribunal europeo dio luz verde a la extradición de Hugo Carvajal hacia EE. UU.

Caracas. – Hugo Carvajal finalmente podría ser extraditado hacia Estados Unidos, país que lo solicita por cargos de narcotráfico, luego que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimara el último recurso interpuesto por su defensa.

La presunta violación de derechos humanos de la que sería víctima, en caso de ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, fue el recurso que su defensa interpuso en marzo de 2022, para evadir la extradición.

No obstante, el Tribunal respondió que la solicitud de protección cautelar de Carvajal es «inadmisible». Su extradición ya estaba aprobada hace dos años por la Audiencia Nacional y por el gobierno de España, pero estaba congelada hasta que el Tribunal decidiera.

Se conoció que su entrega a Estados Unidos se podría materializar a lo largo de los próximos días, una vez que se haya traducido el fallo del TEDH al español, y que hayan dado orden a Europol para ejecutar la extradición.

Cabe recordar que Carvajal permanece en manos de las autoridades españolas desde abril de 2019.

Fue en esa fecha cuando se materializó su arresto en Madrid por primera vez por cargos que le imputa la justicia estadounidense por su presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo, posesión de armas y tráfico de drogas.

Trama de corrupción, caso: PdvsaCripto, más de 16.000 millones malversados

Hace poco se hizo público el caso de corrupción donde supuestamente solo se perdieron tres mil millones de dólares —3.000mll $— en criptomonedas, sorprendiendo a todo el país por la cantidad de dinero perdido que pudo haber solucionado varios problemas de infraestructura del país en cuanto al sistema educativo o a sistema de salud se refiere, por solo citar dos ejemplos. No obstante, la cifra malversada en realidad asciende a más de cinco veces la cifra que impactó a Venezuela; en concreto, a más de dieciséis mil millones de dólares —16.000mll $—.

En este artículo, fundamentado en datos totales y parciales de la investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el caso, se expondrá brevemente la trama de corrupción que giró en torno a este hecho en específico.

Todo comenzó con el comunicado de la policía anticorrupción el viernes 17 de marzo de 2023, cuando la policía anticorrupción informa oficialmente otro caso de corrupción que tiene como protagonista a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), donde buques cargados con millones de barriles de petróleo salieron de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.

Desde entonces, Tarek William Saab ha dado declaraciones en los medios asomando parte del modus operandi, mencionando que entre octubre y noviembre de 2022 comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), “quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa”. Para ese entonces, se anunció la detención de 21 personas, y Tarek El Aissami emitió un comunicado donde abandonaba su cargo en PDVSA.

Saab reconstruye los hechos diciendo que se asignaron cargas de crudo a la SUNACRIP y a particulares, “incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías”. Una vez realizada la transacción, los pagos correspondientes nunca llegaron a la petrolera, valiéndose del uso de criptomonedas para lavar el dinero y de un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, adquiriendo con los activos digitales bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Si bien, no revelan más detalles al respecto, pues, hasta el momento solo se sabe que supuestamente se han emitido más de 50 órdenes de aprehensión y siquiera se sabe dónde se encuentra El Aissami, desaparecido de la vida pública desde su última publicación en twitter.

Para comprender mejor el asunto hay que recordar que, después de las sanciones contra PDVSA por parte de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés), el gobierno buscó la manera de eludir las mismas. Para ello, las operaciones comenzaron a ser menos transparentes y riesgosas de lo habitual.  Algo que, por cierto, varios organismos internacionales venían denunciando desde hace un tiempo.

El informe de Transparencia Venezuela destaca que “las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más en el mercado asiático. Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el objeto de vender y cobrar su petróleo.”

Tan solo en el año 2019, PDVSA transportó millones de barriles de petróleo gracias a negocios con las empresas rusas Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A. Además, comenzó a hacer más uso del “sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos occidentales”. Según medios internacionales, desde Rusia se enviaban a Venezuela aviones con “millones de dolares y euros en efectivo como pago por petróleo y otros conceptos”. Desde entonces cobrando en efectivo y abriendo las puertas para comenzar a cobrar en criptomonedas.

Sin embargo, en 2020 las empresas rusas son sancionadas, viéndose obligadas a separarse de los chanchullos con Venezuela, siendo necesario para PDVSA a partir de allí “acudir a nuevos clientes para seguir exportando el petróleo. Aunque con algunos de esos nuevos clientes había comenzado a operar desde 2019, desde 2020 la relación con ellos se incrementó.”

Este mismo año, el narco-dictador Nicolás Maduro declara “emergencia energética” y crea la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque”, que aunque tenía como objetivo impulsar la comercialización de la industria petrolera, con Tarek El Aissami a la cabeza, solo sirvió como medio para seguir oscureciendo las actividades, siendo caldo de cultivo para auspiciar aún más el desfalco de los activos de la nación.

El Aissami fue “uno de los principales artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de traders o intermediarios” y, por si fuera poco, desde entonces cobró mayor fuerza el que Pdvsa acudiera a un centenar de intermediarios recién registrados, dirigidas por personas “afines al chavismo” y con “jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos”, por lo que “no contaban con experiencia en el negocio energético”. En toda esta trama se encuentran involucradas personas y empresas mexicanas, colombianas, árabes, rusas, chinas, españoles, entre otros.

Con todo este entramado, el petróleo venezolano se vendía por dos esquemas, por concesión —petróleo a cambio de bienes o servicios— o por consignación —se daba petróleo a crédito—. Pero en buena parte de los casos nunca llegaban los bienes, servicios, o el dinero de las cuentas por cobrar.

Un caso conocido es el de Alex Saab, actualmente preso en EE. UU., quien para el año 2020, junto al mexicano Joaquín Leal Jiménez “idearon un programa de venta de “petróleo por alimentos” que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa.”

Además, en suma, y según la cita del informe al medio de investigación Armando.info, que “accedió a un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez”, la empresa petrolera icono de Venezuela “traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”, es decir, que nunca entraron a las arcas venezolanas y se pedía borrar dichas transacciones de los asientos contables de PDVSA. A estos miles de millones se le suman otros 3.600 millones de dólares que son potencialmente incobrables, según fuentes internas de la industria.

Teniendo en cuenta que entre 2020 y los primeros meses de 2023 PDVSA generó aproximadamente unos 27.650 millones de dólares —considerando que se aplicaban descuentos de entre el 25% y el 40%—, esto implicaría que 16.600 millones de dólares permanecen impagos —cerca del 60%—. Para tener una idea de lo que esto representa, tenga en cuenta que el total operativo de las reservas internacionales de Venezuela ascendía para el 31 de enero de 2023 a 5.066 millones de dólares —el BCV dice que 9.977 millones, pero esta cifra incluye los derechos especiales de giro del FMI, a los cuales no tiene acceso—, es decir, que la cantidad perdida en el entramado de corrupción es más de tres veces las reservas internacionales actuales, sin tener en cuenta los descuentos —si tenemos en cuenta un descuento general de entre el 25% y 40%, estamos hablando que debieron entrar a las arcas venezolanas aproximadamente entre 37.000 y 46.000 millones de dólares, haciendo que la cantidad perdida en realidad ascienda a entre 25.950 y 35.000 millones, es decir, más de 5 o 7 veces las reservas internacionales—. Para cereza del pastel, hay que recordar que en el año 1998 las reservas internacionales ascendían a 14.848 millones de dólares, por lo que la cantidad perdida es muchísimo más que incluso uno de los picos de reservas del país en su historia.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del caso, a tres meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales, solo se conoce la identidad de algunos implicados mencionados por el fiscal Tarek William Saab, “no hay detalles sobre el papel en el esquema de los señalados, ni en qué consistió el mecanismo exactamente ni mucho menos hay certeza de los montos involucrados. El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado.” En los medios del Estado solo se ha desplegado imágenes donde se muestra a los detenidos con “bragas naranjas”, algo que es poco usual en el país y que sirve como distracción de circo para hacer creer que se “lucha contra la corrupción”, cuando muy probablemente las acciones tomadas responde más a diferencias internas que a motivos honestos. De hecho, “el silencio se acentuó, incluso en los portales cercanos a la línea gubernamental que filtraban información desde el mismo gobierno dejaron de informar.”

Si realmente se lucha contra la corrupción, todo el proceso de transacciones realizaras por PDVSA fuesen públicos, como deben ser por ley. Empero, hasta ahora no se ha perseguido a la alta directiva de la empresa estatal —que, por cierto, siquiera se sabe quiénes son en su totalidad—, ni se han revelado datos relevantes de todo el entramado de corrupción.

Para terminar, cabe destacar que estos datos solo son una punta del iceberg de todo el festín que se ha dado el gobierno del PSUV, con total o parcial impunidad, a costa de la nación y la integridad de sus habitantes.